13 de junio
Diputados se oponen a acceso a la información Porqué los diputados integrantes de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California se niegan a hacer pública la información, a pesar de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California les impuso esa obligación en resolución del 29 de marzo de 2012, derivada del recurso RR/02/2012. Un ciudadano al conocer la resolución del ITAIPBC en la que obligó al Congreso del Estado a entregar el listado de viajes que han realizado los Diputados de la XX Legislatura, solicitó la misma información, dio por sentado que esa información ya es pública y accesible a todos por resolución firme, pero se topó con pared, porque la unidad de transparencia del Congreso se resiste a entregarla. La respuesta que recibió el ciudadano mediante oficio de fecha 16 de febrero de 2012 (sic), es que la información relativa al costo, motivo, destino de viajes de Diputados está accesible en la liga: http://www.congresobc.mx/web2/i ndex_trans.html#prettyphoto[inframes13/ 0/, pero resultó ser una farsa, una chicana para no informar. En esa liga de internet no hay nada, no está la información, la respuesta es un artilugio para enfadar al solicitante y orillarlo a que desista de su legítimo Derecho. Los Diputados mandan un mensaje desalentador a la sociedad, con esa actitud ponen de manifiesto el poco
respeto que tienen a la Ley, a las Instituciones públicas y al ciudadano, por eso nos preguntamos, con qué calidad moral pueden promover la cultura de la legalidad, si a la primera de cambio buscan la manera de eludir el cumplimiento de la Ley, obvio cuando ésta les impone deberes. El 12 de abril del año en curso, la Voz de la Frontera publicó que el ORFIS e IFE celebraron un convenio para vigilar que los recursos públicos no sean desviados a campañas políticas. También el diario informó de los convenios suscritos entre ITAIPBC, Gobierno del Estado y algunos Ayuntamientos, otro similar debería suscribir el Congreso con el ITAIPBC, para generar en los diputados y personal administrativo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Es imprescindible que la vigilancia del cumplimiento de esos convenios esté a cargo de una contraloría social integrada por miembros de organizaciones emanadas auténticamente de la sociedad civil, pues de lo contrario esos convenios se sumaran a las toneladas de papel amarillento que atiborran los archivos gubernamentales La contraloría social se justifica en este momento en que la Ley de Transparencia no contempla ninguna sanción para servidores públicos que se colocan al margen de la ley, a sabiendas que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos tiene un diseño que alienta la impunidad. Hasta ahora los ciudadanos no han explorado otro camino para hacer cumplir las resoluciones del ITAIPBC, uno de ellos podría ser el juicio de amparo por 49