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¿SabíaS Que...?
El personal ocupado en la industria de las bebidas y el tabaco disminuyó 0.9% durante agosto de 2010 respecto al mismo mes del año anterior.
Viernes. 29 de Octubre del 2010. nacional@reforma.com / Tel. 5628 7100 / Editor: Roberto Castañeda
Acusan aumento de recetas falsas por antibióticos d Informan farmacias que entre 5 y 10% de consumidores van sin prescripción Margarita Vega y Claudia Guerrero
A partir de la entrada en vigor de la regulación en la venta de antibióticos, se ha detectado un aumento en la cantidad de recetas falsas, advirtió ayer Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex). “Hay que reconocer que se está dando, que ha aumentado y hay que sensibilizar al consumidor de que es una puerta falsa, en donde están siendo cómplices en afectar su salud”, señaló. Afirmó que los pacientes llegan a la farmacia con una receta y los despachadores, por su experiencia, se dan cuenta de que algunos de los datos no son correctos, por lo que la rechazan. “Se le indica (al consumidor) que ir por un papel para seguirse automedicando es una salida falsa y no representa una solución para sus problemas”. El empresario indicó que las farmacias de México no disponen de mecanismos para saber si una receta es auténtica o falsa, pues no se ha aceptado su propuesta de crear una base de datos con los nombres y cédulas profesionales de los médicos del País. A pregunta expresa, detalló que a más de dos meses de vigencia de la medida, todavía entre 5 y 10 por ciento de los usuarios siguen buscando antibióticos sin presentar una receta médica, y agregó que en esos casos se les orienta para que vayan a un médico que los revise y diagnostique de manera adecuada. En conferencia de prensa, Pascual Feria se refirió a las prácticas de algunas farmacias para contrarrestar la reducción de las ventas a causa de la nueva regulación, que obliga a presentar receta para adquirir antibióticos. El empresario cuestionó la presencia de médicos en esos establecimientos, pues consideró que se puede prestar para que se receten sólo determinadas marcas o medicamentos. “Hay la preocupación de que esta modalidad prolifere, porque
Piden vales para todas La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) se pronunció por que toda la red de farmacias del País, integrada por 25 mil establecimientos, sea considerada en la medida con la que se prevé dotar de vales a los derechohabientes que no surtan sus recetas en el IMSS. En conferencia de prensa, el titular de la Anafarmex, Antonio Pascual Feria, dijo que es necesario garantizar que las reformas a la Ley del IMSS no beneficiarán únicamente a una empresa o cadena de farmacias. “Anafarmex está interesada en que (participe) toda la red de farmacias que hay en el País, si se trata de acercar el medicamento al derechohabiente sería muy lamentable que fuera a través de una cadena nada más”, expresó Pascual Feria. El empresario propuso que los vales de medicinas no se otorguen en formato de papel, sino mediante un sistema electrónico, para evitar que sean falsificados. Margarita Vega
Adelantan senadores cambios a iniciativa de FCH
Acuerda PRI freno a ley antilavado d Afirman que proyecto del Ejecutivo federal afecta a ciudadanos y no toca a los bancos Claudia Guerrero
La bancada del PRI en el Senado acordó ayer no aprobar en sus términos la propuesta del Presidente Felipe Calderón para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aunque tomaron la decisión de avalar una reforma para poner un freno a los manejos financieros de las organizaciones criminales, determinaron que el modelo impulsado por la Secretaría de Hacienda no es aceptable, ya que perjudicaría a los ciudadanos y a la economía de México. Los legisladores, quienes analizaron el tema con ayuda de especialistas, determinaron que la propuesta del titular del Ejecutivo pretende trasladar a los ciudadanos labores de investigación y denuncia que le corresponden a la autoridad. “El PRI decidió que va a legislar contra el lavado de dinero, pe-
ro no con ese modelo, porque así no tiene futuro. En la propuesta del Ejecutivo todo corre a cargo del ciudadano porque le imponen la obligación de sospechar de todos, de investigar a todos y de denunciar a todos”, aseguró el vicecoordinador de la bancada, Fernando Castro Trenti. De acuerdo con el senador, el proyecto del Presidente Calderón contempla un esquema rudimentario que puede paralizar la economía del País. Explicó que el retraso administrativo y tecnológico que tiene el Gobierno federal para controlar las operaciones financieras pretenden cobrárselo a los ciudadanos restringiendo su movilidad financiera, en lugar de regular a los prestadores de servicios. “¿Qué no pueden poner reglas para tener controles y una cuenta concentradora en la que se notifiquen, por un teclazo, las operaciones de más de 100 mil pesos? Hay que poner a trabajar al Gobierno”, dijo. Durante una reunión privada, previa a la sesión ordinaria, los priistas criticaron que se pretenda aplicar excesivos controles y hasta pena de cárcel a los ciudadanos, mientras que los bancos prácticamente quedan intocados. El presidente de la Comisión
Le ponen peros... La iniciativa del Ejecutivo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo plantea: d Prohibir la compra en efectivo de cualquier bien inmueble. d Impedir el pago en efectivo superior a 100 mil pesos de vehículos de cualquier clase, relojes, joyería, boletos de apuestas y acciones. d Los notarios no podrán escriturar operaciones realizadas en efectivo. d Los vendedores de bienes deben cerciorarse del origen de los recursos que reciben.
EjEs dE la propuEsta d Mejorar la detección de las operaciones de lavado. d Reformas legales que impulsen instrumentos para detectar operaciones ilícitas. d Supervisión basada en análisis de riesgo. d Mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
de Gobernación, Jesús Murillo Karam, aseguró que la iniciativa pretende mezclar la persecución del delito de lavado de dinero con preocupaciones en materia de fiscalización, lo que podría perjudicar la efectividad de la reforma. “Es una iniciativa muy compleja y hay que revisarla en función de toda la legislación. Si lo que estamos buscando es evitar el lavado de dinero, hay que hacerlo de la forma más flexible posible. “Ligar la investigación con la fiscalización podría genera un
conflicto mayor que disminuye la eficiencia de la ley”, expresó. Adelantó que el Senado tiene que valorar con cuidado todas las medidas relacionadas con el combate al terrorismo y adecuarlas a la realidad nacional. “Hay que revisar cuáles son estas recomendaciones que tienen que ver con México, pero por razones de delincuencia organizada y no de terrorismo, aunque tenemos que sujetarnos a las prevenciones de carácter global”, agregó Murillo. Los priistas acordaron continuar con el análisis de la iniciativa y elaborar propuestas alternas para llevarlas ante las comisiones dictaminadoras.
puede ser un engaño para la población”, advirtió. ControL dE prECios
El Senado pidió ayer a las secretarías de Salud federal y estatales tomar medidas para evitar que los médicos cobren lo mismo por una consulta de diagnóstico, que por otra para surtir un antibiótico que ya ha sido recetado. “Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los titulares de las secretarías de Salud de las entidades federativas y del DF para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomenten en los profesionales de la salud que los honorarios de las consultas encaminadas al resurtido de antibióticos no exceda el 5 por ciento respecto de los honorarios de la consulta inicial en que se recetó al paciente este tipo de medicamentos”, dice el punto de acuerdo.
Restringen seguridad privada Claudia Guerrero
Gasta SEP millones en docentes sin aula Los más de 17 mil maestros comisionados a trabajos fuera de las aulas le cuestan al País 4 mil millones de pesos al año, alertó la organización Mexicanos Primero. La suma es superior a lo que se destinó este año para pagar la rehabilitación de las escuelas de educación básica a través del Programa Mejores Escuelas. Al dar a conocer la nueva cifra de maestros comisionados, 17 mil 32 hasta el primer trimestre de este año, la organización Mexicanos Primero señaló que la Secretaría de Educación Pública sólo reportó en junio pasado la existencia de 10 mil 279 comisionados. Mexicanos Primero, como parte de la iniciativa ¿Dónde está mi maestro?, la cual agrupa a 32 organizaciones civiles, analizó las bases de datos que la SEP entregó vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y constató que adicionales al informe de la SEP emitido en junio pasado, hay 6 mil 753 maestros comisionados adscritos a dependencias gubernamentales o al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). “Aunque parezca increíble, la SEP creó claves de centro de trabajo para comisionados al SNTE: los AGS, y para los comisionados a otras dependencias: los AGD. “Esas claves permiten identificar claramente dónde están esos
comisionados, entonces cómo es posible que no supiéramos... son 6 mil 753 comisionados que nos escatimaron en el reporte pasado. “El total de comisionados que podemos identificar claramente, a partir de la información de la SEP, son 17 mil 32”, señaló Iván Barrera, director de investigación de Mexicanos Primero. Barrera explicó que los estados entregaron a la SEP, en cumplimiento del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, las bases de datos de la nómina magisterial del primer trimestre del año.
Migrantes en probleMas Mientras cientos de migrantes centroamericanos permanecen varados en el municipio chiapaneco de Arriaga, debido a la operación irregular del ferrocarril, la ONU advirtió ayer que en tanto no haya coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, México no podrá abatir los delitos en ese sector.
Leonardo Sánchez y Martha Izquierdo
Sonia del Valle
Analiza SCT denuncia contra jueces por ‘ganga’ Víctor Fuentes
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estudia denunciar a jueces federales y locales que han intervenido en la polémica Licitación 21 de frecuencias del espectro, ganada por la empresa Nextel. “Tenemos indicios de que hay actuaciones irregulares de varios juzgadores”, dijo Gerardo Sánchez Henkel, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, en entrevista telefónica. Lo anterior en referencia a diversas suspensiones y medidas
cautelares que, a lo largo de septiembre y octubre, fueron otorgadas a la empresa Iusacell, para dificultar la entrega del título de concesión e impedir el aprovechamiento del espectro asignado. Sánchez Henkel celebró la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de suspender un año al juez de distrito Felipe Sifuentes, quien en 2009 ordenó a la SCT no detener las operaciones de la aerolínea Aviacsa. “En el caso de Sifuentes está claro que fueron otros intereses que la aplicación de la ley los que motivaron su actuación, y en función de ello nos vimos en ne-
cesidad de cuestionarla y denunciarla”, dijo. La Licitación 21 sería el primer tema que genera quejas administrativas de la SCT desde el caso Aviacsa, y el funcionario manifestó sus dudas por la actuación del juez 27 de lo civil del DF, Gilberto Ruiz. Este juez asumió competencia sobre un litigio en telecomunicaciones, a pesar de que esa es materia federal, y el pasado 15 de octubre dictó un auto en el que sin mayor trámite ordenó la liquidación del consorcio NextelTelevisa “por dedicarse a actividades ilícitas”.
Sánchez Henkel no detalló cuáles son los jueces federales contra los que presentaría quejas, pero las suspensiones en favor de filiales de Iusacell fueron otorgadas por dos juezas del DF, una de Córdoba, Veracruz, y otro de Toluca, este último cuando ya se había consumado la entrega de los títulos de concesión a Nextel. “Al plantear una acusación de responsabilidad en contra de un juez, sea local o federal, vamos a ser cuidados de que sea diáfanamente claro, para facilitar el trabajo del Consejo de la Judicatura y obtener resoluciones favorables”, agregó.
El Senado aprobó ayer adiciones a la Ley Federal de Seguridad Privada para transparentar los registros de quienes otorgan esos servicios y evitar abusos y el uso excesivo de fuerza de su personal. Con los cambios realizados, se obliga a las empresas a capacitar a sus trabajadores que, en ningún caso, deberán tener antecedentes penales. La reforma también obliga a los prestadores de ese servicio a proteger y tratar correctamente a los ciudadanos. “Actualmente nada más registran una parte de las gentes que tienen al servicio de la seguridad privada, lo que queremos saber es cuánta gente está ahí, qué antecedentes tienen. “También tienen que presentar ante la autoridad el tipo de capacitación que le están dando”, dijo el panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. La reforma, que fue enviada al Ejecutivo para su publicación, faculta a la Secretaría de Seguridad Pública a hacer visitas de verificación para garantizar que las empresas cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos para ofrecer los servicios de seguridad privada. La nueva norma establece sanciones que van desde los 10 mil salarios mínimos hasta el cierre de la empresa. La SSP podrá revocar el permiso a las empresas por 14 causas, entre las que se incluyen la exhibición de documentación apócrifa, asignar elementos que no tengan autorización para esa labor, negarse a reparar daños a usuarios y poner en riesgo la seguridad pública, la protección civil o la salud de los ciudadanos. González presentó también una iniciativa para limitar el acceso de la delincuencia a objetos y equipo propios de los servicios de seguridad pública, que de aprobarse restringiría, por ejemplo, la venta de vehículos blindados, chalecos antibalas y uniformes similares a los de los cuerpos policiacos.