La descomposición social de Alfaro

Cuando las autoridades, particularmente el Ejecutivo estatal, hacen referencia de manera tan básica y ordinaria a la acepción de la descomposición del tejido social con la intención de deslindarse de la responsabilidad de la inseguridad y la violencia en nuestro estado resulta pertinente explicarle al gobernador que el tejido social hace referencia a los vínculos que, a partir de valores y referentes simbólicos comunes, pero también de intereses y necesidades a satisfacer, se establecen entre los miembros de un estado y sientan las bases de la convivencia entre estos, alude a los acuerdos tácitos o explícitos que se establecen en la comunidad, en las estructuras e instituciones sociales que los reflejan.

Un tejido social roto se refiere a la pérdida de la percepción de seguridad que tenemos los miembros de la comunidad, pero también de las relaciones y los acuerdos que dejamos de establecer o dejaron de ser válidos.

En el particular caso de los feminicidios en Jalisco y al hecho de que Enrique Alfaro acredita a la descomposición del tejido social la privación de la vida de mujeres por razón de género y con ello deriva la responsabilidad a los hogares, familias y a la vida privada de las personas, debemos aclararle que esto es totalmente falso.

La responsabilidad del Estado en materia de seguridad no se puede trasladar a actos privados, ya que las condiciones de vida las propicia el Estado y con ello la posibilidad de restituir el tejido social a través de dinámicas favorables, de fuentes de ingresos, a la protección social, la planeación urbana, de vivienda y transporte público y de servicios públicos eficientes, en general, a la promoción de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que lleven a una alternativa integral de desarrollo y a un modelo de vida basado en la solidaridad con los otros.

El gobernador ha reducido el papel de su administración a la detención de feminicidas en algunos casos, en los que hay que decir que al menos tres feminicidios han sido perpetrados en instalaciones en donde debería imperar la seguridad, tal es el caso de Vanessa, asesinada por su pareja afuera de Casa Jalisco, y los feminicidios de Liliana y Alondra, asesinadas por la pareja de Alondra en una Agencia del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán.

Las mujeres somos violentadas en el espacio público y privado; nunca esperaríamos que fuera precisamente en los lugares que consideramos más seguros, como las instituciones públicas, en donde se llevará a cabo la máxima expresión de violencia contra la mujer y que adicionalmente a eso la autoridad se deslindará de la responsabilidad de proporcionarnos seguridad a las mujeres.

Hay que recordarle a Enrique Alfaro que antes de deslindarse de la crisis de feminicidios que vive la entidad que él gobierna, son 11 municipios los que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Puerto Vallarta, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande, Mezquitic, Lagos de Moreno y Ameca, que por cierto aun con la alerta siguen siendo los lugares con mayor incidencia delictiva en el rubro de delitos contra las mujeres y que aunque algunos de estos municipios ya contaban con la alerta antes de que iniciara esta administración estatal. Conociendo esta situación, el gobernador decidió enfáticamente gobernar a Jalisco con el compromiso de campaña de atender esta problemática.

También hay que recordarle que es urgente la publicación e implementación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, el cual tiene como propósito garantizar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, y contiene las acciones que, de forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades en la administración pública y municipal, en el corto, mediano y largo plazo, que recupere las experiencias, dinámicas y contextos en los que las mujeres, adolescentes y niñas puedan estar viviendo situaciones de violencia por razón de género.

Por supuesto sobre este tema el gobernador puede dialogarlo de manera mucho más amplia con la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva o, mejor aún, con las colectivas feministas, si es que se anima.

Desde La Dignidad

ANNA KAROLINA CHIMIAK anna.chimiak@gmail.com

Memoria sin verdad y sin justicia

En los tiempos de impunidad absoluta, donde la manipulación de la información y los discursos de negación e imposición de verdades oficiales forman parte de la cotidianidad, ¿existe una posibilidad de transformar esta realidad y garantizar el derecho a la memoria?

El derecho a la memoria en su dimensión individual y colectiva busca transitar hacia la reconstrucción del tejido social fracturado, abonando a la erradicación de las estructuras que han favorecido la comisión de atrocidades en el pasado, apostando a un futuro diferente. Conforme a los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, la memoria se entiende como “las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar respecto de graves violaciones de derechos humanos”.

En México, la narrativa oficial en materia de derechos humanos se basa en un antes y un después. Esto se ha traducido en las afirmaciones de que el contexto presente ha sido heredado de las administraciones pasadas, y que actualmente ya no se cometen atrocidades, dejando de reconocer la continuidad y sistematicidad de las graves violaciones y la impunidad en la cual persisten. La construcción de la memoria no es “un borrón y cuenta nueva”, requiere un abordaje integral, manteniendo una relación estrecha con la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Frente a la práctica institucional del olvido y la crisis de violencia, los discursos públicos en torno a la memoria parecen parciales, incongruentes y populistas, generando riesgos de administrar las memorias desde arriba y reprimir la verdad. Sin duda, a esto se ha sumado el silencio, la pasividad y la permisividad de la sociedad y la ausencia de la memoria colectiva ante la normalización del contexto.

Este sábado, en el marco de diversos encuentros a nivel nacional, se llevó a cabo en Jalisco una discusión pública sobre la propuesta de ley de memoria, proceso promovido por el Comité de Impulso a la Memoria para la No Repetición de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia. El objetivo de dicha ley es definir las responsabilidades del Estado en la materia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia y en el pasado más reciente, establecer políticas públicas, promover sitios de memoria, abonar al acceso a la información y esclarecimiento de los hechos, apostando al reconocimiento, preservación e institucionalización del derecho a la memoria.

Con las aportaciones de víctimas, representantes de las organizaciones civiles, colectivos y la academia se busca propiciar la construcción de una propuesta que recoja diversas experiencias, visiones y relatos. Si bien la apuesta ha sido realizar un proceso “participativo, plural e incluyente”, se ha observado un limitado involucramiento de las víctimas, quienes han tenido un rol fundamental en la lucha contra el olvido, lo que aún más demuestra la permanencia de la desconfianza en las autoridades. Es de suma relevancia crear mecanismos de diálogo más amplios y abiertos, y garantizar la máxima publicidad, inclusión y socialización del proceso. qp@ntrguadalajara.com

Cabe mencionar que el documento propuesto requiere ajustes de fondo, de forma y ejercicios de clarificación de los conceptos y su metodología. Los mecanismos de memoria propuestos se han diseñado desde una perspectiva institucional, vertical y paternalista, sin claridad de los alcances de responsabilidades, sin reconocer el rol de las víctimas y considerar su participación integral en el proceso, sin mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y sin prever esquemas de descentralización para incorporar las experiencias locales. Esta situación representa un riesgo de generar verdades y memorias controladas y homogéneas, lejanas de la realidad.

A pesar de la enorme deuda histórica del Estado hacia las víctimas y la sociedad, parece que en México todavía no hay condiciones para un verdadero proceso de reconstrucción de la memoria. Sin embargo, siempre y cuando se coloque en el centro del proceso la dignidad, y exista una verdadera voluntad para escuchar y materializar lo compartido, la creación de la Ley de Memoria podría constituir una oportunidad en el camino hacia un futuro digno, justo y equitativo.

La Red Peña comenzó a ser restringida para recibir más contratos en Tonalá. Quedaron vetadas dos de las siete empresas que forman parte de este conglomerado de compañías, recién creadas, que acaparan la obra pública en El Salto y Tonalá, como dio a conocer el titular del órgano interno de control tonalteca, Juan José de Anda González. El veto se da por una información publicada por esta vecindad: las empresas Construedro de Occidente y Construcciones Exalk comparten el mismo domicilio, una casita abandonada en El Salto, que se supone es la sede de constructoras millonarias.

La cosa es que este par de empresas acapararon más de 32 millones de pesos en obras públicas, la mayoría por asignación directa, en la actual administración de Tonalá, lo que sería frenado por la intervención del contralor municipal. A diferencia de Tonalá, en El Salto ni siquiera han comenzado las investigaciones, sólo voltean hacia otro lado frente a las anomalías de la Red Peña Algo así como que aquí no pasa nada. v v

Dicen que los buscan, pero una cosa es decir y otra, en realidad, buscar. En Jalisco hay 10 municipios que reportan, entre todos, 100 denuncias por desaparición de personas, pero sin conseguir una sola localización. Ni una. Es decir, no los están buscando o las acciones no han sido para nada efectivas. La situación no es menor. Por ejemplo, como reveló el investigador de la UdeG Jorge Ramírez, uno de los municipios con cero eficiencia en búsqueda es Tuxcacuesco, que registra la tasa más alta en desapariciones, con 6.8 ausencias por cada mil habitantes, suma ya 29 denuncias y no han podido dar con el paradero de una sola persona. Ni una. Y así, otros nueve: Chimaltitán, Concepción de Buenos Aires, Ejutla, Jilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz, Mexticacán, Santa María del Oro, Valle de Guadalupe y Villa Guerrero.

A propósito de los continuos casos perpetrados en Jalisco, los diputados locales aprobaron modificar el artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que todas las muertes violentas de las mujeres se investiguen bajo el protocolo de feminicidio. Ahora no quedará a criterio de ninguna autoridad que se indague o no bajo ese protocolo, pues será obligatorio hacerlo. “Aplicar en toda muerte violenta de mujeres o niñas, el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género”, señala el texto modificado para establecer esta obligación de la Fiscalía estatal. La propuesta la formuló la diputada de Morena Ángela Gómez Ponce, quien recordó que, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, apenas 15 por ciento de las muertes violentas contra mujeres se investigan como feminicidios en el estado. El año pasado se registraron 240 muertes violentas de mujeres y sólo 35 se clasificaron como feminicidios en el estado, según Cladem y los datos de la Plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública. ¿Qué sucederá? Que aumenten las cifras de feminicidios al investigarse todos los crímenes, ahora sí, con perspectiva de género. Habría cifras reales.

Quesque para “posicionar” a la entidad, de nuevo le dieron millones de pesos al piloto Checo Pérez. Lo nombraron “embajador de Jalisco” durante este año. Y presumen la “belleza” de su casco, en donde la palabra “Jalisco” aparece en un abigarrado collage de marcas, entre las que se pierde la del estado.

Que es el orgullo de Jalisco, que “seguirá poniendo en alto el nombre de nuestro estado”, luego de que en 2023 la entidad cumple “200 años de libertad y soberanía”, como indican tuits del gobierno estatal. Hay prioridades del gasto público alfarista.