Amarrar todo

JORGE G. CASTAÑEDA @JorgeGCastaneda

Los últimos desplantes autoritarios del Gobierno, más allá de la discusión sobre su legalidad o ausencia de la misma, pueden analizarse desde varios ángulos. Quisiera concentrarme en uno: la idea de acabar a como dé lugar los megaproyectos o elefantes blancos del sexenio, y blindarlos a futuro para que no puedan ser clausurados, vendidos o abandonados por otros sexenios. La ocupación temporal, o expropiación, o retiro de parte de la concesión a Grupo México de la vía férrea de Coatzacoalcos a Medias Aguas puede tener muchas explicaciones. Entre ellas una logística, otra económica, otra jurídica; todas pueden ser atendidas y el litigio entre López Obrador y Larrea puede dirimirse en los próximos días, desembocando en un acuerdo aceptado por ambas partes. Pero como lo dijo el propio López Obrador, el hecho de poner el tramo en cuestión en manos de una empresa perteneciente a la Marina, tiene una motivación evidente: impedir la privatización a futuro del corredor transístmico, en cualquiera de sus distintos aspectos. Para este gobierno la lógica del corredor transístmico, de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, y del Tren Maya, por lo menos, no es que el Estado invierta en proyectos de infraestructura que quizás no son costeables para el sector privado pero que son necesarios para el País, pero que una vez construidos pueden pasar a manos privadas porque ya son rentables, tomando en cuenta que la inversión inicial no la hizo un particular.

Ese no es el esquema de López Obrador; en su lógica, todos estos proyectos y muchos más deben permanecer en manos estatales porque es preferible para todo el mundo que así sea. Hay un mérito mayor, una ventaja superior, una calidad especial en las empresas o los proyectos estatales que jamás pueden equipararse a los de obras, empresas o proyectos privados. El pleito en el Istmo no es únicamente de dinero, ni de derecho de paso, ni de pugnas por mostrar quién manda, es por asegurar la permanencia en manos estatales del proyecto en cuestión. Obviamente también hay un factor de prisa. Es evidente que todos los proyectos de López Obrador van retrasados y está obsesionado con remover los obstáculos que puedan dificultar o imposibilitar la terminación de las obras en las fechas previstas. Lo mismo sucede con la decisión de la Corte sobre la controversia de constitucionalidad presentada por el INAI a propósito de la reserva de la información de AIFA, Dos Bocas, Tren Maya y Transístmico por motivos de seguridad nacional e interés público, y del nuevo decreto publicado por López Obrador en respuesta al fallo de la Corte en el sentido de que la ley anterior era, en efecto, inconstitucional. De lo que se trata es, en primer lugar, de acelerar el paso, que terminen con todo esto a tiempo, cosa que no es evidente. Pero, en segundo lugar, se trata de que todos los motivos posibles de una hipotética privatización a futuro, o del cierre, o el abandono de un proyecto en el futuro no puedan ser consultados por la opinión pública, por los medios, por la oposición. No es que si no hay datos no hay privatización. Pero la privatización es más difícil cuando hay datos. Todos los gobiernos, tanto en México como en el mundo entero, buscan cómo anclar, blindar, amarrar sus principales obras y programas como parte de su legado a futuro. Algunos lo hacen cambiando la Constitución, otros recurriendo a instrumentos constitucionales -OTAN, Unión Europea, TLCAN, etcétera-. Algunos tratan incluso de crear una mística a propósito de un proyecto, una empresa o una obra en particular: es claramente el caso de Pemex desde la época de Lázaro Cárdenas. No se podía privatizar la empresa petrolera del País porque todos los mexicanos crecimos con la imagen del charrito Pemex en todas las gasolineras de México. La diferencia con lo que está tratando de hacer López Obrador es que, en teoría, todo eso se puede cambiar a futuro si así lo decide una mayoría de los ciudadanos, por vías jurídicas. Se trata en cada caso de leyes que se pueden luego modificar. De hecho, así ha sucedido, por ejemplo, con la nacionalización de la banca por López Portillo en 1982. Lo que López Obrador está tratando de hacer ahora es amarrar todo, no tanto por la vía jurídica sino al colocar la mayor parte posible de sus obras y proyectos en manos de las fuerzas armadas, apostando a que nadie va a atreverse a tratar de arrebatarle a las mismas fuentes de ingresos importantes como podrían ser estos proyectos. Podemos dudar de si, en efecto, se trata de fuentes de ingresos. También podemos sospechar que el Ejército y la Marina no están encantados con todos los proyectos que les ha encargado. Y a la larga tampoco es imposible que llegue un Presidente un día con un mandato tan amplio como el de López Obrador y, en efecto, se proponga disminuir enormemente el papel de Sedena y Semar en la economía mexicana. Pero, por lo pronto, el sexenio que viene va a resultar enormemente difícil cambiar cualquiera de estas cosas, aunque la población decidiera lo contrario en las elecciones de 2024. De alguna manera lo que se está haciendo es volver irrelevantes, en estos aspectos por lo menos, los comicios del 2024. Gane quien gane, el corredor Transístmico, el AIFA, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, etcétera, estarán en manos del Ejército.

RODOLFO DÍAZ

FONSECA rfonseca@noroeste.com rodifo54@hotmail.com

Musicalidad del destino

Desde la antigüedad, el ser humano construyó teorías sobre el futuro que le deparaba, como si fuera una inevitable jugarreta del destino que escapara totalmente a su responsabilidad. Las concepciones más rígidas son conocidas como deterministas, en las que ya todo está prefijado de antemano y no existe posibilidad alguna de maniobrar; entre las más moderadas se situó el estoicismo, donde no existía otra alternativa que plegarse a la voluntad de los dioses y aceptar impasiblemente el destino deparado.

Es claro, como subrayó Amado Nervo, en su poesía “En paz”, que cada uno somos el arquitecto de nuestro propio destino. Sin embargo, continúa siendo un refugio poético refugiarse en los hados o designios que se nos han predestinado, deslindando cualquier acción o responsabilidad de nuestra parte.

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO

@ErnestoLPV

Animal Político @Pajaropolitico

Nunca he escuchado a alguien decir que se divertirá aplicando una evaluación y cuando se habla de esta parecen desdoblarse el mundo de las intenciones y el de las prácticas. En cuanto al ejercicio del poder público en seguridad ciudadana y justicia es especialmente evidente la disociación: es quizá imposible que alguna autoridad declare que no es conveniente evaluar, pero también es muy difícil encontrar a quien sí lo hace y aún más hallar a quien además transparenta los métodos usados y los resultados encontrados.

Acaba de ser lanzada una base de información sobre experiencias en seguridad y justicia que han sido sometidas a evaluación científica. Ahí se informa que en las décadas de 1960 y 1970 comenzó este movimiento “con el uso de estudios experimentales y cuasiexperimentales para evaluar lo que funciona y lo que no funciona para reducir la delincuencia y la violencia”.

La nueva plataforma de evidencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -primera en su tipo en español y portugués- explica que “Miles de evaluaciones de impacto se han acumulado en los últimos 50 años”, aunque no en América Latina. Acaso lo más interesante de esta iniciativa es que “se centra… en la evidencia de efectividad, un tipo específico de evidencia producida a través de evaluaciones de impacto”. En palabras sencillas, con ese método se logra comprobar si un cambio en determinada realidad es consecuencia de una política de seguridad y justicia.

Desde el BID se propone que la evidencia científica tenga “un asiento en la mesa” a la hora de tomar decisiones. El llamado “banco de pruebas” tiene 709 casos evaluados y 91 tipos de soluciones divididas en prevención de la violencia infantil y adolescente, prevención de la violencia contra las mujeres, seguridad urbana, policiamiento, justicia penal y reinserción social. Y cada área enseña nivel de eficacia, tipo de problema y país donde los programas han sido probados. Por ejemplo, los programas de prevención de la deserción escolar tienen un nivel de eficacia “prometedor”, los programas de prevención del maltrato infantil merecen resultado “efectivo”, mientras que el toque de queda para jóvenes

Observatorio

ALEJANDRO SICAIROS sicairos6204@gmail.com merece resultado “sin efecto”.

Por su parte, en el área de policiamiento, el modelo comunitario tiene “evidencias mixtas”, el orientado a problemas enseña un grado de eficacia “prometedor”, al igual que el focalizado en armas de fuego. En la prevención de la violencia contra las mujeres la evaluación de riesgo en la atención de ellas, los programas de intervención especializados en la población femenina y las órdenes de protección por violencia doméstica merecen grado de calificación “prometedor”. Por su parte, los programas de parentalidad para prevenir la violencia intrafamiliar son calificados en nivel “efectivo”. Se puede entrar a cada programa y encontrar su descripción, en qué país fue aplicado, cuáles son las evidencias y la bibliografía de soporte. Es nada menos que un esfuerzo descomunal y sin precedentes que lleva de la mano a quien se interese en mirar qué funciona y qué no funciona en seguridad y justicia. Pero hablamos de que los gobiernos que no aplican estos métodos traen medio siglo de rezago. Construí un modelo de análisis para entender cómo es

Rocha Moya frente a la CEDH y CDDHS

Derechos humanos, la piedra de toque

Alos derechos humanos en Sinaloa les viene bien el hecho de que el Gobernador Rubén Rocha Moya asistiera a los actos trascendentales de los dos principales pilares del movimiento ombudsman estatal, actitud de ponderación que el Jefe del Ejecutivo está obligado a solidificar refundando el pleno respeto a las garantías humanas sobre la roca inamovible del Estado de Derecho. Lo que sigue es ir más allá de la cortesía política hasta llegar a hechos probados de obediencia a lo dispuesto en la Carta Magna respecto a la coexistencia con dignidad, legalidad y civilidad. Hablar de derechos humanos en Sinaloa significa conocer y entender la aportación histórica de mujeres y hombres que entregaron sus vidas a fortalecer el respeto a las personas en lo individual o colectivo, desde la iniciadora de esta tendencia, Norma Corona Sapiens, y los continuadores Jorge Aguirre Meza y Jesús Michel Jacobo, pagando los tres con sus vidas la labor de protección a la sociedad civil. De igual manera tiene que ver con quienes han hecho apostolados en la defensa de las garantías individuales, como son los casos de Óscar Loza Ochoa, Leonel Aguirre Meza, Mercedes Murillo de Esquer, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, María Isabel Cruz Bernal, Hortensia López Gaxiola e Irma Arellanes Hernández, entre tantas mujeres y hombres que persisten en la batalla para que algún día la ley domine por encima de las arbitrariedades del crimen y sus tentáculos gubernamentales.

En tal contexto, Rocha Moya asistió el 21 de mayo al evento del décimo quinto informe de labores de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, presentado por el actual presidente del organismo ciudadano, Leonel Aguirre Meza, y tres días antes, el 18 del mismo mes, hizo acto de presencia en la ceremonia conmemorativa de los 30 años desde la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside José Carlos Álvarez Ortega. Era de esperarse que el Gobernador atendiera la invitación de la CEDH, que es la que tiene el reconocimiento oficial, sin embargo, sorprendió que también hiciera acto de presencia en el informe de la CDDHS que en su carácter independiente y de origen ciudadano es la que más exigencia presenta ante el Gobierno del Estado, como lo reiteró Aguirre Meza el domingo frente al Mandatario sinaloense, que además es uno de los fundadores y como tal recibió un reconocimiento.

La presencia durante la misma semana en las dos organizaciones emblema del ombudsman local podría aportar indicios de cómo son las políticas públicas rochistas tanto en lo referente a derechos humanos como en la relación con órganos autónomos. Esto en el ambiente de preocupación que permea desde lo nacional a lo esto posible, donde comparo los paradigmas democrático y autoritario de la seguridad. La débil o nula evaluación es característica esencial del segundo, precisamente porque sin ella es fácil manipular las decisiones en beneficio de las instituciones y las élites públicas y privadas que las capturan. Para decirlo con claridad, la noticia del BID es extraordinaria pero, por increíble que parezca, los incentivos para que la llamada clase política se haga cargo de transitar hacia la siguiente generación de políticas de seguridad y justicia en México y en América Latina son raquíticos por muchas razones; una fundamental es que se ganan elecciones por todas partes sin ofrecer innovación alguna y sin necesidad de construir éxitos sostenidos. Hemos validado muchos años la hipótesis de que la barrera principal en todo esto es más política que técnica. Pero también creo que es más posible tirar esa resistencia política con la evidencia de lo que funciona en mano, abonando a la urgente narrativa convincente del cómo sí. ¿Ayudará la nueva herramienta citada para ello? Lo intentaremos. estatal debido a la acción derribadora de instituciones icónicas de las batallas cívicas por democracia, acceso a la información, transparencia y justicia.

–El autor es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (20032016).

El compositor ruso Piotr. I. Tchaikovsky sentía que su vida era una barca zarandeada por fuertes vientos que amenazaban con volcarla y hacerla naufragar. Tenía un enorme talento, pero no se sentía admirado ni aceptado en Rusia, a pesar del reconocimiento que se le tributaba en el extranjero. Su timidez e hipersensibilidad se vio acentuada al fracasar el matrimonio que concertó para acallar los rumores de su homosexualidad.

No obstante, Tchaikovsky supo transformar la tormenta que agitaba lo más íntimo de su ser en la más exquisita, bella y excelsa melodía, como tendremos oportunidad de corroborarlo al escuchar la interpretación de su Quinta Sinfonía, en el concierto que ofrecerá la OSSLA el jueves, a las 19:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

En el boceto de su sinfonía, el compositor escribió a manera de guión: “Introducción: sumisión total ante el destino o, lo que es igual, ante la predestinación ineluctable de la providencia… ¿No valdría más entregarse por completo a la fe?”.

¿Asumo la rienda de mi vida?

La trayectoria de Rocha Moya ciudadano, el que empujó instancias de defensoría social y enarboló jornadas sociales en favor de las libertades, no debería dejarle espacio a la preocupación de que emerja en el hoy Gobernador alguna tentación autoritaria que borre la senda andada por él junto a muchos sinaloenses en lo referente a justicia social. A no ser que lo seduzca el fantasma del despotismo tatuado en los muros de Palacio de Gobierno, la congoja tendría que enfocarse a que el político badiraguatense deje pasar la posición histórica que desempeña sin fortalecer aquello que hizo desde la trinchera ciudadana. En el discurso en la CEDH Rocha definió su gobierno como humanismo pleno y dijo que en ese sentido dejará huella. En la CDDHS halló la brújula posible para empatar sus estrategias de derechos humanos con el sentimiento del pueblo en la misma cuestión. Leonel Aguirre le hizo reclamos de erróneas políticas públicas en atención a desplazados por la violencia, desapariciones forzadas de personas, jornaleros agrícolas, vivienda digna para familias vulnerables, y crímenes sin resolver de activistas de derechos humanos y periodistas. En la atención que le corrió a Álvarez

Ortega el Gobernador llevaba sus propios datos: la primera reunión que sostuvo al asumir el cargo fue con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, estableció en el Gabinete la Subsecretaría de Derechos Humanos y está por concretarse el primer Centro de Resguardo Temporal, llamado panteón forense. Al encuentro con la CDDHS llevó la emoción de reencontrarse con el incansable luchador social Óscar Loza Ochoa, junto a quien fundó dicha Comisión en 1983. Es decir, está por verse y pendiente de evaluación la diferencia entre los gobiernos anteriores cuya inactividad en cuestión de prerrogativas fundamentales causó agravios a las víctimas y apatías en un área esencial para la legalidad y la paz, y el actual régimen de izquierda que sí es parte fundacional de la lucha por el respeto de las garantías individuales. A Rocha Moya lo marcará la historia por lo que haga o deje de hacer en cuestión de proteger y defender los derechos humanos.

Reverso Será su prueba de excelencia, Si logra en derechos humanos, Mantener tranquila la conciencia, Y la sangre no tiña sus manos.

Urgencia por la verdad ¿Fueron elementos de la Marina Armada de México o delincuentes que se hicieron pasar como integrantes de la institución militar los que asesinaron a los jóvenes Jorge Alfredo y Alejandro Guadalupe en el municipio de Guasave? Para efectos de justicia, los que hayan sido deber pagar ante la ley por el crimen que consternó y levantó en un solo grito de protesta a la sociedad que ya no sabe si cuidarse más de las fuerzas del orden o de los ejércitos del crimen. Resolver pronto esto es lo único que calmará la indignación de la colectividad lastimada.

A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS

CAMELIA MUÑOZ

A12 años de la masacre ocurrida en el municipio de Allende, aún se desconoce el número de personas desaparecidas. En un inicio, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, estimó 300, y en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que eran 38.

Dos años antes, el gobierno estatal reconoció 27 víctimas de desaparición, mientras que el colectivo Alas de Esperanza dijo tener constancia de 45 personas desaparecidas solo en Allende. Diez esposas, madres e hijas de las víctimas, integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, fueron convocadas el 16 de mayo al Palacio de Gobierno a una reunión encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentarles el plan de reparación integral del daño por las desapariciones ocurridas en Allende en 2011, como estableció la recomendación 10 de la CNDH hace cinco años. Pero en lugar de esto, aseguraron, las autoridades se limitaron a ofrecerles una compensación económica, sin precisar el monto ni cómo sería estimado en función del daño sufrido. En la reunión también estuvieron presentes funcionarios como José Ángel Herrera Cepeda, titular de la Fiscalía para Personas Desaparecidas de Coahuila, y Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila. La recomendación 10, que investiga las violaciones graves a los derechos humanos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas del 18 al 20 de marzo del 2011, documentó la desaparición de 38 personas, incluidos tres menores de edad. La CNDH señala que, en esos días, un comando armado de Los Zetas, en complicidad con la policía municipal, demolió 40 propiedades, y secuestró y asesinó a familiares y empleados de dos miembros de la organización criminal, como venganza por su presunta colaboración con la DEA en los decomisos de droga efectuados contra el grupo. La cifra de víctimas aún es incierta, ya que la violencia traspasó los límites del pequeño municipio ubicado a casi 60 kilómetros de la frontera con Texas y la autoridad estatal mantiene la versión de que el caso de Allende debe analizarse de forma independiente, sin relacionarlo con otros sucesos de violencia en la región. Por los hechos de 2011, 19 personas se encuentran bajo proceso.

Multihomicidio y sin número exacto de personas desaparecidas