‘La gente de la fiscalía negocia (con Los H)’

Dos personas que lograron escapar de los captores y contaron a familiares y autoridades lo ocurrido, aseguraron que a las víctimas las retenían en casas de seguridad por días. Ahí, todas eran torturadas. Las mujeres sufrían violaciones. Después, los llevaban a parajes aislados, aunque de fácil acceso. Algunos no llegaban con vida y, quienes sí, eran asesinados a tiros en el lugar. La mayoría de las fosas clandestinas fueron encontradas en el municipio de Xalisco, cerca del aeropuerto de Tepic y a espaldas de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. En enero de 2018, en ese lugar se localizaron tres entierros ilegales de los que se recuperaron 33 personas que habían sido desaparecidas entre el 3 y el 20 de junio de 2017.

Ocho de las nueve víctimas del 22 de junio fueron enterradas juntas, en una fosa descubierta en enero de 2019 en el Pantanal, a unos siete kilómetros del aeropuerto de Tepic. Ahí mismo estaban tres hombres a quienes se llevaron el 25 de ese mismo mes y otras siete personas que, hasta mediados de 2023, no habían sido identificadas.

Con las fosas también se han desenterrado indicios sobre los posibles perpetradores de las desapariciones. En un análisis de la CNB, se menciona que en los entierros encontrados en mayo de 2018 había uniformes de la Policía Nayarit.

Desdibujar las desapariciones forzadas En enero de 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó un análisis de contexto sobre las desapariciones de Nayarit. El documento fue elaborado por petición del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED). Según la CNB, las desapariciones se explican por una venganza de la célula del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, Los H, contra elementos de la fiscalía estatal, con quienes habían trabajado en alianza hasta febrero de 2017, cuando Veytia los traiciona y entrega a su líder, Juan Francisco Sánchez Patrón a la Secretaría de la Marina. Por algún motivo, que en más de cien páginas la CNB no demuestra, “la gente de la fiscalía negocia (con Los H) y les entrega a esos jóvenes y a otras personas que ya habían trabajado para la fiscalía”.

A los colectivos de búsqueda les presentaron una versión incompleta del documento, una semana antes de que llegara a México una representación del Comité CED de Naciones Unidas, a finales de noviembre de 2021. El documento final lo conocieron en enero de 2022.

Después de la publicación del documento final, familiares de los desaparecidos se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí, Alejandra

Pérez les reclamó: “¿Por qué no hay un análisis con una estructura criminal sobre la Fiscalía del Estado?”

Para el abogado de Idheas, Michel Cervantes, el documento “atenúa las desapariciones forzadas, (así como) la responsabilidad del estado de Nayarit en cuanto a la comisión de las desapariciones”.

La abogada Cristina Lozano, que estuvo en la misma organización hasta mayo de 2022, considera que ese análisis de contexto criminaliza a los jóvenes desaparecidos al vincularlos con los grupos criminales o por ser consumidores o exconsumidores de alguna droga, lo cual no justifica su desaparición.

“Faltó señalar a la fiscalía con la misma precisión que están diciendo que nuestros desaparecidos estaban relacionados con esas bandas”, considera Leticia Pinzón, madre de Jesús Antonio.

La comisión también se comprometió a elaborar un plan de búsqueda para las familias nayaritas, pero sólo

‘¿Por qué no hay un análisis con una estructura criminal sobre la Fiscalía del Estado?’ Para el abogado de Idheas, Michel Cervantes, el documento “atenúa las desapariciones forzadas, (así como) la responsabilidad del estado de Nayarit en cuanto a la comisión de las desapariciones

Familias de personas desaparecidas durante una de las manifestaciones que han realizado para exigir justicia.

Obstaculizar la verdad

En diciembre de 2022, durante una reunión con autoridades federales y del estado de Nayarit, Rosa María Jara reclamó que la fiscalía estatal destruyó evidencia recuperada de la fosa clandestina donde fue encontrado su hijo. Entre quienes escucharon su reclamo estaban el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y el fiscal local, Petronilo Díaz Ponce.

“Le dije al licenciado Encinas que me ayudaran en un tema que a mí me duele mucho. ‘Las prendas de una fosa clandestina —le dije—, donde estuvo mi hijo, fueron destruidas sin sustento alguno’”. El 14 de abril pasado, una investigación de la periodista Karina Cancino publicada en Aristegui Noticias, reveló que la fiscal especializada en investigación de personas desaparecidas de la FGE, alegó que se destruyeron las evidencias “por presentar (sic) fuente de infec- ción que pone en riesgo la salud pública”. Se trataba de vestimentas y objetos —incluso metálicos— localizados en una fosa clandestina en donde se encontraron los cuerpos de 21 personas que fueron víctimas de desapariciones masivas en junio de 2017. Algunos objetos podrían pertenecer a elementos de la Fiscalía General del estado de Nayarit, aseguraron Rosa María Jara y Alejandra Pérez. Su hermano fue encontrado en la misma fosa. desapariciones. Nos comenzamos a organizar en el mes de junio de 2017”, recuerda Alejandra Pérez. El 30 de agosto —Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada— se fundó formalmente el Colectivo Familias Unidas por Nayarit, al cual pertenece Alejandra Pérez. Ya las familias habían organizado una primera protesta frente al palacio de gobierno y una huelga en la delegación de la entonces Procuraduría General de la República en Tepic y lograron que ahí les recibieran sus denuncias. El 4 de agosto se reunieron con el entonces gobernador, Roberto Sandoval. Un día después, la fiscalía anunció el hallazgo de la primera fosa clandestina. envió un borrador hace más de un año.

Los colectivos fueron creciendo conforme se extendían las desapariciones por Tepic y sus municipios cercanos. Como en gran parte del país, han sido estas agrupaciones de familiares las que empezaron a recorrer parajes en la búsqueda de fosas clandestinas. También son las que han enfrentado a la fiscalía.

En junio de 2023, un Tribunal Colegiado ordenó a la CNB no considerar el análisis de contexto como un documento oficial y dejar de difundirlo.

Eso fue resultado de un amparo que presentó el exgobernador Roberto Sandoval al considerar que el documento violaba su derecho a la presunción de inocencia.

En su sentencia, el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, identificó que en el documento “se observan afirmaciones con relación a que el hoy quejoso (Roberto Sandoval) tuvo nexos con el crimen organizado y que encabezó una estructura criminal, lo cual, de manera indirecta hace presumir que es responsable de las desapariciones de personas durante su encargo”.

Quinto Elemento Lab solicitó entrevista a la CNB, pero no tuvo respuesta.

La tragedia común

Rosa María Jara no conocía a Alejandra Pérez hasta que se encontraron en la búsqueda. El hijo de Rosa María y el hermano de Alejandra son dos de las, al menos, once personas que desaparecieron el 22 de junio de 2017.

Lo mismo pasó con Leticia Pinzón y Tania Guzmán. A sus familiares, los desaparecieron en la misma fiesta.

Las cuatro mujeres llegaron a la fiscalía para preguntar si su familiar estaba detenido o para tramitar la denuncia por desaparición.

En esas oficinas empezaron a notar que había decenas de desaparecidos. “Tepic es muy pequeño. Se empiezan a llevar a los primeros jóvenes y una mamá empieza a conectar a otra y a otra. Así es como surge el primer colectivo, con las 21

Tercera de cuatro partes www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora, de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx) y Quinto Elemento Lab (@quintoelab).

En julio de 2018, por ejemplo, la fiscalía estatal presentó al comandante Salvador Aguilar Brito como el nuevo encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas. Las familias recordaron que el nombre del funcionario se encontraba en varias carpetas de investigación. Una madre lo acusó de haberse llevado a su hijo.

Los colectivos exigieron al fiscal Petronilo Díaz retirar del cargo al comandante Aguilar Brito, pero únicamente lo movió a otra unidad de la misma institución, de acuerdo con las líderes de los colectivos entrevistadas. Quinto Elemento Lab confirmó que, en abril de 2023, el comandante seguía en la nómina de la FGE.

Un mexicano fue detenido en el aeropuerto de Guatemala señalado de traficar fentanilo a Estados Unidos.