CULIACÁN

El pasado 4 de abril, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México y con sede en Almoloya de Juárez, resolvió en calidad de Juez de Control, librar órdenes de aprehensión inmediatas por el delito de delincuencia organizada contra Alfredo A., empresario sinaloense del beisbol, así como en contra de María y David H., madre y tío respectivamente de los empresarios mazatlecos Juan José y Érick Arellano Hernández, propietarios de Grupo ARHE.

Noroeste tuvo acceso a la resolución de las órdenes de aprehensión emitidas por el presunto delito de delincuencia organizada.

Las órdenes incluyen también a Jorge Luis H., director de la constructora Coseco, propiedad de los hermanos Arellano y que ha sido proveedora del Ayuntamiento de Mazatlán en gobiernos anteriores.

La resolución del juez va dirigida a 61 personas en total, todas relacionadas con una presunta red criminal encabezada por el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, encarcelado y declarado culpable en los Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.

El delito: Delincuencia organizada La acusación por el delito de “Delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita” se encuentra detallada en la fracción séptima del documento de 435 páginas al que Noroeste tuvo acceso.

En el documento se incluyen a Alfredo A., Jorge Luis H., María H., David H. y Roberto O., quienes habrían sido parte con diversos nombramientos de la red de empresas relacionadas con los hermanos Arellano.

Hace unas semanas, a través de diversos portales y medios estatales, los hermanos Arellano negaron la existencia de dichas órdenes, cuando la Fiscalía General de la República las boletinó el pasado 22 de mayo a través de su cuenta de Twitter y cuya lista completa fue revelada por el periodista Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, el documento al que Noroeste tuvo acceso prueba la resolución de dichas órdenes y explica en los antecedentes que éstas fueron solicitadas por primera vez desde el 8 de febrero de 2023, pero un día después, el 9 de febrero, le fue solicitado al fiscal que “precisara y aclarara diversos aspectos”, por lo que hasta el 3 de abril de 2023 se atendió dicha prevención y el 4 de abril fueron liberadas finalmente en contra de los 61 imputados.

Los imputados