de la Sedena

NOROESTE / REDACCIÓN

MÉXICO._ Alejandra Aguilar Solórzano, hija de un militar retirado y socia de Protective Materials Technology, empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, vendió al General Luis Cresencio Sandoval González, titular de dicha institución, un departamento de 407 metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, con valor real de al menos 30 millones de pesos.

Dos años después de la citada transacción, la empresa proveedora obtuvo un contrato de la Sedena, según reveló este lunes una investigación de la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El departamento, ubicado en el conjunto denominado “Cuatro Puntos” de Bosque Real, cuenta con tres recámaras, cada una con clóset y baño, una estancia con ventanales, vista panorámica de cuatro puntos, terraza con vista al campo de golf, elevador directo al piso, oficina y cuarto de juegos. Mientras que el edificio en el que está ubicado el inmueble, tiene dos filtros de seguridad para ingresar, así como una casa club, alberca techada, cancha de raquetbol, gimnasio y jardines. La recámara principal tiene un enorme vestidor con doble lavabo y espejos flotantes, dos baños, regadera y tina. Mientras que la cocina está equipada y cuenta con una isla central y acabados de madera, material que destaca también en pisos y muros del inmueble. El departamento cuenta, además, con cuatro cajones de estacionamiento y una bodega. En su declaración patrimonial de mayo de 2022, el titular de la Sedena reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de adquisi- ción del departamento fue de 9 millones de pesos, pero MCCI corroboró que inmuebles de dimensiones y características similares, en el mismo fraccionamiento, son vendidos hasta en 30 millones de pesos. “El titular de la Sedena tiene un sueldo neto mensual de 119 mil pesos mensuales. Para adquirir una propiedad similar debería reunir su sueldo íntegro durante más de 20 años”, señaló la investigación de la ONG, firmada por los periodistas José Raúl Olmos Castillo y Verónica Ayala. Sandoval González solicitó a la SFP no dar información sobre sus bienes inmuebles. Sin embargo, MCCI obtuvo copia de la declaración completa, sin omisiones, que el General entregó a la Secretaría de la Función Pública, en la cual consta que, el 17 de febrero de 2020, una persona física, de nombre Alejandra Aguilar Solórzano, le traspasó la propiedad de un departamento de 407 metros cuadrados en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre el bulevar Bosque Real. MCCI descubrió que quien vendió el departamento es accionista de la empresa Protective Materials

La casa adquirida por el General Luis Cresencio Sandoval en el Fraccionamiento Bosque Real presuntamente costó 9 millones de pesos.

Technology, proveedora de la Sedena en la actual administración, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En su declaración patrimonial entregada a la SFP, Sandoval González reportó que el valor de la adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos, y que lo compró con un crédito hipotecario otorgado en febrero de 2020, por el Banco Nacional del Ejército. Según MCCI, hasta mayo de 2022, del crédito original de 9 millones de pesos, el General ya había pagado la mayor parte y su saldo era de 3 millones 874 mil pesos. La empresa tiene como socias a Alejandra Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, cada una con el 50 por ciento de las acciones. Ambas son hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, un militar retirado que es apoderado legal de la compañía. MCCI encontró que en la escritura inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México se detalla la operación de compra-venta de la propiedad y Aguilar Solórzano reportó el mismo domicilio que en el acta constitutiva de la empresa.

MÉXICO (Animal Político)._ La SEP ya contrató a empresas para la impresión de los libros, pese a que la Ley General de Educación señala que antes deben estar aprobados los planes y programas de estudio y que se debe consultar a los actores sociales involucrados en el sector.

Desde diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, contrató a 12 empresas para la impresión de más de 69 millones 340 mil unidades para el próximo año escolar a nivel primaria.

Con esto, incumplió la Ley General de Educación, ya que no han sido aprobados ni publicados en el Diario Oficial de la Federación los planes y programas de estudio del ciclo 2023-2024, y las autoridades tampoco consultaron a padres de familia, maestros ni asociaciones especializadas en temas educativos sobre sus contenidos.

De acuerdo con la Ley General de Educación, para que queden aprobados los contenidos de los libros de texto gratuitos, así como sus modificaciones, los planes y programas de estudio del siguiente ciclo escolar deben ser publicados en el DOF y en el órgano informativo de cada entidad federativa “y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios”.

Además, según se establece en el artículo 23, para la elaboración de los libros “la secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los estados, la Ciudad de México y diversos actores sociales involucrados en la educación”, mismos que podrán solicitar modificaciones si así lo consideran necesario.

Sin embargo, esta vez la SEP emitió el fallo para los libros de primaria sin respe-

Ignoran a padres y maestros