Fracaso anunciado

JACOBO DAYÁN

@dayan_jacobo Animal Politico / @Pajaropolitico

Siguen acumulándose denuncias y renuncias en la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, mejor conocida como la Comisión de Guerra Sucia o la comisión de nombre largo y alcances cortos. Desde su creación diversas voces alertamos sobre los graves errores en la conformación de estos mecanismos de justicia transicional (verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria). Toda la estructura carece de independencia al ser encabezada y con votos mayoritarios de funcionarios de gobierno, no cuenta con presupuesto y personal suficiente, para alcanzar su mandato requiere de una ausente voluntad política, debe articularse con instancias reacias a colaborar como la FGR, las fiscalías del país y la Sedena. Todo esto llevó a que varios de los colectivos de víctimas de la Guerra Sucia no respaldaran el proceso desde un inicio. Sobran experiencias internacionales en las que se han creado estándares mínimos para estos procesos de justicia transicional. Exigir el apego a ellos no es un capricho técnico, la historia lo respalda. A pesar de su importancia, desde su creación ha habido poca atención en los medios sobre el caos que hay al interior de este mecanismo. Desde el inicio se hicieron evidentes los problemas. Se crea un mecanismo para las víctimas de los crímenes de Estado del Siglo 20 y se abandona a las víctimas del presente. El Secretario de la Defensa en un discurso planteó a esta comisión como una forma perversa de reivindicar el papel de las fuerzas armadas en la Guerra Sucia. Una de las comisionadas del mecanismo de verdad renunció en septiembre pasado argumentando falta de autonomía, la imposición de una agenda política por parte de funcionarios de gobierno y falta de presupuesto, entre otros mientras el resto de los comisionados prefirió guardar silencio. Se sabe que Segob presiona para emitir el informe antes de las elecciones de 2024 para capitalizarlo políticamente. En días recientes dos de los tres encargados del componente de justicia renunciaron por la falta de financiamiento, la nula colaboración de la FGR y las fiscalías estatales, por el caos al interior del mecanismo y por la imposibilidad de cumplir su mandato. Ahora el mecanismo de justicia queda en manos de Ángela Buitrago, quien al mismo tiempo es experta independiente para el caso Ayotzinapa. Sin duda compromete su independencia al formar parte de un órgano dirigido por funcionarios de gobierno. Todo esto es la crónica de un fracaso anunciado.

A pesar de que el gobierno tenía en mano propuestas de justicia transicional que se trabajaron en colaboración con sociedad civil durante la transición, decidieron aferrarse al control político de la verdad y la justicia. El remedo de mecanismo de justicia transicional creado nació sin respaldo político, sin independencia, sin recursos, sin personal suficiente, con resistencias en Sedena y la FGR, sin respaldo mayoritario de las víctimas de Guerra Sucia. En pocas palabras, una simulación que daña fuertemente a las víctimas y a embargo, sí es responsable de lo que propone, o no. Si no responde, se convierte en el primer culpable. A esta administración federal le disgusta responsabilizarse, y actúa en contra de la evidencia. la sociedad en su conjunto y que pone en riesgo futuros procesos de justicia transicional que van perdiendo credibilidad al ser mañosamente articulados. estudiantes serán excluidos por un sistema al que no le importa que niñas y niños aprendan. Dos de cada tres alumnos abandonan por pérdida de interés, no por carencias económicas.

A pesar de sus promesas, este gobierno quedará marcado al igual que lo fue el de Vicente Fox con su fallida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ambos simularon y engañaron a las víctimas y a la sociedad. Ambos quisieron mantener el control político de la verdad y la justicia. Ambos se negaron a crear mecanismos independientes y sólidos. Ambos negaron la búsqueda de desaparecidos y la reparación integral. Ambos prefirieron meter bajo el tapete las garantías de no repetición. El gobierno actual, además, negó todo esto a las víctimas del presente. Mal harían los medios y la sociedad si no se mira con lupa el trabajo de este mecanismo en los próximos meses.

Si el FIN de la escuela es aprender, y lo tenemos tan claro, ¿por qué no lo hacemos? El sistema educativo mexicano no aprende sobre sí mismo. Desprecia la evidencia. Es acomodaticio frente a lo que sí funciona, omiso ante lo mejorable e indiferente a la necesidad de los cambios.

¿A qué evidencia me refiero? A la que la ciencia reúne a través de años de estudios, investigaciones y evaluaciones que comprueban o explican por qué algo salió bien (niñas y niños aprendieron) o mal (no se aprendió mejor, incluso afectó a las escuelas). Cambia leyes, planes de estudio, instala o retira programas, siempre con los mismos argumentos. ¿Por qué obtendría resultados distintos, si hace lo mismo?

“La promesa incumplida” de la escuela se repite de manera sistemática - las y los niños y jóvenes no aprenden y luego de que estudian la escuela no retribuye como les prometieron-. Abandonar este ciclo exige romper las inercias del pasado, distinguir los errores gubernamentales y elevar el costo para quienes hacen uso político de lo educativo.

Las inercias del pasado están vinculadas al (MAL) gasto y la (falta) de continuidad de las políticas públicas de parte de las autoridades educativas en turno. En México se gasta poco y se gasta mal en educación. Durante los últimos 20 años, el gasto se mantiene entre tres y cuatro por ciento de su PIB anual, muy lejos del seis, siete u hasta ocho por ciento de Finlandia, Polonia, Corea del Sur o Vietnam. Gastamos mal porque, entre el noventa y tres y noventa y seis por ciento del recurso se va en nómina. El margen para innovar prácticas educativas es irrisorio. Además, apenas sí invertimos en la formación de nuestros docentes, ochenta y un pesos por docente; diecisiete veces menos que durante la administración federal pasada. Si las y los maestros son la base para cualquier cambio educativo, a este gobierno no le importa la evidencia o bien, desprecia a las y los docentes. Por otro lado, es difícil dar continuidad a las políticas públicas cuando el o la responsable de conducir el sistema, lo deja a su suerte. Como señalara la organización Mexicanos Primero, en los últimos diez años han pasado por la Secretaría de Educación Pública, diez secretarios; a nivel estatal, han sido 215 (un secretario cada dos años con cuatro meses). No es sólo la continuidad, son las torpezas de quienes llegan. Ningún gobierno es culpable por el estado en que recibe la educación al momento de asumir su cargo, sin

En lo que va del sexenio, se han cancelado 16 programas educativos para las poblaciones más pobres y excluidas, entre ellas el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), uno de los programas mejor evaluados, con evidencias reales de contar con las niñas y niños con mejores promedios del país, en escuelas donde se les garantizaba un alimento (a veces el único que recibían) y un horario extendido para aprender y convivir más.

Los recursos destinados a las Escuelas de Tiempo Completo se trasladaron al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), donde le ofrecen al padre de familia --que vive al día, con menos ingreso que las generaciones que lo precedieron-- optar entre mejorar las condiciones de infraestructura de la escuela, pagarles más a los docentes para extender la jornada laboral o para dedicarlo a la comida de los alumnos. Ninguno de estos objetivos está destinado al aprendizaje, como en la Escuela de Tiempo Completo. Por cierto, la única evidencia que se tiene de LEEN es la que tiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre las irregularidades del gasto de 13 mil millones de pesos durante el periodo de la secretaria Delfina Gómez. El gobierno actual gasta en becas la mitad del presupuesto destinado a programas educativos (Ramo 11). El problema no es que las familias reciban un apoyo económico, sino toda la evidencia científica señala que las becas por sí solas no combaten la deserción escolar. Con o sin beca, millones de