Amparos para obtener acceso a la salud aumentan siete veces en cinco años

El número de amparos presentados contra instituciones de salud pasó de 229 en 2017 a mil 602 en 2022, de acuerdo con el colectivo Cero Desabasto. Con estos recursos legales, personas buscan que se garantice su derecho a la salud con los medicamentos o las cirugías que necesitan mento, hay menos camas, más escasez de medicinas de patente, aparatos costosos y menos subrogaciones. Sin embargo, el motivo que permanece más recurrente es el desabasto de medicamentos. A este le sigue la necesidad de quimioterapia para pacientes con cáncer, así como la radioterapia e inmunoterapia. Del mismo modo, se han presentado casos por falta de recursos materiales, como agujas para las biopsias, limpieza de catéteres o máquinas inservibles para la aplicación de estudios. Antes de retomar todas esas causas, el colectivo Justicia Covid originalmente se formó a raíz de la pandemia en Baja California, para prestar un servicio jurídico gratuito a quienes estaban viviendo los peores efectos de la pandemia. A partir de ahí comenzaron a ubicar abogados en los 32 estados que estuvieran dispuestos a sumarse pro bono. con las empresas que comercializan los aparatos y con las asociaciones que podían conseguirlos, pero eran inaccesibles: entre 600 y 800 mil pesos dependiendo la marca. “No tenemos los recursos para solventar ese gasto así de un solo golpe, y yo le comentaba a mi yerno, al papá de la niña, que si existiera la facilidad de dar un enganche y luego irlo pagando mensualmente, adelante, pero no”, explica.

Finalmente, le dieron el contacto de Renace San Luis para iniciar un proceso legal que obligara al hospital a poner el implante. “No tengo nada que perder”, pensó Federico. Firmó la demanda y en unos días el amparo ya se había ganado parcialmente: aunque el proceso legal llevara dos o tres años, la operación se haría lo más rápido posible. Al principio, el INER trató de desplazar la responsabilidad al Insabi, porque esa dependencia concentraba los recursos federales.

Ante ello, se presentó una ampliación de demanda contra el Insabi, la Cámara de Diputados y el INER. Volvieron a ganar, y el INER finalmente estuvo obligado a conseguir y colocar el implante.

Finalmente, el instituto se comunicó a finales de febrero para avanzar en el proceso, hacer los estudios preoperatorios y explicar lo que seguiría. La cirugía se retrasó algunos días más por pruebas positivas de Covid-19, pero sucedió por fin, el 6 de abril, tres años después de la primera ocasión en que el abuelo de Rumy buscó atención. El abogado José Mario de la Garza, de Renace San Luis, explica que el resultado relativamente rápido se debe a que los jueces deben otorgar medidas de carácter urgente, lo que obliga a las instituciones a brindar la atención aun cuando el juicio no está resuelto: una vez que los recursos legales se presentan ante los jueces federales competentes -en el lugar donde se busca la atención-, tardan entre tres o cuatro días en admitirlo o rechazarlo. En el momento que hacen lo primero, también deben tomar una resolución sobre una suspensión, es decir, ordenar esas medidas.

“Como se trata de derechos humanos, hay unas medidas de carácter inmediato que se tienen que llevar a cabo. En el tema de salud, estas medidas son muy importantes porque, si yo te estoy diciendo que necesito una operación, en principio no debería espe- rarme hasta que se concluya un juicio. Un juicio de amparo puede durar un año y medio, dos años, dependiendo la complejidad del tema”, abunda. El implante de Rumy es de por vida. Su familia solo debe tener particular cuidado con evitar golpes en la cabeza, agua a demasiada profundidad, resonancias magnéticas o puertas imantadas. Al aparato que lleva afuera hay que darle mantenimiento; su abuelo también recibió pilas recargables y una antena extra, pero hay que actualizarlo. Hasta hoy, el INER sigue atendiendo su tratamiento, y la acción legal continuará para lograr lo mismo en su otro oído.

De acuerdo con su informe de avances y resultados 2022, el INER retomó, a partir de junio de 2022, la implantación coclear en sus instalaciones, pero al cierre de ese año, colocó únicamente cinco dispositivos. En su momento, durante ese periodo y antes del amparo, negó contar con alguno para Rumy. Según la dependencia, el año pasado también realizó un proyecto para la actualización de procesadores de implante coclear a los pacientes del INER con apoyo de la beneficencia pública, que atendería a 111 pacientes. En el momento de publicación del informe, el plan estaba en espera de aprobación.

Al mismo tiempo que los amparos han crecido, las autoridades también han ido encontrando mecanismos para no cumplir, y la complejidad se ha incrementado.

“Ya no son amparos así tan fáciles que tú llegabas, presentabas un amparo, te daban una suspensión y a los dos días te daban los medicamentos. Ahora ya nos encontramos que han ido buscándole formas, contestan de una manera, te dicen que no tienen los medicamentos y van haciendo que el amparo se vuelva complejo”, afirma el abogado. Él calcula que esta complejidad data de los últimos dos años a dos años y medio, aunque también depende del juzgado y de que este comprenda bien el alcance de la acción legal. “Es casuístico, porque cada amparo lo tienes que presentar ante un juez diferente en una ciudad diferente y en otras circunstancias, pero yo te diría que se ha agravado la situación cuando menos en los últimos dos años, más complejo, más tiempo, más tardado”, añade. Otra complejidad es que la mayor parte de la población que está sufriendo la violación a sus derechos por la falta de medicamentos o tratamiento ni siquiera tiene la posibilidad de promover amparos. “O no tiene acceso a las personas que lo hacemos, o no sabe que se puede hacer esto o viven en situaciones de poblaciones marginadas, nos pasó mucho, hay gente que se tiene que trasladar a las capitales de los estados para que le atiendan ciertas enfermedades, mucha gente está invisibilizada también y difícilmente van a ir a promover un amparo”, explica.

Por ello, estas acciones legales se han concentrado, mayormente, en personas con cierto nivel de vida urbana y conocimiento o acceso por redes sociales. La necesidad es enorme, de acuerdo con la organización, y aunque muchas veces han encontrado maneras de intentar justificarse ante el juez por falta de infraestructura, recursos o abasto, las autoridades tienden a cumplir porque la Ley de Amparo establece que es posible destituir a los funcionarios que no lo hagan. Por otro lado, el incumplimiento puede conllevar delitos federales.

“Entonces, por un lado, el sistema está en una situación crítica, no atiende a las personas, no les da medicamentos; por otro lado, algunos y algunas mexicanas logran promover amparos, algunos logran que esos amparos se materialicen en cuestiones prácticas, y también ocasionamos que los doctores estén atendiendo, de manera desproporcionada, demandas y demandas de amparo que les llegan todos los días”, lamenta el abogado. De acuerdo con el registro actualizado de Renace San Luis, de 2020 a la fecha la organización ha gestionado un total de 38 amparos por violación al derecho de acceso a la salud: dos por omisión de medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio de Covid-19; 24 por omisiones en medicamentos para niños y adultos con cáncer en CdMx, Jalisco, Puebla, Morelos, Yucatán y Aguascalientes; 11 por desabasto de insumos médicos o medicamentos en Estado de México, CDMX, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua y San Luis Potosí, y uno por omisión de dictar medidas ante Covid-19 en centro penitenciario. Presentar amparos desde una plataforma virtual La asociación Justicia que Transforma México -antes conocida como Justicia contra el cáncerhace énfasis en que la recurrencia a amparos es muestra de que no está funcionando el sistema de salud, aunque no todas las personas lo hacen, ya sea por desconocimiento de sus derechos, de la ley o por temor de que pudieran generarse represalias en la atención. A partir de la pandemia, fue cuando los amparos empezaron a adquirir notoriedad y “es una medida que llegó para quedarse”. “Ante este conocimiento de la población, y de voz en voz, de que el amparo puede solucionar entre la vida y la muerte, o el hecho de hacer efectivo que te escuchen a través de esta vía cada vez tiene más relevancia. Cuando menos nosotros tenemos dos, tres, cuatro casos por semana propiamente para temas de cáncer o de casos urgentes de acceso a la salud, y creemos que esto va en aumento”, señala Guillermo Rivera, director de la organización. La promoción de los amparos también les ha permitido ver, en diversas entidades e instituciones, que cada vez falta más medica-

“Gran porcentaje de los amparos que nosotros estábamos promoviendo, sobre todo en materia de salud, casi todos eran en sentido favorable por parte de los criterios de los jueces, y vimos que existía una necesidad de crecer y de sumar a más personas que estuvieran dispuestas a dedicarle horas pro bono a nuestra ciudadanía. También nos dimos cuenta que ya cuando teníamos cumplido un año, más del 50% de los asuntos que nosotros recibíamos pertenecía al sector salud, es decir, que había una gran masa de ciudadanía que estaba percibiendo los efectos del desabasto de medicamentos”, añade Fernanda Rizo, parte de la organización.

De esa manera, de las mil 295 asesorías en total que ha dado la organización, 383 resultaron en acciones legales, 275 de ellas -poco más del 70 por ciento- relativas al derecho a la salud. Estas últimas se han presentado por diversos motivos pero principalmente por servicios médicos (37), vacunas para menores de edad en Campeche (36), vacunas Covid para menores de edad (32), otorgamiento de medicamentos (19) y diferentes atenciones médicas y tratamientos específicos.

Ahora, Justicia vs Cáncer es una plataforma virtual que permite a la ciudadanía hacer una demanda de amparo y presentarla ante el Poder Judicial para que un juez le ordene a cualquiera de las instituciones públicas de salud que, de manera inmediata, detenga la violación del derecho al acceso a la salud, desde lo más particular -medicamentos, citas médicas- hasta tratamientos como quimioterapia o radioterapia. En diciembre de 2021, nació como asociación Justicia que Transforma México, que arropa a sus dos antecedentes.

Mediante esta plataforma, se han generado 229 demandas, de las que la organización ha presentado 97 ante el juez con fallo en favor de los pacientes -la herramienta puede usarse para hacerlo con cualquier otro abogado-. Esto representa más de 4 mil horas de trabajo pro bono. Con ello, en 25 estados se ha logrado obtener servicios como quimioterapia, medicamentos, inmunoterapia, biopsias, tomografías, cirugías, entre otras, con un valor de más de 74 millones de pesos, principalmente para cáncer de mama, de próstata, de riñón, de colon, de ovario y cervicouterino.

“El reto que nosotros tenemos es que esta plataforma sea para cualquier tipo de enfermedad, que de repente sí hay usuarios que tienen una necesidad muy urgente, de vida o muerte, y claro que la atendemos, pero la intención sería que esta plataforma se ampliara a todas las enfermedades y le pudiéramos dar abasto de manera inmediata a todas las personas que lo necesitaran”, añade Rivera.

Para generar una demanda de amparo en casos de cáncer, es necesario acceder a https://justiciavscancer.com.mx/genera-tudemanda/, donde hay un video tutorial para hacerlo. Después de elegir el estado de residencia, el servicio público del cual se es derechohabiente en caso de serlo, el representante legal que se desea, el tipo de cáncer, la falta de tratamiento que se demanda o de medicamento, si se tiene un caso específico y los datos personales, la demanda de amparo se genera tras esos ocho pasos.

“Desafortunadamente, la demanda existe en los 32 estados de la República. Creo que mientras siga existiendo esta falta de capacidad operativa por parte de nuestras autoridades en hacer las gestiones necesarias presupuestales y administrativas suficientes para dar a toda la ciudadanía que se encuentre inscrita a un padrón de una institución de salud, vamos a seguir como ciudadanos ejerciendo este tipo de acciones que nos permiten exigirle a las autoridades asegurarle un derecho a una persona”, concluye Rizo.

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