Esta demora en el desarrollo de las investigaciones se ha convertido, por una parte, en un factor que inhibe la satisfacción de las necesidades de verdad, justicia y reparación de las víctimas; y, por otra parte, en un elemento que imposibilita la confianza de las comunidades en sus relaciones con las instituciones del Estado colombiano y los agentes locales que lo representan. En conclusión, la tesis de que la inversión en la seguridad contribuye a fortalecer la confianza entre la población civil y la fuerza pública se muestra absolutamente contraria a la realidad y, en cambio, generado una brecha amplísima de desconfianza de las comunidades del Ariari-Guayabero para con el Estado colombiano. Esto, máxime cuando las definiciones políticas de los planes militares, económicos y sociales implementados en estas zonas por parte del Estado
colombiano, encuentran identidad ideológica y operativa con los programas de consolidación territorial desarrollados por el paramilitarismo de tiempo atrás en el Departamento del Meta: “De acuerdo con las declaraciones de uno de los voceros más representativos del Paramilitarismo en Colombia, Carlos Castaño, en la “primera fase” del modelo paramilitar […] se trata de “liberar” mediante la guerra, amplias zonas de la subversión y de sus bases populares de apoyo imponiendo el proceso de concentración de la tierra, la modernización vial, de servicios y de infraestructura, el desarrollo del capitalismo ganadero y la nueva estructura jerárquica y autoritaria en la organización social y política de la región66”.
Libardo Sarmiento Anzola, Un Modelo Piloto de Modernización Autoritaria en Colombia, CREDHOS, Informe Vol. 1, No. 2, Barrancabermeja, 1996, pág. 33.
Fotografía de la Vereda Alto Guany, jurisdicción de Vista Hermosa, una de las poblaciones beneficiarias del PCIM. 6 de octubre de 2010.
Cinep/PPP • Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
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