aborto de ecuador

¿Hay que despenalizar?

Con estos antecedentes, replanteemos la pregunta: ¿es lícita la penalización del aborto?

Yo creo que no, por las siguientes razones.

El argumento “estrella” de quienes promueven la penalización del aborto es que con ello se defiende la vida y, sin embargo, nunca he visto a ninguno de ellos presentar una sola evidencia para corroborar esa afirmación. Aclaremos: el hecho de que el aborto esté tipificado como delito no equivale a defender la vida. La vida no se defiende en los códigos penales, sino en la realidad. Y la realidad demuestra que no se aborta menos porque sea delito. No es verdad que la penalización salve la vida de cigotos o fetos indefensos. Lo único que ha demostrado reducir el aborto —y, por tanto, salvar esas vidas— es la educación sexual. En algunos países donde se ha despenalizado el aborto, las cifras muestras que, una vez transparentado el número inicial de abortos, su ocurrencia no aumenta en el tiempo, sino que, sumando otras políticas públicas, tiende a permanecer igual o disminuir. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que las leyes contra el aborto no están asociadas con su reducción. Es mentira, por tanto, que penalizar el aborto defienda, en términos reales, la vida del no nacido.

Contra esto último algunos replican —nuevamente: sin evidencias— que penar el aborto tiene un efecto disuasivo. Sí, en general, el derecho penal suele servir como un método para prevenir delitos a través de la disuasión (lo cual se conoce como “prevención general”). Pero eso no parece cierto en el caso del aborto. Primero, porque si las estadísticas demuestran que los abortos no aumentan con la despenalización, mal podría haber sido la penalización un disuasivo. Segundo, porque ninguna mujer considera la posibilidad de irse presa por abortar… ¡porque eso no sucede nunca! De hecho, ¡casi ninguna mujer es denunciada por aborto en la Fiscalía! El dato es elocuente: nuestra sociedad, incluyendo a su facción más conservadora, no cree seriamente que una mujer deba pudrirse en la cárcel por haber abortado.

Ahora bien, aunque no haya ninguna prueba de que la penalización del aborto salve vidas, sí hay abundante prueba de que provoca muertes. Al criminalizarse el aborto, su práctica se vuelve clandestina y, por ello, más riesgosa, de modo que la inseguridad del aborto aumenta considerablemente las posibilidades de muerte de la madre. En Ecuador, el 18% de las muertes maternas son causadas por abortos clandestinos y hay 330 muertes por cada 100.000 abortos, cifra muy superior al 0.1 y 0.2% de tasa de mortalidad en los países donde el aborto es legal.

Por tanto, si la penalización no evita las muertes de los hijos, pero sí aumenta las muertes de las madres, ¿no es entonces una política que, en vez de salvar vidas, está incentivando la muerte? Aunque algunos insistan que la sola enunciación del aborto como delito equivale mágicamente a proteger la vida, eso no desvanece, en el mundo real, el hecho de que más seres humanos —hijos y madres— mueren gracias a la penalización del aborto