Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México

Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México

Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México

Octubre 2025

Reporte elaborado por investigadoras e investigadores de la Escuela de Negocios y de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey:

Kathia Ramos Garza, Escuela de Negocios

Andrea Rodríguez Zavala, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

Nuria Rojas Vargas, Escuela de Negocios

Edith Cruz Torres, Escuela de Negocios

Francisco Orozco Bendímez, Escuela de Negocios

En colaboración con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)1

Agradecimientos

Equipo ACNUR:

- Oficina del ACNUR en Monterrey: Paulina Robles, Valentina Duque, Karam Darwish, Johann Weigend y Unidad de Soluciones Duraderas

- Oficina del ACNUR en Saltillo

- Oficina del ACNUR en Ciudad de México: Joselin Barja, Emilio González y María Paola Rangel

ISSN en trámite

Equipo de estudiantes:

- Tecnológico de Monterrey: Erick Gustavo González Flores

- Otras universidades:

Luz Hernández, Arely Encinas, Mónica Rodríguez, Jesús Cabrera y Katya Cerda

1 Las opiniones vertidas en este documento son responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México.

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo

I. Introducción

Relevancia de la inclusión financiera

Contexto actual

Marco normativo de la inclusión financiera

Sobre el estudio

Objetivo general

Objetivos específicos

Aspectos metodológicos

Demografía de los participantes

II. Inclusión y cultura financiera

Servicios financieros en país de origen

Servicios financieros en México

Ahorro

Método

III. Envío de remesas

Países

Frecuencia

Bancos e instituciones financieras

IV. Recepción de remesas

Regiones y países

Bancos e instituciones financieras

Uso de remesas

V. Hacia un Ecosistema Financiero Inclusivo: oportunidades, barreras y transformación social

Ecosistema Financiero Inclusivo

Oportunidad en el ecosistema. “Remesas, migración y protección internacional: capital humano y financiero”

Barreras y obstáculos

VI. Glosario

VII. Bibliografía

RESUMEN EJECUTIVO

• La inclusión financiera es clave para reducir la pobreza y fortalecer la autonomía económica, especialmente de personas migrantes y refugiadas, al facilitar el acceso a servicios como cuentas, créditos y remesas.

• México enfrenta nuevos retos como país de destino y tránsito, con un aumento sostenido de solicitudes de asilo que exige garantizar derechos básicos, incluida la integración financiera.

• A pesar del marco legal vigente, persisten barreras operativas y discriminación, especialmente en bancos que no reconocen documentos migratorios válidos, lo que limita el acceso efectivo al sistema financiero formal.

• El estudio, realizado por el Tecnológico de Monterrey en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), identifica barreras de acceso a servicios financieros y prácticas de uso de remesas entre personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y en movilidad en México, con el fin de generar insumos para políticas públicas e inclusión financiera.

• Entre los aspectos más relevantes del perfil de la población encuestada, se destaca que el 65% corresponde a personas refugiadas, el 23% a solicitantes de asilo y el resto a otros grupos de interés. La distribución por género se compone de un 50% de mujeres y un 49% de hombres. En cuanto al lugar de procedencia, el 93% proviene de América Latina y el Caribe. Los hallazgos de este estudio buscan aportar al diseño de políticas públicas que promuevan una inclusión financiera efectiva para las personas en situación de movilidad.

• La inclusión financiera es esencial para la integración económica de personas en movilidad, al facilitar el acceso a servicios como cuentas bancarias y remesas. No obstante, el 51% de las personas encuestadas no tiene cuenta bancaria, y solo 1 de cada 4 accede a productos financieros formales.

• México, como país de tránsito y destino, enfrenta retos operativos para garantizar derechos financieros. Aunque la ley permite a personas refugiadas abrir cuentas con documentos migratorios, 6 de cada 10 participantes reportaron haber sido rechazados en bancos por no contar con una identificación aceptada.

I. INTRODUCCIÓN

RELEVANCIA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

El análisis entre el vínculo que existe al hablar de inclusión financiera y el dinero que se recibe o envía por parte de familiares o personas allegadas que laboran fuera de los países de origen y que es conocido comúnmente como “remesas” es sumamente importante, pues ocasiona cuestionamientos sobre este fenómeno que nos invitan a diseñar estrategias de apoyo a la población que se encuentra en situaciones vulnerables de diversos tipos; financiera o económica, estructural, social, educativa y cultural.

Impulsada por agencias de desarrollo de gran relevancia como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el G20, la inclusión financiera se encuentra actualmente en el centro de la agenda política global. La inclusión financiera se define como el proceso mediante el cual hogares y empresas, independientemente de su nivel de ingresos, acceden a servicios financieros adecuados y los utilizan de manera efectiva para mejorar sus condiciones de vida (World Bank, 2018).

En esta misma línea, los autores Demirguc-Kunt y Klapper (2012) la definen como aquellas circunstancias que permiten un acceso amplio a los servicios financieros, sin barreras de precio ni de otro tipo para su utilización.

Por su parte, Sarma (2008) ofrece una definición más robusta, al considerar la inclusión financiera como un proceso que garantiza la facilidad de acceso, disponibilidad y el uso efectivo de los servicios financieros por parte de todos los miembros de la sociedad. En comparación con la propuesta de Demirguc-Kunt y Klapper, la definición de Sarma presenta la ventaja de incorporar una perspectiva multidimensional que enriquece la conceptualización del fenómeno.

Desde esta perspectiva, la inclusión financiera constituye un factor estratégico para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, en tanto que el acceso efectivo a servicios financieros puede fomentar la generación de empleo, reducir la vulnerabilidad frente a choques económicos y sociales, y potenciar la inversión en capital humano.

En contextos donde los sistemas financieros carecen de mecanismos inclusivos, tanto los individuos como las empresas se ven obligados a recurrir a alternativas informales, costosas y poco eficientes para satisfacer sus necesidades financieras y aprovechar oportunidades productivas con alto potencial (Aguera, 2015).

Adicionalmente, la adopción de comportamientos y prácticas financieras responsables se asocia con una mayor estabilidad económica y, en última instancia, con el fortalecimiento de la resiliencia financiera de los hogares, entendida como su capacidad para anticiparse, resistir y recuperarse fren-

te a adversidades económicas (Hussain et al., 2009).

Un sistema financiero más inclusivo y eficiente facilita que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, envíen dinero a sus países de origen con menores costos de transacción, al tiempo que incentiva a los receptores a depositar dichos recursos en instituciones bancarias.

Dado que las remesas pueden canalizarse a través del sistema financiero formal, estas contribuyen a que una mayor proporción de la población entre en contacto con el sector financiero, lo que a su vez amplía la disponibilidad y el acceso a productos de ahorro y crédito (Aggarwal et al., 2011).

Simultáneamente, estos fondos pueden canalizarse de manera más eficiente hacia proyectos de inversión productiva, lo que refuerza su potencial para contribuir al crecimiento económico en los países receptores (Terry & Wilson, 2005).

En consecuencia, la inclusión financiera debe ser comprendida como un concepto multifacético que integra diversas dimensiones, entre ellas el acceso, uso, calidad y accesibilidad económica de los servicios financieros, así como el nivel de cultura financiera de la población (Cassimon et al., 2022). Esta visión integral resulta indispensable para el diseño de políticas públicas efectivas y sostenibles orientadas a promover el bienestar económico y social de las poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal.

CONTEXTO ACTUAL

En las últimas décadas, México ha transitado de ser un país predominantemente emisor de migrantes hacia una nación con un papel cada vez más complejo dentro de las dinámicas regionales de la movilidad humana2. Desde principios del siglo XXI, factores como la violencia estructural, las crisis políticas y económicas en América Latina y el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, han contribuido a que México se consolide como un país de tránsito, destino y retorno.

Este cambio de paradigma ha generado nuevas responsabilidades para el Estado mexicano, particularmente en lo que respecta al reconocimiento

y protección de personas solicitantes de la condición de refugiados y refugiadas, cuyas cifras han aumentado de forma exponencial en los últimos diez años.

Históricamente la respuesta institucional frente a las personas en situación de movilidad ha estado enfocada en medidas de control migratorio sin un enfoque integral de derechos humanos. No fue sino hasta la década de 2010 que México comenzó a establecer un marco normativo más robusto con la promulgación tanto de la Ley de Migración de 2011, como de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político también de 2011.

Sin embargo, la inclusión efectiva de esta población en los sistemas nacionales –como el educativo, laboral y financiero– ha avanzado de forma desigual. En este contexto, la inclusión financiera emerge como una herramienta estratégica para la autonomía, integración y dignificación de las personas solicitantes de la condición de refugiados y refugiadas, siendo esencial para el ejercicio pleno de otros derechos, así como para la recepción y envío de remesas que sostienen a las familias y comunidades más allá de las fronteras.

2 Para fines del presente estudio, se entiende como persona en movilidad, movilidad humana y/o población en movilidad lo siguiente: La movilización de personas de un lugar a otro en función de su interés por residir en un lugar distinto al de su origen de manera temporal, permanente o circular, o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por razones multifactoriales de manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna o internacional, regular o irregular. Esto con base en el artículo 2 fracción XIV de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

MARCO NORMATIVO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

En los últimos años, México ha experimentado una transformación significativa en su rol dentro de los flujos de la movilidad humana de la región, en donde actualmente es un país predominantemente de origen, tránsito, destino y retorno (CIDH, 2013).

Actualmente, México se ha convertido en un importante lugar de destino y lugar de solicitud de protección internacional (Gil, 2022). Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), las solicitudes de asilo han escalado drásticamente pasando de unos pocos miles en años previos, a superar las 80,000 solicitudes al cierre del 2024 (ACNUR, 2024), lo cual refleja una presión creciente sobre el sistema de protección internacional que ofrece hoy por hoy el Estado mexicano.

Por consiguiente, la inclusión financiera se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, reconociéndose su capacidad para transformar la vida de las personas y fortalecer sus economías.

Es decir, va más allá del simple acceso a una cuenta bancaria, abarcando la disponibilidad y el uso efectivo de una gama de servicios financieros útiles y asequibles que incluyen productos de ahorro, crédito, pagos, remesas y seguros ofrecidos de manera responsable y sostenible. (Banco Mundial, 2022)

De ahí que la importancia de la inclusión financiera radique en su impacto multidimensional, al ser un catalizador crucial para la autonomía económica de los individuos, así como facilitar la gestión de remesas, asegurando que estos flujos vitales de dinero lleguen de manera segura y eficiente a sus destinatarios, (Ríos &

Vázquez, 2022) siendo esto el motivo del presente reporte.

Por ello, es relevante considerar que el artículo 140 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Migración permite a las personas con situación migratoria regular, desarrollar actividades económicas, así como abrir cuentas bancarias en el territorio nacional.

En este sentido, para fines de la inclusión financiera, el artículo en cuestión contribuye significativamente a la reducción de la vulnerabilidad que en un momento determinado tienen tanto las personas solicitantes de la condición de refugiado, como las personas reconocidas bajo la condición de refugiados.

Asimismo, al buscar integrar a dichas personas en el sistema financiero mexicano, se les protege de prácticas predatorias y se les brinda mayor seguridad en sus transacciones, de tal suerte que para las personas tanto solicitantes de la condición de refugiado, como las personas reconocidas bajo la condición de refugiados, la inclusión financiera no es sólo beneficiosa, sino una pieza fundamental para su supervivencia, dignificación e integración efectiva en el sistema financiero mexicano.

Sin embargo, resulta importante mencionar que, a pesar de la crucial importancia de la inclusión financiera mencionada previamente, las per-

sonas solicitantes de la condición de refugiado, y las personas refugiadas en México, enfrentan barreras significativas para acceder a servicios financieros formales.

Estas dificultades no sólo obstaculizan su capacidad para gestionar sus recursos y mejorar sus condiciones de vida, sino que también los empujan hacia la informalidad, exacerbando su vulnerabilidad, siendo esta una de las barreras más apremiantes.

No obstante que los solicitantes de la condición de refugiado reciben un documento provisional que acredite su estatus, como lo es la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, –sustituida provisionalmente por un Oficio de Regularización Migratoria por Razones Humanitarias, expedido por el Instituto Nacional de Migración–, no son documentos aceptados por los bancos para abrir sus cuentas bancarias o acceder a otros servicios financieros como son el envío y la recepción de remesas; misma situación que se replica también con las personas refugiadas, quienes tienen una residencia permanente.

Por todo lo anterior, es necesario considerar el marco normativo aplicable a las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas en México, tanto a nivel internacional y regional, el cual ha sido ratificado por el Estado mexicano y que resulta fun-

damental para comprender los derechos de las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiada para acceder a la inclusión financiera.

En este sentido, debe considerarse la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, siendo éstos los instrumentos jurídicos internacionales más importantes que establecen las bases de la protección tanto de los solicitantes de la condición de refugiados, como los reconocidos bajo la condición de refugiados, delineando de esta manera derechos clave que México como Estado Parte, se ha comprometido a garantizar.

Entre estos destacan los artículos 13, 17, 18 y demás relativos, mismos que son coadyuvantes para la inclusión financiera al establecer derechos que permiten a dichos entes construir una vida digna y autónoma en México.

En consecuencia, para abordar el marco normativo de la inclusión financiera para personas tanto solicitantes de la condición de refugiado, como personas refugiadas en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se erige como pilar fundamental que sustenta sus derechos y la obligación del Estado de garantizarlos.

Para ello, debemos de tener en consideración diversos artículos constitucionales que son esenciales para comprender la base jurídica que debería

facilitar su acceso a los servicios financieros, como por ejemplo, lo concerniente a los principios de igualdad y no discriminación, la supremacía de los derechos humanos que se encuentra consagrada en la Constitución, así como lo inherente a la materia migratoria a nivel constitucional, y mismos que se encuentran en los artículos 1 y 11 Constitucionales.

Por todo lo anterior, en lo que respecta al caso de la inclusión financiera de personas refugiadas, es importante tener en consideración no solamente lo que se encuadra bajo la índole Constitucional, sino también lo inherente a lo que se menciona en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y cualquier otra normatividad financiera.

Las anteriores deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los principios y derechos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, así como en lo inherente a lo que se consagra en las disposiciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tanto en su reforma del 03 de marzo de 2022, como lo que se estableció en su normatividad más reciente de fecha 28 de agosto de 2024.

Si bien, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con las refor-

mas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo de 2022 y el 28 de agosto de 2024, incorpora disposiciones relevantes, persisten diversas brechas de discriminación que afectan no solo al envío y recepción de remesas, sino también el acceso a los servicios financieros que en un momento determinado se ofrecen en los bancos que conforman el sistema financiero mexicano.

A manera de conclusión del presente apartado, debemos de tener en consideración que la inclusión financiera de personas solicitantes de la condición de refugiado, así como de las personas reconocidas bajo la condición de refugiados en México, no puede entenderse como un privilegio, sino como un componente esencial de su integración, autonomía y dignificación.

Pese a la existencia de un marco normativo nacional e internacional que reconoce sus derechos, en la práctica persisten obstáculos administrativos, operativos y estructurales que impiden su acceso efectivo al sistema financiero formal, particularmente al envío y recepción de remesas.

Es decir, estas barreras, lejos de ser neutrales, constituyen prácticas discriminatorias que refuerzan la exclusión económica y limitan el ejercicio de otros derechos fundamentales, como

el trabajo, la identidad jurídica y la libre disposición de los recursos.

SOBRE EL ESTUDIO

Después de este contexto, es importante reconocer la relevancia del conocimiento del acceso de los servicios financieros para la población de refugiados, solicitantes de la condición de refugiados y migrantes en México.

Derivado del interés por comprender la problemática actual, generar insumos para políticas públicas y estrategias con instituciones financieras, el Tecnológico de Monterrey y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), han realizado el siguiente reporte en colaboración.

En mayor detalle, el equipo conformado por profesores investigadores de la Escuela de Negocios y de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey inició el diseño del estudio y del instrumento de medición, con el interés de generar un diagnóstico sobre el acceso a servicios bancarios y la inclusión financiera de distintos grupos: personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y personas en movilidad.

A partir del inicio de la fase de levantamiento de encuestas, se formalizó una colaboración con ACNUR que abarcó

tanto esta etapa como la revisión posterior del informe, con el objetivo de generar insumos para el diseño de políticas e incidencia pública.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente informe es identificar las barreras para el acceso a servicios financieros de personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y en movilidad en México, analizando su uso (envío y recepción), identificando fortalezas operativas y su contribución al acceso a servicios financieros formales e informales.

Además, se examinarán las dinámicas socioeconómicas relacionadas con el aprovechamiento de las remesas, con el fin de generar propuestas que fortalezcan su rol como herramienta para la estabilidad y el desarrollo financiero de los beneficiarios, en torno a su incorporación al sistema financiero mexicano.

Este informe contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU al analizar el acceso de la movilidad a servicios financieros para el envío y recepción de remesas. Esta temática está principalmente vinculada al ODS 8 (traba-

jo decente e inclusión financiera) y al ODS 10 (reducción de las desigualdades, especialmente en los costos de las remesas). Asimismo, aporta al ODS 1 (fin de la pobreza) y al ODS 17 (alianzas para el desarrollo sostenible).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar el nivel de acceso a servicios financieros y la adopción del servicio de remesas por parte de personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes en México.

2. Identificar las prácticas actuales de envío y recepción de remesas en la situación de movilidad, considerando canales, frecuencia, montos y preferencias.

3. Analizar de qué manera el uso de los servicios de remesas contribuye o limita los procesos de inclusión financiera de estas poblaciones.

4. Identificar y describir las principales barreras que enfrentan los usuarios en relación con el uso de servicio de remesas y su vinculación con el sistema financiero.

5. Explorar el papel de la educación financiera en el conocimiento, uso eficiente y aprovechamiento de las remesas como recurso económico.

6. Proponer estrategias y recomendaciones orientadas a optimizar el uso de las remesas como herramienta de inclusión financiera y desarrollo económico para estas poblaciones.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Diseño y adaptación del cuestionario

El cuestionario fue diseñado con el propósito de recopilar información sociodemográfica y financiera de personas en situación de movilidad, con énfasis en el acceso y uso de servicios financieros, así como en la dinámica de envío y recepción de remesas. El instrumento se aplicó a personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y en situación de movilidad en el noreste de México, específicamente en el

Área Metropolitana de Monterrey y en la ciudad de Saltillo.

La construcción del cuestionario se realizó mediante la adaptación de preguntas utilizadas en encuestas nacionales e internacionales reconocidas, con el objetivo de garantizar la validez de contenido y la comparabilidad de los datos. Se priorizó el uso de categorías previamente validadas y se incorporaron elementos específicos para reflejar las experiencias y condiciones particulares de la población objetivo.

Las preguntas del cuestionario fueron adaptadas de las siguientes fuentes:

■ Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por INEGI, particularmente en los módulos de acceso a cuentas, ahorro, métodos de pago y percepciones sobre servicios financieros.

■ Global Findex Database (Banco Mundial), especialmente en lo relativo al acceso a servicios financieros formales e informales, ahorro y uso de productos financieros en contextos de vulnerabilidad.

■ Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), para la integración de variables demográficas y de uso de remesas.

■ Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, en sus estudios de diagnóstico y monitoreo sobre población migrante y refugiada en tránsito y asentada en México. Se retomaron particularmente categorías de estatus migratorio, país de origen, y apoyos recibidos para acceso a servicios.

Se realizaron las siguientes adecuaciones al contexto:

■ Lenguaje accesible

■ Inclusión de categorías no normativas

■ Diversificación de instituciones financieras

■ Énfasis en intermediación: se incorporaron preguntas sobre el uso de terceros (familiares, conocidos o intermediarios informales) para apertura de cuentas o envío/recepción de remesas.

■ Moneda estandarizada: se solicitó que todos los montos fueran reportados en pesos mexicanos, independientemente del origen o destino de los fondos, para facilitar análisis estadístico y comparabilidad.

Consideraciones éticas en el diseño

Las preguntas sensibles, como las relacionadas con remesas, fueron formuladas de manera indirecta o con opciones de omisión (“No sé”, “Prefiero no responder”) para reducir el sesgo de deseabilidad social.

Levantamiento de la encuesta

La población objetivo del estudio está conformada por personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y en movilidad mayores de 18 años y localizadas físicamente en el noreste de México, específicamente en el Área Metropolitana de Monterrey la ciudad de Saltillo. Para 2024, la población de interés a nivel nacional constaba de 450,520 personas. De esta población, se seleccionó una muestra de 334 participantes en la encuesta, la cual es significativa al 95% de confianza con un margen de error de 5.36%.

La encuesta fue diseñada y aplicada en idioma español y criollo haitiano. La encuesta se realizó en español debido a que es el idioma predominante y oficial en la mayoría de los países de América Latina, incluido México. Con esto, se buscaba garantizar una mayor comprensión de las preguntas a la población objetivo.

Asimismo, se incluyó el criollo haitiano como segundo idioma de aplica-

ción, en reconocimiento a la creciente presencia de personas originarias de Haití en México, lo cual permite una mayor inclusión y precisión en la recolección de datos dentro de este grupo poblacional.

El levantamiento de la encuesta se realizó de manera autoadministrada y con apoyo del personal entre los meses de abril a julio de 2025. La encuesta fue aplicada mediante una estrategia híbrida que combinó el levantamiento presencial con el uso de medios electrónicos.

La fase presencial se realizó en espacios de alta afluencia de la población

objetivo en municipios como Monterrey y Saltillo con apoyo de las áreas de SOMON y el Fondo de Solidaridad para Refugiados (FUSAL) de ACNUR, así como las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Esta fase logró un levantamiento de 272 encuestas.

Por su parte, a partir del 1º de julio el levantamiento fue totalmente digital, consistió en una difusión de alcance nacional del instrumento durante una semana, a través de canales dirigidos específicamente a esta población, como la plataforma El Jaguar. Esta segunda fase logró el levantamiento de 62 encuestas.

Respecto a la búsqueda de representatividad de la población objetivo, para garantizar la misma y la posibilidad de comparaciones, se utilizó el método probabilístico de cuotas, el cual comprende dos etapas:

■ Determinación de cuotas: Se definieron cuotas específicas para cada subgrupo de la población, tomando en cuenta tanto su peso poblacional como su relevancia analítica.

■ Selección de participantes dentro de cada cuota: La identificación de personas elegibles y la aplicación de los cuestionarios se realizaron

mediante un muestreo aleatorio simple o sistemático dentro de cada cuota.

En la Tabla 1 se detalla la distribución de la población y de la muestra. En la encuesta se preguntaba con cuál situación se identificaban, categorizando 4 situaciones: Persona refugiada, persona solicitante de asilo, persona migrante y persona en movilidad. Se decidió incluir esta última categoría considerando que, al tratarse de un instrumento autoadministrado, las personas podían identificarse con esta opción en caso de no sentirse representadas por las demás.

Tabla 1. Distribución de la muestra por situación de la persona: ¿Cuál define mejor su situación actual?

SITUACIÓN DE LA PERSONA POBLACIÓN

Refugiada Solicitante de asilo

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN MUESTRA

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA

El grupo de personas refugiadas se sobrerrepresentó intencionalmente para contar con un número adecuado de casos que permitiera análisis más robustos de sus prácticas y barreras de inclusión financiera.

Por último, con relación a las implicaciones éticas relacionadas a la aplicación, el estudio se realizó en estricto apego a principios éticos donde se obtuvo consentimiento de las personas participantes, se garantizó la confidencialidad y el anonimato, y la participación fue volun-

taria, sin implicar una compensación económica condicionante.

DEMOGRAFÍA DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con la Tabla 2, la población muestral distribuida por género se encuentra de la siguiente manera: el 49.7% se identifica como mujer y el 48.8% como hombre. Asimismo, el 0.6% se identifica como no binario, el 0.3% como otro género y el 0.6% prefirió no responder.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Tabla 2. Distribución de la población por tipo situación actual y género con el cual se identifican: ¿Cuál define mejor su situación actual? / ¿Con qué género te identificas?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Como se muestra en la Gráfica 1, la muestra incluyó participantes originarios de 15 países. Los países con mayor representación fueron Honduras (96 personas, 28.7% del total), Haití (65 personas, 19.5%), Venezuela (63 personas, 18.9%) y Cuba (49 personas, 14.7%). En menor proporción participaron personas de El Salvador (30), Guatemala (10), Colombia (5) y Nicaragua (4). Otros países estuvieron representados por cifras más reducidas, incluyendo México (3), Ecuador (2), República Dominicana (2), Argentina (1), Ghana (1) y Perú (1).

Gráfica 1. País de Nacimiento.

HONDURAS

HAITÍ

VENEZUELA CUBA

EL SALVADOR GUATEMALA COLOMBIA

NICARAGUA MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio. 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Este panorama refleja una diversidad significativa de nacionalidades, con predominio de personas procedentes de Centroamérica y el Caribe.

La Tabla 3 nos permite visualizar que, respecto a la edad, los 4 tipos de grupos de situación actual de la población se encuentran en un promedio entre 34-47 años para 330 respuestas, mientras que 4 participantes prefirieron no responder su edad.

Tabla 3. Edad promedio por situación actual de la población

refugiada

de asilo

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Por lo que, de acuerdo con la edad promedio, la mayoría de las personas encuestadas pertenecen a la generación millennial, que comprende quienes nacieron aproximadamente entre 1981 y 1996 (Dimock, 2019). Esta generación ha vivido unas transiciones importantes, desde eventos económicos, sociales y políticos, hasta como las innovaciones tecnológicas durante su temprana edad, las cuales han impactado en el desarrollo de sus competencias tecnológicas y su visión sobre temas sociales y económicos (Howe et al., 2020; Haidt, 2024).

De manera más desagregada por generación, se puede observar una clara predominancia de los Millennials (29-44 años), quienes tienen la mayor participación en la población encuestada siendo 190 personas. Le siguen la Generación Z (13-28 años) con 80 individuos y la Generación X (45-60 años) con 56 personas.

Por su parte, los Baby Boomers (61-79 años) constituyen el grupo menos representado, con solo 4 personas. Estos datos sugieren una población mayoritariamente joven, con una fuerte presencia de adultos jóvenes y adultos en edad productiva.

Gráfica 2. Distribución por Generación

BABY BOOMERS: 61-79 AÑOS

GENERACIÓN X: 45-60 AÑOS

GENERACIÓN Z: 13-28 AÑOS

29-44 AÑOS

Fuente:

En relación con el máximo nivel educativo alcanzado por los participantes, la Gráfica 3 muestra que el máximo nivel educativo que lograron completar fue la Preparatoria o Estudios Técnicos.

Los resultados indican que el 36% cursó la Preparatoria o Estudios Técnicos, el 25% alcanzó la Secundaria y el 24% concluyó estudios universitarios. Por su parte, el 12% reportó haber completado únicamente la Primaria, mientras

Gráfica 3. ¿Hasta qué grado aprobó usted en la escuela?

PREPARATORIA O ESTUDIOS TÉCNICOS

que el 3% señaló no haber aprobado ningún grado escolar.

La actividad laboral de los participantes merece una visualización estrecha pues esta les puede permitir el acceso a servicios financieros formales o privarlos de ellos.

La Gráfica 4 nos permite observar la participación en los sectores económicos de los participantes, donde el 24% se desempeñaba en otros servicios no especificados, mientras que el 23% declaró no contar con empleo al momento del levantamiento.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Gráfica 4. ¿En qué sector labora?

TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES

SALUDY ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS EDUCATIVOS

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJEY RECREACIÓNSERVICIOSEN HOGARES OTROSSERVICIOSNOTRABAJO

El Comercio representó el 12% de los casos, seguido por el sector de Alimentación, hospedaje y recreación con el 9% y las Manufacturas con el 8%. Los Servicios profesionales concentraron el 7% de la muestra, en tanto que Construcción y minería agruparon al 6%.

Actividades como Transporte y almacenamiento, Servicios en hogares y Salud y asistencia social registraron cada una un 3% de participación. Finalmente, los sectores Agropecuario y Servicios educativos tuvieron la menor representación, con apenas el 1% cada uno.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

En conjunto, la caracterización demográfica de la muestra refleja una población diversa en términos de origen nacional, situación migratoria y características socioeconómicas. La mayoría de las personas participantes provenían de países centroamericanos y caribeños, principalmente Honduras, Venezuela, Haití y Cuba, con un rango promedio de edad cercano a los 35.8 años.

En cuanto al nivel educativo, predominó la educación media superior y superior, aunque un segmento importante reportó haber concluido únicamente la primaria o no contar con estudios formales.

Respecto al género, el 49.7% de los participantes se identificó como mujer y el 48.8% como hombre, mientras que un menor porcentaje a 1.0% se identificó como no binario, otro género o prefirió no responder. La distribución

laboral evidenció una alta concentración en actividades de comercio, servicios y manufactura, junto con un 23% que declaró no estar trabajando al momento del levantamiento.

Esto se explica en razón por el espacio donde fueron levantadas las encuestas, ya que fueron altamente promovidas en la recepción de personas del Programa de Integración Local. Este programa atiende a personas recién llegadas a la ciudad y que están iniciando su trayecto para conseguir un empleo formal.

Este perfil sociodemográfico proporciona un contexto clave para interpretar los hallazgos sobre acceso a servicios financieros y uso de remesas, así como para orientar recomendaciones que respondan a la heterogeneidad de trayectorias y necesidades de la población en movilidad en México.

II. INCLUSIÓN Y CULTURA FINANCIERA

La inclusión y la cultura financiera son pilares fundamentales para el bienestar económico y la integración social de cualquier población, especialmente en contextos de movilidad humana. Las personas en situación de movilidad pueden enfrentar barreras significativas para acceder al sistema financiero formal, tanto en su país de origen como en el de destino. De acuerdo con Dhawan (2018) y Shanker (2020), las personas refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan barreras para el acceso a servicios financieros, limitando su resiliencia financiera.

Conocer sus prácticas financieras, como los hábitos de ahorro, los métodos de pago que utilizan y su nivel de acceso a productos financieros, permite identificar brechas y diseñar estrategias más eficaces para su integración económica y social.

Valga como ejemplo que la evidencia empírica presenta resultados mixtos respecto al comportamiento en el ahorro de los refugiados, solicitantes de asilo, migrantes permanentes y temporales (Kumcu, 1989; Bauer et al., 2005), encontrando que algunos de los factores determinantes en el país donde se encuentran viviendo son los ingresos, las intenciones de regresar al país, las personas dependientes, las remesas y el acceso a la banca (Makina, 2014).

En el caso de México, es particularmente relevante comprender cómo perciben los servicios financieros quienes se encuentran en movilidad, y si estos satisfacen sus necesidades cotidianas. Las estadísticas descriptivas que se presentan a continuación ofrecen un panorama sobre el uso de servicios financieros por esta población, comparando su experiencia en su país de origen con la vivida en territorio mexicano.

Esta información no sólo permite visibilizar las fortalezas y los retos que enfrentan, sino también resalta las oportunidades para fortalecer políticas de inclusión financiera que consideren sus contextos específicos y promuevan una mayor equidad en el acceso a herramientas económicas esenciales.

SERVICIOS FINANCIEROS EN PAÍS DE ORIGEN

Es importante conocer si, en primer lugar, los participantes contaban con acceso a servicios financieros en su país de origen; ya que esto nos permite marcar un punto de partida al conocer si ya están familiarizados con herramientas formales.

El Gráfico 5 nos muestra que, respecto al acceso a servicios financieros en el país de origen, el 61.0% de las personas refugiadas reportaron que contaban con este acceso, mientras que el 35.8% indicó no haberlo tenido y un 3.2% manifestó no saber.

Gráfica 5. En su país de origen, ¿usted tenía acceso a servicios financieros?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Entre las personas solicitantes de asilo, el 66.7% señaló haber tenido acceso a servicios financieros, el 30.8% no contaba con ellos y el 2.6% no lo sabía. En el caso de las personas en movilidad, el 57.1% afirmó disponer de dichos servicios frente a un 42.9% que carecía de ellos, sin registros de desconocimiento.

Finalmente, entre las personas migrantes, el porcentaje de acceso fue considerablemente menor, con solo el 35.5% que reportó contar con servicios financieros, mientras que el 61.3% indicó no haber tenido acceso y un 3.2% respondió que no sabía.

SERVICIOS FINANCIEROS EN MÉXICO

El primer paso para la inclusión financiera es ser usuario de una cuenta bancaria, pues ésta permite que se resguarde el dinero de forma segura, realizar pagos electrónicos y enviar o recibir transferencias nacionales e internacionales, además de que son un indicador de que la persona pertenece al sector de empleo formal.

La Gráfica 6 muestra que la mayoría de las personas participantes (172) respondieron que no, mientras que 159 indicaron que sí tienen una. Entre

Gráfica 6. En México, ¿tiene usted cuenta bancaria?

PERSONA MIGRANTE

PERSONA EN MOVILIDAD

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

quienes respondieron afirmativamente, predominan las personas refugiadas (58.3%), seguidas de las personas solicitantes de asilo (29.5%), personas en movilidad (42.9%) y personas migrantes (19.4%).

Por otro lado, entre quienes señalaron no contar con una cuenta bancaria, se observa una mayor proporción de personas solicitantes de asilo (67.9%), seguidas de personas migrantes (80.6%), personas en movilidad (57.1%) y personas refugiadas (41.3%). Un número reducido (3 personas) manifestó no sa-

ber si tiene una cuenta bancaria (0.5% de las personas refugiadas y 2.6% de las solicitantes de asilo).

Al consultar sobre la obtención o apertura de este tipo de cuenta, el Gráfico 7 indica que de las 159 personas que respondieron que sí tienen una cuenta bancaria en México, el 34.0% respondieron que habían recibido algún tipo de apoyo de una organización o empresa, mientras que el 66.0% respondió que no había recibido apoyo y lo habían hecho por su propia cuenta.

SÍ, DE UNA PERSONA CERCANA (FAMILIAR, AMIGO, CONOCIDO)

Gráfica 7. ¿Recibió usted apoyo de alguna persona u organización para realizar la apertura de su cuenta bancaria? 3.8%

SÍ, DE UNA ORGANIZACIÓN (ONG, INSTITUCIÓN PÚBLICA, ETC.) O EMPRESA

66.0%

SÍ, DE AMBAS: UNA PERSONA Y UNA ORGANIZACIÓN NO, REALICÉ EL TRÁMITE POR MI CUENTA

Dentro de esta distribución, hay un 20.1% de la población afirmó que recibió apoyo de alguna organización (ONG, institución pública, etc.) o empresa, mientras que el 10.1% fue con apoyo de una persona cercana (familiar, amigo, conocido).

Al desagregar la información por género, se observa que el acceso a cuentas bancarias en México presenta diferencias mínimas por género. Entre los hombres, 79 declararon tener cuenta bancaria, mientras que 82 señalaron que no; en el caso de las mujeres, 78 afirmaron tener cuenta y 87 indicaron que no.

En cuanto a las personas no binarias, solo una respondió afirmativamente y otra negativamente. Las categorías “Otro” y “Prefiero no responder” mostraron respuestas limitadas: en “Otro”, una persona tiene cuenta y ninguna respondió negativamente; y en “Prefiero no responder”, dos personas indicaron no tener cuenta bancaria. Solo tres personas (dos hombres y una mujer) respondieron que no saben si poseen una cuenta.

Estos datos reflejan una baja bancarización general en todos los grupos, con una ligera mayoría de personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Gráfica 8. En México, ¿tiene usted cuenta bancaria?, por género

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

A las personas que disponen de una cuenta bancaria también se les preguntó en qué banco o institución financiera la tienen.

El Gráfico 9 muestra que el 25.8% mencionó Banco Azteca y la misma proporción señaló Banorte. En ter-

cer lugar, se encuentra BBVA, con el 14.5%, seguido de BanCoppel con el 10.7%. Posteriormente, Santander concentra el 5.0%, mientras que Banamex y Dondé representan cada uno el 3.1%.

El 11.9% restante indicó que su cuenta está en otras instituciones financieras, tales como Elektra, HSBC, Inbursa, Nu, Scotiabank y Spin by Oxxo.

Gráfica 9. ¿En qué banco o institución financiera tiene una cuenta bancaria?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Si el banco o institución financiera en el que tienen su cuenta ofrece el servicio de remesas, considerando la relevancia de esta función para las personas en movilidad.

Al respecto, el 21.4% respondió afirmativamente, indicando que su banco sí

brinda este servicio, mientras que el 20.8% señaló que no lo ofrece. Un 17.6% manifestó no saber si cuenta con esta opción y un porcentaje considerable, el 40.3%, prefirió no responder.

Estos resultados reflejan tanto un nivel importante de desconocimiento

Gráfica 10. ¿Su banco o institución financiera le ofrece el servicio de remesas?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

como cierta reserva al proporcionar esta información, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la claridad y la confianza en la comunicación de los servicios que ofrecen las instituciones financieras.

Por último, los motivos para conocer las razones por las que no cuentan con este tipo de instrumentos se muestran en el Gráfico 11.

Gráfica 11. ¿Cuál es la principal razón por la que no tiene una cuenta bancaria?

NO TENGO ACCESO A UN BANCO CERCANO

NO TENGO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

Elaboración de los autores con base en información del estudio.

La mayoría, el 61.7%, indicó que no cuenta con los documentos necesarios para abrirla. Un 15.4% consideró que el proceso es muy complicado y un 5.7% señaló que no tiene acceso a un banco cercano. Asimismo, el 4.0% manifestó que no necesita una cuenta bancaria, mientras que el 13.1% mencionó otras razones.

Entre las otras razones las personas mencionan que no trabajan, no tienen necesidad, no confían en los bancos, no tienen tiempo, están en proceso de tramitar o no tienen los fondos suficientes para la apertura de una cuenta.

Estos datos evidencian que los principales obstáculos están relacionados con barreras documentales y la percepción de complejidad en los trámites.

Cuando se realiza un enfoque a la respuesta de que no cuentan con los documentos necesarios desagregada por la situación actual. En los resultados se encuentra que de quienes brindaron la respuesta anteriormente mencionada, el 41.1% son personas solicitantes de asilo, el 39.3% son personas refugiadas, el 17.8% son personas migrantes y el 1.9% son personas en movilidad.

Fuente:

Gráfica 12. “No tengo los documentos necesarios” por situación actual

PERSONA REFUGIADA

PERSONA SOLICITANTE DE ASILO

PERSONA EN MOVILIDAD

PERSONA MIGRANTE

AHORRO

El ahorro consiste en reservar una parte de los ingresos para utilizarla en el futuro, ya sea como respaldo ante imprevistos o para alcanzar metas específicas. Indagar sobre este hábito en el instrumento utilizado es fundamental,

ya que permite conocer si cuentan con medios seguros para resguardar su dinero, qué estrategias utilizan y qué barreras enfrentan para ahorrar.

En el Gráfico 13 se muestra que el 51.2% de la población afirmó que sí ahorra, mientras que el 45.8% indicó que no lo

Gráfica 13. ¿Usted ahorra?

hace. El 3% restante respondió que no sabe si ahorra o no.

Las cifras anteriores condujeron a obtener estadísticas más desagregadas por grupo. Respecto con la situación actual que se identificaron, en el Gráfico 14 podemos ver que el 62.8% de las

personas solicitantes de asilo manifestaron que sí ahorran, siendo el grupo con la mayor proporción, seguido por las personas en movilidad con un 57.1%, y las personas migrantes con el 54.8%. Entre las personas refugiadas, el 46.3% declaró que ahorra.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

En contraste, el mayor porcentaje de quienes señalaron que no ahorran corresponde a las personas refugiadas con el 50.5%, mientras que este porcentaje fue menor entre solicitantes de asilo (33.3%), personas en movilidad

(42.9%) y migrantes (45.2%). Por último, un 3.2% de las personas refugiadas y un 3.8% de los solicitantes de asilo respondieron que no saben si ahorran, mientras que en los otros dos grupos esta opción no fue seleccionada.

Gráfica 14. ¿Usted ahorra?, por situación actual

PERSONA MIGRANTE

PERSONA EN MOVILIDAD PERSONA SOLICITANTE DE ASILO

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Al analizar el hábito de ahorro según el nivel educativo, se observa una relación positiva entre el grado de escolaridad y la práctica del ahorro.

En el Gráfico 15 se muestra que solo el 26.8% de las personas con nivel de primaria indicaron que ahorran, proporción que aumenta a 47.0% entre quienes cuentan con secundaria y a 55.5% en aquellos con preparatoria o estudios técnicos. El porcentaje más alto se registra entre quienes tienen estudios universitarios, con un 63.8%. En con-

traste, el 70.7% de quienes únicamente cursaron primaria, señalaron que no ahorran, así como el 54.5% de quienes no tienen ningún nivel educativo.

A medida que el nivel educativo aumenta, disminuye también la proporción de quienes no ahorran, con un 35.0% entre quienes cursaron universidad. Las respuestas de “no sabe” fueron minoritarias en todos los niveles, destacando un 9.1% en quienes no cuentan con escolaridad.

UNIVERSIDAD

PREPARATORIA O ESTUDIOS TÉCNICOS

SECUNDARIA

PRIMARIA NINGUNO

Gráfica 15. ¿Usted ahorra?, por nivel de escolaridad

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

En el Gráfico 16 se puede visualizar que, de las 171 personas que respondieron que sí ahorran, la mayoría —el 62.4%— señaló que guarda su dinero en efectivo dentro del hogar, lo cual refleja una

fuerte preferencia por métodos informales de resguardo. Un 30.6% indicó que utiliza una cuenta en un banco o institución financiera, lo que sugiere un grado más avanzado de inclusión

Gráfica 16. ¿En dónde ahorra principalmente?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

financiera. En menor medida, el 4.1% ahorra a través de un intermediario o tercera persona, mientras que el 2.9% mencionó otros medios.

MÉTODO DE PAGOS

En relación con los medios de pago que utilizan las personas encuestadas, el uso de efectivo predomina de manera clara, con un 79.0% que lo señalaron como su forma principal de

realizar pagos. Le siguen la tarjeta de débito, utilizada por el 18.0% de la población, y en menor medida la tarjeta de crédito, con un 2.1%. Solo el 0.3% mencionó emplear tanto tarjeta de débito como de crédito, mientras que el 0.6% indicó otros medios de pago.

Estas cifras muestran que, aunque existen algunas alternativas electrónicas, el efectivo sigue siendo el método más común entre las personas en movilidad.

Gráfica 17. ¿Cuál es el método de pago que más utiliza?

CRÉDITO

PERCEPCIÓN DE SERVICIOS

FINANCIEROS

Respecto a la percepción del sistema financiero en México, la mayoría de las personas encuestadas manifestó opiniones favorables.

En el Gráfico 18 se presentan las respuestas, donde el 42.2% calificó el sistema como bueno y el 20.4% lo consi-

deró excelente. Un 30.8% expresó una percepción regular, mientras que las opiniones negativas fueron menos frecuentes: el 4.2% opinó que es malo y solo el 2.4% lo describió como pésimo.

Estos resultados sugieren que, aunque persisten desafíos y áreas de mejora, predomina una valoración positiva o intermedia sobre los servicios financieros disponibles en el país.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Gráfica 18. ¿Cuál es su percepción de los servicios financieros en México?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Al desagregar la percepción del sistema financiero según la tenencia de una cuenta bancaria, se observa que quienes cuentan con ella presentan una valoración más positiva en comparación con quienes no la poseen.

En el Gráfico 19 se muestra que, entre las personas con cuenta bancaria, el 22.0% calificó el sistema como excelente y el 43.4% como bueno, mientras que un 29.6% opinó que es regular. Por el contrario, entre quienes no tienen cuenta, solo el 19.2% lo consideró exce-

lente y el 41.3% bueno, mientras que el porcentaje de percepciones negativas fue mayor, un 6.4% calificó el sistema como malo y un 1.7% como pésimo. En el grupo que respondió que “No sabe si tiene cuenta bancaria”, predominó la percepción regular con un 66.7%, y ninguna persona expresó opiniones extremas positivas o negativas.

Estas diferencias sugieren que la experiencia directa con los servicios financieros puede influir en una valoración más favorable del sistema.

Gráfica 19. ¿Cuál es su percepción de los servicios financieros en México?, por tenencia de cuenta bancaria

TIENE CUENTA BANCARIA

TIENE CUENTA BANCARIA

SABE SI TIENE CUENTA BANCARIA

BUENO REGULAR MALO PÉSIMO EXCELENTE

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

III. ENVÍO DE REMESAS

Las remesas que envían los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, obedecen a diversas motivaciones económicas y familiares ampliamente documentadas en la literatura. Una de las principales es la motivación altruista, donde el remitente transfiere parte de sus ingresos por preocupación genuina por el bienestar de su familia en sus países de origen.

Bajo esta perspectiva, el envío de dinero se considera una obligación moral y un compromiso con las necesidades familiares. En efecto, estudios cualitativos reportan que muchos migrantes sienten satisfacción personal al ayudar a sus seres queridos y conciben el envío de remesas como un deber filial para mejorar las condiciones de vida del hogar que dejaron atrás.

Desde un enfoque teórico, esta motivación altruista corresponde a la idea de que las relaciones familiares y la solidaridad son centrales en la decisión de remitir fondos.

Otro motor importante es el motivo de seguro familiar o contrato implícito. De acuerdo con la “nueva economía de la migración”, las familias diversifican riesgos enviando miembros al exterior con el entendimiento de que las remesas funcionarán como un mecanismo de aseguramiento mutuo. El migrante remite más dinero cuando la familia en el país de origen enfrenta dificultades (por desempleo, crisis económicas o desastres) y, a la inversa, podría esperar apoyo familiar en caso de requerirlo.

En la práctica, las remesas hacia los países suelen mostrar un comportamiento anticíclico, sosteniéndose o incluso aumentando durante épocas de crisis económicas, lo que evidencia esta función de seguro.

Por ejemplo, se ha observado que las remesas no disminuyeron durante choques macroeconómicos, contribuyendo a estabilizar el ingreso de los hogares receptores aun en entornos adversos.

Un estudio encontró que durante la Crisis del Tequila de 1994-95 y la Crisis Financiera Global de 2008, las remesas hacia México actuaron como una red de protección que mitigó los efectos negativos en los hogares más pobres, reforzando su papel asegurador en momentos de choque.

Una tercera motivación clave es la inversión y auto-interés. En este caso, el envío de remesas obedece menos a la solidaridad y más por consideraciones económicas propias del migrante. Bajo la llamada perspectiva de optimización de portafolio, el migrante es un agente

racional que decide remitir para invertir en activos en su país de origen, ya sea para adquirir propiedades, financiar un negocio, ahorrar en instituciones locales o asegurar su sustento tras el retorno.

Aquí la familia puede ser vista casi como una contraparte financiera: el migrante envía fondos esperando beneficios futuros (por ejemplo, acumular ahorros, adquirir vivienda, o mantener derechos sobre tierras y herencias).

Asimismo, se ha documentado que, en comparación con otros países, en México una proporción relativamente alta de remesas se destina a educación, ahorro e inversión productiva en los hogares receptores, lo que es coherente con una motivación más allá del gasto corriente familiar.

Cabe destacar que estas motivaciones no son mutuamente excluyentes: muchos migrantes actúan por “altruismo condicionado”, como lo menciona Telésforo Ramírez en su reporte “Factores determinantes del envío de remesas, 2010”, o por intereses familiares mutuos, combinando el deseo de ayudar a su familia con expectativas de beneficio futuro (por ejemplo, asegurar apoyo

en su vejez o participación en decisiones familiares importantes).

En suma, el patrón observado en los diferentes estudios refleja una combinación de altruismo, acuerdos familiares de seguro e interés inversor, donde predominan el apoyo familiar y la corresponsabilidad, sin dejar de lado consideraciones económicas estratégicas del remitente.

Gráfica 20. ¿Ha enviado dinero a su familia y amistades desde México a otro país?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Al observar la relación entre el estatus migratorio y la práctica de envío de remesas desde México, se identifica que las personas refugiadas representan el grupo más activo en este comportamiento: 68.7% (125 personas) de quienes han enviado dinero se identifican como tales, lo que indica una fuerte conexión con redes familiares en sus países de origen.

En contraste, entre quienes no envían dinero, el 61.7% (92 personas) también se identifica como persona refugiada, lo que sugiere que este grupo es numéricamente predominante en la muestra, aunque con niveles diversos de capacidad para remesar.

Las personas solicitantes de asilo representan el 20.3% (37 personas) de quienes han enviado dinero y el 26.8% (40

personas) de quienes no lo han hecho, lo que podría reflejar una condición económica aún más vulnerable o una menor estabilidad migratoria que limite su capacidad para enviar recursos.

Por su parte, las personas migrantes constituyen el 9.3% (17 personas) de quienes sí han enviado dinero y el 8.7% (13 personas) de quienes no, mientras que las personas en movilidad (categoría más amplia que puede incluir tránsito o desplazamiento reciente) tienen una participación baja: apenas el 1.6% (3 personas) entre quienes sí han enviado remesas.

Por país de nacimiento de quienes envían dinero, se identifican patrones que reflejan tanto las dinámicas migratorias como los lazos familiares y comunitarios transnacionales.

Gráfica 21. ¿Ha enviado dinero a su familia y amistades desde México a otro país?, país de nacimiento de quienes envían

VENEZUELA REPÚBLICA DOMINICANA

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Las personas originarias de Honduras constituyen el grupo con mayor participación como remitentes de remesas, representando el 27.5% de quienes respondieron afirmativamente. Le siguen quienes nacieron en Venezuela (24.7%) y Haití (17.0%). Estas cifras son consistentes con la movilidad humana reciente hacia México desde estos países, en los que las situaciones de crisis o inestabilidad han motivado procesos de movilidad acompañados de fuertes vínculos con familiares en el país de origen.

En contraste, las personas provenientes de Cuba presentan una distribución más equilibrada entre quienes sí (22 personas) y quienes no (27 personas) han enviado remesas, lo cual

podría sugerir restricciones institucionales, diferencias en capacidad económica, o particularidades en los canales de envío hacia la isla.

El caso de El Salvador destaca por la alta proporción de personas que han enviado dinero (19 frente a 11 que no lo han hecho), lo que refuerza el rol histórico que este país ha tenido en el envío y recepción de remesas en la región.

Otros países con menor representación numérica, como Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador o República Dominicana, también reflejan una actividad significativa de envío, aunque con menor peso relativo. Llama la atención que en el caso de personas nacidas en México, dos de cada

tres afirmaron haber enviado remesas, lo cual podría interpretarse como envío a familiares que migraron nuevamente a otro país o vínculos con redes internacionales.

Por su parte, se identificaron respuestas de personas provenientes de Ghana y Perú, aunque sin casos registrados de envío de dinero; en el caso de Ghana, una persona reportó “no saber”, lo que sugiere una posible falta de claridad o experiencia directa con el proceso de envío.

Estos hallazgos muestran cómo la nacionalidad influye en la experiencia de remesas desde México, y permiten perfilar segmentos clave para estrategias diferenciadas de inclusión financiera. También evidencian que el envío de dinero no solo responde a la capacidad económica del remitente, sino también a las necesidades del entorno familiar transnacional, la duración de la estancia en México y el acceso a canales financieros confiables.

PAÍSES

Con el objetivo de comprender mejor las dinámicas transnacionales de apoyo económico entre personas en movilidad y sus redes familiares, se preguntó a las y los participantes del estudio a qué país o países han enviado dinero desde México.

Esta información permite identificar los principales destinos de las remesas, visibilizar los vínculos comunitarios mantenidos desde territorio mexicano, y detectar posibles corredores de envío que requieren atención específica desde las políticas públicas, los servicios financieros y los mecanismos de apoyo humanitario.

La siguiente gráfica muestra la distribución de los países receptores mencionados por quienes respondieron afirmativamente a la pregunta.

Gráfica 22. ¿A qué país o países ha enviado dinero?

A DOS PAÍSES

A TRES PAÍSES

La mayoría de las personas que envían dinero desde México lo hacen hacia un único país, lo cual es consistente con la idea de que las remesas están destinadas principalmente a apoyar a un núcleo familiar específico.

En concreto, el 90.6% (164 personas) de las personas que respondieron afirmativamente al envío de remesas indicaron que lo hacen a un solo país, mientras que un 7.7% (14 personas) lo hace a dos países, y un 1.7% (3 personas) reportó enviar dinero a tres países distintos.

Gráfica 23. ¿A qué país ha enviado dinero?

VENEZUELA

Entre las personas que envían dinero únicamente a un país, Honduras destaca como el principal destino de remesas, concentrando el 28.7% (47 personas) de los casos. Le siguen Venezuela con 20.1% (33 personas), Haití con 15.2% (25 personas) y Cuba con 12.8% (21 personas), reflejando la fuerte presencia de estas comunidades en México y la intensidad de los vínculos

transnacionales que mantienen. Juntos, estos cuatro países concentran el 76.8% de los envíos individuales.

En contraste, destinos como España, Nicaragua, Ecuador, Perú, Argentina y República Dominicana representan una proporción muy reducida.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

FRECUENCIA

La frecuencia con la que se envía dinero es un indicador clave para comprender el nivel de compromiso económico que las personas en movilidad mantienen con sus familias y comunidades de origen.

La periodicidad de los envíos puede reflejar tanto la estabilidad de los ingresos en México como la urgencia de las

necesidades en el país receptor. Identificar estos patrones ayuda a dimensionar la regularidad del flujo de remesas, así como a diseñar estrategias de inclusión financiera que se adapten a las realidades de quienes remiten.

A continuación, se presenta la distribución de respuestas a la pregunta sobre la frecuencia con la que se envía dinero desde México.

Gráfica 24. ¿Cada cuánto tiempo usted envía dinero?

En los resultados obtenidos, más de la mitad de las personas encuestadas (51.4%) señaló que realiza envíos mensuales o con mayor frecuencia, lo cual sugiere una dinámica constante de apoyo financiero, posiblemente asociada a responsabilidades sostenidas como alimentación, salud o educación. Esta frecuencia alta puede también estar vinculada a una integración parcial

en el mercado laboral mexicano, que permite generar ingresos regulares, aunque no necesariamente elevados.

Un 22.7% reportó enviar dinero cada tres meses, mientras que un 11.6% lo hace cada seis meses, lo que puede responder a estrategias de envío programadas o a la acumulación de re-

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

UNA VEZ AL AÑO

cursos antes de hacer la transferencia. Por otro lado, un pequeño porcentaje lo hace una vez al año (7.7%), o exactamente una vez al mes (6.6%), reflejando tanto situaciones de envío ocasional como regularidad moderada.

En conjunto, estos datos evidencian que, para una parte importante de la población migrante, el envío de reme-

sas no es una acción esporádica, sino una práctica frecuente y organizada que forma parte de su cotidianidad económica desde México. Esta información es valiosa para instituciones financieras y organizaciones sociales que buscan diseñar productos, servicios o apoyos alineados con las verdaderas necesidades y capacidades de las personas remitentes.

Gráfica 25. Cuando usted envía dinero, ¿cuánto envía en pesos mexicanos aproximadamente?

$50,000 Ó MÁS

$15,000 - $49,000

$7,000 - $14,999

$3,000 - $6,999

$1,500 - $2,999 $500 - $1,499 $0 - $499

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

El análisis de los montos enviados en remesas desde México revela que la mayoría de los envíos se concentran en montos relativamente bajos, lo que sugiere una estrategia de apoyo frecuente y distribuido. El 35.4% de las personas encuestadas indicó enviar entre $1,500 y $2,999 pesos mexicanos, seguido muy de cerca por el 33.7% que envía entre $500 y $1,499

pesos, y el 22.7% que reportó montos entre $3,000 y $6,999 pesos.

Estas tres categorías abarcan el 91.8% de los casos y reflejan que el envío promedio se sitúa dentro de rangos accesibles y sostenibles para personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en México.

Por otro lado, los envíos considerados de alto monto (aquellos que superan los $7,000 pesos) son mucho menos comunes, representando el 4.5% de los casos. Dentro de este grupo, apenas el 1.1% reportó envíos de $50,000 o más, lo que probablemente corresponde a situaciones excepcionales como inversión, ahorro acumulado, pago de deudas familiares o emergencias.

Finalmente, un pequeño porcentaje (3.9%) reportó envíos inferiores a $500 pesos, lo que podría responder a transferencias simbólicas, ayuda puntual o pruebas de canal.

En conjunto, estos datos muestran que las remesas enviadas desde México por personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, se caracterizan por montos moderados, consistentes con ingresos limitados o informales. Esta realidad debe ser considerada al momento de diseñar productos financieros accesibles, reducir las comisiones de envío, y promover la formalización del uso de estas transferencias como herramientas de inclusión financiera.

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los canales a través de los cuales se envían las remesas pueden agruparse en formales e informales, cada uno con características, costos y niveles de confianza distintos. Se consideran canales formales aquellos provistos por instituciones reguladas (como bancos, cooperativas, empresas de transferencias de dinero, oficinas postales) que operan bajo supervisión financiera.

Por el contrario, los canales informales abarcan mecanismos no oficiales, como enviar dinero en efectivo con un familiar o conocido, el uso de “mulas” o mensajeros viajeros, redes de transferencia paralelas (hawala u otros sistemas de compensación basados en confianza), o envío de giros no declarados.

En el caso de México, la enorme mayoría de remesas internacionales actualmente ingresa vía canales formales, especialmente mediante empresas de remesas especializadas y bancos.

De acuerdo con el Federal Deposit Insurance Corporation, históricamente empresas como Western Union o MoneyGram dominaron el corredor EE. UU.-México con miles de puntos de envío y pago (Western Union llegó a tener más de 6,000 agentes en México). Estas compañías ofrecían rapidez y capilaridad, aunque cobrando comisiones elevadas (en la década de 1990 los costos podrían alcanzar 10–15% del monto enviado).

La creciente competencia durante los 2000 redujo significativamente estos costos, atrayendo a más usuarios hacia lo formal: para 2004 el costo promedio de enviar remesas a México había bajado a ~7% del monto, menos de la mitad de lo que era unos años antes.

Nuevos actores –otras empresas de servicios de remesas, bancos con productos para migrantes, Fintech– entraron al mercado, y el duopolio de Western Union/MoneyGram vio caer su participación de ~40% a cerca de 15% de las transacciones, democratizando el sector.

del 3% del volumen de remesas EE. UU.-México, pues la mayoría de los envíos seguía canalizándose por compañías de giro y otras vías fuera del sistema bancario tradicional (aunque sí dentro de la formalidad, ya que estas empresas están autorizadas).

Esto indica que, si bien el mercado formal de remesas se expandió y abarató, muchos migrantes preferían la conveniencia de agentes dedicados y puntos de envío de fácil acceso en sus comunidades, en lugar de interactuar directamente con bancos.

Por otro lado, persisten canales informales cuyo peso varía según las circunstancias. En general, los envíos informales proliferan cuando los canales oficiales son caros, inaccesibles o restringidos. Por ejemplo, en corredores de volumen pequeño o países con controles estrictos (regulaciones cambiarias, sanciones), los migrantes suelen recurrir a métodos informales para evitar trámites engorrosos.

Un caso ilustrativo es Cuba, donde por años la mayor parte de remesas familiares se ha enviado mediante “mulas” (viajeros frecuentes que transportan dinero físico) debido a barreras en el sistema financiero formal cubano.

En el contexto mexicano, décadas atrás, cuando muchos migrantes trabajaban estacionalmente en EE. UU., era común que regresaran con ahorros en efectivo o mandaran dólares ocultos con conocidos en autobuses. Sin embargo, la masificación de las remesas y la reducción de costos ha desplazado en buena medida estos mecanismos.

No obstante, incluso con costos menores, hacia mediados de los 2000 los bancos comerciales captaban menos

Actualmente, enviar dinero por un canal formal es relativamente económico y seguro para la mayoría de migran-

tes mexicanos, por lo que el incentivo para usar vías informales ha disminuido. Además, factores de confianza y requisitos influyen en la elección: algunos migrantes indocumentados solían temer que al acudir a un banco o agencia les solicitaran documentos o registraran información personal.

En tales casos, en ocasiones han preferido “no dejar rastro” y recurrir a men-

sajeros informales, aun con los riesgos que ello conlleva.

No obstante, esta situación ha cambiado gradualmente conforme las instituciones financieras implementaron políticas más incluyentes (aceptando identificación consular, por ejemplo) y los propios migrantes observaron la fiabilidad de los servicios formales.

Gráfica 26. ¿Cuál es el principal medio que utiliza para enviar las remesas?

A TRAVÉS DE UN TERCERO BANCO COMERCIAL (NO ESPECIFICADO)

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

De acuerdo con los resultados, el principal medio utilizado para enviar remesas es Western Union, que lidera con un 37.0% (67 personas) de las respuestas. Le sigue Elektra, con un 26.0% (47 personas). Estos dos canales concentran juntos más del 60% de los envíos,

reflejando una fuerte dependencia de servicios consolidados en el mercado.

Un 13.8% (25 personas) de las personas encuestadas indicó que realizan los envíos a través de un tercero, lo que podría implicar barreras de acceso a

servicios financieros formales, falta de documentación, o desconfianza hacia las instituciones. Otros canales como MoneyGram (5.5%), Oxxo/Spin (3.3%) y bancos comerciales (6.6%, sumando Azteca y no especificados) muestran menor uso, lo cual sugiere oportuni-

dades de mejora en términos de inclusión, cobertura y facilidad de uso.

El uso de la categoría “Otros” (7.7%) también indica una posible diversidad de soluciones, incluyendo plataformas digitales o alternativas informales que merecen mayor exploración.

Gráfica 27. ¿Ha usted utilizado a un intermediario u otra persona para el envío de dinero?

Elaboración de

Un hallazgo particularmente relevante es que, las personas que declararon enviar dinero, a partir del 13.8% de la población encuestada, confirmaron que habían realizado un envío de remesas por medio de una tercera persona. Un 50.5% (92 personas) declaró

haber utilizado a un intermediario u otra persona para realizar el envío de dinero, mientras que el 48.4% afirmó no haberlo hecho. Este dato revela que el uso de canales informales o no institucionalizados sigue siendo una práctica común.

Fuente:

los autores con base en información del estudio.

Gráfica 28. En pesos mexicanos, ¿cuánto es la tarifa/comisión del intermediario u otra persona para el envío de dinero?

$0 - $9

$10 - $49

$50 - $149

$150 - $299

$300 - $999

$1,000 Ó MÁS

De las 92 personas que declararon haber utilizado a un intermediario u otra persona para el envío de dinero, las comisiones o tarifas reportadas muestran una amplia variabilidad, lo que sugiere una falta de estandarización y posibles prácticas poco transparentes.

La mayoría de las personas pagó comisiones entre $10 y $149 pesos mexicanos, concentrando el 66.4% (61 personas) de los casos (suma de los rangos $10–$49, $50–$149 y $150–$299).

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

IV. RECEPCIÓN DE REMESAS

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, durante 2024, México fue el país que recibió la mayor cantidad de remesas en América Latina; seguido por Guatemala, Colombia y República Dominicana. Además, fue el cuarto receptor de remesas a nivel mundial de acuerdo con un reporte publicado por BBVA en 2019, únicamente situado por detrás de India, China y Filipinas.

En diversos estudios se ha señalado a Estados Unidos como la mayor fuente de remesas para el país, tan sólo en 2024 el 96 por ciento eran provenientes del país vecino.

No obstante, esto únicamente representó el 3.2 por ciento del PIB. Para los países centroamericanos, las remesas tienen un mayor impacto en su PIB; por ejemplo, para países como Guatemala representan un 19.5%. Sin embargo, las fuentes se encuentran más diversificadas que para el caso de México, por ejemplo, para Colombia; Estados Unidos solamente provee la mitad de las remesas.

De acuerdo con datos publicados por la empresa Mercado Pago en 2025, en México la recepción de remesas digitales se triplicó durante 2025; lo cual refleja una acelerada adopción de los canales digitales para recibir dinero del extranjero. Además del volumen, también se ha incrementado recientemente la frecuencia de los envíos, de dos a tres veces al mes.

Sin embargo, el monto mensual promedio permanece en alrededor de 350 dólares. Finalmente, de acuerdo con un estudio realizado en 2024 por González-Becerril, et al., son las mujeres las principales receptoras y administradoras de remesas.

En los países receptores de remesas de América Latina, éstas se utilizan para realizar compras de comida, pago de vivienda y transporte de sus seres queridos a los países de origen. Otros de los destinos de estas fuentes de ingreso son gastos de educación y salud.

Al analizar el comportamiento de recepción de remesas a personas estableci-

das en México, de acuerdo con la Gráfica 29, encontramos que exactamente la mitad de los encuestados han recibido dinero de parte de su familia o amistades (167 personas, 50.0%), mientras que el 49.4% declaran no haber recibido, y solamente un 0.6% declaran no saberlo. En específico, no se encuentran diferencias significativas en la recepción por género o por situación actual.

Gráfica 29. ¿Ha usted recibido dinero de familia y amistades desde otro país a México?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Al observar la distribución por género como se muestra en la Gráfica 30, el 25.1% de las mujeres declaran haber recibido este tipo de ingreso, mientras que el 24.6% declara que no. En hombres, el porcentaje es el mismo (24.3%), solamente un individuo declara “no sé” (0.3%). Respecto a personas de género

no binario, el 0.6% no recibe remesas y respecto a las personas sin declarar su identificación por género, un 0.3% declara haberlas recibido. Finalmente, de las dos personas que prefieren no clasificarse para sí mismas respecto a su género, una declara recibir remesas y la otra “no sé” (0.3%, respectivamente).

Gráfica 30. ¿Ha usted recibido dinero de familia y amistades desde otro país a México?, por género.

NO NO SÉ

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Podemos ver que, a detalle por situación actual, las diferencias entre la recepción o no recepción de remesas tampoco son desiguales al segregar los resultados.

Del total de personas refugiadas, el 48.2% recibe remesas (105 personas), el 51.4% no las recibe (112 personas) y solamente el 0.5% no sabe (1 persona). Respecto a los solicitantes de asilo, el

52.6% recibe remesas (41 personas), el 46.2% no las recibe (36 personas) y 1.3% no lo sabe (1 persona). Para el caso de las personas migrantes, el 51.6% recibe remesas (16 personas) y el 48.4% no las recibe (15 personas). Finalmente, encontramos los datos más dispares entre las personas en movilidad, en donde el 71.4% declara recepción de remesas (5 personas), respecto al 28.6% que no las recibe (2 personas).

Gráfica 31. ¿Ha usted recibido dinero de familia y amistades desde otro país a México?, por situación actual.

REGIONES Y PAÍSES

Debido a que se ha encontrado históricamente que, para México, gran parte de la procedencia de remesas proviene de Estados Unidos, es importante analizar la procedencia de los recursos por región. Entre las regiones mencionadas se encuentran Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

En este estudio se clasifica a Estados Unidos y Canadá en la región de Norteamérica; mientras que México fue clasificado en Latinoamérica junto con los países que se encuentran en América Central, Sudamérica y El Caribe, esto de acuerdo con diversas fuentes como la Enciclopedia Británica ya que comparten rasgos históricos, culturales y características que permiten esta agrupación.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

El Gráfico 32 muestra que los recursos provenientes de Norteamérica representan la mayoría de las fuentes de remesas para las personas en movilidad, migrantes, refugiadas y en solicitud de asilo (124 personas, 74.3%). Es importante resaltar que, de esta cantidad, una mínima parte proviene de Canadá (2 personas, 1.2%).

Algunos de los países de Latinoamérica mencionados como origen de las remesas son: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Honduras,

México, República Dominicana, El Salvador y Venezuela; representando esta región un cuarto de la procedencia de estos recursos (40 personas, 24.0%). De la región europea solamente 4.2% de las personas reciben remesas.

Finalmente, el 1.8% no especifica la procedencia. Cabe señalar que algunos participantes mencionaron países provenientes a más de dos regiones; por lo que el total es superior a 100 por ciento.

Gráfica 32. ¿Cuál es el país o región de dónde usted recibe dinero?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Tal y como se menciona en el apartado de envío de remesas, para la recepción de estos recursos también se pueden utilizar canales formales e informales. Se ha mencionado que algunas de las instituciones dominantes son Western Union o MoneyGram.

El Gráfico 33 muestra que Western Union es dominante en la recepción de

dinero (82 personas, 49.1%), seguido por Elektra (48 personas, 28.7%), el tercero más grande es MoneyGram (13 personas, 7.8%). Los bancos comerciales y Oxxo representan la misma proporción de 2.4% (4 personas, respectivamente). BanCoppel, las órdenes de correo y dinero, y el solicitar aprovechar los viajes de personas únicamente fueron mencionados en una ocasión, respectivamente (1.2%).

Gráfica 33. ¿Cuál es el principal medio que utiliza para recibir el dinero?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

Finalmente, la categoría “Otros” abarcó plataformas Fintech, otros bancos comerciales como Santander, e incluso fuentes informales (10 personas, 6.0%).

Al analizar la cantidad de personas que utilizaron un intermediario para la re-

cepción de su dinero, es prominente la cantidad de personas que mencionan no necesitarlos (121 personas, 72.5%), y alrededor de un cuarto lo solicitaron (45 personas, 26.9%). Esto nos permite concluir que para gran parte de los individuos, la recepción puede ser más directa y sencilla.

Gráfica 34. ¿Ha utilizado un intermediario u otra persona para recibir dinero de otro país?

Es importante conocer si al recibir el dinero, las personas que han utilizado a un intermediario u otra persona para el envío de dinero, han realizado el pago de comisiones. De las 45 personas que declararon que han utilizado

intermediarios, las comisiones reportadas muestran una amplia variabilidad, lo cual sugiere una falta de estandarización y posibles prácticas poco transparentes.

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

En la Gráfica 35 se puede observar que las distribuciones son muy uniformes. El 60.0% de la población realiza pagos por comisiones de entre $1 y $299 pesos mexicanos. El 22.2% no realiza pagos por comisiones por el uso de intermediarios y otras personas. El 6.7%

realiza pagos por comisiones superiores a los $1,000 pesos mexicanos.

La cantidad que reciben las personas es importante pues México es el principal receptor de Latinoamérica y cuarto a nivel mundial.

Gráfica 35. En pesos mexicanos, ¿cuánto es la tarifa/comisión del intermediario u otra persona para la recepción de dinero?

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

El Gráfico 36 señala que el rango con mayor representación en la recepción de dinero es entre $1,500 y $2,999 por envío (65 personas, 38.9%), seguido por el rango de entre $500 y $1,499 (47 personas, 28.1%). El rango de entre $3,000 y $6,999 se ubicó en tercer lugar (26 personas, 15.6%).

Gráfica 36. En pesos mexicanos, ¿Cuánto recibe usted por envío?

PREFIERE NO CONTESTAR

$50,000 Ó MÁS

$15,000 - $49,000

$7,000 - $14,999

$3,000 - $6,999

$1,500 - $2,999

- $1,499

- $499

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

En total, estas cantidades representan el 82.6% de la recepción de remesas, demostrando que rangos moderados son los que comúnmente se reciben para quienes se encuentran en situaciones de movilidad o migración en México.

Los envíos de alto monto (aquellos que superan los $7,000 pesos mexicanos) son mucho menos comunes, representando apenas el 7.8% de los casos. Dentro de este grupo, apenas el 1.8% reportó envíos de $50,000 o más, lo que probablemente corresponda a situaciones excepcionales como ahorro acumulado, liquidación de bienes, inversión, emergencias o deudas.

Finalmente, un 8.4% reportó envíos inferiores a $500 pesos, lo que podría responder a transferencias simbólicas, ayuda puntual o pruebas de canal.

En conjunto, estos datos muestran que la recepción de remesas en México por personas migrantes o en movilidad se caracterizan por montos moderados.

USO DE REMESAS

El destino que tienen las remesas en nuestro país nos brinda un indicador sobre las necesidades que se cubren a través de este ingreso externo, que en ocasiones puede emplearse para complementar el ingreso nacional.

En la Gráfica 37 se puede observar que el empleo de remesas se destina principalmente a alimentación y productos de primera necesidad (124 personas, 74.3%). En segundo lugar y con mucha menor representación, tenemos el pago de servicios como agua, luz, gas, internet, entre otros (18 personas, 10.8%). Los siguientes empleos son en pagos de educación como colegiaturas y útiles escolares (3.6%), pago de deu-

das (3.0%), salud como medicinas, consultas o pagos de seguros (3.0%) y para ahorro o inversión (2.4%). En menor representación tenemos gastos como renta (1.8%), ocio y entretenimiento (0.6%) y para emergencias (0.6%).

Estos datos arrojan una fuerte dependencia en las remesas para los gastos básicos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Gráfica 37. ¿En qué utiliza principalmente el dinero de las remesas que recibe?

ALIMENTACIÓNY PRODUCTOSDE PIMERA... PAGODE SERVICIOS (AGUA,LUZ,GAS...) EDUCACIÓN (COLEGIATURAS, ÚTILES...)PAGODE DEUDAS

SALUD (MEDICINAS, CONSULTAS, SEGUROS...)AHORROO INVERSIÓN RENTA OCIOY ENTRETENIMIENTOEMERGENCIAS

Fuente: Elaboración de los autores con base en información del estudio.

V. HACIA UN ECOSISTEMA FINANCIERO INCLUSIVO: OPORTUNIDADES, BARRERAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La construcción de un Ecosistema Financiero Inclusivo representa uno de los pilares fundamentales para lograr una transformación social equitativa y sostenible. La construcción de este ecosistema actúa como un medio estratégico para ampliar las capacidades individuales y colectivas, reducir brechas sociales, y promover la resiliencia frente a crisis económicas, sociales o ambientales.

ECOSISTEMA FINANCIERO INCLUSIVO

La literatura empírica ha demostrado que un ecosistema financiero desarrollado e inclusivo desempeña un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico sostenible al reducir los costos de información y transacción, proporcionando alternativas de ahorro e inversión, así como en la adopción de innovaciones tecnológicas; a la vez que permite mejorar las tasas de crecimiento económico a largo plazo (Kabakova & Plaksenkov, 2018).

Bajo este contexto, analizar el ecosistema en su conjunto se vuelve particularmente relevante, ya que permite examinar las múltiples dimensiones y actores que intervienen en los procesos de inclusión o exclusión financiera.

Un Ecosistema Financiero Inclusivo se compone de dos elementos fundamentales: el entorno institucional, regulatorio y tecnológico, por un lado; y los distintos actores involucrados tales como: gobierno, instituciones financieras tradicionales, Fintech, organizaciones de la sociedad civil y usuarios finales.

En primera instancia, se analizarán los actores clave que conforman el ecosistema de inclusión financiera:

Instituciones financieras tradicionales y Fintech

La banca comercial desempeña un papel fundamental en la asignación eficiente de recursos dentro del sistema económico (Ongore & Kusa, 2013), y continúa siendo el canal principal de intermediación financiera en la economía mexicana. Su importancia no se limita únicamente a su función de captación de ahorros y otorgamiento de créditos, sino también a su capacidad para fomentar el desarrollo económico mediante la ampliación del acceso a servicios financieros.

En un ecosistema inclusivo, es decir; cuando dichos servicios se ofrecen de forma equitativa y están disponibles para toda la población, se convierten en mecanismos eficaces para promover una distribución más justa de las oportunidades económicas, en par-

ticular para los hogares en situación vulnerable y las regiones con menor dinamismo económico (Kalunda & Ogada, 2019).

Las empresas Fintech – resultado de la convergencia entre finanzas y tecnología – se han posicionado como actores clave en la transformación del sistema financiero global, esto a través de su capacidad para ofrecer servicios innovadores, tales como plataformas automatizadas de inversión, seguros personalizados, pagos digitales y préstamos entre particulares.

Apoyadas en tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, metadatos y la conectividad móvil, las Fintech han revolucionado la forma en que las personas acceden a servicios financieros, especialmente en contextos donde la banca tradicional ha sido insuficiente.

Su irrupción ha traído consigo la transformación del ecosistema, por un lado; ha impulsado procesos de modernización tecnológica que obliga a las entidades financieras tradicionales a abandonar esquemas operativos heredados y adoptar herramientas digitales más eficientes.

Por otro lado, han modificado la interacción con el usuario final al promover interfaces digitales más ágiles, intuitivas y centradas en las necesidades del usuario. Este dinamismo trae consigo una mayor competencia, nuevos modelos de negocio y una lógica de mercado centrada en la agilidad y la especialización (Tayal, 2024).

Gobierno y organismos reguladores

El gobierno y los organismos regulatorios desempeñan un papel fundamental dentro del sistema, al ser los responsables de crear y fomentar las condiciones institucionales y normativas necesarias para que dicho sistema funcione de manera eficiente, estable y accesible para todos los sectores de la población.

De acuerdo con la CGAP - Consultative Group to Assist the Poor, una alianza global conformada por más de 35 organizaciones líderes en desarrollo que promueven la inclusión financiera para mejorar la vida de personas en situa-

ción de pobreza -, los gobiernos pueden desempeñar tres funciones clave: actuar como promotores de infraestructura (como canales digitales y sistemas de identificación confiables); como formuladores de marcos normativos que promuevan el desarrollo responsable y sostenible del mercado financiero; así como generadores de volumen de transacción a través de pagos gubernamentales directos.

En este sentido, la regulación financiera no solo busca garantizar la estabilidad del sistema, sino también fomentar la competencia, mitigar asimetrías de información, proteger a los consumidores y promover la inclusión (Kodongo, 2018; Ajide et al., 2020).

La evidencia empírica respalda que la calidad institucional y el diseño adecuado de marcos regulatorios fortalecen la intermediación financiera, facilitan el cumplimiento de contratos, reducen los costos de transacción y generan confianza en el sistema (Bongomin et al., 2018; North, 1991).

No obstante, una regulación excesivamente estricta o mal diseñada puede generar barreras de acceso, aumentar los costos de cumplimiento y dificultar la provisión de servicios adaptados a poblaciones excluidas (Bester et al., 2008; Goodwin-Groen, 2012). Por ello, se requiere un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad regulatoria.

A nivel internacional, el Banco Mundial y la Alianza para la Inclusión Financiera han promovido la adopción de estrategias nacionales de inclusión financiera como mecanismos efectivos para coordinar acciones públicas y privadas, identificar obstáculos y definir objetivos comunes (World Bank, 2018; AFI, 2016). En América Latina, países como México, Colombia, Perú y Uruguay han implementado estas estrategias con un enfoque integral que incluye el acceso a productos financieros, la educación económico-financiera y la protección al usuario.

En particular, la Política Nacional de Inclusión Financiera de México se vincula con los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020–2024, y busca ampliar el acceso, fortalecer la banca de desarrollo y fomentar una mayor participación del sector privado como motores del bienestar social y el desarrollo económico sostenible.

Usuarios finales

Los usuarios finales —es decir, las personas y comunidades que interactúan directamente con los servicios financieros— constituyen el núcleo del ecosistema de inclusión financiera. Su participación no solo es un indicador de acceso, sino también de funcionalidad y profundidad del sistema financiero.

Según el Banco Mundial, la inclusión financiera no solo mejora la calidad de vida de los individuos al brindarles herramientas para enfrentar emergencias económicas, sino que también fomenta el crecimiento económico al fortalecer la actividad empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (World Bank, 2024).

Un ámbito particularmente estratégico es el relacionado con las remesas internacionales, las cuales constituyen una fuente significativa y sostenida de ingresos para millones de hogares en países de desarrollo.

Lograr la integración de dichos flujos transnacionales en un sistema financiero inclusivo permitirá optimizar su canalización mediante mecanismos formales, lo cual se traducirá en una reducción de los costos de transacción, aumento en la seguridad en el envío y recepción, así como el acceso a productos secundarios relacionados con el ahorro, el crédito y la inversión productiva.

Asimismo, en contextos afectados por el cambio climático y desastres naturales, los servicios financieros ofrecen mecanismos de resiliencia al facilitar la inversión en tecnologías sostenibles, prácticas agrícolas adaptadas al clima, y soluciones de aseguramiento que permiten una recuperación más rápida ante eventos adversos. De esta forma, la inclusión financiera fortalece tanto la capacidad individual como colectiva para enfrentar desafíos estructurales, climáticos y económicos, sentando las bases para un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Una vez identificados los actores claves del ecosistema, resulta indispensable considerar el entorno en el cual estos

interactúan. En este sentido, el entorno institucional, regulatorio y tecnológico actúa como un marco habilitador que puede facilitar, o en su defecto, restringir la expansión de servicios financieros accesibles, seguros y adaptados a las necesidades de la población.

Entorno tecnológico

El entorno tecnológico constituye un componente fundamental del ecosistema, al proveer la infraestructura digital que permita ampliar el acceso, uso y calidad de los servicios financieros. La Alianza para la Inclusión Financiera, en su informe “Fintech for Financial Inclusion: A Framework for Digital Financial Transformation” (2018) menciona que el potencial transformador de la tecnología financiera solo puede materializarse plenamente cuando se sustenta en una estrategia integral basada en infraestructura sólida y un entorno normativo y de políticas públicas que habilite la digitalización, por lo cual propone un marco basado en cuatro pilares clave.

El primero de ellos consiste en la implementación de sistemas de identificación digital y procedimientos simplificados de conocimiento del cliente (eKYC), que permitan la apertura ágil y segura de las cuentas. El segundo pilar se refiere al desarrollo de sistemas de pago digitales, abiertos e interoperables, que garanticen el flujo eficiente de fondos. El tercer pilar enfatiza la digitalización de los servicios gubernamentales, lo cual no solo se traduce en una mejora a la eficiencia administrativa, sino que facilita la inclusión financiera a gran escala al acercar servicios esenciales a la población. Finalmente, el cuarto pilar enfatiza la importancia de diseñar una infraestructura de mercado financiero digital que permita el

desarrollo de servicios financieros de mayor valor agregado —como acceso a instrumentos de inversión o seguros especializados—, profundizando así la estabilidad, el uso y la diversificación de los servicios financieros.

Si bien el entorno tecnológico ofrece una oportunidad significativa para la expansión de los servicios financieros a través de la digitalización, su efectividad está condicionada a la existencia de infraestructura adecuada y el acceso equitativo a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Diversos estudios han señalado que el uso de Fintech para fomentar la inclusión financiera enfrenta amenazas importantes asociadas a la persistente brecha digital (French & Baduqui, 2019; Hinson et al., 2006).

Esta brecha, definida como la desigualdad en el acceso y uso de las TIC entre individuos, hogares y regiones con distintos niveles socioeconómicos (OECD, 2001), limita el potencial de las innovaciones digitales para generar transformaciones equitativas en la vida económica y social. Por ende, la implementación debe de ir acompañada de políticas públicas que aborden de forma integral las condiciones estructurales de desigualdad digital.

Entorno institucional y regulatorio

El entorno regulatorio e institucional desempeña un papel central en la configuración de un Ecosistema Financiero Inclusivo, al establecer las reglas, incentivos y capacidades de las instituciones que rigen el comportamiento de los actores.

A medida que los gobiernos asumen un rol más activo en la promoción de la inclusión financiera, su función se amplía hacia la creación de un ecosistema interconectado que permita a las poblaciones excluidas acceder a productos y servicios financieros de manera segura, eficiente y asequible. En el contexto de la transformación digital del sistema financiero, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, representa un hito normativo en México y en la región de América Latina.

Promulgada en 2018, esta legislación surge como respuesta a la necesidad de adaptar el marco regulatorio ante el crecimiento exponencial de nuevos modelos de negocio basados en tecnologías financieras, no contemplados por la regulación tradicional. Esta ley establece un marco normativo general para entidades como plataformas de financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico y operaciones con activos virtuales,

promoviendo la innovación tecnológica bajo principios de inclusión financiera, protección al consumidor y estabilidad del sistema.

Sin embargo, la acelerada evolución tecnológica ha planteado desafíos importantes para las autoridades, que deben mantener la capacidad de supervisión ante riesgos emergentes como el uso indebido de criptoactivos y la ciberseguridad. En este sentido, la legislación mexicana también ha avanzado en el fortalecimiento del marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, cuyo principal objetivo es proteger el sistema financiero y la economía al establecer y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

En última instancia, un entorno regulatorio e institucional sólido no solo debe velar por la estabilidad financiera, sino también generar confianza, reducir barreras de entrada y garantizar que las innovaciones tecnológicas realmente contribuyan a cerrar las brechas de acceso y uso de servicios financieros.

En definitiva, la inclusión financiera no debe visualizarse como un proceso aislado, sino como el resultado de un ecosistema dinámico compuesto por diversos actores: infraestructura tec-

nológica, normativas, y una red de interacciones sociales e institucionales. La dinámica de estos componentes es lo que habilita – o limita – el acceso efectivo a servicios financieros adecuados, seguros y sostenibles.

OPORTUNIDAD EN EL ECOSISTEMA: “REMESAS, MIGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL:

CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO.”

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las remesas enviadas por personas en movilidad humana –incluidas tanto aquellas que migran por razones económicas como

quienes han sido forzadas a desplazarse y requieren protección internacional– constituyen una fuente externa de financiamiento cada vez más relevante para numerosas economías en desarrollo.

Dichos flujos no solo contribuyen al alivio de la pobreza, sino que también pueden desempeñar un papel estratégico en el fortalecimiento de la resiliencia económica y el desarrollo sostenible (United Nations, 2011).

En el caso de México, cifras de Banxico revelan que en 2024, los egresos por remesas ascendieron a 1,308 millones de dólares mientras que el valor de los ingresos por remesas pro -

venientes del exterior fue de 64,745 millones de dólares. Ambos montos superaron lo registrado en 2023 y alcanzaron un incremento anual de 21.6% y 2.3% respectivamente.

Estas cifras, reflejan no solo la relevancia macroeconómica del fenómeno, sino también la existencia de una ventana de oportunidad para impulsar procesos de inclusión financiera, fomentar la formalización económica y ampliar el acceso a instrumentos de ahorro, inversión o crédito (Banco de México, 2025), especialmente para personas en contextos de vulnerabilidad, como lo son personas refugiadas, solicitantes de asilo y beneficiarias de protección complementaria.

La digitalización de los canales de transferencia de remesas ha abierto oportunidades significativas para integrar la movilidad humana al sistema financiero formal. Tradicionalmente, las remesas han sido gestionadas a través de agentes informales que, si bien ofrecen accesibilidad y rapidez, operaban al margen de mecanismos estandarizados de transparencia, seguridad y protección al usuario.

En este contexto, el informe “The future of remittances in Latin America: Digitalization, multiple rails, and the strategic role of partnerships”, elaborado por Mastercard (2024), identifica ocho tendencias clave en la digitalización de las remesas. Estas son: (1) el uso de billeteras digitales para el movimiento

global de dinero; (2) el modelo “push to card”, que permite enviar fondos directamente a tarjetas; (3) la implementación de solicitudes de remesa (pull requests); (4) pago directo de bienes o servicios, como facturas de servicios públicos, colegiaturas o abonos a crédito; (5) uso de tecnología blockchain para eliminar intermediarios, reducir costos y mejorar la eficiencia en las transacciones; (6) interconexión de sistemas nacionales de pagos en tiempo real (RTP); (7) desarrollo de monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC), gobiernos de todos el mundo se encuentran diseñando sus propias CBDC, dichas monedas tienen el potencial de transformar el movimiento internacional de dinero, y (8) creación de alianzas estratégicas con minoristas, que sustituyen el modelo tradicional de agentes informales y extienden la infraestructura digital a través de redes comerciales formales.

Dichas innovaciones buscan reconfigurar el sistema internacional de remesas, potencialmente facilitando el acceso de poblaciones tradicionalmente excluidas, incluidas aquellas en situación de refugio o solicitantes de protección internacional.

Una de las barreras estructurales más relevantes para la inclusión financiera de personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria, solicitantes de asilo y migrantes es la falta de historial crediticio dentro de los sistemas financieros tradicionales.

En el caso específico de las personas con necesidades de protección internacional, estas limitaciones se ven agravadas por la falta de documentos

oficiales aceptados por las instituciones bancarias, así como por la temporalidad o incertidumbre de su estatus migratorio. En respuesta a esta limitante, diversas empresas del sector Fintech y entidades financieras innovadoras han comenzado a utilizar los flujos de remesas como una fuente alternativa de información para generar perfiles de riesgo crediticio.

A través del análisis de variables como la frecuencia de envío, el monto transferido y la regularidad del receptor, estas instituciones construyen modelos predictivos que permiten inferir estabilidad financiera, hábitos de pago y capacidad de ahorro. Esta práctica, sustentada en técnicas de análisis algorítmico, aprendizaje automático y minería de datos, ha permitido extender el acceso a productos financieros —como microcréditos, seguros y cuentas de ahorro— a segmentos tradicionalmente excluidos del sistema bancario.

En este contexto, las remesas dejan de ser únicamente un mecanismo de subsistencia y se convierten en un activo financiero estratégico para la inclusión.

Un caso de éxito relacionado con el mercado de remesas se encuentra en el sistema M–Pesa en Kenia, el cual permite realizar transferencias de dinero, pagos y operaciones de ahorro mediante telefonía móvil, sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional. Dicho modelo ha probado ser eficaz en contextos de baja bancarización y limitada infraestructura física.

Además, al vincular el uso de remesas con cuentas digitales, M-Pesa facilita

la creación de historial transaccional, habilitando funciones de crédito e incluso sobregiros automatizados. Su expansión a otros países de África y Asia ha demostrado su capacidad de replicabilidad. Este modelo constituye una referencia clave para el diseño de soluciones financieras basadas en remesas en México y otras regiones con dinámicas migratorias intensas.

En este contexto, hablar de remesas no es solo reconocer su importancia macroeconómica, sino visibilizar su capacidad transformadora como canal estratégico de inclusión financiera. Para millones de personas en situación de marginación o informalidad —incluidas aquellas con necesidades de protección internacional, como solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria — las remesas representan más que un flujo monetario: constituyen un punto de entrada al sistema financiero formal y una oportunidad para construir ciudadanía económica.

No obstante, es importante subrayar que las condiciones, barreras y necesidades que enfrentan estas poblaciones no son homogéneas. Mientras que algunas personas migrantes pueden contar con documentos válidos y redes establecidas, quienes se encuentran en condición de refugio o asilo suelen enfrentar mayores obstáculos normativos y administrativos que limitan su integración financiera.

Por ello, el diseño de políticas públicas y modelos de atención debe reconocer esta diversidad de condiciones y atender las particularidades de quienes han sido forzados a desplazarse.

Incorporar este enfoque diferenciado es indispensable para avanzar hacia una arquitectura financiera más equitativa, sensible y resiliente, donde las remesas operen no solo como sustento, sino como catalizador de inclusión y reconstrucción económica.

BARRERAS Y OBSTÁCULOS

PARA ALCANZAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA

A pesar de los avances en la digitalización y la diversificación de servicios financieros, persisten múltiples barreras estructurales, institucionales y sociales que limitan el acceso y el uso efectivo de productos financieros por parte de amplios sectores de la población.

En el caso de México, las principales restricciones a la inclusión financiera se asocian con la alta informalidad laboral, bajos niveles de educación financiera, altos costos de acceso, dificultades para comprobar ingresos o domicilio, y una persistente desconfianza en las instituciones financieras.

Según el reporte “Determinants of and barriers to people’s financial inclusion in Mexico”, los adultos con empleos informales tienen casi el doble de probabilidad de declarar que no cumplen con los requisitos para abrir una cuenta de ahorro; en comparación con quienes tienen empleos formales (Cassimon, 2022). Esta brecha refleja una combinación de obstáculos documentales, condiciones laborales precarias y exclusión institucional.

En el ámbito de las remesas y la población en movilidad humana, las barreras se intensifican para diversos grupos, en particular para quienes requieren protección internacional: barreras lingüísticas, horarios restringidos, escasa transparencia en comisiones y la falta de documentación formal impiden que personas refugiadas, solicitantes de asilo y beneficiarias de protección complementaria puedan acceder a servicios financieros formales (Velasco, 2021).

La superación de estas barreras requiere el diseño e implementación de soluciones integrales que aborden tanto los

factores estructurales, como las limitaciones informativas del sistema financiero, a la vez que deben contemplar las condiciones particulares de quienes han sido forzados a desplazarse.

Una de las estrategias con mayor potencial es la utilización de fuentes de información no financieras —como registros de pagos de servicios públicos, arrendamientos y remesas— para la construcción de historiales crediticios alternativos que permitan una evaluación más precisa de la capacidad de pago de los trabajadores informales.

Asimismo, la reducción del tamaño del sector informal, el fortalecimiento de las capacidades en educación financiera y la reconstrucción de la confianza en las instituciones financieras constituyen pilares fundamentales para avanzar hacia un sistema financiero más inclusivo, equitativo y sostenible.

GLOSARIO

Asilado: Referido en este texto como situación actual de persona solicitante de asilo. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país. (Artículo 61 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político)

Migrante: Referido en este texto como situación actual de persona migrante. Persona que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. (Artículo 3 fracción XXIII de la Ley de Migración)

Persona en movilidad humana/Población en movilidad: Referido en este texto como situación actual de persona en movilidad. La movilización

de personas de un lugar a otro en función de su interés por residir en un lugar distinto al de su origen de manera temporal, permanente o circular, o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por razones multifactoriales de manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna o internacional, regular o irregular. (Artículo 2 fracción XIV de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político)

Refugiado: Referido en este texto como situación actual de persona refugiada. Persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de naciona-

lidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. (Artículo 1.A.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951).

Protección Complementaria: Protección que se otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (Artículo 2 fracción VII de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político)

Solicitante de asilo/de la condición de refugiado: El extranjero que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria (Artículo 2 fracción XII de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político)

Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias: Se otorga esta tarjeta a la persona que haya sido víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional; quien sea niña, niño o adolescente migrante o; quien sea solicitante de asilo político, solicitante de la condición de refugiado, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Cabe recalcar que también se podrá autorizar dicha tarjeta cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regulación en el país.

(Artículo 52, fracción V, incisos a, b y c de la Ley de Migración)

Tarjeta de Residente Permanente: Se otorga la condición de residente permanente al extranjero que acredite el reconocimiento del asilo político, o de la protección de la condición de refugiado, o del reconocimiento de la protección complementaria, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. (Artículo 54, fracción I de la Ley de Migración)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

En México, la población migrante a menudo se enfrenta con impedimentos para su inclusión financiera. Esto se debe, principalmente, a la falta de documentos de identificación oficial aceptados por las entidades bancarias, como la Clave Única de Registro de Población (CURP) o una constancia migratoria vigente.

Para quienes son solicitantes de la condición de refugiado, las únicas vías legales para regularizar su situación y acceder de manera limitada a ciertos servicios son la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y una CURP temporal. Esta última tiene una validez de un año, renovable mientras su solicitud de refugio esté en curso. Sin embargo, este estatus migratorio no siempre es suficiente para que las instituciones financieras permitan la apertura de cuentas bancarias.

En contraste, las personas reconocidas con la condición de refugiado cuentan con la Tarjeta de Residente Permanente, así como la CURP permanente y poseen un estatus migratorio ya establecido, lo que les facilita el acceso pleno a servicios financieros formales. A pesar de esto, actualmente también enfrentan desafíos para su inclusión en el sistema financiero mexicano por parte de los bancos.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ACNUR. (1951). Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-05/Convencion_1951.pdf

ACNUR. (2024). Un hogar en México 2024: Principales resultados ACNUR México. https://www.acnur.org/mx/ media/un-hogar-en-mexico-2024-principales-resultados-acnur-mexico

Alliance for Financial Inclusion (2016). AFI Annual Report. https://www.afi-global.org/wp-content/ uploads/2024/10/2016-AFI-Annual-Report.pdf

Alliance for Financial Inclusion (2018). Arner, Douglas W. and Buckley, Ross P. and Zetzsche, Dirk Andreas, Fintech for Financial Inclusion: A Framework for Digital Financial Transformation. UNSW Law Research Paper No. 18-87, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2019/001, University of Luxembourg Law Working Paper No. 004-2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3245287 or http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.3245287

Aggarwal, R., Demirgüç-Kunt, A., & Martínez Pería, M. S. (2011). Do remittances promote financial development? Journal of Development Economics, 96(2), 255–264. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.005

Aguera, P. (2015). Financial inclusion. growth and poverty reduction. ECAAS Regional Conference.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2022). Evaluación de necesidades y vulnerabilidades de personas refugiadas y solicitantes de asilo en México.

Ajide, K. B., Alimi, O. Y., Asongu, S. A., & Raheem, I. D. (2020). The role of institutional infrastructures in financial inclusiongrowth relations: Evidence from SSA (pp. 1–17). International Journal of Finance and Economics. https://doi.org/10.1002/ijfe.2145

Banco de México. (2025). Ingresos y egresos por remesas, diciembre de 2024: reporte analítico. https://www.banxico.org.mx/ publicaciones-y-prensa/remesas/%7BD08E80AC-6031-C7CF-D792-28CBEF70658F%7D.pdf

Banco Mundial. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution.

Banco Mundial. (s. f.). Inclusión financiera. https:// www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/ overview

Bauer, T. K., & Sinning, M. G. (2011). The savings behavior of temporary and permanent migrants in Germany. Journal of Population Economics, 24(2), 421-449.

Bester, H., Chamberlain, D., De Koker, L., Hougaard, C., Short, R., Smith, A., & Walker, R. (2008). Implementing FATF standards in developing countries and financial inclusion: Findings and guidelines. Washington, DC: FIRST initiative, the World Bank. (Issue February). https://www.findevgateway.org/sites/default/files/ publications/files/mfg-en-paper-implementing-fatf-standards-in-developing-countries-and-financial-inclusion-findings-andguidelines-feb-2008.pdf

BBVA Research. (2022). Situación Migración y Remesas México.

Bongomin, O. C. G., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Malinga, C. A. (2018). Institutions and financial inclusion in rural Uganda: The mediating role of social capital. Journal of African Business, 19(2), 244–261. https://doi. org/10.1080/15228916.2018.1425961

Cámara de Diputados. (2012). Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ LFPIORPI_200521.pdf

Cámara de Diputados. (2018). Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF.pdf

Cámara de Diputados. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Cámara de Diputados. (2024). Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. https://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCNBV.pdf

Cámara de Diputados. (2024). Ley de Migración. https:// www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf

Cámara de Diputados. (2024). Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. https:// www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP.pdf

Cámara de Diputados. (2024). Reglamento de la Ley de Migración. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf

Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CNIF). (2020). Política Nacional de Inclusión Financiera 2020–2024. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/603092/PNIF_2020-2024.pdf

Cassimon, Steven & Maravalle, Alessandro & Pandiella, Alberto & LouTourroques,. (2022). Determinants of and barriers to people’s financial inclusion in Mexico”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1728, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/73e9341b-en

CGAP focus note; no. 76. Ehrbeck, Tilman D.; Pickens, Mark; Tarazi, Ala Michael. Financially inclusive ecosystems: the roles of government today. http://documents. worldbank.org/curated/en/390481468325779437

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2013). Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Organización de los Estados Americanos. http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). Opinión Consultiva OC-18/03. https://www.corteidh.or. cr/tablas/fichas/OC/OC-18.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Caso Acevedo Buendía y otros (cesantes y jubilados de la contraloría) vs. Perú. https://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador. https://www.corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf

Demirguc-Kunt, A., and L. Klapper. (2012). “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database.” World Bank Policy Research Working Paper, No. 6025. doi: 10.1596/1813-9450-6025.

Dhawan, S. M. (2018). Financial Inclusion of Germany s Refugees: Current Situation and Road Ahead. European Microfinance Network Working Paper, (5dbf343c-d373-4942-a9ed-cb692f74a8ba).

Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew research center, 17(1), 1-7.

Diario Oficial de la Federación. (2022, 3 de marzo). Reglas de carácter general en materia de servicios financieros. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644451&fecha=03/03/2022#gsc.tab=0

Diario Oficial de la Federación. (2024, 28 de agosto). Reforma a la Ley de Migración y otras disposiciones en materia de inclusión financiera. https://www. dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5737473&fecha=28/08/2024#gsc.tab=0

French, Aaron M. & Baduqui, Gabriel. The Digital Divide 2.0: Fintech versus traditional financial services. In 25th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2019, Cancún, Mexico, August 15-17, 2019. Association for Information Systems, 2019.

Frias, M. A. (2004). Linking international remittance flows to financial services: Tapping the Latino immigrant market. Supervisory Insights, Winter 2004, 17–24. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). https://www.fdic.gov/analysis/supervisory-insights/

Fundación BBVA. (2019). Anuario de migración y remesas México 2019. Fundación BBVA Bancomer A. C. y Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/ conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019

Gil, I. (s. f.). ¿Por qué México? El Colegio de México. https://migdep.colmex.mx/destinomexico/isabel-gil.htm

González-Becerril, J. G., Muñoz-Jumilla, A. R., & Juárez-Toledo, R. (2024). La recepción de remesas monetarias y sus implicaciones en la pobreza en México, 2020. Papeles de población, 30(119).

Goodwin-Groen, R. (2012). Financial inclusion does not come easily: An institutional analysis of the development of the microfinance markets [PhD Thesis, University of Bath School of Social and Policy Studies]. https://researchportal.bath.ac.uk/files/187950602/UnivBath_PhD_2012_R_Goodwn_Groen.pdf

Haidt, J. (2024). La generación ansiosa. Deusto.

Hinson, R., & Sørensen, O. J. (2006). E-business and small Ghanaian exporters: preliminary micro firm explorations in the light of a digital divide. Online Information Review, 30(2), 116–138.

Howe, N., & Strauss, W. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation. Vintage Books.

Hussain, A.H.M.B., Endut, N., Das, S., Thanvir, M., Chowdhury, A., Haque, N., Ahmed, K.J., (2019). Does financial inclusion increase financial resilience? Evidence from Bangladesh. Dev. Pract. 29 (6), 798–807.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía & Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2019). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Islas Camargo, A., & Moreno Santoyo, S. G. (2011). Determinantes del flujo de remesas en México: Un análisis empírico. EconoQuantum, 7(2), 10–41.

Kalunda, E., & Ogada, A. (2019). Financial Inclusion Using Traditional Banking Channels and its Effect on Financial Performance of Commercial Banks in Kenya. The University Journal, 1(3), 131-148

Kbakova, Oksana & Plaksenkov, Evgeny. (2018). Analysis of factors affecting financial inclusion: Ecosystem view. Journal of Business Research. 89. 10.1016/j.jbusres.2018.01.066.

Kodongo, O. (2018). Financial regulations, financial literacy, and financial inclusion: Insights from Kenya. Emerging Markets Finance and Trade, 54(12), 2851–2873. https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1418318

Kumcu, M. E. (1989). The savings behavior of migrant workers: Turkish workers in W. Germany. Journal of Development Economics, 30(2), 273-286.

Makina, D. (2014). Determinants of migrants’ savings in the host country: Empirical evidence of migrants living in South Africa. Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(1), 68.

Mastercard. (2024). The Future of Remittances in Latin America. PCMI – Mastercard.https://www.mastercard. com/news/media/ltfpfln3/pcmi_mastercard_the_future_of_remittances_en_march2024.pdf

North, D. C. (1991). Institutions. Journal of economic. Perspective, 5 (1), 97–112.

OECD. (2001). Understanding the Digital Divide (OECD Digital Economy Papers No. 49). OECD Publishing.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s. f.). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

Ongore, V.O. and Kusa, G.B. (2013). Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya. International Journal of Economics and Financial Issues, 3, 237-252.

Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. https:// www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Organización Internacional para las Migraciones. (2021). Hoja informativa OIM México. https://mexico. iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/hoja-informativa-oim-mexico-20211008-v6_0.pdf

Ramírez García, T. (2010). Factores determinantes del envío de remesas: el caso de los inmigrantes mexicanos en la zona metropolitana de Chicago. Revista Latinoamericana De Población, 4(7), 125–148. https://doi. org/10.31406/relap2010.v4.i2.n7.3

Rios Obregón, Martha Alicia, & Vázquez Delgado, Blanca Delia. (2022). Inclusión financiera de los receptores de remesas en México. Revista mexicana de economía y finanzas, 17(3), e712. Epub 14 de septiembre de 2023. https://doi.org/10.21919/remef.v17i3.712

Sarma, M (2008). Index of financial inclusion. Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No. 215.

Shanker, R. (2020). Financial inclusion for refugees in India–a study on the practical access to banks and financial systems.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2023). Tesis 2024785. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024785

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s. f.). Amparo directo en revisión 272863. https://www2.scjn.gob.mx/ consultatematica/paginaspub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272863

Tayal, A. (2024). Fintech’s Transformative Influence on Traditional Banking Strategies and its Role in Enhancing Financial Inclusion. Journal of Informatics Education and Research.

United Nations Development Programme. (2011). Towards human resilience: Sustaining MDG progress in an age of economic uncertainty. Bureau for Development Policy. https://www.undp.org/sites/g/files/ zskgke326/files/publications/Towards_SustainingMDG_Web1005.pdf

Terry, D. F., & Wilson, S. R. (2005). Beyond small changes – making migrant remittances. Inter-American Development Bank, Multilateral Investment Fund.

Velasco, S. (2021). Fintech, remittances and migrants’ prosperity: A systematic review and exploration of the Mexican case (Working Paper, Institute for Global Prosperity). University College London. https:// discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10128014/7/Velasco_Fintech%20and%20remittances.pdf

World Bank Group (2018). “Developing and operationalizing a national financial inclusion strategy: toolkit”. Washington, D.C. http://documents.worldbank.org/curated/en/201761530163552405

World Bank Group (2018), “Doing Business 2018, reforming to create job,” A World Bank Group Flagship Report.

World Bank. (2024). Financial inclusion. https://www. worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview

Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México

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