Relación Estado/Administración Pública y Ciudadanía En Chile ya es conocida la evolución que ha sufrido el ámbito de los archivos, de un ocultismo y secretismo propio desde mediados del siglo XX, el considerarlos como parte de lo restringido , como fuente de información y poder, como parte un mundo desconocido donde el poder acceder a ellos dependía desde el funcionario que nos atendía en el mesón hasta las políticas institucionales de las diversos organismos públicos, el archivo como feudo, no solo de las autoridades de las instituciones, sino de los encargados del archivo, donde eran amo y señor y el acceso a estos documentos dependía –en ocasiones- de su criterio y voluntad. Afortunadamente esto ha ido variando, en un proceso lento donde han influido varios factores, principalmente externos –Resolución de la Corte Interamericana de la Haya y el interés de nuestro país por formar parte de la OCDE- que nos han llevado en el camino de la transparencia de la información pública como forma de mostrar a la ciudadanía la probidad en la toma de decisiones y procedimientos en la Administración Pública. Precisamente como punto detonante de esta tendencia se encuentra la dictación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LEY N°20.285). Donde se redefine la relación entre la ciudadanía y los archivos generados por la administración pública y aquí entramos nuevamente en el ámbito de los derechos humanos como el derecho de las personas a que el Estado y las instituciones públicas transparenten procesos y procedimientos que los afectan directamente en sus vidas, lo que llamamos comúnmente Derechos Ciudadanos. El punto es que esta Ley de Transparencia queda desequilibrada sin una Ley de Archivos que regule precisamente la conservación, organización, selección, valoración y conservación permanente o eliminación de estos documentos que día a día se generan en las diferentes reparticiones públicas y que son –finalmente- los que conservan la información que será solicitada por la ciudadanía a través de las instancias determinadas en la Ley –en un primer momento- y posteriormente pasarán a formar parte de nuestro patrimonio, fuente vital para el estudio de la historia y toda la amplia gama de las ciencias sociales, de la historia de las instituciones, base para evaluar decisiones y generar nuevas políticas públicas. Los DD.HH estarán resguardados mientras la Administración Pública conserve en forma organizada los documentos que registran y testimonian su actuar. Otros puntos a considerar son las regiones ¿qué pasa con los archivos de las regiones? ¿Existe un real sistema de archivos en nuestro país integral que garantice que los documentos de todos los chilenos estarán accesibles, no solo en Santiago, sino desde Visviri a Puerto Williams?; ¿es la Contraloría General de la República la llamada a decidir que documentos debemos conservar y cuáles no? Ellos pueden valorar su valor primario, pero pueden evalúar su valor histórico y testimonial? ¿Está dentro de sus atribuciones? …todos estos puntos los dejamos para la reflexión. A modo de cierre podemos de este punto podemos señalar que si bien en un comienzo Archiveros sin Fronteras en Latinoamérica nace con el fin de rescatar y acceder a los archivos de los regímenes represivos y dictaduras de la región, con el fin de asegurar el derecho a
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