Silenciar la Democracia. Las Masacres de Remedios y Segovia 1982-1997.

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recomendaciones

de Antioquia y a las Secretarías de Educación de los Municipios de Segovia y Remedios, o a las dependencias que cumplan sus funciones, se recomienda contribuir a la difusión y conocimiento del presente Informe Público producido por MH, como una forma de aportar a la comprensión del pasado y cimentar las bases de la no repetición. La difusión de este informe deberá adecuarse pedagógica y didácticamente a los diferentes niveles educativos, académicos y sociales. Si las organizaciones sociales de la región participasen en ello, garantizar los recursos y los medios para que se desarrolle esta recomendación y tener en cuenta sus propuestas al respecto. Al Ministerio de Educación Nacional, instituir en la educación básica secundaria y superior la cátedra “Memoria, democracia y guerra”, cuyo contenido específico sea el reconocimiento y dignificación a las víctimas de la guerra que fueron sujetos de estigmatización y exterminio por el ejercicio de derechos y libertades democráticas como la oposición política, la protesta y la organización social. Con ello debe propenderse por recuperar una valoración positiva del ejercicio del derecho a reclamar, a oponerse, a participar y a organizarse como los cimientos para una democracia viva y robusta. Se deberá visibilizar la violencia contra los sindicatos, los liderazgos comunitarios, los defensores de derechos humanos, las terceras fuerzas políticas como la Unión Patriótica, Esperanza, Paz y Libertad, AD–M19, Partido Comunista, MOIR, A Luchar y Frente Popular, las experiencias colectivas de resistencia civil en medio del conflicto armado, las Juntas Cívicas, entre otras.

Recomendaciones en materia de derecho a la justicia A la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación (FGN) y, en particular, a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH y a la Unidad Nacional de Justicia y Paz, se les recomienda el estudio de los hechos de violencia política en Remedios y Segovia entre 1982–1997, para su posible calificación como crímenes de lesa humanidad. Se recomienda a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación (FGN), y, en particular, a la Unidad de De331


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