Contraloría General de la República
gobierno – industria, una instancia donde los grandes gremios y empresarios se reúnen con la autoridad para presionar la solución de los escollos legales y procedimentales que les obstaculiza la concreción de su interés particular. Es en estos espacios donde se tramitan los intereses privados de los agentes económicos intervinientes pero no necesariamente, o al menos no con su debida prelación, el interés general de los colombianos en materia minera. Recuperar la gobernanza del sector significa, en consecuencia, buscar nuevos consensos que permitan definir una política minera inclusiva y con visión de largo plazo, sobre la base del interés general, enmarcado en la Carta Política de 1991 y el desarrollo integral, en línea con el ordenamiento ambiental y territorial, y subordinada a los derechos fundamentales de los colombianos. Recuperar la gobernanza significa romper con el exclusivo interés rentístico del Estado en la explotación de los RNNR y con las presiones de los gremios mineros y de las grandes compañías, incluso de capitales de procedencia dudosa, que han intervenido indebidamente en las decisiones de política minera, mientras logran ganancias extraordinarias con los RNNR del país y se hacen a su control de largo plazo.
II. Construcción de las bases de una nueva política minera Se reconoce el aporte de la minería al Producto Interno Bruto (PIB), a las finanzas públicas vía impuestos y a las arcas territoriales gracias a las regalías, y a la generación de empleo (que, sin embargo, no es tan importante comparado con otros sectores de la economía por su muy elevada intensidad de capital). El gobierno nacional, los gremios mineros y las grandes empresas se han encargado de reiterar hasta el cansancio también su aporte a las exportaciones y a la inversión extranjera orientada al sector. Pero desde que empezó el auge de los precios internacionales y el desbordamiento de la actividad minera, especialmente del carbón, níquel y oro, se ocultó su escaso aporte al desarrollo económico y bienestar social y se mantuvieron ocultos los impactos o externalidades negativas causadas por esta actividad, hasta que en los últimos años, cuando los mismos no se pudieron ocultar bajo el manto de la Responsabilidad Social Empresarial o la fuerza represiva del Estado, salió a flote la enorme conflictividad que ha generado el sector bajo el modelo extractivista predominante. El marco general para una nueva política minera al servicio del país debería tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Planeación, racionalidad y visión de largo plazo. Los minerales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad y seguirán siendo estratégicos para las próximas generaciones. En esa medida y dada su condición de no renovabilidad, es indispensable planear su uso y aprovechamiento en el marco del desarrollo integral, con una visión de largo plazo, de manera racional y en línea con el interés general de la Sociedad. Una nueva política
Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista
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