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INFORME ESPECIAL
Domingo 20 de octubre de 2013
OSCAR ACTIS Historiador
espués de un año y medio de dictadura, la escena no resultó extraña a los atemorizados vecinos del barrio porteño de Once. El reloj de Federico Manuel Vogelius, conocido como Fico por sus amigos, marcaba poco más de las cuatro de la tarde cuando, en la calle San Luis entre Pueyrredón y Boulogne Sur Mer, fue interceptado por un grupo de hombres que se identificaron como policías.Vogelius era dueño de la fábrica de laminados plásticos Decopal S.A., en San Nicolás, y de otras empresas. Fue propietario de una cerealera, varias madereras, una fábrica de tintas y otras de verduras deshidratadas, de laminación de aluminio y de confección de muñecas. Entre marzo de 1973 y agosto de 1976 había sido editor y sostén económico de la revista política y cultural Crisis, de gran trascendencia nacional e internacional. Además de su actividad empresarial, tenía una conocida pasión por el arte y poseía una importante colección de obras y documentos históricos originales. La acción dura pocos segundos, el tiempo necesario para que los secuestradores lo encapuchen y lo metan en el asiento trasero de un auto. Minutos después, mientras el vehículo se aleja con rumbo desconocido, un Vogelius ciego y aterrorizado escucha la primera pregunta de sus captores: “Vos valés mucha guita, ¿a quién tenemos que hablar para pedirle un millón de dólares?”, le dice uno de ellos. Vogelius les da los números de teléfono y el nombre de Juan Carlos Abatte, gerente de su empresa. Poco después, fuera de los límites de la Capital Federal, el auto se detiene. Lo sacan del asiento trasero del auto y lo meten a los empujones en el baúl. En el trayecto hacen una parada de 15 minutos y los secuestradores abren el baúl. A través de la capucha, Vogelius identifica que, por el tipo de construcción, se encuentra en una dependencia militar. Supone que está ubicada en la zona de Ezeiza. Mientras se encuentra en ese lugar se le acerca otro individuo que, ignorante de los motivos del secuestro, se burla de él: –Así que sos montonero. ¿Te creés Firmenich? –¡No! –responde–. Yo estoy por plata. Me pidieron un millón de dólares. El sujeto se vuelve e increpa a los secuestradores: –¡Entonces me quieren currar! En esa parada le sacan todas sus pertenencias. Reinician el viaje y mientras permanece en silencio en el baúl del coche, escucha que uno de sus captores pregunta: –Principal, ¿no se habrá desmayado? –En ese baúl no se murió nadie –responde otro de los hombres. Antes de llegar a destino, el mismo individuo vuelve a preguntar: –Principal, ¿quién se queda esta noche? A Vogelius lo llevan a un establecimiento de campo, le quitan la capucha y queda al cuidado de dos hombres. Pasa la noche en ese lugar y observa que la finca se dedica a la cría de cerdos. A la tarde del día siguiente, el 30 de septiembre, lo trasladan, nuevamente metido en el baúl del auto, y lo encierran en la habitación de una casa. El lunes 3 de octubre simula una descompensación cardíaca y uno de sus custodios sale a comprar los medicamentos mientras queda custodiado por el otro. El que se queda responde al nombre de “Carlitos” y, según las conversaciones que el empresario ha podido mantener con él, se trata de un policía que participa en la lucha antisubversiva. Se trata Carlos Quiero, a quien Vogelius reconocerá mucho más adelante, cuando ambos estén presos a disposición del Cuerpo I del Ejército, en Palermo. Le pide permiso a “Carlitos”para ir al baño y se escapa por una ventana. Se refugia en una carnicería que está frente a la casa de su
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RESPONSABLE. EL GENERAL SUÁREZ MASON FUE EL COMANDANTE DEL CUERPO I DE EJÉRCITO EN EL MOMENTO DEL SECUESTRO.
DELITOS ECONÓMICOS DE LESA HUMANIDAD
El “botín de guerra” de los militares argentinos a apropiación de Papel Prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con las Fuerzas Armadas golpistas y utilizando las herramientas del terrorismo de Estado es, quizás, el caso más conocido entre los delitos de lesa humanidad con fines económicos cometidos durante la última dictadura. El despojo de las acciones de Papel Prensa sufrido por el Grupo Graiver formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, requerían no sólo una prensa silenciada por la censura, sino medios cómplices de sus políticas de vaciamiento del país y de sus acciones criminales en el contexto de lo que llamaban “lucha contra la subversión”. Como pago por cumplir esa tarea, Clarín, La Nación y La Razón recibieron –además de la pauta publicitaria de rigor– el monopolio de la producción del papel de diario, una suerte de dictadura contra la li-
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DANIEL CECCHINI Y ALBERTO ELIZALDE LEAL politica@miradasalosur.com
bertad de expresión. Las consecuencias de esa apropiación afectan, todavía hoy, la vida de los argentinos. Sin embargo, más allá de su visibilidad y de su impacto sobre la vida política del país, el caso Papel Prensa es apenas uno entre centenares de delitos similares, que ponen en evidencia el costado menos conocido del plan de los dictadores y sus socios civiles: el de su propio enriquecimiento ilícito, perpetrado también mediante el terrorismo de Estado. Al escribirse estas líneas, en la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya se han identificado con precisión 253 de esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas con fines económicos. Acciones que incluyeron desapariciones, secuestros extorsivos, falsificación de escrituras y otros documentos, además de la apropiación y, en algunos casos, la destrucción de empresas. Asimismo, por orden directa de sus jefes máximos –y en ocasiones
también por iniciativa propia, aunque siempre con la protección de sus superiores–, los grupos de tareas integrados por militares, policías y civiles cometieron estos delitos en beneficio de sus miembros operativos, como parte de un supuesto “botín de guerra”. La investigación y la necesaria judicialización de estos crímenes es todavía, en gran parte, una enorme deuda de la democracia, que en la casi totalidad de los casos aún no ha logrado juzgar y castigar a sus responsables ideológicos y materiales. Eso ha impedido, también, brindar una justa reparación a sus víctimas. Por tratarse de delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción posible, aunque hayan sido cometidos hace ya más de tres décadas. Con la publicación de la investigación sobre el secuestro extorsivo y la posterior detención a disposición del PEN del empresario y editor de la revista Crisis, Federico Vogelius, Miradas al Sur inicia –con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora– una serie de notas que tiene como objetivos poner en conocimiento del público estos crímenes, hacer conocer a las víctimas e identificar a sus perpetradores
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