Econo
POLÍTICA Y ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA
ALIANZA DEL PACÍFICO
EXPROPIACIÓN SIN LÍMITES
FRENO AL NEOLIBERALISMO
La nueva era del capitalismo dependiente. Una visión de control y reordenamiento territorial integral, de control de procesos y de riquezas de los países signatarios.
El gobierno de Perú impuso su quinto paquetazo normativo en menoscabo de los derechos de propiedad y posesión de las comunidades campesinas y nativas y del pueblo en general.
La central única de trabajadores PITCNT y el plenario del oficialista Frente Amplio impidieron que el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez firmara el TISA, impulsado por EE.UU.
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CUADRO DE EDILSON ARAUJO
NOVIEMBRE DE 2015 NÚMERO 9 DIRECCIÓN GENERAL ARAM AHARONIAN Y CARLOS ALBERTO VILLALBA
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SUDAMÉRICA, A DIEZ AÑOS DEL NO AL ALCA
MODELOS DE INTEGRACIÓN
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a Alianza del Pacífico (AP) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) representan combinados más del 80% del comercio exterior regional, así como de su población, y más del 90% de su producto interno bruto (PIB) y de sus flujos de inversión extranjera directa, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El documento “La Alianza del Pacífico y el Mercosur. Hacia la convergencia en la diversidad” fue presentado a los gobiernos del continente como contribución al seminario Diálogo sobre la Integración Regional: la Alianza del Pacífico y el Mercosur, que se desarrolló en Santiago de Chile bajo la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. El informe destaca que ambas agrupaciones cuentan entre sus miembros a las siete mayores economías de América latina y el Caribe, según tamaño de su PIB (en 2013, en orden decreciente): Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú. La Alianza del Pacífico (AP) está compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, mientras que el Mercosur lo conforman Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En 2013, el comercio total entre ambos grupos de países alcanzó los 47.400 millones de dólares, con exportaciones de la Alianza del Pacífico al Mercosur de 23.700 millones de dólares, monto muy similar al de los envíos del Mercosur a la Alianza, agrega el documento. Dados los actuales niveles de intercambio, la Cepal señala que la convergencia entre la AP y el Mercosur no sólo traería beneficios para sus países miembro, sino que constituiría una oportunidad histórica para avanzar hacia una verdadera integración regional. “Un proceso de integración de características regionales parece, pues, más adecuado a los signos de los tiempos y a las exigencias del cambio estructural en pro de la igualdad en América latina. La gradual convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur podría constituir un catalizador decisivo de ese proceso”, señala Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. América latina y el Caribe muestran una situación de estancamiento en materia exportadora desde fines de los años noventa, ya que su participación en las exportaciones mundiales ha fluctuado entre 5% y el actual 6%, pese a los altos precios registrados por varios de los productos básicos exportados por la región durante la mayor parte de la década pasada. Además, muestra una baja inserción en n la economía del conocimiento ya que destinó en promedio 0,84% del PIB regional entre 2005 y 2012 a investigación y desarrollo (I+D), aunque el gasto
en esta área en casi todos los países de la región (excepto Argentina y Brasil) fue inferior a 0,5% del PIB. Según el organismo de las Naciones Unidas, una integración final de todas las subregiones de América latina y el Caribe debiera ser el norte que guíe los esfuerzos de las distintas agrupaciones y foros en los próximos años. Además, una acción regional concertada permitiría fortalecer la voz de la región en los principales encuentros de debate mundiales y en sus relaciones con otros actores relevantes del sistema internacional. Para ello, la Cepal propone a los países una agenda de trabajo que fomente la integración regional centrada en los siguientes puntos: facilitación del comercio, tanto intrarregional como con el resto del mundo; movilidad de personas; ciencia, tecnología y prospectiva; sostenibilidad; transporte; energía; política industrial; y aproximación conjunta a Asia Pacífico, entre otros. Además propone que tanto los esquemas de integración como las organizaciones empresariales –y en especial las empresas translatinas– mejoren el diálogo mutuo para promover cadenas de valor regionales o subregionales competitivas. Visión de control y reordenamiento
Los países que integran la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile, caracterizados por ejecutar modelos económicos de acento neoliberal), claramente funcionan como aliados de Estados Unidos, reciben beneficios bajo la forma de ayuda y, en el caso colombiano, explica Ceceña, cumple parte de las funciones que antes era asumida directamente por personal estadounidense. La Alianza para el Pacífico es una figura específica de control territorial de una cierta región del mundo, de
ciertos procesos y de ciertas riquezas. Muy particularmente es el brazo territorial para avanzar, lo que no lograron concretar con ALCA, en un corredor de seguridad para Estados Unidos que constituye una amenaza para otros procesos en la región. Si uno observa con atención, la Alianza del Pacífico pasa por en medio de los países del ALBA, con lo cual busca romper su articulación territorial. Es muy claro lo que se está buscando ahí, además que es la constitución de un mercado específico, pero sobre todo es una visión de control y de reordenamiento territorial integral no sólo para la producción y el comercio sino para modificar reglas del juego, incluso sentidos geográfico-políticos que vienen del siglo XX y que para la concepción dominante no son los más adecuados para el siglo XXI. En la perspectiva de esta alianza, por qué seguir manteniendo estos países de la región si es mucho más funcional pensado por ejemplo, desde la visión de Iirsa, agrupar de otra manera porque este proyecto de Integración de la Infraestructura Suramericana está marcando otras fronteras. Dominación de espectro completo
Para la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, la “dominación de espectro completo” es una visión integral que lo que proclama es que no se puede dominar algo o tener la supremacía si no se empieza desde la conciencia. “Es decir, la idea es que lo importante es transmitir y universalizar una acción del mundo y esa visión contempla tanto aspectos simbólicos, ideológicos, culturales como materiales. Es entonces la visión del campo de batalla, de la competencia, la visión del progreso que tiene implícita la guerra, pero la guerra no tiene solamente una vertiente militarizada o bélica sino que es guerra económica
y cultural. Justamente, el gran logro desde la perspectiva de los tanques pensantes del Pentágono es que han entendido esto, porque además han sido derrotados por estas razones, como sucedió en Vietnam y en otros lugares donde tuvieron problemas por la falta de comprensión y comenzaron a darse cuenta de que todo debe ir por la misma ruta, que es un solo proceso de dominación y, por lo tanto, debe abarcar todas las dimensiones”, señala. Para ello se debe determinar cómo se alimenta la población, cómo se divierte, cómo vive, cómo piensa, cómo trabaja, para articular todo el despliegue capitalista en el terreno de la alimentación con los transgénicos, con la comida rápida o chatarra, etcétera, lo cual constituye simultáneamente un modo de vida y también una adecuación de los cuerpos, porque están ocupando el territorio corporal que es lo más íntimo. Hay, al mismo tiempo, una ocupación de territorios geográficos y mentales, con lo cual se está trabajando en todos los terrenos al mismo tiempo. Creo que la hegemonía de Estados Unidos es algo que está en discusión, que está siendo disputada, que en ciertos sentidos muestra signos de deterioro, pero todavía no se pierde. Como la hegemonía es precisamente esta universalización de visión del mundo y no una imposición de fuerza, aunque se hace con imposición de fuerza, ese modo de vida americano es algo que está muy presente y aún no se pierde, además, porque no se ha inventado un modo de vida chino o un mundo de vida islámico que sustituya al “American way on life”, y mientras eso no ocurra ellos tienen condiciones usando la fuerza, la tecnología y todos sus recursos para mantener esa hegemonía sobre el planeta
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ALIANZA DEL PACÍFICO LA NUEVA ERA DEL CAPITALISMO DEPENDIENTE ULISES NOYOLA RODRÍGUEZ
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a Alianza del Pacífico cumple cuatro años de existencia después de la Declaración en Lima en 2011. Los países miembro (México, Chile, Colombia y Perú) acordaron en dicha reunión los siguientes objetivos: 1) facilitar el libre tránsito de personas; 2) aumentar el comercio intrarregional y la cooperación aduanera; 3) apoyar la integración financiera por medio de la conexión de las bolsas de valores; 4) crear mecanismos para resolver los problemas de la integración regional. La política comercial de la Alianza del Pacífico está inspirada en el regionalismo abierto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El regionalismo abierto postuló que las economías abiertas favorecerían la competitividad de los sectores orientados al exterior y que los proyectos de integración apoyarían la integración productiva de las economías latinoamericanas. Las empresas trasnacionales de la Alianza del Pacífico fueron apoyadas mediante la liberalización de las transacciones comerciales y financieras a partir de la década de 1990. De esta manera, las políticas de industrialización fueron reemplazadas por el régimen neoliberal que socavó las perspectivas de desarrollo de la región. Por otro lado, los países miembro liberalizaron 92% del comercio intrarregional como parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico firmado en 2012, mientras que la parte restante se liberalizará gradualmente hasta 2030. Sin embargo, la integración productiva de la Alianza del Pacífico permanece estancada, ya que el comercio intrarregional representa 3,5% del comercio total, proporción insignificante en comparación con las transacciones comerciales intrarregionales de Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea que representan 15% y 66% del comercio total, respectivamente. Por otro lado, la Alianza del Pacífico no llevará a cabo medidas para fortalecer el mercado interno, factor que desfavorece la integración productiva. El salario mínimo de los miembros no experimentó cambios significativos desde 2009, debilitando la recuperación de las economías nacionales. Además, la ausencia de mecanismos de financiamiento tales como bancos de desarrollo, fondos estructurales, proyectos de inversión comunes señalan el desinterés de la Alianza del Pacífico por implementar medidas que favorezcan la integración regional. Las prioridades
La prioridad de la AdP es encontrar nuevos mercados en expansión a causa de la baja rentabilidad que genera el mercado interno para las grandes empresas trasnacionales. De esta manera, los miembros de la Alianza del Pacífico desean profundizar las relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico. Los países de la organización buscan crear nuevas relaciones comerciales centradas actualmente en Estados Unidos, que concentró 60% de las exportaciones totales en 2013, debido principalmente a la estructura comercial de México con Estados Unidos Sin embargo, las negociaciones serán difíciles debido a la oposición de Estados Unidos al ascenso de los países asiáticos con el papel predominante de China que propuso una zona de libre comercio en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), incluyendo a los miembros de la Alianza del Pacífico en noviembre de 2014. El establecimiento de esta zona de libre comercio está obstaculizado por el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que excluye a China con el fin de blindar a la Alianza del Pacífico ante el inminente ascenso del gigante asiático en Latinoamérica, reforzando la hegemonía de EE.UU. La consolidación de la Alianza del Pacífico dependerá de la evolución del papel geopolítico de Washington en América latina. La estrategia norteamericana pretende aprovechar la debili-
dad de los procesos de integración y la escasa voluntad política de Brasil de liderar el desarrollo de la región. De esta manera, Estados Unidos busca aumentar la influencia de la Alianza del Pacífico en América latina con el objetivo de desarticular los proyectos de integración y cercar a los países latinoamericanos que mantienen una política antiimperialista contra los intereses de Washington en Latinoamérica. Por otra parte, la AdP decidió establecer negociaciones con los miembros del Mercosur sin desafiar el rol geopolítico de EE.UU. en la región. El interés reciente de Chile por estrechar los vínculos comerciales entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur representa el primer intento de proyectar las relaciones comerciales de los miembros hacia el exterior de la organización. Las exportaciones del bloque al Mercosur alcanzaron la cifra de 23.700 millones de dólares en 2013, cantidad que representa 4,2% de las exportaciones totales. La liberalización de las relaciones comerciales entre ambos bloques aumentaría el comercio bilateral en un monto de 8.000 millones de dólares. Las relaciones comerciales entre ambos bloques no son recientes, puesto que las empresas trasnacionales de la Alianza del Pacífico establecieron operaciones en los países del Mercosur a partir de la década de 1990. La expansión geográfica de los grupos de capital incluyen los sectores de materias primas y servicios, con el papel predominante de empresas como América Móvil, Cemex, Falabella, Arauco, Latam. El MILA
La creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) también apoya la expansión de las empresas trasnacionales por medio de la integración financiera de los países miembro. La implementación del MILA consistió en la negociación de activos de renta variable de las empresas de mayor capitalización en las plazas financieras de los cuatro países. La incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores al MILA creó la plataforma financiera de mayor importancia en América latina con una capitalización de mercado de 1.100 millones de dólares superando a la Bolsa de Sao Paulo de Brasil en 2014 (BID, México se integra al Mercado Latinoamericano Integrado, 2014, http://bit. ly/1Pq9M8k). Por lo tanto, la implementación del MILA intentó apoyar la proyección de las Bolsas bursátiles de la Alianza del Pacífico, acción que intensificó la competencia entre las Bolsas de valores más importantes de América latina. Sin embargo, la implementación del MILA estuvo precedida por la contracción del comercio mundial, la
caída del precio de las materias primas y la reducción de la inversión extranjera en América latina. De esta manera, la caída de rentabilidad de las empresas trasnacionales de la Alianza del Pacífico está representada en la pérdida acumulada del índice S&P MILA Pacific Alliance Select (índice que mide el rendimiento de las empresas de mayor capitalización de la Alianza del Pacífico) de 20,92% desde su lanzamiento en julio de 2014. La caída de la Bolsa Mexicana de Valores fue la más representativa, ya que posee el mayor peso en el MILA. El gobierno mexicano continuará llevando a cabo operaciones significativas en el mercado de divisas para estabilizar el peso mexicano y facilitar los flujos de inversión intrarregionales. Las operaciones de subastas de dólares del Banco de México fueron insuficientes, ya que el peso mexicano acumula una depreciación anual de 17% . La devaluación de las monedas afectó significativamente la Alianza, ya que los miembros deben soportar el déficit en cuenta corriente por la apertura desmedida de las economías nacionales. En consecuencia, la descapitalización de las finanzas públicas aumentó con el encarecimiento de las importaciones. Además, los países de la Alianza del Pacífico están dispuestos a emprender acciones para equilibrar los saldos negativos de las finanzas públicas con el fin de fortalecer la confianza en los mercados financieros internacionales. De esta manera, la coordinación de la política fiscal será realizada en detrimento de las economías nacionales. Por otro lado, los miembros de la Alianza del Pacífico acordaron avanzar en ampliar la variedad de los instrumentos negociados en la última reunión en marzo del año en curso. El MILA podría empezar a negociar activos de renta fija que incluyen las obligaciones de los gobiernos nacionales y mayores instrumentos de las grandes empresas. No obstante, las perspectivas son desfavorables ante la posibilidad del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que seguramente afectará las bolsas de valores en América latina. De este modo, las consecuencias negativas de la dependencia financiera de las economías de la Alianza del Pacífico aparecerán con el ascenso del dólar y las instituciones financieras de Washington. En conclusión, la Alianza del Pacífico afianzó la nueva era de los proyectos de integración que apoyan la internacionalización de los grupos de capital, sin aportar ningún beneficio a las clases populares en América latina. La dependencia de las economías de la Alianza del Pacífico se profundiza y pretende aumentar su influencia en Centroamérica con la posible incorporación de Panamá y Costa Rica
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QUINTO PAQUETAZO NORMATIVO EN PERÚ
LA EXPROPIACIÓN SIN LÍMITES
LUIS HALLAZI Sociólogo, Celag
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n junio último, el Poder Ejecutivo, a través de la Ley 30.335, solicitó al Congreso facultades legislativas que permitan crear leyes en materia económica, financiera y administrativa. En el transcurso de ese tiempo se aprobó el Decreto Legislativo 1.192 y, semanas después, una modificación del mismo, a través del Decreto Legislativo 1.210. Consumando de esta manera el quinto paquetazo normativo en menoscabo de los derechos de propiedad y posesión de las comunidades campesinas y nativas, pero también de todos los peruanos y peruanas. Recordemos que, con el gobierno del presidente Humala, desde mayo del 2013 se vienen aprobando diferentes normas denominadas paquetazos –contándose cuatro hasta el momento– cuyo principal objetivo ha sido impulsar las inversiones públicas y privadas a partir del debilitamiento del marco normativo que garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos. Esto comprende principalmente el debilitamiento de derechos medioambientales y territoriales de todos los ciudadanos pero, además, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de más de 10 mil comunidades campesinas y nativas dueños de casi un tercio del territorio peruano. Estas reformas establecidas por el Poder Ejecutivo tratan de justificarse a partir de la desaceleración económica. Para eso, el Ministerio de Economía y Finanzas diseña y promueve paquetes normativos que flexibilizan las normas administrativas ambientales y territoriales para, supuestamente, hacer más atractivo el flujo de inversiones en el país; ignorando una lectura que desde hace mucho advertía una desaceleración económica por factores externos. Por ejemplo: depreciación de las materias primas (cobre, oro, zinc, plata), caída de los precios de petróleo etc. En un Estado con una débil institucionalidad, el gobierno ha optado por poner en movimiento una reforma legislativa que liberaliza aún más las reglas de juego en materia de acceso a la tierra, yendo más allá de nuestra Constitución de conocida base neoliberal.
¿Qué dice el DL 1.192?
El decreto aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias, y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Esto quiere decir, principalmente, que instaura un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado. Tener un solo marco legal ante la dispersión de normas que se venían aprobando es saludable; hacerlo principalmente para impulsar las inversiones y las asociaciones público-privadas, apartando a los jueces que son los que garantizaban y resolvían un proceso expropiatorio, no sólo es un error sino un acto que contraviene el ordenamiento jurídico. Debemos conocer y entender que la expropiación constitucionalmente es una norma de excepción, así lo determina nuestra Constitución en su artículo 70 cuando menciona que “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza” y seguidamente dice “a nadie se le puede privar de su propiedad sino por causa de seguridad nacional o necesidad pública (...)”. El Decreto 1.192 busca normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional. Por tanto, los procesos expropiatorios se incrementarán a partir de una ley que declare su necesidad pública, definición ésta de acuerdo con los criterios de la administración de turno. Con lo que la necesidad o interés públicos carecen de límites claros, hoy un proyecto de inversión privada o asociación público-privada, que requiera de tierras urbanas o rurales, puede acudir a un ministerio, un gobierno regional o local a tramitar una expropiación mediante un procedimiento expedito, puesto que la actual ley tiene plazos fijos y cortos que ante cualquier obstáculo termina con una ejecución coactiva. De esta forma, la expropiación de un inmueble casi se convierte en otro modo común más de adquisición de la propiedad. Al ser una norma marco, este decreto ley deroga la Ley 27.117, Ley General de Expropiaciones, la Ley 27.628, que facilita la ejecución de obras públicas viales, y recientemente la Ley 30.025, norma que ya facilitaba la expropiación y que formó parte del
primer paquetazo. De la misma forma, deroga los artículos 29 al 37 de la Ley 30.327, conocida como el cuarto paquetazo. Estamos, pues, ante una suerte de compendio expropiador. Además, la norma no hace ninguna diferenciación entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural. Ahí está el enorme riesgo para los territorios de pueblos indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad, puesto que las comunidades no tienen cómo acreditar su derecho de propiedad, pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales georreferenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se torna en un derecho inseguro. Pero además, el DL1.192 en muchos de sus 44 artículos utiliza una redacción ambigua como en el artículo 1, donde menciona que la aplicación de la norma es para la ejecución de obras de infraestructura y en el artículo 24.1 indica que esta norma rige todas las expropiaciones a que se refiere la Constitución y el artículo 928 del Código Civil; generando confusión, utilizando la misma técnica legal de la Ley 30.230 (segundo paquetazo). La cereza del paquete: el DL 1.210
La cereza en este paquete está en que después de tres semanas de aprobado el decreto, apareció uno nuevo. Nos referimos al DL 1.210, cuyo único artículo modifica la décima disposición complementaria del DL 1.192, que excluía las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios. En esta modificación, de manera tramposa, se retira lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, quedando en evidencia lo que está detrás de esta norma. En suma, estamos ante un decreto que constituye un grave atentado contra la, ya de por sí precaria, seguridad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Este decreto no sólo afectará a las comunidades, sino también a toda la ciudadanía, puesto que, contrario al espíritu constitucional, se abre la puerta para que las expropiaciones puedan ser utilizadas indiscriminadamente para incentivar la inversión como parte de una supuesta necesidad pública de todas y todos los peruanos
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¿QUÉ FRENA LA ECONOMÍA CHILENA? SEBASTIÁN ZARICUETA CABIESES Punto Final
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a desaceleración de la economía chilena, lejos de morigerarse, sigue profundizándose. Las últimas cifras muestran que durante el segundo trimestre se expandió a una tasa anual de solo 1,9%. Lo que impide hablar de crisis es que la economía no se ha contraído. Todavía exhibe tasas de crecimiento débiles pero positivas. Como ha sido la tónica desde que se inició la desaceleración, el gasto del gobierno atenuó en parte la ralentización, y también la inversión en construcción y obras. En cambio, componentes como las exportaciones y el gasto de los hogares en bienes durables se contrajeron con respecto a hace un año. Entre los sectores que impulsaron el crecimiento estuvieron el agropecuario-silvícola, construcción, comunicaciones, servicios financieros, servicios personales y administración pública. En tanto que minería, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, comercio y transporte prácticamente no registraron avance con respecto a igual período de 2014. Con todas estas señales, el Banco Central, en su Informe de Política Monetaria de septiembre, corrigió a la baja las proyecciones de crecimiento de la economía para este año, que se situaría entre 2 y 2,5%. Persiste la caída de la inversión
Especial atención merece la evolución de la inversión. El gasto total en capital fijo anotó una caída anual del 3%. Esta cifra significa que el gasto en bienes de capital e infraestructura del conjunto de la economía no logra siquiera reponer el desgaste sufrido en el transcurso de un año. El volumen total de medios de producción de la economía se ha estado contrayendo persistentemente.
El componente de maquinaria y equipos de la inversión es el que mejor acusa los efectos de la desaceleración. Anotó una caída anual de 15,9%. Con este registro ya son ocho trimestres consecutivos de contracciones anuales, desde que se iniciara la desaceleración a mediados de 2013. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Qué está ocurriendo en la coyuntura que hace que los capitalistas retiren sistemáticamente sus recursos de la actividad productiva? ¿Por qué las ganancias que obtienen no refluyen hacia la producción de nuevos bienes y servicios? Nuestra hipótesis sitúa el origen de este fenómeno en una caída general de la rentabilidad en la economía chilena. Se-
gún información de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), durante el segundo trimestre las ganancias operacionales de las principales empresas, excluyendo las del sector bancario, cayeron en alrededor de 15% con respecto a igual período de 2014. Junto con el volumen de ganancias también los márgenes sobre ingresos se redujeron. Se asiste a un deterioro general de las condiciones de valorización del capital. Por eso no resulta convincente la explicación de la desaceleración por la implementación de cambios tributarios, ya que sus efectos son de segundo orden dentro de una tendencia que ya venía operando en la base de la economía. El deterioro de la rentabilidad explica
la persistencia de la caída de la inversión y la ralentización de la actividad, y no la ocurrencia de hechos puntuales (heladas, sequías, inundaciones, terremotos, entre otros). La agudización de este fenómeno permite entender el rápido desmarque que tuvo el gran empresariado de los aires reformistas del gobierno, que en un primer momento parecía suscribir. En síntesis, el actual escenario económico se debe entender como un ciclo generado internamente por el propio funcionamiento de la acumulación capitalista en Chile, en cuya base entran a jugar la inserción subordinada de ésta en el mercado internacional y su dependencia de la dinámica de los grandes centros de acumulación mundial
Repercusiones de la caída de la inversión a consecuencia más inmediata de la caída de la inL versión es que, como componente de la demanda, contribuye a una disminución en las tasas de crecimiento actual de la economía. Una caída de 10% de este componente trae asociada una reducción directa de 2,5% del PIB, sin considerar los efectos indirectos que terminan por amplificar esta cifra. Hasta ahora, el vacío dejado por la inversión ha sido mitigado por el aumento de otros componentes, en especial el gasto del gobierno. Sin embargo, la inversión tiene la cualidad de alterar la capacidad productiva de la economía. Su caída no solo afecta las posibilidades de crecimiento hoy, sino también las del futuro. En esta línea, el Banco Central actualizó las estimaciones de crecimiento de mediano plazo. Para el quinquenio 2016-2020 el potencial de crecimiento de la economía sería de 3,5%, menor a lo previsto en proyecciones anteriores. Precisamente una de las razones de esta baja cifra es el “menor crecimiento previsto del stock de capital”. A su vez, la menor disponibilidad de medios de pro-
ducción limita seriamente la capacidad de la economía de absorber una mayor cantidad de mano de obra. Es por esto que la expansión de la ocupación se ha reducido sensiblemente con la desaceleración de la economía. En rubros como la minería y la construcción, en que la reducción de la actividad inversora ha sido más fuerte, se registran contracciones en los niveles de ocupación en relación con 2013 y 2014, cuya implicancia es el estancamiento en el corto y mediano plazos de los niveles de productividad de la economía. Esto impacta directamente en las posibilidades de expansión de los salarios. En efecto, las estadísticas oficiales indican una sensible desaceleración del crecimiento de los salarios reales en los últimos años. Este cuadro resulta coherente con las estrategias de recomposición de los niveles de rentabilidad. Es natural que ante un escenario de baja en las utilidades y reducción de la actividad económica, los capitalistas apunten a recuperar el terreno perdido por la vía de una racionalización de los procesos productivos, donde los trabajadores son los primeros en soportar los costos del ajuste
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CAPITAL NATURAL
MÉXICO Y LA PESADILLA DE LOS PARAÍSOS FISCALES
UNA METÁFORA PELIGROSA ALEJANDRO NADAL
D ALEJANDRO VILLAMAR*
atinoamérica y el mundo en deL sarrollo sufren cada día un peor flagelo que el hambre y la pobreza, la sangría de los flujos financieros ilícitos que están socavando las bases para el desarrollo de los países. El espacio latinoamericano se distingue del resto del mundo no sólo por su nivel de desigualdad social, sino también por la cantidad de capitales financieros que se han fugado por vías ilegales e ilegítimas, pero, como recuerda una vieja canción: “Como México no hay dos”. El promedio anual de la suma de fuga ilícita de capitales de México (102 mil millones de dólares) se ubica en el tercer lugar de la lista mundial (sólo precedido por China y Rusia); es también la hemorragia más grande de todos los países de América latina y el Caribe; su valor es mayor al PIB de 26 de los 32 países y casi la suma del PIB de todos los países de Centroamérica. Esta fuga de capitales equivale al 10,5% del valor promedio del PIB de México, para el período 2003-2012, y comparativamente con Brasil, segundo país con la mayor fuga de capital de América latina y el Caribe, la fuga es más de dos veces el tamaño de la fuga brasileña. Una parte fundamental de la fuga ilegal de capitales en México la constituyen los 44 mil millones de dólares, promedio anual, derivados de la falsificación (o alteración subvalorando o sobrevalorando) de facturas con respecto al valor real de bienes o servicios del comercio internacional, conocidos como precios de transferencia. Esta fuga de 44 mil millones es equivalente al 8,3% valor total de comercio internacional (532 mil millones de dólares en exportaciones más importaciones) que hacen al espacio de México primera plataforma comercial del subcontinente, o 34,5% del total del comercio de América latina y el Caribe. Obviamente, este volumen está dominado por capital transnacional, sobre todo en las ramas de manufactura de productos eléctricos-electrónicos, automotriz y aparatos mecánicos (55% del total). En términos comparativos con Brasil, segundo exportador en la lista latinoamericana, aunque el volumen absoluto promedio de la fuga por precios de transferencia (20 mil millones) es un poco menos de la mitad de la fuga de
México, su proporción es 6,9% respecto del valor promedio del comercio. Reto de la hemorragia hacia el interior
En términos comparativos internos, la fuga de capitales ilícitos (10,5% del PIB) es un poco más de la mitad del porcentaje de recaudación tributaria gubernamental (18,2% del PIB), y 3,7 veces mayor al gasto en seguridad social (2,8% del PIB), el doble del gasto en educación (5,1% del PIB). O mayor que el saldo de deuda pública. Si tan sólo se redujera a la mitad el actual volumen de fuga ilegal de capital, México podría disponer de mayores recursos fiscales para subsanar el déficit presupuestal, ampliar y mejorar los servicios públicos, e iniciar, por ejemplo, “cerrarle la llave” a una de las fuentes de los delitos patrimoniales y del crimen institucionalmente organizado. Para esos propósitos, México tendría que adoptar una política de control, regulación y transparencia de los flujos de capital, y de auditoria real de los flujos comerciales y de control de las actividades del crimen organizado; así, la recuperación fiscal del flujo de capitales fugados también podría ser una buena base para enfrentar el gravísimo problema de descapitalización de los fondos de pensión y jubilación, o del amenazante nivel alcanzado por la deuda pública: 32,7% del presupuesto federal (4,5 billones de pesos saldo interno, 81 mil millones de dólares saldo externo). La descapitalización de esos fondos, o el crecimiento de la deuda pública, producto de una compleja mezcla de corrupción, imprevisión presupuestaria y erróneas políticas fiscales y de gasto, significa restar fondos a los ya de por si erosionados servicios públicos y pretexto para profundizar endeudamiento externo y privatización de obligaciones gubernamentales, mediante las infames políticas “publico-privadas”. Una vez más, México no sobresale por sus éxitos en desarrollo, justicia y democracia, sino en políticas antipopulares y corruptas que impiden enfrentar los problemas sociales y ambientales de los mexicanos. México no es ejemplo de éxitos como presumen sus gobernantes, sino de fracaso para la población y gran negocio ilícito para las corporaciones transnacionales * Miembro de la Red Mexicana frente al Libre Comercio (RMALC).
esde hace dos décadas avanza la idea perniciosa de que la naturaleza es una reserva de activos que producen servicios ambientales y de que a ese reservorio se le puede denominar capital natural. Los promotores de esta idea sostienen que ésta es la forma de lograr que las empresas y los gobiernos valoren de manera adecuada a la naturaleza y comiencen a cuidarla en lugar de destruirla. La idea de que la naturaleza entera, sus ecosistemas y componentes pueden ser equiparados al capital está basada en una profunda ignorancia de la teoría económica. Eso no deja de ser irónico, porque los animadores del capital natural quieren vestir de un ropaje técnico un discurso que conduce simple y llanamente a la mercantilización de la naturaleza. Esta noción de capital natural ha sido adoptada por muchos organismos oficiales y no gubernamentales en el mundo. En México, la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) piensa que el capital natural comprende el conjunto de ecosistemas de nuestro país y los organismos que éstos contienen, ya que por medio de sus procesos naturales generan bienes y servicios ambientales indispensables para la sobrevivencia y el bienestar social y el mantenimiento de la vida como la conocemos (biodiversidad.gob.mx). Esto no es una definición, así que Conabio pasa a informarnos que ese capital natural es comparable a los capitales clásicos (financiero, de infraestructura, etc.) de un país y que constituye el entramado necesario para mantener la actividad productiva generada por los otros capitales. Los promotores de la idea de capital natural ignoran todo sobre el concepto de capital. En especial, parecen no saber que el concepto de capital en teoría económica ha sido objeto de controversias desde el nacimiento de esta disciplina. En el siglo pasado la polémica más importante en teoría económica fue precisamente sobre el concepto de capital. El debate es conocido como las controversias de Cambridge sobre teoría del capital, y giró alrededor de una simple pregunta: ¿qué es ese factor de producción que se denomina capital en la teoría económica neoclásica? Y ese interrogante se desdobla en otra pregunta: ¿el capital es un conjunto de máquinas y medios de producción (físicos y heterogéneos) o es un fondo financiero? Vale la pena sintetizar los términos del debate. Supongamos que el capital está compuesto de un conjunto de máquinas, edificios, herramientas, vehículos, etc. ¿Qué tienen en común estos objetos heterogéneos? Pues que cada uno tiene un precio. Y eso es lo que los autores neoclásicos y tanto aficionado a la economía utilizan para agregar los medios de producción y hablar de capital. Pero ese proceder adolece de una cir-
cularidad fatal. El precio de los medios de producción, por ejemplo, de una máquina, depende de la ganancia que se espera obtener de ellos. Ahora bien, la tasa de ganancia no es otra cosa que el cociente que se obtiene dividiendo la ganancia por el precio de la máquina. Es decir, la tasa de ganancia sólo puede conocerse a través de la agregación (vía los precios) de los medios de producción. Pero esos precios dependen a su vez de la tasa de ganancia. Y en una economía en la que todos los medios de producción son mercancías producidas, el movimiento de precios apareja un sistema caótico en el que no se puede decir nada sobre la cantidad de capital y sobre los procesos de mercado. Para la teoría económica neoclásica esto implica un desastre porque desaparece la posibilidad de medir la intensidad de capital en función de la tasa de ganancia (o la tasa de interés). El movimiento de precios hace imposible la medición del capital: la agregación de los medios de producción a través de sus precios es una quimera. Vale decir que los sacerdotes supremos en el templo de la teoría neoclásica, con Samuelson a la cabeza, aceptaron este resultado. ¿Qué implicaciones tiene esto para la noción de capital natural? Para empezar habría que abandonar la idea de que el capital natural es comparable a los capitales clásicos. Como hemos visto, esos capitales no pueden ser objeto de una medición unívoca en la teoría económica. Así que la idea medular de la noción de capital natural carece de sentido. Hablar de capital natural evoca también un proceso de apropiación y mercantilización aunque los componentes de los ecosistemas no hayan sido producidos para ser vendidos en el mercado y que por eso no tengan un precio. Hoy prolifera una rama de actividad pseudo-científica que consiste en examinar cómo se le puede poner precio a todo lo que hay en la naturaleza. Es el primer paso para crear mercados en los que los ecosistemas y sus componentes serán objeto de transacciones mercantiles. Hay que recordar que la polémica sobre la teoría del capital también demostró que el mercado de capital es caótico. La noción de capital natural no es más que una metáfora peligrosa y no responde a ningún criterio científico o a un imperativo técnico. Pero cuidado, las metáforas tienen una extraña tendencia a adquirir vida propia
Econo Sur S7
24 al 28 de noviembre de 2015
SINDICALISMO URUGUAYO Y FRENTE AMPLIO: ES INCONVENIENTE NEGOCIAR EL TISA
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l Plenario Nacional del gobernante Frente Amplio uruguayo decidió el primer sábado de septiembre que es “inconveniente que Uruguay continúe en negociaciones del TISA”. La votación fue de 117 votos contra 22. La resolución será comunicada al Poder Ejecutivo, que convocará al Consejo de Ministros para tomar una posición final sobre el tema. El Parlamento tendrá la última palabra en la aprobación del tratado internacional en caso de que Tabaré Vázquez decida continuar negociando. El tema generó otra vez una fractura entre jerarcas del Ejecutivo que defienden la participación en las negociaciones del acuerdo, y la posición del Frente Amplio (FA), apenas unos días después de otra fuerte división por la declaración de esencialidad que impuso Vázquez para la enseñanza, que contó con la oposición de gran parte de la fuerza política, después que la central unitaria de trabajadores PIT-CNT paralizara el país en contra de las políticas “antitrabajadores” de Vázquez. En contra del acuerdo se expresaron los sectores mayoritarios del FA: el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (PCU), la lista 711, el Partido Socialista (PS), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande, la Corriente de Acción y Pensamiento - Libertas (CAP-L), la Liga Federal y la mayoría de las bases. Los sectores alineados al neoliberal ministro de Economía Danilo Astori se mostraron a favor de la participación del país en las negociaciones por el TISA. El TISA es un acuerdo global impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea con el objetivo de liberalizar el comercio de servicios como el de las telecomunicaciones, el software, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual y la energía. En América latina, los países que son parte de estas negociaciones ya tienen concretados Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con EE.UU. como con la UE; se trata de México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá. No involucra a economías muy importantes de la región, como Argentina, Brasil y Venezuela. Tampoco están Ecuador ni Bolivia.
El diputado socialista Roberto Chizzaro expresó su preocupación por el carácter secreto de las negociaciones que se llevan adelante en Ginebra por parte de los representantes de Uruguay en la Organización Mundial del Comercio y subrayó que cuando se hacen este tipo de negociaciones confidenciales es para evitar que la sociedad civil aporte y debata. Chiazzaro recordó el caso del TLC con Estados Unidos en que los dueños de laboratorios uruguayos advirtieron sobre el daño que podría hacerle a la industria uruguaya. Ya en 2008 el entonces canciller Reinaldo Gargano se opuso a firmar ese tratado. Recordó que México, antes de firmar el Tlcan con Canadá y Estados Unidos tenía soberanía alimentaria y hoy importa alimentos de EE.UU. por 275 mil millones de dólares. Chiazzaro dijo que el TISA tiene cláusulas negativas por las cuáles se habilita la negociación de todo un ámbito sin explicitar los elementos de intercambio, al contrario de las cláusulas positivas que explicitan los términos del acuerdo y
todo lo que no está mencionado está fuera del acuerdo. El diputado señaló que en caso de una innovación tecnológica que cambie sustancialmente las condiciones de negociación, el acuerdo se mantiene. Además, señaló que se establecen restricciones para modificar régimenes legales, que se buscan acuerdos para compras gubernamentales y servicios públicos, que las diferencias deben dirimirse en un tribunal internacional y no podría acudirse a la Justicia uruguaya, y que se busca desregular el sistema financiero “cuando fuimos a la crisis por la desregulación del sistema financiero”. “Un país de tres millones de habitantes no tiene el peso para enfrentarse a las transnacionales, que están atrás del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea para penetrar con este tipo de acuerdos”, agregó, tras recordar que el Frente Amplio se enteró por la prensa de esta negociación. El diputado Daniel Caggiani señaló que el Mercosur no tiene una participación como bloque ni una discusión al respecto para confluir en una posición. “El Mercosur debe construir y sostener posiciones en común en materia de negociaciones multilaterales de comercio que afectan el desarrollo de nuestras economías. No se debe perder de vista que la estrategia de negociación en bloque del Mercosur con otros bloques tiene que ser potenciada mucho más de lo que está en la actualidad, con el escenario económico global que estamos viviendo”, dijo. “Desde el Mercosur tenemos que plantearnos diferentes tipos de negociación y diálogo político, con bloques como los BRICS, con países del sur de África, con los países del Caribe y Centroamérica, entre otros”, añadió. El canciller, Rodolfo Nin Novoa, durante una conferencia ante empresarios, señaló que la salida del TISA en medio de la negociación puede generar en el futuro
una exclusión de Uruguay para negociar otros acuerdos. Añadió que la última palabra será del presidente y “alertó” que salir de inmediato del acuerdo perjudicará la diplomacia de Uruguay. Desde la oposición se respaldó al gobierno de Tabaré Vázquez para que siga negociando y se apelará a que la resolución salga del Parlamento, donde voten sectores de todos los partidos, con el objetivo de derrotar la postura mayoritaria del FA. El senador colorado y ex candidato presidencial ultraconsrrvador Pedro Bordaberry llamó al bloque astorista a juntarse para aprobar esa postura. “Si sumamos los sectores (astoristas) del FA, los del PN (Partido Nacional) y los del PC (Partido Colorado) que queremos que se siga negociando somos el 70% del Uruguay”, escribió en su cuenta de twitter. El senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga indicó que “Vázquez pierde los trenes y el país las oportunidades. Sería un error estratégico abandonar esta etapa de negociación de TISA”. Agregó que es necesario “hacer primar el interés nacional, no una ideología” y advirtió que el “TISA es un Tratado, debe pasar por el Parlamento y allí es donde se ratifica o no”. El diario El Observador, vinculado al Opus Dei, redobló su campaña a favor del TISA y señaló que “incorporarse al TISA es conveniente, no sólo por las ventajas obvias que aportará al país sino, fundamentalmente, por los enormes perjuicios que causaría mantenernos al margen de las negociaciones de una cincuentena de países, grandes y chicos, para acordar políticas comunes en una vasta gama del sector servicios”. “La oposición dentro del Frente Amplio parte, además, de la premisa falsa de que el TISA nos ataría en áreas que consideran sagradas e intocables, como las empresas estatales y la educación pública. El argumento es inexacto porque, cuando se concrete el TISA, cada país puede elegir en qué rubros de servicios participará, absteniéndose de hacerlo en los que considere inconvenientes”, añadió. El operador astorista Esteban Valenti intentó ser irónico, pero las bases frenteamplistas seguían festejando. El diputado comunista Oscar Andrade cuestionó las apreciaciones del canciller y lo acusó de hacer terrorismo verbal con sus frases. “El esquema de terrorismo verbal más terrible es cuando nos dicen hace unas semanas ‘miren que al salir del TISA Uruguay va camino a ser Corea del Norte’”. Andrade, ex dirigente del sindicato de la construcción, aseguró que “la inmensa mayoría de los sectores del Frente Amplio” se pronunció en contra de negociar con las características del acuerdo y dijo que está seguro que, teniendo en cuenta sus orígenes, el presidente Tabaré Vázquez “no va a embretar al conjunto del Ejecutivo en una decisión que sabe de antemano que no cuenta con el apoyo ni de la bancada de diputados por destrozo, ni de las organizaciones históricas del campo popular”
S8 Econo Sur
24 al 28 de noviembre de 2015
DE LA INDIGNACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPERANZA
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n América latina hay una necesidad insuperable de que exista un modelo económico que funcione, porque sin ello, no hay desarrollo, no hay mejoría de la situación de cada país, no hay avances sustanciales en las condiciones de vida de las grandes mayorías. Luego de una década del No al ALCA y las experiencias de gobiernos progresistas en la región, la realidad muestra la persistencia de desajustes, de insatisfacciones, de debilidades para imponer un nuevo modelo hegemónico en nuestros países, cuando no hay una política económica de éxito, que atienda, de distintas maneras, a todos los sectores que hay que dirigir para legitimarse como gobierno. Los modelos económicos de países progresistas de la región tropiezan con problemas estructurales no resueltos, agudizados por el terrorismo económico interno de la oposición y el cerco financiero internacional sobre los países que no se resignan a seguir los dictados y modelos del Fondo Monetario Internacional y el banco Mundial. Este enfoque, que entre otros adelantan el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, y el sociólogo brasileño Emir Sader, no es un enfoque economicista, sino de construcción de la hegemonía posneoliberal. “Subestimarlo es dejarse llevar por las corrientes avasallantes de la especulación financiera y del poder de los bancos que domina el capitalismo contemporáneo. No construir, a partir del Estado, ese modelo propio es permanecer reaccionando a mecanismos recesivos, depresivos, que dejan nuestras economías en el círculo vicioso de las cadenas financieras del neoliberalismo y además se prestan al pesimismo que la derecha intenta siempre imponer sobre el ánimo de las personas”, señala Sader.
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Para García Linera, hay resortes indispensables para que esos procesos no sólo se mantengan vivos, sino que además se renueven y se extiendan permanentemente hacia capas cada vez más amplias y jóvenes de nuestra sociedad. Como, por ejemplo, suscitar permanentemente la indignación frente a las injusticias de la sociedad capitalista: la explotación, la discriminación, la exclusión social, la violencia en contra de los más frágiles, el machismo, la opresión, los monopolios de la riqueza, de los medios de comunicación, entre tantas otras. Hoy podemos constatar que lo que la Cepal llamara, en su momento, un período “fácil” de acumulación, ya fue superado. Las derechas se recomponen y, contando con EE.UU., buscan recuperar iniciativa. No tienen propuestas alternativas de gobierno, oscilan entre afirmar que harán “lo mismo pero mejor”, a distintas formas de retroceso a políticas neoliberales. Los gobiernos posneoliberales han logrado un gran apoyo popular, centralmente por sus políticas sociales, que son determinantes en el continente más desigual del mundo. Las políticas sociales, por esenciales que sean, permiten formas de consenso pasivo, como las sucesivas victorias electorales, aun a pesar de los monopolios privados de los medios de comunicación. Consensos pasivos
Sader señala que el paso de los consensos pasivos –aquellos en que, consultadas, las personas se pronuncian a favor de los gobiernos por sus políticas de carácter popular– a consensos activos, en que la gente dispone de argumentos a favor de esas políticas, de valores correspondientes a las formas de vida solidarias, y se dispone a organizarse y a mo-
vilizarse en su defensa, requiere estrategias específicas de construcción de hegemonías alternativas. Esos análisis tienen que tomar en cuenta el marco general de la hegemonía conservadora, incluyendo las formas de vida y de consumo exportadas por EE.UU., el monopolio de los medios de comunicación y los otros factores que componen el período histórico que vivimos en América latina. Responsabilidad colectiva Desarrollar ese trabajo permanente es responsabilidad de todos los militantes por un mundo mejor: de gobernantes a militantes de base, de sindicalistas a profesores, de dirigentes de organizaciones sociales a dirigentes de organizaciones culturales. Pero para que esa indignación se despierte, movilice, tiene que encontrar alternativas viables, para vislumbrar que el otro mundo no sólo sea necesario, sino que también sea posible. Tiene que encontrar fuerzas capaces de encarnar esa rebeldía, esa resistencia a toda resignación, a toda burocratización, a todo desaliento, a todo pesimismo. Fuerzas que propongan y personifiquen estrategias de acción a la vez audaces y factibles, utópicas y realistas. Indignación y esperanza es la fórmula de movilización de las fuerzas sociales, políticas, culturales, intelectuales, para la construcción del mundo que supere definitivamente la sociedad construida con el poder del dinero hacia una sociedad basada en el poder de los derechos, la solidaridad y los valores, coinciden García Linera y Sader. La derecha siempre actuará conforme sus intereses y objetivos. Nos toca tener los nuestros claros, hacer balances constantes y actuar de forma coordinada
Dirección General: Aram Aharonian y Carlos Alberto Villalba Impresión Rotativos Patagónicos. Aráoz de Lamadrid 1920. CABA Distribución: Capital Federal y Gran Buenos Aires New Site. Baigorria 103, CABA · Distribución en el Interior DGP S.A. Alvarado 2018, CABA ISSN 1853-0443 RNPI en trámite ECONO SUR es una publicación de ULTRAKEM S.A. Domicilio legal Ingeniero Huergo 953 Piso 7º B (CP 1107), Ciudad de Buenos Aires