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Patria Grande

SUPLEMENTO DE

OCTUBRE DE 2015 EDICIÓN NÚMERO 9 DIRECCIÓN GENERAL ARAM AHARONIAN Y CARLOS ALBERTO VILLALBA

EL RESCATE DE LA POLÍTICA EN CONTRA DEL PODER DEL DINERO EMIR SADER *

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acer política es construir alternativas que privilegien las políticas sociales y no los ajustes fiscales, los procesos de integración regional y no los Tratados de Libre Comercio, que recuperen la capacidad de acción y de hacer política de los Estados y de los gobiernos.

Financierización significa que el dinero lo invade todo. Que el capital especulativo es el hegemónico. Los bancos ya no prestan para inversiones productivas o para que la gente compre lo que necesita o para se hagan investigaciones. No, los bancos viven de la compra y venta de papeles. Cuando se anuncian, con todos sus ceros, al final de cada día, cuanto ha movido cada bolsa de valores, no se ha producido ni un bien, ni se ha generado ni un empleo.

El capital financiero nació para apo-

yar a la agricultura, adelantar capital para recibir después de la cosecha. Hoy ese capital fue promovido a sector hegemónico de las economías, un fin en sí mismo. Cuando se agotó el ciclo anterior del capitalismo, el diagnóstico triunfante decía que la economía había dejado de crecer porque había demasiadas trabas, demasiadas regulaciones.

Había que terminar con ellas y, según Ronald Reagan, la economía volvería a crecer y todos ganarían de nuevo. Las regulaciones fueron canceladas –programa central del neoliberalismo– pero no se retomó el crecimiento.

Porque, como decía Marx, el capital no está hecho para producir, sino para acumular. Sin trabas, el capital se transfirió, en cantidades gigantescas, al sector financiero, que es donde gana más, paga menos impuestos y tiene liquidez total.

No es que existan capitalistas productivos y especulativos. Todo gran grupo

económico tiene un banco o un centro de inversiones, de donde gana más que en sus actividades originales.

Liberado de trabas, el capital se concentró en su forma financiera, como capital especulativo, el que sólo vende y compra papeles, el que vive del endeudamiento –de países, de empresas, de personas–. El que se alimenta de las deudas y alimenta las deudas. Cuando empezó la crisis actual en el centro del capitalismo, Obama dijo que había que salvar a los bancos, sino sus techos caerían en las cabezas de todos. Se han salvado los bancos, que están muy bien, a dios gracias; los que quebraron enseguida fueron los países.

En un mundo así dominado por el dinero, no cabe la política, como espacio de decisión de las personas sobre el destino de la sociedad. Pueden pronunciarse pero, si se pronuncian por otra lógica que no sean la de los bancos, viven su

frustración, porque las redes de poder no dejan espacio para otra lógica que no sea la de la especulación financiera.

Hacer política es, así, estar a contramano de la lógica capitalista contemporánea, la lógica neoliberal, que busca imponer los intereses del capital financiero.

El que entre en esa lógica es devorado por ella. Hacer política es construir alternativas que privilegien las políticas sociales y no los ajustes fiscales, los procesos de integración regional y no los Tratados de Libre Comercio, que recuperen la capacidad de acción y de hacer política de los Estados y de los gobiernos.

Actuar en esa dirección es estar condenado por los organismos financieros internacionales, por la grandes medios de comunicación, por los partidos tradicionales. Pero es la única forma de rescatar el derecho de la gente de escoger su destino, en contra del destino definido por el dinero y los bancos 

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EXTRACTIVISMO Y FIN DE CICLO i se hace un balance de los últimos 15 S años de transformaciones, cabe destacar tanto los logros de los gobiernos progresistas como también las dificultades y las complejidades, propias de países en movimiento, en transición. La respuesta del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera a los agoreros del fin de ciclo transformador en América latina es que están equivocados, que no está llegando a su fin sino todo lo contrario: tienen un futuro por delante, como pueblos en lucha que van transformando sus sociedades y elevando su nivel de conciencia.

Uno de los caballitos de batalla en esta premonición del apocalipsis, son las críticas al modelo extractivista, pero lo que parece una irresponsabilidad es exigir a los gobiernos que no toquen los recursos naturales. ¿De qué otra manera se puede alimentar a la población de países con gran crecimiento demográfico, como Ecuador, Perú y Bolivia? García Linera recuerda que el extractivismo en Bolivia lleva casi 450 años, desde la explotación minera en Potosí (iniciada en 1570) y, junto a esa herencia hay que resaltar la pobreza de la región.

Destaca dos tipos de ambientalistas: los ambientalistas revolucionarios y los ambientalistas coloniales, que les piden a los países del Sur que congelen sus condiciones de vida (colonial), mientras los países del Norte siguen con la orgía consumista.

En muchos casos, estas organizaciones no gubernamentales son generosamente financiadas desde esos mismos países centrales (EE.UU. y Europa), definió.

Para García Linera hace falta un puente, un periodo de transición para poder satisfacer las necesidades de la gente a medida que se vaya creando la nueva sociedad del conocimiento y la cultura. Subraya la necesidad del salir del extractivismo sin congelar la producción ni regresar a la edad de piedra, sino utilizándolo temporalmente para crear las condiciones que permitan el salto a la economía del conocimiento.

Entre la condición extractivista y la extrema pobreza, no queda otra salida que producir para reducir la pobreza, pero hacerlo con respeto a las normas ambientales y hacia los pueblos originarios. Y teniendo en cuenta que esos recursos naturales son patrimonio de los pueblos y que las riquezas extraídas no deben fugarse al extranjero, sino invertirse en el país para lograr una mayor equidad y justicia social.

García Linera fustigó a “esa izquierda de cafetín, perfumada y bien remunerada, que se siente incómoda ante el estruendo de la batalla pero que sin embargo denuncia a los gobiernos progresistas por no haber instaurado inmediatamente y por decreto el Buen Vivir”. Señaló que estos “radicales de la palabra y timoratos de espíritu” que han devenido “profetas del fracaso de los gobiernos progresistas” son en los hechos “mediocres fariseos de la ofensiva reaccionaria”, incapaces de movilizar a las masas y colaboradores de la restauración neoliberal.

Sólo del debate pueden surgir nuevas propuestas transformadoras que engloben la visión de los trabajadores, de los movimientos sociales y pueblos originarios, y todos los sectores que persiguen una sociedad más justa y participativa en cada país, en la lucha por la soberanía nacional y contra la injerencia imperial 

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SOBERANÍA COGNITIVA Y TECNOLÓGICA E INTEGRACIÓN SALLY BURCH ALAI

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n el marco del nuevo ordenamiento regional y global, marcado por la rápida transición hacia economías basadas en el conocimiento y altas tecnologías, que se junta a la exigencia de buscar respuestas a las diversas crisis globales (económica, climática, energética...), es cada vez más evidente que ningún país puede prescindir de desarrollar conocimientos propios y capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI), sin lo cual arriesga profundizar la dependencia y agudizar la desigualdad.

De hecho, entre los países de la región existe un creciente reconocimiento de que el actual modelo de desarrollo regional, basado en la producción y exportación de commodities y materias primas y la alta dependencia tecnológica frente a las economías más desarrolladas, se vuelve insostenible.

Esta dependencia de una ciencia y tecnología impulsada por países con economías avanzadas dificulta, justamente, que la región pueda responder adecuadamente a sus propias prioridades y las necesidades particulares de sus pueblos.

Toda vez, muy pocos países del Sur en forma aislada podrán responder adecuadamente a este reto, ya que implica grandes inversiones y economías de escala. Es por ello que, en el marco de los procesos de integración en América latina y el Caribe (ALC) se están intensificando esfuerzos para abordar la problemática en forma conjunta.

Ecuador, al asumir en enero pasado la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), anunció que su prioridad será impulsar un proceso hacia la definición de ejes regionales comunes en temas relacionados con ciencia, tecnología e investigación, dentro de un enfoque de la soberanía regional.

Una agenda consensuada

Este proceso tomó un nuevo impulso en septiembre 2015 con la realización en Quito, en la sede de Unasur, de la III Reunión de Ministros y Altos Funcionarios en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Celac (15/9), seguida del I Foro de CTI Celac-China (16-17/9), donde se discutieron y delinearon estrategias conjuntas para la consolidación de los sistemas nacionales e internacionales de educación y de CTI. Los ministros de la Celac alcanzaron acuerdos en aspectos como la creación de una agenda consensuada que responda al desarrollo de la región; la democratización en el acceso al conocimiento, tecnología e innovación; las economías de escala para reducir costos y complementar financiamiento; y los sistemas de educación de calidad y pertinencia, con equidad e igualdad de oportunidades.

Los acuerdos apuntan a complementar y reforzar los distintos esfuerzos ya en marcha.

En materia de Gestión del Conocimiento, se contempla, entre otros, promover el desarrollo de un sistema de indexación regional de publicaciones científicas; coordinación y aprovechamiento de redes de investigación regional; y transferencia de tecnología y capacitación de recursos humanos entre países. Se propone también inventariar las capacidades y demandas científicas y tecnológicas de los países miembros; contar con indicadores en ciencia, tecnología e innovación de la región, y establecer los grandes lineamientos para el desarrollo de programas regionales de investigación científica. Se prevé, además, identificar fondos de financiamiento y trabajar en líneas de capital semilla y capital de riesgo que fomenten el emprendimiento para el desarrollo de la innovación; así como desarrollar una editorial y una plataforma virtual de Celac.

En materia de Recursos Humanos, los acuerdos contemplan un programa de reconocimiento científico para los y las investigadores/as, de carácter regional, y un “Programa de Movilidad Académica y Becas”, entre otros.

Biodiversidad y propiedad intelectual

Los ministros de la Celac identificaron también dos temas como de alta prioridad para la región, que son bio-

diversidad y propiedad intelectual. En el primer caso, declaran a la biodiversidad “como patrimonio de gran valor que contribuye al desarrollo integral de cada país y de la región en su conjunto”, por lo cual priorizarán el fortalecimiento de políticas regionales referentes a la CTI en esta materia.

Este tema fue retomado en la mesa sobre biodiversidad vinculada al desarrollo del I Foro Celac-China de CTI, donde se abordó la problemática desde un enfoque holístico, centrado no solo en la conservación, sino también en la relación entre agricultura y biodiversidad y cómo este vínculo puede incidir en la calidad de vida del sector rural –sobre todo para la agricultura en pequeña escala– a la vez que contribuir a la conservación.

En el debate se planteó generar nuevas líneas de investigación, con tres ejes principales: ecología, productividad y vida; con una orientación de compromiso con la tierra, de no contribuir al cambio climático y de producir mejores productos. Se propuso un nuevo enfoque de investigación que abarque todo el sistema, incluyendo la persona, el ambiente y la producción y se destacó la relevancia de incluir los conocimientos ancestrales y la necesidad de vincularlos al desarrollo de la nueva tecnología en relación con biodiversidad, desarrollo y productividad.

De cara al futuro se cuenta seguir intercambiando sobre alternativas de producción y experiencias entre los países de la Celac y China.

En cuanto a la propiedad intelectual, los ministros de la Celac plantean promover un nuevo marco regulatorio para la gestión del conocimiento, acorde con las condiciones y necesidades de la región, para incentivar la generación de conocimiento y la innovación. Al respecto, se reconoce que la propiedad intelectual debe ser una herramienta para potenciar los derechos respecto de los inventos; sin embargo, como está configurado actualmente el sistema internacional de derechos, es una herramienta que limita. Por ello, se establece la necesidad de desarrollar formas innovadoras de políticas públicas en cada país para fomentar la innovación y el patentamiento de inventos.

Ecuador plantea que la Celac impulse un tratado mundial –similar al de Kioto en materia climática– respecto de la CTI, que sea en beneficio de los pueblos, a diferencia del Apdic (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), cuya tendencia es más bien reforzar la dependencia tecnológica, favoreciendo a las transnacionales 

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TRIÁNGULO NORTE CENTROAMERICANO

EL DRAMA CONTINUARÁ NILS CASTRO Desde Panamá

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l Triángulo Norte, la zona del istmo centroamericano con mayor integración regional y el destinatario de la Alianza para la Prosperidad propuesta por Washington, está en situación crítica y seguirá produciendo acontecimientos imprevistos y lecciones inusitadas. En Guatemala como en Honduras, la casta empresarial y política dominante desbordó las dimensiones y el cinismo habituales de sus prácticas corruptas y desató reacciones sociales no solo masivas sino inusualmente tenaces. Anteriores abusos no habían ocasionado reacciones tan notorias.

Eso reconfirma el agotamiento del sistema político establecido y abre posibilidades no sólo de adecentarlo, sino incluso de quitarles a esas camarillas el control del país y emprender mejores caminos.

Detrás hay una constante que varios otros países comparten: se ha vuelto insoportable e insostenible la extrema privatización neoliberal de la política, donde ya no se enfrentan distintos proyectos nacionales sino grupos de interés que financian la disputa entre sus respectivos operadores políticos. Por consiguiente, cuando estas protestas colectivas exigen combatir la corrupción y reclaman transparencia, rendición de cuentas y llevar a los bandidos públicos y privados a los tribunales, lo que reclaman es ponerle fin a esa degradación

de la política, buscando que ella exprese a las diversas corrientes sociales y no a quienes la mangonean.

Por lo tanto, esta lucha por la autenticidad cívica no es un fin en sí misma, sino un medio necesario y una etapa intermedia de un proceso mayor. Cuando logren vencerla, abrirán otra etapa donde luchar por los objetivos de un quehacer político e ideológico de superiores proyecciones. Más allá de sus actuales demandas inmediatas, estas jornadas ciudadanas son oportunas para educar y organizar fuerzas que en esa siguiente etapa podrán ser decisivas. Por ello, hoy quienes procuran desarrollar esta posibilidad mien-

tras otros quieren limitarla o descalificarla, desde uno u otro flanco.

En El Salvador, a su vez, donde los problemas de la corrupción y la impunidad ahora están mejor resueltos que en la mayor parte del continente americano, otro reto se ha levantado. Uno que también Guatemala y Honduras deberán enfrentar, tan pronto logren resolver sus actuales desafíos: el reto de las organizaciones pandilleras y las dificultades adicionales que ellas le contraponen a la lucha por el desarrollo. Más allá de ganar la presente lucha, también podrán plantearse mayores objetivos 

LOS CRÍMENES SEGÚN EL COLOR DEL CUELLO

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n los tres países esos procesos ocurren en un contexto de multiformes violencias, que hacen del Triángulo Norte una de las zonas de peor índice mundial de homicidios. Los observadores foráneos, por razones de diferentes signos, suelen reducir sus causas al tamaño de las pandillas, el impacto del narcotráfico y sus posibles complicidades. Omiten examinar la violencia en las relaciones de poder como la criminalidad política y la de los terratenientes y obvian el hecho de que en estos países, como en muchas partes, también se computan asesinatos que tienen otras causas y formas, como los crímenes pasionales, las reyertas de cantina o los delitos personales, y dejan de prever que enseguida de esta coyuntura empieza otro capítulo de la historia regional.

En estas páginas no cabe abarcar todo el complejo de la violencia y criminalidad en el área ni todas sus implicaciones, y sólo nos ocuparemos de lo que actualmente es la cuestión principal en estos tres países, para extraer unas conclusiones más generales.

El Salvador vive un ambiente histórico y geográfico similar al de sus vecinos, pero no tiene costa en el Caribe, por donde fluye el mayor corredor del narcotráfico. Además, allí la corrupción político-empresarial y el narcotráfico no son ahora el problema principal, pues los acuerdos de paz de 1992 y la fortaleza del FMLN posibilitaron imponerle límites más rigurosos

a la voracidad oligárquica. Aunque la derecha política y económica no abandona sus viejas mañas –como lo demuestran las que pusieron en prisión al ex presidente Francisco Flores–, desde que el partido de las izquierdas entró al gobierno en 2009, los dueños del derechista Arena están privados de la impunidad que antes se dieron.

El mayor problema salvadoreño es otro que, aunque también aflige a Honduras y Guatemala, por el mo-

mento lo hace de forma menos prioritaria: el de la delincuencia organizada no oligárquica, de extracción popular. Esta diferenciación es indispensable. El saqueo de los fondos del Seguro Social durante los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, en Honduras, o la operación de La Línea en el de Otto Pérez Molina, en Guatemala, igualmente fueron operaciones de delincuencia organizada, pero de un género mucho

más lucrativo, que las cúpulas empresariales y políticas instrumentan a través del Estado que ellas controlan.

De esta modalidad de delincuencia –la de cuello blanco– el Salvador ha logrado zafarse, aunque quienes la disfrutaron siguen activos y esperan la oportunidad de reinstalarla.

La modalidad que hoy agobia a El Salvador es otra –la de cuello sudado–, que por el origen social de sus actores y su tipo de actividades suele calificarse de pandillera. Ante menor presencia del narcotráfico y refrenada la delincuencia oligárquica, esta otra modalidad predomina en el escenario. En Honduras y Guatemala, donde quienes operan la corrupción oligárquica controlan el poder, hoy el modo de enfrentarla son las grandes movilizaciones populares que reclaman poner a sus responsables ante los tribunales. En El Salvador, la forma de combatir la variante pandillera es la acción judicial y policial, combinada con las inversiones sociales que ofrecen opciones para recuperar a los pandilleros que no sean culpables de crímenes mayores.

Comparar los tres casos de estos países evidencia que un Estado corrompido no puede combatir al crimen organizado ni desintegrar las pandillas mediante instrumentos asimismo corruptos o corruptibles. Para alcanzar ese objetivo es preciso empezar por sacar a la casta corrupta de la cabeza del Estado 

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LA EXCEPCIÓN SALVADOREÑA

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parte de los aspectos morales y cívicos del problema, la actividad pandillera dificulta y encarece la gestión económica de cualquier sociedad. Las maras –contracción de “marabuntas”, que en Centroamérica designa a esas organizaciones delictivas– vienen del pobrerío urbano y se dedican a extorsionar a la gente modesta y a los pequeños y medianos negocios.

Le cercenan ingresos y le encarecen sus consumos corrientes a gente humilde, restringen sus actividades y generan inseguridad. Las grandes empresas y las familias adineradas cuentan con medios y servicios de seguridad privada pero, aun así, ello incide sobre su mano de obra y causa inconvenientes y gastos adicionales, puesto que sólo quienes venden esos medios y servicios lucran con ese problema. En otras, el pandillerismo perjudica el desenvolvimiento de cualquier tipo de economía y sociedad.

Aunque también hay maras en Honduras y Guatemala, el caso salvadoreño sobresale por el alto volumen de la población involucrada. Se estima que allí las pandillas tienen más de 60 mil miembros –incluidos unos 13 mil ya encarcelados–, cuantía que al sumarle sus dependientes y asociados sube a más de 250 mil personas. Pero, como dice una canción antillana, “no hay cama pa’ tanta gente”. El tamaño de la economía y la sociedad salvadoreñas no puede sostener una carga proporcionalmente tan enorme. Corregir esa distorsión se vuelve una responsabilidad de todos. ¿De dónde surgió semejante fenómeno? Viene de los años –80, cuando los gobiernos de Arena adoptaron las recetas neoliberales, descartando las políticas rurales que históricamente habían sostenido y caracterizado al país, lanzándolo sin transición a la economía de servicios. Si poner dinero a plazo fijo pagó hasta el 24% en intereses, no quedó quien aceptara invertir en el agro. Eso causó el desplazamiento de millares de familias campesinas depauperadas hacia las periferias urbanas y a la emigración.

Entre esa población proliferó la delincuencia menor.

A su vez, muchos de los jóvenes que emigraron –mayormente a California–, allá formaron parte de bandas, tanto para protegerse en un medio hostil como para darse una identidad. No pocos delinquieron, purgaron condenas y fueron deportados, retornando al país sin más calificación ni alternativas que ese acervo cultural y delictivo, que pronto contribuyó al salto de la delincuencia menor al poder de las maras, y la ostentación de sus símbolos en las paredes de sus territorios y el tatuaje de sus cuerpos. A su vez, al recrudecer la lucha entre las pandillas por controlar territorios, se multiplicaron sus enfrentamientos armados que, agregados al asesinato de quienes rechazan las extorsiones, convirtieron al país en el tercero del mundo por su tasa anual de homicidios.

En 2012, el primer gobierno con

participación del FMLN consintió negociar con los jefes mareros una tregua que detuviese los choques entre pandillas. Aunque eso redujo la tasa local de homicidios de 14 a “sólo” 5 semanales, lo que deslumbró a ciertos organismos internacionales tuvo dos efectos perversos: primero, que ello en nada mejoró la vida de los ciudadanos comunes, que siguieron siendo igualmente extorsionados. Y, además, que la tregua facilitó a las maras consolidar sus zonas de dominio territorial, dejó a los jefes pandilleros presos dirigir operaciones desde la cárcel y les dio una equívoca visión de que podían negociar de poder a poder con el Estado, como antaño pudieron lograrlo las organizaciones guerrilleras.

Por consiguiente, el actual gobierno del FMLN, presidido por Salvador Sánchez Cerén, optó por la política de aplicación de la ley, lo que ha vuelto a incrementar las acciones de la policía nacional, ahora respaldada por el ejército.

Ofuscada por dicha equívoca visión, un sector de la Mara Barrio 18 ideó contragolpear al gobierno imponiendo, a fines de julio pasado, un paro forzoso del transporte público, con la amenaza de matar a los conductores de vehículos, nueve de los cuales fueron asesinados. El paro causó serias molestias a la población y poco después fue controlado por la policía. Acto seguido, esa organización pandillera fue intensamente perseguida y sufrió importantes bajas entre jefes apresados y miembros abatidos, mientras algunos de sus jefes pudieron fugarse a Honduras.

Este año el número de enfrentamientos armados entre la policía nacional y las pandillas creció en más de un 170 por ciento y triplicó la cifra de pandilleros muertos. Con eso, en agosto pasado la tasa de homicidios fue 90

 La derecha bloquea toda iniciativa económica oficial en la Corte Constitucional, en el Parlamento y en sus medios de comunicación.

por ciento mayor que el año anterior; aun así, la tasa de muertes generada por los tiroteos entre las maras fue mayor que la causada por los combates entre éstas y la policía.

El gobierno salvadoreño ha logrado constituir el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que participan organizaciones sociales, religiosas, empresariales y representantes de la oposición política. Este Consejo aprobó un plan que integra varios ejes y acciones a corto, mediano y largo plazos para coordinar y financiar el combate a la criminalidad, garantizar el acceso a la justicia y atender a las víctimas, y ratificó la decisión de no negociar con las pandillas.

A su vez, la Corte Constitucional acordó declarar grupos terroristas a las maras Salvatrucha y Barrio 18 “y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado”, o que actúe “atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”, o realice atentados contra la vida, seguridad e integridad personal de la población y la propiedad, o “extorsión a personas naturales o jurídicas;

vulneraciones al derecho de [...]residir en cualquier lugar del territorio [u obligándolas] a abandonar sus residencias mediante amenazas”.

Esas decisiones del Consejo y de la Corte le dan al gobierno suficiente respaldo político y el medio legal para ampliar sus acciones y obtener apoyos técnicos y económicos internacionales.

Con todo, las grandes empresas y los legisladores de derecha obstaculizan crear tributos que ayuden a financiar el combate a las maras y la rehabilitación de pandilleros.

Algunos dirigentes del FMLN sostienen que la extrema derecha solivianta a las maras para incrementar un clima de inseguridad y violencia que desacredite al gobierno, como parte de su estrategia de “golpe blando” contra el gobierno. La actitud de la derecha en la Corte Constitucional, donde bloquea toda iniciativa económica gubernamental, en el Parlamento y en sus medios de comunicación es consistente con esa opinión. Aun así, carece de base el supuesto de que Estados Unidos incrementó la deportación de pandilleros de origen salvadoreño para desestabilizar al gobierno. Según datos oficiales, las mayores deportaciones de mareros ocurrieron en los años ’90 y actualmente ellos son expulsados a medida que cumplen sus condenas. Lo que faltaba era un sistema salvadoreño de reinserción de los retornados, que ahora es preciso financiar.

Aún está por verificarse si la nueva estrategia contra el pandillerismo seguirá ocasionando tan alto número de muertes. De hecho, la reducción del campo de actividades de las maras, del número de miembros que ellas pueden reclutar y movilizar y de su disponibilidad de armas, en el próximo período se traducirá en una disminución de sus delitos y víctimas 

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LA REBELIÓN HONDUREÑA

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or decenios, en Honduras han convivido tres formas principales de criminalidad organizada.

Primero, la delincuencia de cuello blanco de la oligarquía dominante y sus asociados, cuya cara más visible es la corrupción de altos funcionarios gubernamentales afiliados a uno y otro de los dos partidos tradicionales que operan en complicidad con empresarios privados, lo que deriva en la corrupción de múltiples instituciones, entre ellas la policía. Su sede principal es Tegucigalpa. Segundo, las mafias transnacionales del narcotráfico y sus asociados locales, con asiento principal a lo largo de la costa del Caribe y en San Pedro Sula, con abundante penetración en las instituciones gubernamentales y las actividades políticas. Y tercero las maras, menores que las salvadoreñas, que eventualmente pueden prestar servicios a las dos anteriores.

El detonador inicial de las actuales manifestaciones de masas fue la revelación del enorme desfalco por más de 300 millones de dólares a los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Éste fue cometido por políticos y empresarios durante el pasado gobierno del Partido Liberal, quienes dedicaron una parte de ese atraco a financiar la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La noticia disparó las alarmas sociales: era una suma demasiado grande, robada de forma demasiado cínica a una institución demasiado sensible, incluso para una población anteriormente resignada a la corrupción de la clase dominante, pero que ahora venía del sismo político cultural causado por el

golpe militar de 2009 y la subsiguiente quiebra del tradicional sistema político bipartidista.

Ese desfalco incapacitó a la institución para prestar servicios, por cuya falta fallecieron numerosos pacientes.

Su revelación desató un amplísimo movimiento cívico que, tras varios meses de estar en marcha, sigue activo. Cada semana las manifestaciones han reiterado su naturaleza multitudinaria, pacífica, plural y ordenada, pese a no responder a algún liderazgo definido sino a una consigna incluyente y unitaria: ¡Basta de corrupción!, ligada a la certeza de que lograrlo exige cambios de fondo del sistema político y la Justicia.

Aunque el ahora presidente Juan Or-

lando Hernández –que dispone de un partido y una importante bancada parlamentaria– maniobra políticamente para enfriar la crisis y dividir a quienes protestan, los indignados exigen constituir un organismo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad que existe en Guatemala (la Cicig), donde esa entidad se constituyó con apoyo de la ONU como una secuela de los Acuerdos de Paz de 1996, que allá terminaron la guerra civil.

De instalarse una entidad con facultades similares a las de la Cicig, el presidente Hernández podría quedar en una situación parecida a la que sufrió su encarcelado colega guatemalteco Otto Pérez Molina. Para eludir

FALENCIAS DEL OTRO GRAN ACTOR l dominio estadounidense sobre la región no es E retado por ninguno de estos movimientos. Por lo demás, la óptica de Washington y el manejo de sus medios de influencia no son muy diferentes de dicho reformismo empresarial. De hecho, la mayoría de las empresas involucradas manejan franquicias norteamericanas o están asociadas a transnacionales estadounidenses. Procurando darle al área la racionalidad necesaria para que no colapse, además de la usual preocupación de Washington por el combate al narcotráfico, ahora agrega otras dos cartas bajo el impacto de la marea migratoria que los países del Triángulo siguen generando y, especialmente, ante el drama de los niños migrantes.

La primera busca que los gobiernos del caso actúen contra la corrupción, refuercen el cumplimiento de la ley, persigan al crimen organizado, reduzcan la criminalidad y respeten la institucionalidad democrática.

Busca abatir la violencia como causa de emigración.

En ese contexto, algunos funcionarios norteamericanos han criticado a ciertos personajes corruptos y, en Honduras, el embajador estadounidense hizo acto de presencia en una marcha ciudadana.

La otra carta del gobierno estadounidense propone y promueve la Alianza para la Prosperidad, proyecto de apoyo al progreso socioeconómico de los países del Triángulo cuya lógica descansa, asi-

mismo, en que mejorar las condiciones de vida en esos países mitigará su emisión de migrantes. Al igual que en la primera carta, esa lógica no está equivocada sino erróneamente enfocada. La violencia y la inseguridad, así como la desesperación por las malas condiciones de supervivencia y el hambre incrementan la marea migratoria. Pero tales cartas sólo perciben los síntomas externos más visibles del fenómeno, cuando para superar esos males hay que ir al núcleo del iceberg para superar sus causas estructurales. Mientras eso no suceda, los males que

esa posibilidad, ideó crear un llamado Sistema Integral Hondureño de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, integrado por organizaciones locales, e invitó a la OEA y la ONU a asesorar su creación. Fiel a sus antecedentes, la OEA designó al diplomático chileno John Biehl, el mismo que en 2009 envió a Tegucigalpa ante la crisis causada por el golpe de Estado, gestión que no detuvo sus consecuencias ni sugirió sancionar a sus responsables.

Los indignados rechazan el remedo que Hernández intenta cortar a su propia medida para investigarse a sí mismo. Tampoco aceptan el diálogo convocado por él para eso, porque “para nosotros es una mentira, es dar más de lo mismo, no resolver los casos ni enjuiciar a los corruptos y seguir en un clima de impunidad”, aclaró uno de sus voceros. En el ínterin, las manifestaciones continúan en todas las ciudades del país, reiterando que ningún diálogo vale si no garantiza anular la sentencia judicial que permite la reelección de Hernández, concertar una nueva ley electoral y crear en Honduras un órgano similar a la Cicig, que asegure erradicar la corrupción y la impunidad, como lo demandan todos los partidos de oposición.

La crisis hondureña –que incluye una profusa penetración del narcotráfico en las estructuras públicas y privadas– afecta a todos los órganos del Estado. La corrupción no se limita al Poder Judicial ni cabe pensar que con sanearlo ni tecnificarlo se resolverá la grave descomposición de las demás instituciones del país. Pasa de extraño que los “expertos” de la OEA se muestren tan incapacitados para percibirlo 

se quiere paliar seguirán multiplicándose.

El proyecto fue anunciado y defendido personalmente por el vicepresidente Joe Biden y la Casa Blanca ha solicitado al Congreso aprobar mil millones de dólares para implementarlo. Pero los repetidos escándalos morales y legales de los gobiernos de Guatemala y Honduras erigen muros de desconfianza sobre la posibilidad de que tantos millones vayan a tener un uso aceptablemente racional y justificable.

En el Senado de Washington, su monto ya fue reducido a 673 millones, en la Cámara de Representantes a 300 y en ambas instancias tiende a seguir a la baja.

Así, la tan promocionada Alianza para la Prosperidad simplemente se esfumará 

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GUATEMALA ANTE SUS PRÓXIMAS DISYUNTIVAS

uatemala vive la emersión de una nueva etapa históG rica cuyas perspectivas aún es difícil prever. País mayoritariamente indígena, con larga historia de injusticias, pobreza, desigualdades y marginaciones, donde décadas de cruenta represión, guerra contrainsurgente y paz mezquina implantaron una resignación nacida del terror, de pronto abrió paso a una amplísima rebelión cívica que devolvió voz y esperanza a los ciudadanos.

La revelación de varios casos de corrupción de escandalosas dimensiones, que involucran a gran parte del grupo gobernante y a centenares de empresarios, disparó la salida de multitudes a las calles, conglomerando gente de todas las edades y orígenes étnicos y sociales, niveles educacionales y preferencias políticas y religiosas. La convocatoria nació principalmente de los jóvenes de la clase media urbana, a partir de consignas sencillas e incluyentes: basta de funcionarios corruptos, queremos justicia.

Las demostraciones empezaron en la capital, mientras el medio rural aún siguió paralizado por la memoria del terror contrainsurgente; luego fueron extendiéndose por todo el país. Desde abril, en las marchas participaron semanalmente decenas de miles de personas, de forma inusitadamente pacífica, ordenada, respetuosa de la propiedad pública y privada. Las movilizaciones rompieron la compartimentación histórica de la población guatemalteca; pusieron a dialogar la gente de la ciudad con los hombres y las mujeres de las distintas etnias, a los activistas de diferentes clases sociales, a los estudiantes de las universidades públicas y privadas, a entretejer sociedad nacional.

Las investigaciones fueron posibles por el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo internacional auspiciado por la ONU y constituido en 2007 por efecto de los Acuerdos de Paz de 1996. La Cicig, que goza de la confianza ciudadana, procura evitar que las falencias del sistema judicial permitan burlar la justicia. Anteriormente, ya había logrado la investigación y enjuiciamiento del ex presidente Alfonso Portillo y resolver otros casos importantes. La Cicig ahondó pesquisas sobre la defraudación fiscal que finalmente alcanzaron al presidente Otto Pérez Molina, dieron pie a su desafuero y, finalmente, a su renuncia, sin esperar por las elecciones generales del 6 de septiembre, ni menos hasta el cambio de mando presidencial, fijado para el 14 de enero.

La descomposición de la rosca política dominante es tan grave que ni los principales candidatos escaparon a las pesquisas. Jesús Barquín, aspirante a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por el favorito, Manuel Baldizón, fue encausado por un presunto lavado multimillonario de dinero urdido a través de 200 empresas fantasma. En mayo,

obtuvieron la renuncia de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, implicada en la organización delictiva La Línea, dedicada a evadir los pagos aduaneros a cambio de pagos directos de muchos empresarios.

Con todo, la presión popular no pudo coronar su consigna de que “¡En estas condiciones no queremos elecciones!”, que intentó posponer los comicios –sin diferir el cambio de mando presidencial– para que antes el Congreso aprobara la reforma del sistema electoral. Se espera que, más allá de los efectos temporalmente distractivos y divisorios de estas elecciones, el movimiento ciudadano se reanude. No sólo porque el malestar social y moral seguirá, sino porque el clientelismo electoral aún facilita que cerca de un tercio de los diputados se reelija, y que nada de fondo cambie mediante comicios si no se garantiza impulsar esas tres reformas.

El 6 de septiembre tuvieron lugar lo que alguien llamó “unas extrañas elecciones” entre candidatos que venían de la época anterior a las movilizaciones sociales. Pese a la generalizada desconfianza en el sistema electoral, hubo una participación mayor que la usual –incentivada por el voto que rechaza, no por el que escoge–, pero ninguno de los principales candidatos presidenciales alcanzó siquiera un 30% de la votación, quedando por definirse el ganador en la segunda vuelta. Baldizón, quien fuera el mayor contrincante de Pérez Molina en las anteriores elecciones y en estas largamente encabezó las encuestas, quedó descartado al perder el segundo lugar ante Sandra Torres, líder y candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), de origen socialdemócrata.

En la recta final, ambos fueron superados por el evangélico Jimmy Morales, comediante y empresario de la televisión que, presentado como “no político” con el slogan de “ni ladrón ni corrupto”, sobrepasó a sus contrincantes sin tener un partido con estructura ni proyecto nacionales.

Morales no cayó del cielo: es apoyado por la Asociación de Veteranos Militares –organización de los oficiales que plagaron al país de atrocidades durante la guerra contrainsurgente– y la derecha más radical.

Tanto el sistema político como el tributario están en crisis y carecen de confiabilidad. Las cajas están vacías. Además de la situación económica agravada por cinco meses de protestas masivas, se avecina una crisis alimentaria, pues la sequía malogró la cosecha de maíz y redujo las demás. Y en ese contexto el gobierno deberá atender apremiantes exigencias y encauzar las reformas. Además, deberá enfrentar al narcotráfico tras unas elecciones en las que se afirma que éste financió las campañas de no pocos candidatos legislativos y municipales de diversos partidos 

A

lgunos se preguntan si los grandes movimientos ciudadanos que han surgido en Honduras y Guatemala constituyen una revolución, o representan la posibilidad de una revolución y, en tal caso, qué género de revolución. Ante la aparición de fenómenos de esa envergadura y los procesos que a partir de ahí podrán desatarse (o ser desviados, o dejarse de continuar) ¿cuáles son las reacciones de Estados Unidos, el otro gran actor regional? Contestar tales preguntas amerita una breve disquisición previa.

Los países del Triángulo Norte, como la mayoría de sus vecinos, están entrampados entre un conjunto de obstáculos al desarrollo. Sobre todo, las desigualdades y rezagos de su estructura de relaciones sociales, de donde derivan las deficiencias institucionales que hemos mencionado. Tanto la delincuencia organizada –ya sea de cuello blanco o de cuello sudado– como la corrupción gubernamental y privada son indicios visibles de un iceberg de mayor magnitud y complejidad que los genera. Sin embargo, unos indicios capaces de provocar dinámicas adicionales e incidir sobre otros aspectos de la realidad.

No cabe recapitular aquí la acumulación histórica de formas de explotación y represión –así como de resistencia y rebelión–, ni sus efectos socioculturales, que están tras las cifras regionales de desempleo e informalidad, pobreza, insalubridad, etc. Pero sabemos que eso se corresponde con una estructura de las relaciones de poder, del Estado, la política y la gestión pública que no sólo dejan de corregir de raíz esos males, sino que viabilizan su existencia y reproducción, dado que son el poder, la política y la gestión estatal que resuelven lo que les interesa a quienes dominan esas estructuras.

En gran parte del mundo, pero sobre todo en el subdesarrollado, esas desigualdades e injusticias estructurales continuamente arrojan población fuera de las actividades más rentables de la economía. Generan trabajo depreciado, desempleo e informalidad, población desplazada y “sobrante” y, con ello, disgusto social y emigración. Un estudio reciente del PNUD y la FAO en el Triángulo Norte desdijo al acostumbrado discurso norteamericano, al demostrar que el hambre es la mayor causa de emigración hacia EE.UU., más que la violencia o la inseguridad.

Antaño emigrar fue una esperanza; hoy es el modo de fugarse para sobrevivir. Y su expresión más dramática se presentó en 2014, cuando millares de menores sin compañía de adultos intentaron llegar a ese país, en una saga amarga que a muchos nos recordó la medieval Cruzada de los Niños.

La sumisión de las otras clases sociales tiene un límite, como los jóvenes, la clase media y sectores populares aún desorganizados lo están demostrando.

Por otro, el desenvolvimiento del capitalismo incluso en el subdesarrollo no puede repetir indefinidamente las formas primarias de acumulación primitiva del capital. Su progreso y globalización requiere renovar las fuerzas productivas –incorporar nuevas tecnologías, reactualizar técnicas de gestión

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TRIÁNGULO NORTE CENTROAMERICANO

ALGUNAS EVIDENTES CONCLUSIONES y crear otros mercados–, donde no encajan las viejas formas de explotación.

No solo el pueblo desposeído y la clase media necesitan darle vuelta a la situación y encontrar opciones programáticas y organizativas para lograrlo.

En los países del Triángulo del Norte, ese desarrollo también desgaja al capital entre los explotadores aferrados a los viejos métodos y quienes buscan invertir en alternativas de nueva eficiencia.

Se rivaliza entre rudos y técnicos por el control de las manijas del gobierno y la ley. Los primeros, enfrentando creciente resistencia popular; los segundos, reconociendo la necesidad de capacitar y motivar trabajadores más calificados.

En Guatemala y Honduras, esa disyuntiva entre antiguas y nuevas formas del desarrollo capitalista también explica que algunos grupos empresariales –tanto locales como transnacionales– secunden las movilizaciones ciudadanas, jugando una carta de dos caras. Una procura determinados cambios, como buscar una gestión gubernamental más racional y fiable, sanear los órganos del Estado e instituciones, para obtener servicios más eficientes y lograr una administración de Justicia, donde litigar con transparencia las querellas que interesan al capital nacional y foráneo. Y, finalmente, establecer un sistema electoral y un Parlamento representativos donde quepa concertar acuerdos en los que el capital pueda confiar a largo plazo.

A la par, su otra cara busca que los acontecimientos no desborden los lí-

mites de la racionalidad capitalista y evitar que puedan darse izquierdazos que desborden ese objetivo o lleven al caos y el retorno al despotismo militar.

Aunque este progreso acotado es mucho menos de lo que los dirigentes populares desean.

Así las cosas, en el horizonte inmediato no estamos ante revoluciones sino frente a rebeliones ciudadanas por el saneamiento cívico de la nación, en contextos de crecida inseguridad ciudadana y violencia criminal, tanto delictiva como política. Ni ética

ni políticamente, ninguna opción progresista o de izquierda puede sustraerse de un movimiento de masas contra la corrupción. Quienes alegan que eso no basta deben asumir la responsabilidad de organizar y darle viabilidad a algo mucho mayor 

ESTABILIZAR CENTROAMÉRICA NEOLIBERAL, DESESTABILIZAR SURAMÉRICA PROGRESISTA OLLANTAY ITZAMNÁ Desde Ciudad de Guatemala

L

os últimos teatros simultáneos de “acciones ciudadanas” en la Centroamérica neoliberal y en la Suramérica posneoliberal tienden a confundir a “actores” y espectadores, incluso a los/as de “pensamiento progresista”.

Sin desparpajo, en Tegucigalpa (Honduras), como en la ciudad de Guatemala, los embajadores estadounidenses estuvieron protestando, en medio de las multitudes que ocupaban plazas y calles, en contra de los gobiernos neoliberales corruptos.

Ambos embajadores arengaron (desde los medios corporativos) y cofinanciaron (mediante Usaid) las multitudinarias protestas citadinas con la finalidad de reestabi-

lizar social y políticamente la región para la continuidad del régimen neoliberal, y desactivar/desinflar cualquier posibilidad de articulación de las resistencias comunitarias frente al despojo neoliberal.

Aunque en dichas acciones colectivas hubo actores conscientes que, ahora, no saben cómo explicar lo ocurrido.

En la contienda geopolítica (Norte versus Sur), Centroamérica se constituye en la frontera viva geoestratégica cuyo destino presagiaría el resultado de esta contienda.

El gobierno de EE.UU. sabe que éste, “su territorio de enclave”, está en juego. Además, sabe que el enemigo interno regional a sus intereses ya no es el comunismo de antaño, sino los movimientos indígenas-campesinos en defensa de sus territorios que, inspirados

en los idearios emancipatorios de Unasur-Celac, podrían disputarles el poder político a sus predilectas oligarquías nacionales en Centroamérica neoliberal. Por eso, esta vez, alternó por la “vía pacífica” apaciguar los ánimos caldeados de la indignación creciente.

Mientras se exorciza a Guatemala y a Honduras del inevitable surgimiento de indeseados sujetos sociopolíticos insumisos, y reinstaura en la región la gobernabilidad neoliberal, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Nicaragua, etc., los mismos sectores y actores (mediante sus ONG, iglesias, partidos políticos, relacionistas públicas, analistas, periodistas, centros académicos, etc.) emprenden una guerra sin cuartel para desestabilizar a los gobiernos progresistas.

Desde los medios masivos de información se intenta desprestigiar a estos gobiernos acusándolos de “autoritarios”, “dictadores”, “antidemocráticos”, etc., aunque en estos países hay más mecanismos de participación democrática que en toda Centroamérica y los EE.UU. juntos.

La economía se democratiza hacia las capas populares mediante la redistribución de las ganancias. La educación superior y la ciencia se universalizan como nunca en la historia latinoamericana.

Incluso países como Ecuador le apuestan no únicamente al cambio de la matriz del desarrollo, sino también al cambio de la matriz cognitiva.

Pero, con estos y otros históricos impactos positivos en beneficio de los “parias” de las repúblicas bicentenarias, las

minorías acostumbradas a los privilegios y/o al servilismo euronorteamericano no dan tregua en sus acciones desestabilizadoras.

Incluso actores y agentes de la clase media progresista (“intelectuales”) frecuentan la Centroamérica neoliberal para difamar y desinformar sobre los gobiernos progresistas del Sur, como si en estos lares ignorásemos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo.

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MERCOSUR: MÁS INTEGRACIÓN

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areciera que el fervor latinoamericanista de la década pasada se ha ido diluyendo, junto al fin del ciclo virtuoso de altos precios de exportación, que permitieron dinamizar nuevas dinámicas económicas y sociales basadas en el crecimiento del consumo, o el ingreso de capitales de corto plazo del exterior. Con la expectativa de la continuidad del boom de los commodities en el largo plazo, se dimensionó el impulso y exportación de productos primarios limitando la diversificación de las matrices industriales y productivas. La notoria caída de los precios del petróleo, los minerales y, en menor medida, los alimentos en el último período la ha puesto nuevamente en forma abrupta en el centro de atención.

La amenaza al Mercosur y lñas acciones contra otros proyectos de integración regional se concretan ahora no desde la acción délica sino a partir de los tratados de libre comercio (TLC) y los acuerdos bilaterales que, gestionados a espaldas de las decisione en bloque, buscan fragmentar y debiltarlos.

Algunos miembros del Mercosur parecen permeables a esta jugada, penando más en los beneficios individuales y circunstanciales que en los riegos que traerían al colectivo; otros apuestan a la solidez política copmo sustento del desarrollo común. Otro bloque, la Alianza del Pacífico insiste en acatar las decisiones del Norte, y acaba de sumnarse a la Alianza Trans Pacífico, mientras un posible vínculo mercosureño con la Unión Europea, entusiasma a pocos y preocupa por demás.

Ceñirse a la crítica de lo realizado resulta estéril si no sirve para buscar alternativas superadoras, más aún cuando éstas son urgentes. Las condiciones para la región vienen cambiando en el último período muy negativamente y, nuevamente, los virajes reaccionarios convocan a los pueblos a afrontar ajustes regresivos y a creer que el abismo del subdesarrollo puede superarse con la aproximación más directa y estrecha con los países y regiones más avanzadas del mundo a través de mercados abiertos (devaluaciones competitivas, TLCs, profundizar la apertura, y medidas a favor de priorizar los incentivos para la inversión o convencer a los mercados, entre otras).

Obviamente, Mercosur no debe avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio con la

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Unión Europea, ya que los seis acuerdos de asociación que Europa ha firmado con América latina imponen condiciones injustas en la relación comercial y promueven obligaciones que limitan la capacidad de desarrollo autónomo de nuestros Estados: compras públicas, protección de los derechos de propiedad intelectual, protección a las inversiones, exigencia de apertura en sectores industriales que ponen en riesgo nuestros puestos de trabajo.

Las negociaciones con terceros deben sustentarse sobre las bases de equilibrio, y deben concordar con los objetivos estratégicos construidos regionalmente.

Por eso llama la atención la falta de transparencia y el sigilo con que vienen siendo tratadas las negociaciones del Mercosur y la UE. El capitalismo especulativo ha provocado la crisis ambiental, alimentaria y energética que actualmente deteriora la capacidad de revertir la desigualdad y la injusticia social, amenaza los significados y contenidos de los proyectos democráticos y emancipadores de la región y coloca en riesgo la propia supervivencia de la humanidad. La preservación de la madre tierra y la soberanía sobre los recursos naturales y minerales deben ser pautadas por una nueva lógica de producción y consumo, que preserven y estimulen la solidaridad.

Es importante destacar que hay una tentativa de imponer una ofensiva conservadora contra los derechos de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos originarios, de la población LGTB, de los negros y negras, indígenas y población campesina. Esa ofensiva precisa ser combatida en todo el continente y en respuesta los movimientos sociales precisan actuar de forma unitaria, construyendo una agenda común de lucha a partir del fortalecimiento de la integración y el respaldo y profundización de las conquistas y de la democracia.

Los problemas y las limitaciones del actual proceso del Mercosur deben ser resueltos con más derechos, más participación y más integración, y no con la negación y retroceso que representan los acuerdos de libre comercio.

Son los movimientos sociales y organizaciones quienes reafirman la importancia y el significado que tiene el proceso de integración regional democrático e inclusivo, con una agenda política que las dimensiones

política, económica, productiva, social, educacional, ambiental, cultural y ciudadana de la integración regional, que son las bases sobre las cuales se debe avanzar rumbo a un Mercosur más efectivo, justo y democrático, la armonización de legislaciones que afectan la plena consolidación del proceso de integración (trabajo, providencia, tributos, entre otras) y la implementación efectiva de los acuerdos de seguridad social y residencia para los nacionales de los Estados-parte.

Hoy es necesario avanzar desde la apertura comercial hacia la integración productiva –incluyendo áreas sensibles específicas como ser soberanía alimenticia y energética, fabricación de medicamentos genéricos–, la relación de países grandes y chicos (asimetrías), el rol de las empresas públicas, multinacionales, pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores y la economía social; los movimientos de personas (migraciones); instancias de reconocimiento mutuo complementación y nivelación educativa y en ciencia y técnica; análisis de modelos de integración alternativos. Para que no sea una mera guía, se debe saber elegir prioridades. El desafío debe ser no sólo conformarse con los análisis descriptivos (diagnósticos) sino encontrar rumbos alternativos consistentes y efectivos (propuestas), no suplantables con meras consignas.

Hoy es necesario ampliar las bases de representación y participación popular (y de la ciudadanía en general) en el Mercosur, que requiere de canales institucionales y políticos concretos, como por ejemplo otorgando a las organizaciones populares un asiento en igualdad de condiciones en los organismos del Mercosur, de forma de reflejar el pluralismo y las diversidades de la región, contribuyendo a la democracia, la participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del proceso de integración regional.

Es imprescindible la articulación entre los movimientos, organizaciones sociales y populares y gobiernos para garantizar continuidad en el Mercosur.

La integración debe ser asumida como propia por trabajadores, estudiantes, campesinos y no dejar el tema –como hasta ahora– en mano de burócratas, “expertos” y diplomáticos. Es la ciudadanía, son los movimientos sociales los que deben empoderar la integración 

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