Patria grande 13 09 by Miradas

Patria Grande SEPTIEMBRE DE 2015

EDICIÓN

NÚMERO 8

DIRECCIÓN

SUPLEMENTO DE

GENERAL ARAM AHARONIAN Y CARLOS ALBERTO VILLALBA

LOS NUEVOS ESCENARIOS DE LA

INTEGRACIÓN

esde ﬁnales del siglo pasado, nuestro continente despliega esfuerzos de una nueva forma de pensar y encauzar la integración, asumiéndola como una vía importante para lograr mejores niveles de vida, con una mirada de cooperación y complementariedad, identidad nuestramericana y visión desde el Sur. A ello hay que sumar los esfuerzos por

la democratización en las relaciones entre los Estados, las sociedades y los pueblos. Los esquemas convencionales de integración, en un contexto de crítica a su funcionalidad con los modelos de desarrollo en turno, la crisis de la economía mundial así como el surgimiento de nuevos escenarios para la integración bajo el impulso de gobiernos progresistas, inician una redeﬁnición de sus

agendas para construir sociedades más justas y equitativas. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) son las propuestas integracionistas que evidencian este nuevo horizonte de

concertación política e integración entre los pueblos. En esta edición desarrollamos las características de los nuevos escenarios de la integración en comparación con los enfoques tradicionales, así como los desafíos que se asumen en la unidad de acciones de cooperación, solidaridad y empoderamiento con la determinación que el cambio de época necesita 

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LOS OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN Tradicionalmente, los procesos de integración se basaron en mercados comunes. En los últimos años, el tema de la ciudadanía común y la participación comienzan a ser parte de la agenda por construir. XIMENA RONCAL VATTUONE Universidad Autónoma de Puebla

esde sus orígenes, los procesos integracionistas encaminaron sus estrategias para la creación de mercados comunes o áreas de libre comercio, con avances muy escasos tanto en los objetivos planteados como en el esfuerzo de vinculación entre los pueblos y, más distante aún, la contribución a la superación de los problemas económicos y sociales históricamente presentes en la región. Los relativos avances tanto en la dimensión comercial como en materia de desarrollo económico y social, fueron creando imaginarios para repensar y redefinir los mecanismos de los antiguos e incluso los nuevos o reformulados organismos, con el esfuerzo de transformar los contextos precedentes de la integración latinoamericana y caribeña. La integración ha ido planteando horizontes inmediatos de cambio incorporando en sus objetivos el componente social a través de políticas e instituciones en la definición de las prioridades nacionales y sociales. En el ALBA, la Unasur y la Celac aparecen desde su fundación temas que si bien no son completamente nuevos, habían quedado marginados en la práctica de los acuerdos tradicionales de la integración: complementación productiva, intercambio de paquetes tecnológicos integrales, comercio compensado, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía científica y tecnológica, defensa de los bienes comunes, cambio de la matriz energética, así como tres niveles de interlocución: -Un nivel de interlocución oficial-estatal que expresa la relación entre los Estados que no se reduce únicamente a la dimensión comercial. -Un proyecto de cooperación en diversas áreas hacia otros países o comunidades de la región. -Participación de distintos sujetos sociales en el proyecto alternativo desde cooperativas hasta espacios subnacionales. Desde esta mirada, la integración es mucho más compleja e integral. Así, su naturaleza política exige decisiones autónomas en términos de inserción mundial conjunta (individualmente se carece de posibilidades), énfasis y priorización en políticas para el combate a la desigualdad, de apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la educación, a la salud, etc., participación de los movimientos sociales y empoderamiento de las mujeres para el establecimiento de modos de vida sostenibles 

ORGANISMO

Mercado Común Centroamericano (MCCA)

Grupo Andino Comunidad Andina de Naciones (CAN)

PAÍSES MIEMBROS Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

1960

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

1969 1996

-Integración subregional andina para establecer una Zona de Libre Comercio. -Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, y la cooperación económica y social.

1980

- Espacio de libre comercio. a) comercio de servicios, b) la propiedad intelectual, c) la protección de los conocimientos tradicionales, d) las inversiones, la doble tributación, e) las compras del sector público y las políticas de competencia.

Asociación Latinoamericana Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Colombia, Ecuador, México, Panamá, de Integración (Aladi)

CREACIÓN

Paraguay, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá

OBJETIVOS -Establecimiento de una Unión Aduanera a) Libre comercio y libre circulación de mercancías (b) Modernización y convergencia de las normas; y (c) Modernización institucional.

La Comunidad del Caribe (Caricom)

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Montserrat.

1973

-Espacio de integración económica y de cooperación social entre sus miembros. -Integración para la coordinación de políticas económicas y planiﬁcación del desarrollo. -Mercado y economía únicos.

Mercado Común del Sur (Mercosur)

Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

1991

-Espacio común para generar oportunidades de comercio y de inversiones. -Integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.

Alianza Bolivariana para los Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, 2004 Pueblos de Nuestra América Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa (ALBA-TCP)

- Zona Económica de Desarrollo Compartido: a) Cooperación e intercambio de información, b) Capacitación, c) Reconocimiento mutuo, d) Simpliﬁcación de trámites, e) Rutas geopolíticas, f) Eliminación de barreras que obstaculicen la complementación, g) Identiﬁcación de nuevos actores económicos.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

2008

-Espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre los pueblos, prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el ﬁnanciamiento y el medio ambiente.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

2010

-Espacio común para profundizar la integración política, económica, social y cultural de la región, considerando que se debe renovar y reforzar la unidad regional, mediante los vínculos de solidaridad y cooperación para el desarrollo sostenible de sus pueblos.

Lucía.

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EL TRATAMIENTO DE LAS ASIMETRÍAS

l tratamiento de las asimetrías ha sido uno de los temas más recurrentes en los procesos de integración, debido a los desiguales niveles tanto de desarrollo como de tamaño de los países de Nuestramérica. Sin embargo, no todos los espacios integracionistas han considerado de manera explícita en sus acuerdos esta condición y la aplicación operativa del Trato Especial y Diferenciado (TED) ha consistido básicamente en extender plazos para las desgravaciones y estar sometidos a la capacidad de negociación del país receptor. El TED se ha limitado a tres tipos de compromisos que resultan marginales frente a la magnitud de las desigualdades: asistencia técnica para que las economías más pequeñas estén en condiciones de participar en las negociaciones; apertura más rápida de mercados para el ingreso de mercancías provenientes de ellas; y aceptación para que dichas economías demoren algo la apertura de sus mercados internos, señala el economista chileno-mexicano Jaime Estay. La poca efectividad e incidencia en la reducción de las asimetrías se hace aún mayor en las negociaciones de los

Tratados de Libre Comercio, que además de la protección que ejercen los países centrales a sus sectores estratégicos no contemplan diferencias de tamaño o grado de desarrollo entre los países y se rigen sólo por el principio de reciprocidad. En los nuevos escenarios de la integración, las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de los países son contemplados como asuntos prioritarios y se considera estratégico el desarrollo de metas sociales y económicas precisas para avanzar en la disminución de asimetrías entre los países y los pueblos. El Trato Especial y Diferenciado considera el nivel de desarrollo y la dimensión de sus economías, contemplando variables como población, superficie, producción global y dotación de recursos. Indicadores referidos al grado de desarrollo y a las limitaciones estructurales de las economías: composición de las exportaciones y vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso per cápita promedio y variaciones respecto de ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc., para garantizar beneﬁcios conjuntos de la integración 

- No se reconoce de manera explícita la existencia de asimetrías ni se propone el trato especial y diferenciado entre sus miembros. -La estructura del arancel externo común –denominado Sistema Arancelario Centroamericano-SAC–. -En el SAC, el 95%; de los rubros son uniformes, el 3% fue negociado multilateralmente y el 2% restante tiene un tratamiento especial, conforme a la legislación de cada país.

En los Acuerdos de Alcance Regional, se destacan las Nóminas de Aperturas de Mercado a favor de los Pmder, extensividad a favor de los Pmder de aquellas preferencias que concedan los demás países miembros, en acuerdos negociados con países no miembros de la Aladi. b) Mecanismos de cooperación y asistencia técnica. Programas especiales de cooperación a través de programas y acciones en las áreas de preinversión, ﬁnanciamiento y tecnología.

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Comunidad del Caribe (Caricom)

Mercado Común Centroamericano (MCCA)

- Régimen Especial para Bolivia y Ecuador: se les otorgan plazos diferenciados y excepciones temporales durante las negociaciones de eliminación de restricciones al comercio. -En los mecanismos financieros: en el caso de la CAF, a Bolivia y Ecuador se les exige una menor participación de capital (7%) con relación a los demás países andinos (25,5%), con la misma posibilidad de decisión e igual categoría. En el caso del FLAR, Bolivia y Ecuador tienen una participación de capital del 11,3% y los demás socios 22,6%, los límites de financiamiento son más flexibles para ambos países. - Programa de Acciones de Convergencia Macroeconómica.

Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) Distingue tres categorías de países: de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay), países de desarrollo intermedio (Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela) y de mayor desarrollo (Argentina, Brasil y México). -Sistema de Apoyo a los Pmder. a) Área de preferencias económicas; Preferencia Arancelaria Regional, Acuerdos de Alcance Regional (en los cuales participan todos los países miembros) y Acuerdos de Alcance Parcial (en los que en los que no participan todos los países miembros).

-Consejo para el Desarrollo Económico y Comercial. -Fondo Caricom de Desarrollo (2008). -Apoyo a países, regiones y sectores de la Comunidad con menor desarrollo relativo. Los países menos adelantados tienen derecho a privilegios comerciales especiales y acceso prioritario a los fondos que otorga el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC). -Eliminación de aranceles internos, suprimidas casi en su totalidad las barreras no arancelarias, eliminación de impuestos no autorizados a las importaciones y los impuestos discriminatorios y la aplicación de un arancel externo común respecto de terceros países.

Mercado Común del Sur (Mercosur) El Fondo de Convergencia Estructural (2006) busca corregir las asimetrías con a) características económicas; b) de infraestructura y desarrollo regional y c) de carácter comercial. El Focem se ﬁnancia con aportaciones de los Estados Parte del Mercosur, estos recursos se destinan a proyectos evaluados por un grupo constituido ad hoc y administrados por una unidad técnica.

Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) -Fondos Compensatorios o de Convergencia Estructural.

El TED se determina con variables como población, superﬁcie, producción global y dotación de recursos. Indicadores como composición de las exportaciones, vulnerabilidad externa, nivel de desarrollo industrial, ingreso pér cápita promedio, pobreza y pobreza extrema. -Fondo ALBA Caribe: ﬁnancia programas y proyectos sociales, priorizando el acceso a la salud, la educación y la vivienda, así como proyectos socioproductivos que promuevan el desarrollo económico mediante cooperativas, pequeñas y medianas industrias. -Fondo de Crédito Rotatorio a Importadores Venezolanos para la Adquisición de Bienes Bolivianos: Línea de crédito dirigida a importadores venezolanos para la adquisición de bienes bolivianos, con una tasa de interés de 14% anual.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) - Trato especial y diferenciado: preservar los plazos de desgravación ya adquiridos por los Pmder. Promover un sistema de salvaguardias que considere un trato diferencial para las distintas categorías de países. - Garantías de acceso a los mercados a través de programas de eliminación de medidas de carácter no arancelarias. Mejor aprovechamiento de regímenes especiales de importación para los Pmder. - Políticas de Tratamiento de Asimetrías Estructurales.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) - Grupo de Trabajo sobre una Preferencia Arancelaria Latinoamericana y Caribeña (PALC). - Preferencia Arancelaria Latinoamericana y Caribeña: elaboración de un estudio sobre el comercio preferencial intra Celac con la participación de la Cepal, la Aladi y las Secretarías Generales de los Mecanismos Subregionales. -Acuerdos entre países miembros de la Celac.

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LA DIMENSIÓN SOCIAL

i bien es cierto que desde sus orígenes los organismos de integración incorporaron objetivos, planes y programas destinados a la dimensión social, de manera particular, durante los años noventa todos estos esquemas se esforzaron por encaminarse a la apertura de mercado que llevó a una ausencia de las políticas sociales tanto al interior de los países como al conjunto de los organismos frente a los aspectos comerciales y a las reformas económicas instrumentadas. La intencionalidad de las metas, objetivos y la formulación de políticas laborales, de empleo, de derechos humanos, de migración, políticas redistributivas y de participación social fueron ubicadas como acciones de consulta y cooperación en el plano social, sin actividades vinculantes y sin la creación de mecanismos de realización de esas acciones, quedando simplemente en las formulaciones iniciales. Un documento del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) reconoce que la dimensión social de la integración ha obviado temas como la equidad y las causas estructurales de la pobreza, la seguridad social en los aspectos laborales así como el desarrollo sostenible. Además, las propuestas y los contenidos de las declaraciones de las Cumbres Presidenciales

pocas veces han sido acompañadas por planes de acción inmediatos en el ámbito social, que a partir de mecanismos específicos permitan enfrentar los rezagos existentes, señala. La vertiente social retoma fuerza en los escenarios actuales, proponiendo construir nuevas formas de vivir en sociedad recuperando para la integración los temas de desarrollo que estuvieron presentes en los procesos, pero que fueron rezagados. Hasta el momento, se han diseñado estrategias para ser llevadas a la práctica por instituciones sociales a través del establecimiento de planes de acción, misiones sociales, programas y proyectos que contribuyan significativamente a resolver los problemas de pobreza y desigualdad social con resultados avanzados en salud, educación, cultura, alimentos, tecnología, comunicación, infraestructura, telecomunicaciones, comunicación social y financiamiento al desarrollo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa señala: “Hablaremos que el combate a la pobreza es un problema político y de justicia, más que de caridad (...) Tenemos que dar una respuesta inteligente a esa lucha contra la pobreza, que no es sólo la cooperación. Más que cooperación, necesitamos justicia”

Mercado Común Centroamericano (MCCA) -No se deﬁnen de manera clara las políticas a desarrollar en las dimensiones sociales.

Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Plan Integrado de Desarrollo Social - PIDS. - Ciudadanía Andina. - Consejo Andino de Ministros de Educación y Políticas Culturales. - Mecanismo andino de cooperación en asistencia y protección consular y asuntos migratorios. - Centros binacionales de atención en frontera. -Conversión del Convenio Hipólito Unanue en Organismo Andino de Salud. - Convenio Andrés Bello. - Universidad Andina Simón Bolívar

Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) -Lineamientos para la construcción de la Dimensión Social: Fortalecimiento institucional para la dimensión social. Cooperación como herramienta de apoyo a la inclusión social. Integración productiva como herramienta de apoyo a la inclusión social. Profundización y facilitación del comercio y apoyo a la inclusión social.

La Comunidad del Caribe (Caricom) - Consejo de Desarrollo Humano y Social (Cohsod) para impulsar el desarrollo social y humano, mediante el desarrollo de la salud, la educación y el deporte. -Pan-Caribbean Partnership Against HIV/AIDS (Pancap). -Iniciativa de Cooperación Caribeña en Salud. -Autoridad para la Acreditación regional en materia de Educación.

Mercado Común del Sur (Mercosur) -Instituto Social del Mercosur. -Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos. - “Somos Mercosur”.

Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) - Alfabetización y pos alfabetización - Grannacional de medicamentos Albamed - Atención a personas con capacidades diferentes. -Programa Oftalmológico -Programas de Educación en todos los niveles (Escuela Latinoamericana de Medicina, Universidad del ALBA, Maestría en Educación Comparada) - Juegos Deportivos del ALBA.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) - Establecimiento de un mecanismo de cooperación técnica horizontal: asesoría experimentada para la resolución exitosa de problemas sociales. - Fondo Regional para el Desarrollo Social y Humano Incluyente. - Reconocimiento mutuo de títulos profesionales y diplomas universitarios; - Sistemas de comunicación, educativos, de información y culturales.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación de Hambre 2025. - Plan de Acción para la erradicación del analfabetismo en los países de la Celac. - Portal de Cultura de América Latina y el Caribe con apoyo de la Unesco. - Promoción de la Equidad, Igualdad y Empoderamiento de la Mujer. - Grupo de Trabajo sobre Talento Humano.

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COOPERACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA s importante destacar los esfuerzos E que en este ámbito se han desarrollado en los distintos espacios de integración en ALC al margen del balance de los resultados de los mismos. Los mecanismos de compensación de pagos de la Aladi, la Cámara de Compensación Centroamericana y el Sistema de Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil (SML), son las experiencias en materia de cooperación monetaria y de la promoción del comercio recíproco de los diversos momentos que ha atravesado la integración nuestramericana, son un referente obligado al momento de plantear el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) como la propuesta de mayor trascendencia en la época actual. Su diseño se fundamenta en el ahorro de la moneda extranjera en las operaciones regionales para reducir el peso del dólar como moneda de referencia y otorgando a los bancos centrales mayores márgenes de maniobra con las reservas de divisas en el entendido que la cooperación en materia financiera y monetaria es indispensable. Compartiendo la misma preocupación y con alcances de gran envergadura, el ALBA-TCP, la Unasur y la Celac a través del Sucre, el Banco del ALBA y el Banco del Sur contribuyen sustancialmente en el debate de la construcción de una nueva arquitectura monetaria y financiera regional, avanzando en la formulación de estrategias conjuntas que incluyen tanto la exigencia por la construcción de un orden monetario y financiero distinto al que hoy opera, alternativo y sin las condicionalidades del capital financiero internacional 

l presente y futuro de los nuevos esceE narios de integración de Nuestramérica, así como los retos para avanzar hacia otros modos de vida en el actual orden del sistema mundo capitalista, exige sin duda esfuerzos valerosos, trascendentes y de clara voluntad política de los gobiernos para consolidar e impulsar, sobre nuevos horizontes, la integración regional. A pesar de los avances alcanzados y de los objetivos claramente planteados, el nuevo esfuerzo integrador debe ser enfático en la promoción y presencia de otros vínculos no económicos por sobre la promoción casi exclusiva de aspectos comerciales que históricamente han

Mercado Común Centroamericano (MCCA)

Mercado Común del Sur (Mercosur)

- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) - Cámara de Compensación Centroamericana. Con la ﬁnalidad de impulsar y fortalecer el mercado ﬁnanciero regional; captar ahorro público a través de emisiones; propiciar la armonización de marcos regulatorios y la adopción de las mejores prácticas en sectores claves e impulsar la optimización en el manejo, conservación y uso de los recursos naturales.

-Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) entre Argentina y Brasil. Facilitar las transacciones entre los dos países en monedas locales y reducir la transferencia en divisas (dólares estadounidenses) entre sí. Es un mecanismo opcional y complementario de los sistemas de pagos vigentes en Argentina y Brasil, se conforma como un sistema de compensación y transferencia de valores. Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). - Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR): una Banca de Desarrollo, un Fondo Latinoamericano de Reservas y un Sistema Monetario Regional. - Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) - Banco del ALBA-TCP Financiamiento de programas y proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía, programas y proyectos de desarrollo en sectores sociales, programas y proyectos que favorezcan el comercio justo y el proceso de Integración Latinoamericana y Caribeña. - Fondos especiales. -Fondo ALBA-Caribe.

Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Corporación Andina de Fomento (CAF) Para promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la prestación de servicios ﬁnancieros múltiples a clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas -Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) Para apoyar la balanza de pagos, buscar mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales y contribuir a la armonización de las políticas cambiaria, monetaria y ﬁnanciera de los países miembros.

Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) -Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) Agiliza los pagos, intensiﬁca las relaciones económicas entre los países miembros, promueve reducir la utilización de divisas y estimula las relaciones ﬁnancieras. Sus dos elementos principales son: un mecanismo de compensación multilateral de pagos y un sistema de garantías.

La Comunidad del Caribe (Caricom) - Unión Monetaria de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO). Coordina estrategias de desarrollo, promueve la cooperación económica, el desarrollo sostenible y la integración de entre sus miembros. -Banco Central del Caribe Oriental. Regula la disponibilidad de moneda y crédito, promueve la estabilidad monetaria, el crédito y las condiciones sanas de intercambio.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) - Nueva Arquitectura Financiera regional (NAFR). - Sistema Único de Compensación Regional (Sucre). -Banco del Sur. Fortalecer el papel del continente en el mundo ﬁnanciero y comercial globalizado, y beneﬁciar el aparato productivo que priorice las necesidades básicas de los pueblos.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) -Nueva Arquitectura Financiera regional (NAFR): Reducir la vulnerabilidad de las economías nacionales frente a los organismos ﬁnancieros internacionales y reducir la utilización del dólar en los intercambios comerciales. - Sistema Único de Compensación Regional (Sucre). - Banco del Sur.

ESFUERZO INTEGRADOR existido en las relaciones de los procesos de integración. Como proyectos alternativos, tienen entre sus principales retos el acentuar el respeto a las soberanías nacionales, los lazos de fraternidad internacional, la consolidación de la NAFR, la equidad de género, la identidad y la unidad política de los pueblos como procesos de inclusión de sujetos multidimensionales, de convergencia con los movimientos sociales y de alianzas Sur-Sur.

Miguel Contreras señala que “hoy es vital la necesidad de construir un gran polo de referencia suramericano que haga contrapeso a otras potencias porque el mundo se mueve sobre la competencia y nosotros propulsamos el paradigma de la complementación (…) Lo humanista, lo verdaderamente justo, es que todos los pueblos del mundo logren un tipo de relación horizontal en donde cada uno, de acuerdo con sus necesidades y ventajas comparativas, aporte cuanto sea posible constituyendo

una integración dado el interés de facilitar soluciones integrales a problemas complejos que vive el mundo actual” . En suma, nos encontramos ante un escenario que potencializa una integración autónoma con un enfoque geopolítico crítico desde una perspectiva Latinoamericana, donde la conciencia de los pueblos se ha nutrido, las nuevas experiencias marcan línea en una dirección por demás necesaria, aprovechando, reformulando, perfeccionando pero sobre todo transformando las viejas prácticas existentes en materia de integración para consolidar sociedades más humanas para Vivir Bien 

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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL El fin es el de acallar los reclamos populares, deslegitimar su lucha, inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que ejercen su legítimo derecho de organizarse, expresar libremente su opinión y exigir el respeto de sus derechos.

ESTRATEGIA POLÍTICA REGIONAL

lo largo de toda América Latina la protesta social, así como organizaciones y dirigentes sociales, son criminalizados por los gobiernos –tanto neoliberales como progresistas–, con el fin de acallar sus voces de reclamo, deslegitimar su lucha, inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que ejercen su legítimo derecho de organizarse, expresar libremente su opinión y exigir el respeto de sus derechos. Son numerosas las metodologías para criminalizar a las organizaciones sociales y dirigentes/as: detención arbitraria, prisión preventiva muchas veces prolongada excesivamente, enjuiciamientos penales, cargos infundados, no respeto al debido proceso, sanciones desproporcionadas, persecución, hostilidad y agresión física, represión estatal directa, luchadores/

as asesinados/as, desapariciones forzadas, cuestionamientos de derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. Los gobiernos recurren a leyes –crean nuevas o modifican las existentes para garantizar impunidad a policías y militares en el uso de fuerza excesiva; aplican leyes antiterroristas a líderes/as indígenas– para criminalizar el derecho a la protesta social. La política de criminalización encuentra en los medios de comunicación masivos un arma clave para que la protesta social sea vista como delito y a quienes la promueven, como delincuentes, llegando a difamarlos muchas veces. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, del 2011, destaca que “la protesta pública

es una de las formas de ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión que reviste un interés social fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático. Por ello, las expresiones contra proyectos o políticas gubernamentales, lejos de ser una provocación a la violencia, son propias de cualquier democracia pluralista”. “En virtud de la importancia que reviste la protesta social en los sistemas democráticos, el Estado tiene un marco ceñido para justificar su limitación, en este sentido, si bien el derecho de reunión no es absoluto y puede estar sujeto a ciertos límites, estos deben ser razonables con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las manifestaciones, y deben regirse ‘por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad’”, agrega la CIDH. Si se trata de delitos, muchas de las

estrategias utilizadas por los Estados –para reprimir y criminalizar la protesta social– lindan en lo delincuencial al poner en riesgo la vida e integridad personal de quienes salen a las calles a protestar, bloquean carreteras u ocupan tierras ancestrales, que son formas de expresar su desacuerdo, por ejemplo, con una actividad extractiva o un megaproyecto, al no haber sido consultados ni escuchados y sentir que sus reclamos no son atendidos. La protesta social es una manifestación de los derechos de reunión y de libre expresión de opinión de quienes promueven la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, múltiples derechos que están expresamente reconocidos en los diversos instrumentos jurídicos interamericanos que los Estados han suscripto 

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l gobierno encarcela a líderes indígenas sin pruebas y acusa a organizaciones de derechos humanos de promover el terrorismo. La mañana del 19 de marzo, los pobladores de Santa Eulalia, municipio ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes, en el norteño departamento de Huehuetenango, se encontraban entusiasmados. Reunidos frente a la municipalidad, exigían la reapertura de la radio comunitaria Snuq Jolom Konob, que había sido cerrada dos meses atrás por el alcalde Diego Marcos. Fundada en el 2000, Snuq Jolom Konob signiﬁca “Cabeza de Pueblo” en la lengua maya q’anjob’al, en referencia a la gigantesca escultura monolítica que existe en la zona, de la cual sólo queda la cabeza. Desde su creación, Snuq Jolom Konob había transmitido su programación desde las instalaciones de la municipalidad. Con la participación de voluntarios indígenas, la radio transmite en q’anjob’al y ha jugado un rol vital en salvar esta lengua maya –hablada por casi 100.000 personas en los pueblos de San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, Barillas y Santa Eulalia– de la extinción. También ha permitido que la comunidad q’anjob’al exprese su oposición a la construcción de una hidroeléctrica en el río Cambalam que ha provocado el desplazamiento de familias locales. En el 2011, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina otorgó la licencia a Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía, para construir la represa sin haber obtenido el consentimiento previo e informado de las comunidades locales, de acuerdo con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT. El asesinato del líder de la comunidad Andrés Francisco Miguel en mayo del 2012 por guardias de seguridad armados, empleados por Hidro Santa Cruz, generó una serie de protestas en el norte de Huehuetenango que enfrentaron una dura represión del gobierno central. Pérez Molina declaró Barillas en estado de sitio, suspendió los derechos constitucionales y puso la zona bajo control del Ejército. En escenas que recordaban los ataques contra las comunidades indígenas durante los 36 años de guerra civil, soldados y policías allanaron la localidad, derribaron puertas sin órdenes judiciales y amenazaron a las mujeres con violarlas. Fueron detenidos 19 líderes indígenas y llevados a una cárcel de alta seguridad en Ciudad de Guatemala, acusados de delitos que van desde robo armado hasta terrorismo. Algunos fueron ﬁnalmente liberados debido a la falta de evidencias luego de haber permanecido encarcelados por más de 150 días y otros todavía esperan ser juzgados. Según el procurador de los derechos humanos, Jorge León Duque, fueron violados los derechos fundamentales de los detenidos porque no se les informó los motivos de su encarcelamiento y no se les permitió acceso a traductores a pesar de que su lengua materna era q’anjob’al.

Presos políticos

Bajo el clima de represión que soportó la comunidad q’anjob’al desde que se otorgó la licencia a Hidro Santa Cruz para construir la represa, radio Snuq Jolom Konob era el único medio que tenían los pobladores para expresar su descontento y planear actividades de resistencia. Fue tan fundamental el papel que jugó la radio que cuando el alcalde Marcos, que pertenece al partido opositor Lider y está a favor de la represa, decidió cerrarla por la fuerza el 20 de enero, la población de Santa Eulalia estaba dispuesta a dar la vida por defender la emisora. Durante un enfrentamiento entre pobladores y empleados municipales, fue baleado Pascual Basilio Pascual Diego, de 20 años. Su padre, Domingo Antonio y otros testigos, responsabilizaron al alcalde. Pascual Diego murió en un hospital dos meses después. El 19 de marzo, comunicadores voluntarios, respaldados por la población de Santa Eulalia, trataron de reabrir la radio Snuq Jolom Konob. Sin embargo, el alcalde y los empleados municipales les impidieron la entrada y hasta la fecha la radio permanece cerrada. “Lo de la radio se circunscribe en el marco de una agresión permanente del Estado guatemalteco en contra de nuestros pueblos ancestrales que se han organizado para defender el agua, los cerros, la Madre Tierra, los bosques, la vía en sí”, dijo Rigoberto Juárez Mateo, representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Poptí y Mestiza de

GUATEMALA:

LA PROTESTA INDÍGENA Huehuetenango. Ante la cercanía de las elecciones generales previstas para setiembre, Juárez teme que las acciones represivas contra líderes comunales se intensiﬁquen y se disfracen como violencia política. El 24 de marzo, Juárez y Domingo Baltazar, otro líder q’anjob’al, fueron arrestados sin orden judicial por efectivos policiales en Ciudad de Guatemala, luego que viajaran a la capital para reunirse con organizaciones de derechos humanos que están documentando las violaciones cometidas contra su comunidad. Durante el incidente, el abogado Ricardo Cajas fue atacado físicamente por los dos agentes . Tres días después, se presentaron ante el juez Otto Felipe Vásquez quien expidió medidas cautelares en vez de prisión preventiva. Sin embargo, cuando abandonaron el tribunal fueron detenidos nuevamente por la policía. Juárez y Baltazar son acusados de secuestro e instigar actividades criminales, cargos que ambos niegan. En declaraciones desde la cárcel, Juárez aﬁrmó: “Nosotros nos consideramos presos políticos. Aunque esté tras las rejas insisto que es urgente que nuestros pueblos y nacionalidades ancestrales reorienten su lucha. La autodeterminación es el camino. No hay de otra porque no hay un Estado para nosotros. El Estado se ha fundamentado más que nada para reprimir, para dañar, para expropiarnos de lo poco que tenemos”. El mismo día en que Juárez y Baltazar comparecieron ante el juez Vásquez, el cadáver del líder q’anjob’al Pascual Pablo Francisco fue hallado en la aldea Chancolín, en el municipio de Barillas, con signos de tortura. La comunidad responsabiliza a Hidro Santa Cruz de su muerte y el incidente ha exacerbado las tensiones entre el pueblo q’anjob’al, la empresa y las autoridades. Las acciones represivas contra líderes de comunidades indígenas opuestas a las industrias extractivas y proyectos de infraestructura a gran escala se han incrementado dramáticamente bajo el actual gobierno, aseguran organizaciones de derechos humanos. Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), 657 activistas en derechos humanos fueron víctimas de ataques en el 2013, número que aumentó a 810 en el 2014. Esta cifra incluye siete asesinatos y 21 intentos de asesinato. Uno de los peores casos de violencia desatada por el actual gobierno contra la protesta indígena fue la masacre de ocho manifestantes en el nororiental departamento de Totonicapán. Soldados armados con fusiles israelíes Galil

dispararon contra líderes campesinos durante el bloqueo de una carretera contra el aumento de los precios de la electricidad en octubre de 2012. “Este gobierno ha militarizado todo; ha usado la fuerza y la represión en muchas protestas y movimientos sociales”, dijo Norma Sancir, periodista de Prensa Comunitaria, detenida por cinco días en setiembre de 2014 por cubrir manifestaciones pacíﬁcas. Mal periodismo

Observadores internacionales y organizaciones no gubernamentales también están en la mira. En julio del 2014, a dos integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz que acompañaban el violento desalojo de una protesta antiminera en la localidad de La Puya, en el municipio de San José del Golfo, a 28 km al noreste de Ciudad de Guatemala, les fueron retiradas sus visas de residencia y les informaron que debían abandonar el país en una semana. El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que el caso debe servir como “advertencia” para todas las organizaciones internacionales y acusó a extranjeros de incitar las protestas y manipular a la población local. Una tendencia preocupante en el marco del actual clima de criminalización de líderes y lideresas sociales ha sido el hecho de que tanto manifestantes como las organizaciones de derechos humanos que los apoyan hayan sido caliﬁcados de “terroristas” por el gobierno del ahora preso Pérez Molina, discurso del que han hecho eco los medios . El programa “Suecia ﬁnancia terroristas en Guatemala”, transmitido por los periodistas Sylvia Gereda y Pedro Trujillo, del Canal Antigua TV, en marzo del 2012 es un claro ejemplo de esto. El reportaje acusaba a la Embajada de Suecia de entregar dinero a “organizaciones que promueven la inestabilidad política, terrorismo y debilitan el Estado” a través de proyectos de cooperación en el municipio de San Juan Sacatepequez, donde comunidades indígenas desde hace ocho años protestan contra la construcción de una fábrica, propiedad de Cementos Progreso. Aquella vez, Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, consideró el programa como un ejemplo de “mal periodismo”. Antigua TV pertenece al ministro de Energía y Minas Erick Archila y los críticos señalan este caso como una clara demostración de cómo los principales medios son usados para hacer eco de los intereses corporativos. “Los medios están monopolizados y todo aquel que se opone a los megaproyectos que van en contra de la libertad de los pueblos, es terrorista”, dijo Norma Sancir 

S8 Patria Grande

13 al 19 de septiembre de 2015

CHILE: ARNALDO PÉREZ GUERRA Desde Santiago de Chile

a estrategia de control social para proteger al modelo neoliberal es criminalizar al pueblo mapuche y a los movimiento sociales. El fenómeno crece de la mano de la invisibilización y la represión de las protestas que se oponen al extractivismo y a quienes reivindican sus derechos políticos, culturales y territoriales. Gobiernos y transnacionales renuevan así la tesis del “enemigo interno”, y judicializan a líderes y lideresas sociales. “Hoy son los excluidos del modelo económico y todo aquel que levante su voz frente a las injusticias de la economía de libre mercado. Al mapuche se lo asocia a terrorismo. La disputa de predios con empresas forestales es vista como un freno para el progreso, una amenaza al Estado de derecho, que vulnera la unidad nacional”, señala el abogado Eduardo Mella. Chile es una economía dependiente, exportadora de recursos naturales, mientras el Estado se limita a resguardar los intereses de las grandes corporaciones y transnacionales. Movilizaciones medioambientales, regionales y estudiantiles, principalmente, son acompañadas por una constante presencia represiva. Se persigue judicialmente a sus dirigentes. Rodrigo Mundaca, agrónomo que ha denunciado el robo de aguas en Cabildo, Petorca, La Ligua –región de Valparaíso– por empresarios y políticos, entre ellos el exministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma fue condenado a 541 días de cárcel en abril del 2014 por “injurias y calumnias”, y enfrenta acciones judiciales en su contra en La Ligua, Quillota y Concepción. Territorios en conﬂicto son militarizados, como es el caso de comunidades mapuche en Bío Bío, Los Lagos y la Araucanía y, recientemente, en el valle del Choapa, en Caimanes, en la norteña región de Coquimbo. La comunidad está sin agua y completamente contaminada por desechos y relaves de la Minera Los Pelambres perteneciente al grupo Luksic. Cortes de ruta, huelgas de hambre y barricadas, han sido los medios para visibilizar sus demandas. Por más de tres meses, desde noviembre del 2014, Caimanes levantó un campamento camino al tranque El Mauro –a 12 km de Caimanes, donde la minera ha depositado millones de toneladas de relaves–, luego de que la empresa no acatara un fallo de la Corte Suprema que la obligaba a reponer el cauce natural de las aguas del río El Pupio. En diciembre pasado, el vocero de la comunidad, Cristián Flores, fue detenido y amedrentado por la policía. Nancy Reyes, su esposa, dice: “Su detención fue una manera de hostigamiento, de amedrentar. Un montaje, inventaron un delito para detenerlo”. El 4 de marzo último, ocho comuneros resultaron

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EL ENEMIGO INTERNO heridos tras la violenta represión –helicópteros, decenas de vehículos y bloqueos por tierra– contra cientos de manifestantes en Caimanes. Uno de ellos perdió un ojo por un balín policial. Mapuche bajo fuego Durante el último allanamiento a Ercilla, en la Araucanía, el pasado 26 de febrero, niños mapuches fueron maltratados en la comunidad Coñomil Epuleo, que reivindica sus tierras ancestrales. Efectivos de la Policía de Investigaciones detuvieron al werken (mensajero, autoridad tradicional) Jorge Quiduleo y amedrentaron e interrogaron a dos niños mapuches de 4 y 8 años. “Fue muy traumático, los policías les ordenaron a gritos que salieran de sus camas y se tiraran al suelo. Los niños, ante la presión y la violencia soltaron el llanto”, relata Rosa Quiduleo, abuela de los menores. Días antes, la Corte Suprema había ratiﬁcado un fallo a favor de tres menores de dicha comunidad, luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitara un recurso de protección. Los menores habían sido detenidos tras un allanamiento, y tras varios días encarcelados ingresaron al tribunal esposados de pies y manos. Ningún medio masivo publicó que a mediados de febrero pasado seis prisioneros políticos mapuches denunciaron torturas en la cárcel de Angol, mientras el exsacerdote Luis García Huidobro –defensor del pueblo mapuche– era condenado en un intento por silenciarlo. Mapuches encarcelados o procesados por la defensa de sus derechos políticos, culturales y territoriales son reconocidos como prisioneros políticos por organismos de derechos humanos, incluyendo la oﬁcina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH) condenó a Chile el año pasado por violaciones a los derechos humanos de integrantes del pueblo mapuche en el caso “Norín Catrimán y otros contra el Estado”. El fallo sentó un precedente pues constituye un importante reconocimiento del fenómeno de criminalización. Según la CIDH, las sentencias condenatorias contra las víctimas, ocho comuneros –incluyendo los lonkos (líderes máximos) Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, y el werken Víctor Manuel Ancalaf Llaupe– por delitos de supuesto carácter terrorista, fueron emitidas en el 2002 y 2003 fundándose en la Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia. “Aumentan los casos de criminalización y encarcelados reivindicando derechos territoriales. Actualmente hay una violenta arremetida judicial contra machis [autoridades espirituales y de salud del pueblo mapuche]. Machis han sido detenidos y condenados: Millaray Huichalaf, Tito Cañulef, Francisca Linconao y Celestino Córdoba.

Chile aplica la legislación antiterrorista promulgada por [el dictador Augusto] Pinochet, utilizada hoy con el objetivo de reprimir reivindicaciones mapuches”, afirma el científico social Rodrigo Guerra. A pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2014 contra la aplicación de la Ley Antiterrorista, la administración de Michelle Bachelet ha continuado invocándola y ya no se habla de su derogación sino de “perfeccionarla”. “Entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de Bachelet invocó la Ley Antiterrorista en siete causas, con un total de 54 comuneros mapuche imputados por delitos terroristas”, señala el prisionero político Héctor Llaitul. En el 2014, la organización mapuche Meli Wixan Mapu, reconocía la existencia de “20 prisioneros políticos mapuche”. Reprimir e infiltrar Diversos analistas coinciden en que esta estrategia político-criminal se extiende peligrosamente “en un Chile que despierta y que ha desbordado las calles para manifestarse contra la injusticia social y la opresión del mercado”, dice la periodista Paulina Acevedo. “Estudiantes, deudores habitacionales, trabajadores, indígenas, ambientalistas, son solo algunos de los sectores en la mira”. Caso emblemático es el del estudiante Víctor Montoya, quien pasó 16 meses encarcelado en prisión preventiva, acusado bajo la Ley Antiterrorista por la supuesta colocación de una bomba en un retén policial en febrero del 2013. La Fiscalía presentó testigos protegidos y centró el caso en su perfil de “vegano”. Fue absuelto en dos juicios el año pasado. “Es la ley Antiterrorista la que genera todo esto, pues eres culpable hasta que demuestres lo contrario”, dijo Montoya. Mireille Fanon, de la Fundación Frantz Fanon, señaló que el estudiante “pasó 16 meses en prisión por pruebas falsas bajo el pretexto que el Estado necesita demostrar la existencia de una amenaza terrorista. Este Estado avala, a sabiendas, la fabricación y el uso de procedimientos fuera de toda legitimidad, siempre y cuando se trata de reforzar su necesidad de mantener a la población bajo control”. Para Guerra, “hay una creciente escalada y legitimación de atribuciones a organismos de seguridad, con el objetivo de reprimir e infiltrar a los movimientos sociales. La Ley Antiterrorista –ilegítima y aberrante desde el punto de vista jurídico– continúa aplicándose contra luchadores sociales y principalmente contra autoridades y comuneros mapuches, exprisioneros políticos y jóvenes acusados de anarquistas, así como a okupas [que dan uso a viviendas vacías] y veganos que supuestamente colocan explosivos. La mayoría de los juicios han terminado con la absolución de los acusados, tras meses o años de injusta prisión” 

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