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les podemos notar la forma como interactúan los obstáculos aludidos y se genera exclusión social: el acceso a la justicia administrativa y el acceso a la justicia penal. Es necesario derribar estos obstáculos, que han sido apropiados por la justicia burocrática, a favor de la causa de la emancipación social. 3.2.1. El acceso a la justicia administrativa El acceso a la justicia administrativa provoca una exclusión social sistemática. Su potencial emancipador se explica porque el éxito o fracaso en la solución de los conflictos administrativos puede ser un buen medidor del nivel de realización del Estado y de las posibilidades de evitar la arbitrariedad a favor de las personas. Además, porque, por la misma razón, esto condiciona la decisión de las personas a acceder a otros mecanismos para solucionar sus conflictos frente al Estado (como el amparo constitucional, otros órdenes de justicia, o la simple violencia social). El acceso a la justicia administrativa pondría al Estado, el ente más poderoso, en igualdad de condiciones frente a las personas y colocaría a sus agentes y relaciones administrativas de imperio o de regulación entre particulares bajo valores de mayor relevancia social que el frío principio de legalidad (justicia, solidaridad, equidad, sostenibilidad, responsabilidad, etc.). Entonces, la actual justicia administrativa-privatista en el Ecuador surgió a partir del proceso de modernización en la década de los noventa. Con la incorporación de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, se privó del debate democrático la delimitación del espacio de lo judicial entre el Estado y las personas (Administración Pública y administrados), lo que llamaría Zaffaroni “democracia decretral o de bandos”, modelo latinoamericano en la dirección opuesta a la democracia constitucional67. Por otra parte, se descentralizó la justicia contencioso-administrativa, antes centralizada en un Tribunal Contencioso único, pero no se vinculó ni modernizó la Ley de lo Contencioso Administrativa. Esto tomó sin preparación a la mayoría de los funcionarios judiciales. Simplemente se crearon 67 Zaffaroni, Eugenio, “Dimensión Política de...”, op. cit., p. 18.
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