La Ley de Competencia y la letra chiquita
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Por: Sergio López Ayllón
a competencia económica es una condición necesaria para el crecimiento económico, la competitividad de las empresas y el bienestar de los consumidores. Por ello, fueron bienvenidas las reformas que el año pasado ratificaron el mandato constitucional que prohíbe los monopolios y elevaron a la Comisión de Competencia al rango de órgano con autonomía constitucional. Pero estos cambios, para ser efectivos, requieren de una buena ley, cuyo diseño no es banal. Se trata de una materia técnica, compleja y llena de vericuetos. El difícil equilibrio que debe lograrse es dotar a la nueva Comisión de las herramientas para cumplir su misión, al mismo tiempo que se otorgue a las empresas reglas claras que les den certidumbre en su operación y los protejan contra potenciales abusos o excesiva discrecionalidad. Esta ecuación no se resuelve fácilmente, pero es posible hacerlo. Esa apretada síntesis, la reforma constitucional introdujo novedades relevantes: creó una nueva institución, la Cofece, con plena autonomía; estableció la separación de las funciones de investigación y resolución; y le otorgó nuevas facultades en materia de regulación de insumos esenciales, eliminación de barreras a la competencia y la autoridad para ordenar la desincorporación de activos de los agentes económicos para eliminar efectos anticompetitivos. Todos éstos son instrumentos poderosos y por ello su uso requiere prudencia y buenas reglas. La Cámara de Diputados inició el análisis del proyecto de Ley de Competencia que presentó el Ejecutivo. La iniciativa es útil y necesaria aunque está generando un fuerte debate. Quizá la urgencia obligó a presentar un instrumento insuficientemente discutido y por ello con problemas que pueden y deben ser corregidos. Este proceso no debe ser visto como una batalla de todo o nada pues la apuesta es demasiado alta: la posibilidad de crear en México una auténtica política a favor de la competencia.
La lista de temas a reflexionar es larga y compleja. Sólo para ejemplificar conviene preguntarse si la estrategia de reescribir toda la ley, de refundar el “derecho de la competencia” era la vía correcta desechando con ello 20 años de experiencia, o si podía pensarse en un diseño normativo que recuperara lo que funcionó y modificara sólo lo necesario. Esta opción hubiera evitado abrir frentes muy amplios de discusión para concentrar el esfuerzo en las novedades. Otro aspecto a considerar es que la reforma constitucional hizo del Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad en materia de competencia para ese sector. En otras palabras, la misma ley será aplicada por dos autoridades distintas. En su momento expresamos que esta era una mala idea, pero una vez concretada, obliga a que el diseño de la ley considere esta peculiar situación. El proyecto de ley lo resuelve mal en un solo artículo. El costo a pagar es dejar toda la materia de telecomunicaciones mal parada en materia de competencia. Otro problema es que la iniciativa otorga a la Cofece facultades para emitir meras opiniones no vinculatorias a otras autoridades en materia de competencia. Curiosa paradoja, por un lado se le da plena autonomía, pero por otro se limita severamente su capacidad de incidir en la política de competencia. Esto es un retroceso frente a la situación actual. Resulta ocioso en este texto prolongar los detalles. El punto central es que no se trata de meros detalles técnicos. Si queremos tomarnos en serio el Estado de derecho, necesitamos buenas leyes, que puedan ser aplicadas exitosamente por las autoridades y respetadas por los particulares. Ojala los legisladores se den el tiempo para hacer su tarea y permitan, con los apoyos técnicos necesarios, lograr una buena ley de competencia que tanto necesitamos. M
MILED
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