La banqueta: espacio en disputa

Ahí se forja la vida de las ciudades; la crónica diaria de los usos y costumbres de las personas que las habitamos; alegrías, aventuras, sueños, dramas, encuentros y desencuentros se viven ahí. Sin embargo, siguen siendo espacios desatendidos por las políticas públicas de desarrollo urbano, de movilidad, de transporte, seguridad pública y, desde luego, de protección civil. Sobre las aceras –su denominación técnica– la vulnerabilidad ciudadana es protagonista de las historias que diariamente se cuentan en los noticiarios; desde las violaciones generalizadas al reglamento de tránsito, la transgresión del espacio común con el comercio ambulante, la práctica de oficios, negocios y actividades privadas; hasta marchas, accidentes y la violencia que alimenta la nota roja todos los días. Un abanico de sucesos desafortunados, al parecer irremediables, que sólo dejarían de serlo si los ciudadanos respetaran mutuamente el derecho ajeno a transitar libre y en paz sobre nuestras banquetas y, por otro lado, si existiera alguna autoridad que se atreviera a cumplir la ley y garantizarlo. En la Ciudad de México, por ejemplo, la movilidad ciudadana sobre las calles inició su proceso de separación física y social apenas entrado el siglo XX; incluso en las primeras décadas todavía llegaron a convivir coches, tranvías y peatones sobre el arroyo vehicular, pero debido al incremento exponencial del tráfico motorizado las personas fueron relegadas a las aceras, bajo la premisa de su seguridad y protección, así como para lograr una mayor fluidez de los vehículos. Posteriormente, hacia la segunda mitad del siglo, el incremento de la población, provocado entre otros factores por la migración de las periferias hacia el centro y de las provincias a las capitales en busca de mejores oportunidades de empleo, detonó múltiples necesidades sociales y económicas, entre estas la búsqueda de espacios para subsistir en las calles; entonces las banquetas adquirieron una cualidad diferente: se volvieron un espacio vulnerable, inestable y constantemente en disputa. Dejamos el arroyo vehicular para resguardarnos en las aceras… ¿Ahora qué certidumbre se tiene al caminar sobre estas?

Las aceras son espacios públicos para el disfrute de todos y propiedad de nadie. La responsabilidad de su construcción, ordenamiento, mantenimiento, seguridad y protección corresponde a las autoridades municipales. Sin embargo, la heterogeneidad de su uso, ocupación, características e intereses de las personas que las habitan y administran hace de estas el escenario de conflictos todos los días, por lo tanto la gestión de lo que ahí ocurre es sumamente complejo, por no decir caótico.

Cuando analizamos los fenómenos que se desarrollan sobre las banquetas, es fundamental reconocer que es un orden urbano híbrido en extremo donde los límites de lo formal e informal, lo público y lo privado, lo legal e ilegal conviven a diario y, cuando las autoridades intentan regularizar temas de diseño, vida social, vigilancia, seguridad pública, movilidad, inclusión, comercio y protección civil, arde troya. Las relaciones de poder que prevalecen sobre las banquetas –piense usted en cualquier banqueta del Centro Histórico de su ciudad favorita–, así como su estructura, imagen y permeabilidad social; su orden, limpieza y usos de suelo, aunque deben y seguro están normados, distan mucho, en la realidad, de la letra escrita en los Bandos y Reglamentos Municipales. Es prácticamente tierra de nadie, la ley de la selva. Cuando suceden emergencias (caída de objetos; explosiones de tanques de gas; accidentes por falta de seguridad en maniobras y reparaciones del mobiliario irregular que invade las banquetas, atropellamientos, entre otras), provocadas por esa misma ausencia de respeto al transeúnte o peatón, las personas afectadas se encuentran en total estado de indefensión e impotencia ante las preguntas sin respuesta: ¿Por qué ocurrió? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Está permitida esa actividad en la vía pública? ¿En dónde está su permiso, su póliza de seguro o su licencia de funcionamiento? ¿Quién se hace responsable, castiga o indemniza tanto a responsables como afectados?

Finalmente, esos espacios en disputa, que son nuestras banquetas, tienen una regulación; respetarla y conocerla es obligación de todos; permitir que quien posee intereses más allá del simple uso habitacional o el ejercicio legítimo del comercio y la prestación de servicios, dentro de los límites establecidos en su Licencia de Funcionamiento, es una ilegalidad, un riesgo y una afrenta hacia quienes simplemente caminan y se ven expuestos a la arbitrariedad. Ni un policía en cada esquina, ni cámaras de vigilancia, ni multas onerosas podrán detener a quien no respeta los derechos de los demás. Recuerde que el espacio más seguro es el que creamos juntos. ¡Feliz fin de semana!

Hugo Antonio Espinosa

Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca, Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal. Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX

El Instituto Nacional de Migración conformó un grupo de trabajo para atender a las personas en movilidad con un albergue temporal para brindarles atención y asistencia

Sergio Camacho

Del 17 de marzo al 5 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó 2 mil 320 tarjetas por razones humanitarias a igual número de migrantes extranjeros que acampaban en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Plaza Giordano Bruno, Alcaldía

Cuauhtémoc, Ciudad de México. El INM informó que de ese total, 539 son mujeres y mil 189 hombres adultos, así como 592 menores de edad, provenientes de Haití, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, Honduras, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Perú, Bolivia, Pakistán, Irán, India, Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Senegal, Camerún, Guinea, Mauritania y Francia.

Para atender a estas personas migrantes, se instaló un grupo de trabajo que integran, además del INM y la COMAR, el gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Tláhuac, donde se instaló un albergue temporal para brindarles atención y asistencia.

El organismo de la Secretaría de Gobernación precisó que mil 190 se trasladaron voluntariamente al albergue del Bosque de Tláhuac para ser auxiliados y recibir tarjetas por razones humanitarias; el resto fueron llevados a las ciudades de Pachuca, Cuernavaca, Querétaro, Tlaxcala y Toluca, para entregarles sus documentos migratorios. A la fecha, permanecen en dicho albergue 80 migrantes extranjeros constituidos en núcleos familiares que manifiestan no tener opciones de alojamiento.

En México, el cáncer infantil es la tercera causa de muerte, niñas y niños de 1 a 4 años, la segunda entre 5 y 14, y se mantiene como la cuarta para adolescentes y jóvenes

Juan Hernández

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte, propuso que las personas menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer tengan derecho a recibir apoyo para su reintegración escolar. Al presentar la iniciativa, la leigsladora señaló que en México la presencia de cáncer en niñas, niños y adolescentes, representa un grave problema de salud pública, limitando sus actividades cotidianas y con ello, afectando su desarrollo escolar. La diputada panista, agregó que el cáncer es una enfermedad común en niñas, niños y adolescentes y de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Salud, se estima la presencia lamentable de 300 mil nuevos casos confirmados cada año a nivel mundial. En América Latina y el Caribe se estima que al menos 29 mil menores de 19 años, resultan diagnosticados con esta enfermedad anualmente, de los cuales, alrededor de 10 mil fallecerán.

“En México la presencia de esta enfermedad en niñas, niños y adolescentes, representa un grave problema de salud pública, ya que nuestro país es uno de los que se identifica con mayor tasa de mortalidad a consecuencia del cáncer. Esta es la tercera causa de muerte, niñas y niños de 1 a 4 años, la segunda entre 5 y 14, y se mantiene como la cuarta para adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años. Se estima además, que un niño fallece cada 4 horas por esta terrible enfermedad”, informó la Contreras Duarte.

Agregó que esta enfermedad no solo afecta la salud física, sino también la salud mental de quien la padece, ya que los tratamientos para combatirla suelen ser muy agresivos, provocando efectos secundarios en el paciente como pérdida del cabello, náuseas, vómito, pérdida del apetito, pérdida de peso, dolores intensos que dificultan la realización de actividades cotidianas, disminuyendo considerablemente su calidad de vida. Por sí misma, el cáncer es una de las enfermedades más complejas. Las personas que las padecen deberían recibir la atención adecuada, más aún cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes a consecuencia de esta enfermedad, deben ausentarse de sus actividades escolares, lo que podría repercutir en su educación y afectar aún más su vida diaria y la de sus familias.