Contralínea 686

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OPINIÓN ARTÍCULO

RACISMO, EL REGRESO DE UN DESTERRADO TRAS GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA NARA ROMERO RAMS/PRENSA LATINA

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a Habana, Cuba. Bolivia, un Estado Plurinacional por sus 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009, vive actualmente manifestaciones de racismo tras la asonada golpista contra Evo Morales en noviembre pasado. La quema de la bandera wiphala que representa a los pueblos originarios y campesinos, impedir el acceso a mujeres de pollera en lugares públicos por grupos afines al gobierno facto y nuevas autoridades que no representan al pueblo, evidencian el regreso de la discriminación. Sin embargo, la persecución y detención arbitraria de dirigentes de organizaciones sociales que apoyaban al Movimiento al Socialismo (Mas) liderado por Morales, son las mayores denuncias dentro y fuera del país suramericano. Felipa Huanca, exsecretaria de la Federación de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa, fue arrestada en febrero por un caso de presunta corrupción del Fondo Indígena, un proceso desestimado en 2014 y 2018 por falta de evidencias. Asimismo, Juan Carlos León, antiguo alcalde de la localidad de Padilla (Chuquisaca), asumió cargos como presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, viceministro de Tierras y director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y fue acusado de asumir responsabilidades públicas sin tener título universitario ni experiencia. Tiene estudios en derecho y sociología, aunque no culminó ninguno. León fue elegido por voto popular y la eficiencia de su gestión como funcionario resultó comprobada en la ejecución del presupuesto de las obras realizadas a su cargo y, para asumir esas

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23 de marzo de 2020

responsabilidades no necesitaba estudios superiores. La inhabilitación del líder aymara para primer senador por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, por Potosí, para las elecciones generales del 3 de mayo próximo derivadas del golpe de Estado, también evidencian la persecución y el racismo del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó en Ginebra, Suiza, el 27 de febrero un reporte sobre la situación de 10 países, entre ellos Bolivia. En el texto, Bachelet denunció la muerte de 35 personas y los 800 heridos como resultado de los enfrentamientos de las fuerzas policiales y militares con la población opuesta al golpe de Estado. “El enjuiciamiento de docenas de exfuncionarios del gobierno y personas relacionadas con la administración anterior es motivo de preocupación para la ONU”, enfatizó. Gabinete sin indígenas y tuits racistas, cartas de presentación de Áñez Con la Biblia en la mano Áñez, representante del sector conservador y cristiano, ingresó al Palacio Quemado para asumir ilegalmente el cargo de presidenta de la nación andino amazónica, un gesto que anunciaba el regreso del racismo desterrado desde 2006. Los temores de los pueblos indígenas arreciaron cuando la autoproclamada mandataria rompió con la tradición impulsada por Morales de designar como canciller a un indígena y nombró a la académica Karen Longaric. Ante el rechazo


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