La libertad de expresión y el acceso a la información.
Además:
Los partidos contaron de manera equitativa con los recursos necesarios para sus campañas electorales. La organización de la elección estuvo a cargo de un organismo público dotado de autonomía e independencia. Se respetaron los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Prevalecieron los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Se garantizó e hizo efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral, actualizando el principio de definitividad (TEPJF, 2012b: 140-142).
Con base en lo anterior, la Sala Superior del TEPJF concluyó que Enrique Peña Nieto, ganador de la mayoría de votos, “es Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo del primero de diciembre del año dos mil doce al treinta de noviembre del año dos mil dieciocho”. El candidato de la coalición Movimiento Progresista rechazó el fallo del Tribunal y se negó a reconocer al triunfador de la elección como Presidente legítimo: “No puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron limpias ni libres ni auténticas. No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes” (La Jornada, 1 de septiembre de 2012, p. 9). Por su parte, los legisladores entrantes del PT y el MC, los más cercanos a López Obrador, amenazaron en la primera sesión plenaria de la legislatura con llevar a juicio político a los consejeros del IFE y a los magistrados del TEPJF (La Jornada, 2 de septiembre de 2012, p. 5).
La elección de diputados y senadores En comparación con los juicios interpuestos en contra de la elección presidencial, los dirigidos contra las elecciones de diputados y senadores fueron pocos y su resolución afectó marginalmente la composición de las dos cámaras del Congreso. En total se presentaron 125