INFORMACIÓN GENERAL
ESTADO&PAÍS
JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2012 3C
AGENCIAS México, DF
E
l presidente del Consejo de Administración de Multivisión (MVS), Joaquín Vargas, denunció que el Gobierno federal condicionó tratar cualquier asunto relacionado con la empresa y en especial, con el proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, a que la periodista Carmen Aristegui se disculpara por haber comentado presuntos problemas de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. El empresario dijo que los primeros emisarios fueron la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, este último quien, con la carpeta del proyecto sobre su escritorio, le dijo a Vargas que tenía instrucciones de no abordar el tema, hasta que la conductora de la primera emisión de noticieros de MVS se disculpara. Vargas explicó que debido a que la periodista no aceptaría disculparse ni la empresa el chantaje, se optó por el despido, pero cuando la Presidencia tuvo conocimiento de ello, el siguiente emisario fue el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien le dijo que en el Gobierno se sabía que en su proyecto para ofrecer banda ancha de alta velocidad tenía méritos propios, pero que si recontrataba a Aristegui, “se iba a la chingada”. El empresario dijo que ante las continúas presiones, chantajes y condicionamientos, inició negociaciones para recontratar a Carmen Aristegui y continuar trabajando bajo el código de ética de la propia empresa. Joaquín Vargas inició la defensa del derecho de MVS a mantener las concesiones en la banda de 2.5 GHz, para ofrecer servicios de banda ancha de alta velocidad y telecomunicaciones móviles de cuarta generación, que el Gobierno federal decidió retirarle de forma anticipada, y que el empresario aseguró, no es una medida de política pública, sino que busca beneficiar a Televisa. El tres de junio pasado, la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, informó a MVS que la aprobación de la alianza entre Televisa y Iusacell, abría la oportunidad para que MVS conservara las concesiones en la banda de 2.5 GHz, si no impugnaba la decisión de la Comisión Federal de Competencia, afirmó el presidente del Consejo de Administración de la empresa, Joaquín Vargas Guajardo. En conferencia para fijar su posición ante la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de retirar de forma anticipada las concesiones en la banda de 2.5 GHz, Joaquín Vargas aseguró que el domingo tres de junio la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, les informó a través de los abogados de la empresa, que tenían la posibilidad de conservar el espectro con la condición de no cuestionar la concentración
Vargas
Gobierno chantajeó con caso Aristegui Los emisarios fueron la vocera de Presidencia, Alejandra Sota, y el titular de SCT, Dionisio Pérez Jácome No se condicionó retiro
SCT refuta a Vargas
Se le dieron todas las facilidades a la empresa para mantener la explotación de la frecuencia El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, aseguró que en el retiro de la banda ancha 2.5 GHz a la empresa MVS, no hubo chantaje ni condicionamientos por parte del Gobierno Mexicano, e incluso se le dieron todas las facilidades al grupo empresarial, para mantener la explotación de la frecuencia. Incluso, señaló que el “rescate” se debió también a que el grupo de MVS solo ofreció pagar 10 por ciento del valor de contraprestación al Estado Mexicano. “Lo que se le pedía a MVS, era que pagara la contraprestación económica a la que tiene derecho el Estado Mexicano, y no aceptaron pagar lo que nosotros considerábamos que era Quien chantajeó
lo justo, y tampoco aceptaron licitar parte del espectro para determinar el verdadero valor en México”, dijo el secretario Pérez Jácome. En breves declaraciones en el marco de una gira de trabajo del presidente Felipe Calderón, el titular de la SCT aseguró que esta administración ha respetado siempre la libertad de expresión, tanto que, no solo se han mantenido todos los permisos y concesiones que tiene el grupo, sino que además se han otorgado nuevas durante esta administración. AGENCIAS, Durango, Dgo.
Fue Vargas: Javier Lozano
El senador electo dijo que tuvo una reunión con el presidente de MVS, en la que le advirtió que de utilizar a Aristegui como ficha de cambio, “sí te va a llevar la chingada” El senador electo Javier Lozano, refutó las acusaciones del empresario Joaquín Vargas y reveló que fue el dueño de MVS, quien quiso negociar la concesión de la banda de 2.5 GHz. a cambio de la permanencia de Carmen Aristegui en su noticiario estelar. Entrevistado en el Senado, Lozano relató el encuentro que sostuvo con Vargas y dijo: “No es un chantaje del Gobierno a Joaquín Vargas, es exactamente al revés, de utilizar a Aristegui como ficha de cambio, como un auténtico chantaje frente al Gobierno, para decir ‘¿qué crees?, tengo una gran presión en las redes sociales, en los medios, incluso a nivel internacional, es un trending topic y tengo esa presión y la única forma en que puedo aguantar esa presión, es resolviendo rápidamente lo de la banda del 2.5’ y entonces, todos contentos”, dijo el senador electo. Lozano aclaró que cuando tuvo esta plática con el empresario no fue como secretario del Trabajo, sino como amigo personal y que solo le dio un consejo de amigos, no un mensaje del Gobierno federal. “Él dice (Joaquín Vargas): fíjense que es Javier Lozano el que me advierte que si la recontratamos, nos va a llevar la chingada y es exactamente al revés. Él me dice, a título personal, como amigos que somos, que éramos desde 1995:
entre Televisa y Iusacell: “ahora sabemos que nos engañaron, ya estaba decidido que nos retirarían las frecuencias”. El empresario refutó los argumentos del secretario de Comunicaciones y Transportes, que afirmaban que el espectro estaba
subutilizado y que MVS se negó a pagar contraprestación. Dijo que en el año 2004, MVS fue la primera empresa en el mundo en dar servicio de banda ancha a través de la frecuencia de 2.5 GHz. Afirmó además, que MVS estuvo dispuesta a pagar contra-
‘fíjate que tengo una gran presión y si no tengo una respuesta pronta de Dionisio Pérez Jácome, me veré obligado a recontratar a Carmen (Aristegui)’”. “Entonces le dije, ‘esto que estás haciendo, Joaquín, es un auténtico chantaje y no lo puedo permitir. Entiéndelo, con este Gobierno no se chantajea, te sugiero que no sigas negociando como ficha de cambio, porque si no entonces sí te va a llevar la chingada”, declaró el senador. “Él me busca a mí para platicarme que ha tomado la decisión de separar a Carmen Aristegui de los micrófonos, por las afirmaciones sobre el presidente Calderón, de aquellos días que fueron animados por las decisiones, por las declaraciones irresponsables de Fernández Noroña. Él me lo informa a mí, no como secretario de Trabajo, sino porque lo consideraba un buen amigo y entonces me confía que ha tomado esta decisión, porque Carmen violó un código de conducta de MVS y de la empresa, y que por eso tomó la decisión de separarla”, agregó. AGENCIAS, México DF
prestación, pero adecuada a la economía mexicana y no a valor de frecuencia de telefonía móvil. Vargas dijo que esta administración se ha dedicado a beneficiar a Televisa, a la que le ha concedido la alianza con Iusacell, un par de hilos de fibra oscura de la Co-
misión Federal de Electricidad, la red de telefonía del ISSSTE, entre otros privilegios, ofreciéndole ahora la posibilidad de quedarse con la banda de 2.5 GHz: “a MVS le cierran su autopista y a Televisa le construyen segundos pisos”, concluyó.
Artículo
La milicia desaforada Pedro Salazar*
U
sted, ¿cómo respondería el siguiente reactivo?: “Con las decisiones de la SCJN en materia de fuero militar: A) la Corte revisa y corrige sus propias decisiones; B) la Corte acata sentencias de la una Corte Internacional; C) la Corte desplaza a los legisladores; D) la Corte complica la estrategia de lucha contra el crimen; E) todas las anteriores”. Si tachó la última opción, acertó. Veamos por qué. Hace algunos años, la propia Corte había avalado la constitucionalidad del fuero militar. Con interpretaciones improbables y votaciones divididas, determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares que cometen delitos en los que están implicados civiles, sean juzgados por tribunales castrenses y el artículo 13 de la Constitución que lo prohíbe expresamente, no eran contradictorios. Ahora, con las decisiones de estos días, los ministros están cambiando ese absurdo criterio. Así
que la opción A es correcta. Detrás de este viraje está la sentencia del caso Radilla, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros tres casos en los que se condenó al Estado mexicano y se le ordenó, entre otras cosas, reformar el artículo legal antes mencionado. Así que también la opción B es atinada. Y, como la instrucción de la Corte Interamericana exigía una reforma legal que el Congreso de la Unión nunca realizó, la respuesta C es buena. De hecho, con estas decisiones, los jueces subsanan una omisión legislativa. Y esto no le gustará a las Fuerzas Armadas, porque ahora sus integrantes pueden ser juzgados, condenados y castigados por la justicia civil. Esta eventualidad, previsiblemente, activará resistencias ante la estrategia de combate a la criminalidad. Así que, si consideró que la opción D era la correcta, tampoco erró. Este viraje grávido de consecuencias, fue posible por dos factores. Uno es la intervención de la Corte Interamericana, porque sus decisiones fueron el pivote
de la mutación en la interpretación de los ministros. De hecho, la sentencia Radilla, podría activar una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la militarización en su conjunto, lo que pondría a la administración calderonista en una situación muy vulnerable. Hoy, la legitimidad legal de la decisión que puso a los militares en las calles, pende de cuatro interpretaciones de la Corte, que son tan endebles como las que sostenían al fuero militar. Así que el cambio en la interpretación de los jueces ‒ como ya anunció uno de los ministros ‒ podría ser de gran calado. El segundo factor que explica que esto sea posible, tiene qué ver precisamente, con las personas. Sin la voz y los argumentos de los ministros que se han incorporado en los últimos años al pleno de la Corte, estos cambios no habrían tenido lugar. Y no porque ellos formen un bloque, ni porque estén de acuerdo en todo ‒ sus votaciones en casos delicados demuestran lo contrario ‒, sino porque aportan argumentos y puntos de vista nuevos sobre asuntos que
se habían discutido antes, sin su presencia. De ahí la importancia de la renovación periódica de los jueces. Por lo pronto, lo cierto es que Calderón dejará a los militares fuera del cuartel y desaforados. Ello sucede cuando algunos altos mandos del Ejército son acusados de complicidad con el crimen organizado y mientras las denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, están en aumento. Vaya paquete para el nuevo gobierno. Peña Nieto ‒ si el Tribunal Electoral avala su triunfo ‒, tendrá que lidiar con esta compleja ecuación que él no provocó, pero que hereda con todas sus consecuencias. Y para hacerlo, debe aferrarse a la agenda de los derechos humanos. No solo porque eso es lo que ordena la Constitución, sino porque hacia allá soplan los vientos de la justicia. De hecho, aunque parezca paradójico, es la mejor maniobra para blindar a la milicia. *Investigador del IIJ de la UNAM