Periódico – N.º 228 – Universidad Nacional de Colombia
Especial Corrupción
diciembre 2020 | 8
Delincuencia organizada ejerce control desde todos los poderes públicos Henry Torres Vásquez*, abogado, Universidad Nacional de Colombia
Aunque exista voluntad política y conciencia social acerca de la necesidad de enfrentar la corrupción y sus estrechos lazos con la delincuencia organizada, esta no será efectiva mientras se pretenda combatirla desde una política criminal. De hecho, conductas delictivas como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, extinción de dominio y testaferrato, no son debidamente perseguidas por la justicia penal.
Se podría pensar que la corrupción es un manido concepto que la sociedad emplea particularmente cuando se hace referencia a la política colombiana. Ante ese panorama se escuchan voces en su contra por parte de sectores sociales, lo que es destacable; sin embargo, diferentes Gobiernos han minimizado sus consecuencias. La corrupción adquiere una dimensión trascendental en cuanto a su relación con la delincuencia organizada. El doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla (España) Alri Zurita Gutiérrez, en su investigación “El delito de organización criminal: fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas”, adelantada en 2017, señala que esta “se ha convertido en un fenómeno sistémico, donde los comportamientos rebasan la esfera personal o individual del funcionario, para convertirse en un mecanismo regular o habitual de la asignación presupuestaria y de la contratación pública que compromete el proceso de adopción de decisiones de las instituciones democráticas”. Es evidente que en la sociedad colombiana las redes que proceden tanto de la delincuencia organizada como de la corrupción desdibujan la idea de democracia; en especial la última sirve de estímulo a una élite presa del dinero fácil o ilegal, es decir que la corrupción no se percibe como un delito, contrario a lo sucede con la delincuencia organizada. El crimen organizado tiene múltiples facetas y una variopinta conceptualización. Sin embargo, en la del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional se entiende como “grupo delictivo organizado” un grupo “estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Para el caso colombiano, hasta los años setenta el país se había preocupado por un tipo de criminalidad local, y en los ochenta comienza a mostrar preocupación por la delincuencia organizada. En 1982 los narcotraficantes colombianos manejaban un negocio que les permitía importar divisas que oscilaban entre 800 y 2.000 millones de dólares, según los cálculos más amplios, es decir entre el 10 y 25 % de las exportaciones totales del país. Esta pasó a ser transnacional, no nació de forma incipiente o desordenada, empezó perfectamente estructurada, de la mano de Pablo Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín, desde donde se permitía que a la activi-
dad del narcotráfico se vincularan los más variados sectores y estamentos sociales. Lo anterior evidencia cómo, a través de empresas lícitas y de organizaciones criminales, la delincuencia se introdujo en el Estado; en especial, durante las últimas décadas el concepto de democracia se ha visto resquebrajado ante una macrocriminalidad en la que la corrupción es casi un sacramento a la corruptela. Así, de manera muy fácil, y por supuesto con la valiosa ayuda de los medios de comunicación, en el Estado hay impunidad y una evidente apología de la ilegalidad. Se sabe que la corrupción alienta a que se extienda la delincuencia organizada, y está última, por su actividad criminal, reproduce dicho fenómeno.
Defensa del statu quo En medio del conflicto armado interno, funcionarios públicos han estado vinculados a la comisión no solo de delitos sino de crímenes internacionales, mezclándose delincuencia organizada y un vasto poder estatal. No en vano, muchos servidores de toda estirpe en casi todas las regiones del país y en múltiples cargos públicos –incluso de elección popular– han sido condenados por conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico. La debilidad de las instituciones, que en algunas ocasiones son regidas por integrantes de esa delincuencia organizada, consolidó no solo el gran negocio del narcotráfico en Colombia, sino que permitió que algunos partidos políticos construyeran élites de poder en las que se totalizan simbióticamente actores estatales y empresariales que constituyen el principal problema de la corruptela nacional. A su vez, el hecho de que esta amalgama de conductas criminales se haga cada vez más fuerte, ha dado lugar a una clara intención de asegurarse una defensa del statu quo. Verdades históricas han confirmado la sangrienta alianza entre narcotráfico y violencia, pero también han evidenciado que algunos políticos, cuyas campañas han sido financiadas con dineros de grupos
delincuenciales, se encuentran legislando y tomando medidas sobre acciones públicas que abarcan toda suerte de perspectivas, lo que pone en tela de juicio la idoneidad de tales decisiones. Entre enero de 2016 y julio de 2018 el Monitor Ciudadano –plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento del fenómeno de la corrupción en el país– identificó 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país. El 73 % se relaciona con la corrupción administrativa, el 9 % con corrupción privada y el 7 % con corrupción judicial. Del total de actores individuales involucrados recopilados se evidenció que el 39 % fueron funcionarios públicos y el 30 % autoridades electas por voto popular. De dichas autoridades electas, el 81 % fueron concejales (41 %) y alcaldes (40 %). Para anular la corruptela y la criminalidad organizada, se requiere fundamentalmente abordar las causas que dan origen a esa delincuencia, lo que implica eliminar fueros e inmunidades, amnistías e indultos, y otras formas de impunidad que han dado lugar a que cuando la delincuencia –a través del ejercicio de la violencia– imponga sus condiciones no se cause ningún tipo de alarma social. Además, es importante que la mayor parte de la sociedad comprenda que la transgresión perpetrada por sus dirigentes también es un crimen. Las soluciones para erradicar la corrupción en una situación y en un contexto tan complicado como el señalado requerirían un ataque integral, que incluya incluso la reestructuración de buena parte del Estado. *Profesor, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc).
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Foto: archivo Unimedios.
La mayor rentabilidad económica de las actividades de la delincuencia organizada se logra en la medida en que la comisión de algunos crímenes quede impune con “ayuda legal”.