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Internacional
Seguridad en el Gran Caribe estará a prueba tras fallo de La Haya Silvia Mantilla,
En las últimas décadas, el incremento de las fuerzas armadas de Colombia en las islas (Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional) permitió un control más efectivo del tráfico de drogas en la totalidad del espacio aéreo y marítimo que conformaba el Archipiélago hasta hace un par de meses. La nueva delimitación fronteriza, que despoja al país de gran parte del mar por donde el narcotráfico ha sido más dinámico (las rutas San Andrés-Nicaragua y San Andrés-Honduras), supone que Nicaragua y sus vecinos se verán afectados. La ruta que cubre el Caribe insular desde San Andrés hasta Jamaica, República Dominicana o Puerto Rico tendría un impacto igualmente previsible sobre estas islas del Caribe. Especialmente, Costa Rica,
La lucha contra el narcotráfico podría complicarse por no haber existido en los últimos años una labor de interdicción conjunta entre Colombia y Nicaragua. Los criminales aprovecharían los menores controles y la confusa situación militar y de soberanía.
Honduras y Jamaica tendrán que redoblar esfuerzos, desarrollar toda una estrategia de control de ese comercio ilícito y disponer de los recursos militares y operativos necesarios para enfrentar la amenaza. Nicaragua no cuenta con los recursos militares y de control suficientes para enfrentar el flagelo del narcotráfico en el mar. Además, enfrenta problemas de orden interno que se verían incrementados por la nueva situación geopolítica. Tal es el caso de las bandas criminales nicaragüenses y, en general, de las bandas en Honduras, El Salvador y Guatemala, que podrían aprovechar el nuevo escenario de más mar y tráfico sin control. Por su parte, las organizaciones criminales que trafican desde San Andrés encontrarían, a mediano plazo, un contexto propicio para continuar con su paso por la ruta Caribe, debido a los menores controles y a la confusa situación militar y de soberanía que se prevé en la zona, una vez que Nicaragua comience a ejercer oficialmente la soberanía en las áreas marítimas adjudicadas. La situación se agrava al no haber existido en los últimos años una labor de interdicción conjunta entre Colombia y Nicaragua. En
la zona, Estados Unidos opera como principal intermediario en el control de este negocio ilegal. Los buques de la marina y los guardacostas estadounidenses, en coordinación con la Armada Nacional, navegan en aguas colombianas fuera de las 12 millas que delimita la ley internacional del mar, en donde está permitido el tránsito de otras banderas. La constante injerencia de Estados Unidos en el control de los problemas de seguridad a nivel regional y el congelamiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua en la última década auguran una mayor dificultad para asumir la amenaza de manera cooperativa.
Otras amenazas El reto de mayor envergadura para Colombia y los demás países gran caribeños es el de la seguridad humana. Asuntos como el cambio climático, las problemáticas ambientales, los flujos migratorios, la pobreza y los desastres naturales que azotan duramente a la región requieren de un posicionamiento cada vez mayor en las respectivas agendas de seguridad nacionales y regionales. Las actuales amenazas a la seguridad en el Caribe –en su di-
mensión militar y humana– son de carácter transnacional y, por tanto, requieren de una respuesta conjunta. El reciente fallo de La Haya endurece las posiciones de soberanía de los países y debilita el interés en los temas de transnacionalismo y cooperación, que resultan vitales para la seguridad de los habitantes de la región. Surgen así varias preguntas que deben ser resueltas con la mayor seriedad. ¿Qué implicaciones reales tendrá para Colombia, y específicamente para el Archipiélago de San Andrés, la nueva delimitación fronteriza en materia de seguridad? ¿Qué papel seguirá jugando Colombia en el control del narcotráfico en el mar Caribe y a qué debería apostarle en términos de seguridad humana? ¿Cómo puede el Archipiélago liderar un proyecto de seguridad humana para todo el Gran Caribe basado en la experiencia acumulada con la Reserva de Biósfera Seaflower? Se requiere de un proyecto de largo plazo que reactive las relaciones de Colombia con los países del Gran Caribe, que abogue por procesos de vecindad, integración y cooperación y, sobre todo, que incluya a las comunidades fronterizas directamente afectadas por las amenazas a la seguridad en sus diversas dimensiones.
10 de febrero de 2013
Labor institucional
En el Caribe occidental, el control del tráfico de drogas ha estado, en gran medida, en manos de las fuerzas armadas colombianas, dada su capacidad operativa.
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El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua tendrá serias implicaciones en materia de seguridad tanto para el Archipiélago de San Andrés como para los países caribeños que rodean las extensas áreas marítimas que le fueron adjudicadas al país centroamericano. Por su ubicación geográfica, la región del Gran Caribe se constituye en un corredor natural de tráfico de drogas ilícitas entre los países productores y consumidores (en especial de la cocaína que se produce en América Latina), que llegó a calcularse en 85 billones de dólares para el año 2009. En el marco de esta dinámica, el Caribe colombiano opera como zona de tránsito de los estupefacientes que salen hacia los mercados estadounidense y europeo. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene un papel específico en esta cadena: el abastecimiento de combustibles a las embarcaciones cargadas de alcaloides, que se dirigen hacia las costas centroamericanas o hacia el Caribe insular. Los cargamentos zarpan desde cualquier parte del litoral atlántico del país, especialmente de Cartagena, la Guajira, Coveñas y el Golfo de Morrosquillo. Una vez en medio del mar –a 10 o 15 millas náuticas del territorio insular–, llegan lanchas rápidas (go fast), de tres o cuatro motores fuera de borda, o pequeños barcos pesqueros de San Andrés. El clorhidrato de cocaína y la marihuana también llegan por vía aérea a las islas, a través de los vuelos comerciales y de la mano de viajeros o turistas involucrados en el negocio. Lo común es traer cargamentos de 25 o 30 kilos, cada uno, hasta reunir uno de 300 kilos. A este fenómeno se suma un flujo considerable de armamento ilegal desde y hacia el mar Caribe y Centroamérica.
Archivo Unimedios
Profesora de Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia en el Caribe