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Rectores de las universidades públicas más grandes del país estudian en detalle la propuesta de reforma a la Ley 30 que lanzó el Ministerio de Educación. Temen que el afán de esta cartera por alcanzar el 50% de cobertura en formación superior para el 2019 deje como gran damnificada a la calidad. El Ministerio habla de generar 500 mil cupos, pasando de un millón 640 mil estudiantes (35% de cobertura alcanzada actualmente), a 2 millones 140 mil de aquí al 2019. Según la ministra Cecilia María Vélez White, para conseguir este objetivo debe haber dos cambios estructurales: uno en la composición de la matrícula, pues se quiere alcanzar una participación del 54% en formación universitaria y del 46% en educación técnica y tecnológica, y otro en las reglas de juego que determinan la distribución para el presupuesto de las universidades públicas contenidas en la Ley 30, en sus artículos 86 y 87. La reforma contempla cuatro puntos: “Cada universidad tendrá que entregar una propuesta en la que exponga los costos de la ampliación de su cobertura y Mineducación la valorará para entregar los recursos. También se otorgarán dineros adicionales para subsidios, y se dispondrá de un fondo manejado por Colciencias para fortalecer doctorados, y fondos de contingencia de crédito para apoyar al Icetex”, afirmó el viceministro de Educación Superior, Gabriel Burgos. Pero, “reformar los artículos 86 y 87 –que establecen los parámetros de financiamiento para la universidad pública–, con el propósito exclusivo de garantizar cobertura, va a implicar un detrimento de la calidad de la educación superior”. Esta afirmación de Roque González, director del Icfes en 1992 y uno de los gestores de la Ley 30, sienta de plano la preocupación de las IES en el país frente a la propuesta de reformar la norma.
Se agudiza debate sobre financiamiento de las universidades públicas
Víctor Manuel Holguín/Unimedios
Patricia Barrera Silva,
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La reforma de la Ley 30 de 1992 fue uno de los temas de debate durante el Foro Internacional sobre el Financiamiento de la Educación Superior, realizado entre el 2 y 3 de marzo pasado en Bogotá.
ción de las universidades públicas que cuentan con acreditación de calidad en el país, y según admite el mismo Mineducación, la tarea de mejorar los estándares de calidad en todo el sistema ha sido meritoria. Los grupos de investigación pasaron de 490 en 1993 a 1.300 en 2008, y las revistas indexadas
crecieron tres veces al pasar de 191 a 751 en el mismo periodo, lo cual ha sido posible gracias a otras fuentes de financiamiento distintas a la estatal, como la extensión, que hoy sustenta el 35% de los ingresos de la universidad pública. Para los rectores queda flotando en el aire una pregunta: ¿Cómo es posible que un país le apueste a la
investigación a través de la educación técnica? Luis Enrique Orozco, encargado desde hace 15 años de hacer seguimiento a la educación superior colombiana para la Unesco, parece tener la respuesta: “No tenemos científicos y ese es un problema que debería guiar a las universidades y al Estado para orientar lo que se debe enseñar”, aseguró.
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Para los rectores la propuesta no presenta problemas de entrada, porque respetan la iniciativa del Estado de querer incentivar la formación técnica. Sin embargo, Danilo Vivas, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), reflexiona frente a ese viraje: “El Gobierno está en su derecho de apoyar la educación técnica pero no en detrimento de la consolidación de la universidad, porque estaría dejando al país huérfano en investigación, y en el mundo en que vivimos la generación de conocimiento es la única manera de ser competitivo”. Actualmente el 55% de la matrícula corresponde a la participa-
14 de marzo de 2010
De eso tan bueno no dan tanto