dos masacres de comunidades indígenas en Guatemala: Plan Sánchez y las Dos Erres. el lugar que les corresponde, pues la impunidad implica una doble victimización. Hay que preguntar a las víctimas cómo se sentirían reparadas. Es fundamental que la historia también se empiece a construir desde la verdad de las víctimas. CU: Hay iniciativas como llamar una escuela con el nombre de la persona, pedir perdón públicamente, establecer un banco de datos de huellas genéticas para identificar desaparecidos o hacer un monumento. Los Estados no son tan reacios a cumplir con estas reparaciones simbólicas. Pero la verdadera justicia material es que la institucionalidad cierre la herida mediante el cumplimiento de las otras obligaciones que se desprenden de las sentencias: investigar los hechos, identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos. Y es ahí donde los estados fallan. Asentar un proceso democrático sobre la base de la impunidad es como construir una casa pero cada tres ladrillos dejar un hueco. La impunidad opera como una burbuja en el proceso de construcción democrática. Y, en cualquier momento, explota. P: ¿Por qué es tan difícil consolidar políticas que demuestren voluntad de los Estados de reparar integralmente a las víctimas? CU: Por un lado, está la inercia de los gobiernos. Cuando se establecieron los gobiernos antidemocráticos en Centroamérica a partir de violaciones graves a los derechos humanos, se generalizó la estigmatización que asoció
Carlos Urquilla, abogado
a las organizaciones subversivas con la reivindicación de derechos humanos; para los gobiernos, reivindicarlos, sería como borrar parte de sus cimientos ideológicos. Por otro lado, en la medida en que no se construyan procesos democráticos sostenibles, difícilmente se romperá la impunidad. La mejor muestra, en sentido inverso, es Chile y Argentina, donde los poderes judiciales son independientes para decir que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que las amnistías no pueden ser obstáculo para construir una sociedad democrática y que la reconciliación no puede olvidar el dolor de las víctimas y generar impunidad. Políticas de Estado para la reparación integral de víctimas se logran en sociedades que han alcanzado un estatus democrático fuerte. P: ¿Cómo afrontar la tensión entre los derechos de las víctimas y los procesos de negociación y búsqueda de la paz? CU: A partir de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, ese margen de apreciación política se reduce. Si bien es lícito buscar la reconciliación de la sociedad, no lo es desconocer los derechos de las víctimas a la justicia y reparación integral. En el caso de la masacre de Las Hojas, en El Salvador, en 1988, la Comisión Interamericana establece que las leyes de amnistía violentan el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. En un caso contra Perú, señaló que el derecho interno no puede obstacu-
lizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y en el caso Barrios Altos en Perú, se desarrolló una tesis más fuerte: no solo las amnistías sino las excluyentes de responsabilidad penal, la prescripción y cualquier otro instituto procesal, no pueden impedir el juzgamiento de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. P: ¿Qué opinión le merece la Ley de Justicia y Paz de Colombia y la constituida Comisión de Reparación y Reconciliación? NG: No conozco a profundidad la ley, pero hablaría desde el contexto de Guatemala. Allí, se creó la Comisión Nacional de Resarcimiento, compuesta por personas del gobierno y de la sociedad civil, víctimas o sus familiares, para operativizar el Programa de Resarcimiento. Esta Comisión ha tenido fuertes peleas y cambios de sus integrantes pues la inexistencia de justicia generó problemas internos por la imposibilidad de reconocer y responsabilizar a los culpables. CU: Estas leyes son intentos fallidos y la realidad lo demuestra. El Salvador y Guatemala no tienen una herida cerrada; Argentina y Chile han tenido que darle la vuelta a la legislación; en Uruguay, que aprobó por referéndum la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, hay movimientos que buscan cesar la impunidad. En El Salvador, 15 días después de que la Comisión de la Verdad publicó el informe para que el Estado ejerciera la acción penal correspondiente, se aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Por eso, son tan importantes los juicios jurisdiccionales en los que la institucionalidad se compromete a romper con vínculos de poder que determinan sus políticas. Si la impunidad prevalece, se convierte en un modus operandi del ejercicio de gobierno. El juicio contra un cabecilla responsable de violaciones graves de derechos humanos es simbólico pues envía un mensaje contundente: la impunidad ya no será tolerada por la sociedad.
litigante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fotografía cortesía: Laura Zapata.
La Plaza
5
MARÍA ESTHER GALVIS Noticia sobre la autora Diseñadora Gráfica y magíster en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo estudios en la Escuela Nacional de Fotografía en Arles (Francia), y en París con los fotógrafos Ignacio GómezPulido, Dennis Brihat, Philippe Salaum y Bruno Jarret. Profesora Asociada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia en el área de Fotografía. Ha desempeñado los cargos de directora del Departamento de Bellas Artes, directora curricular de Diseño Gráfico y vicedecana académica de la Facultad de Artes. Ha participado, entre otras exposiciones, en la Primera Bienal de Arte Latinoamericano, en Cuba; XIX Bienal de Fotografía, en Liltemberg (Alemania); 5x5, en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá; Mes de la fotografía, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá; Tránsito y Portátil, Museo de Arte de la Universidad Nacional; III, V y VI Salón Colombiano de Fotografía, en Medellín y Bogotá; XXXIII Salón de Artistas, en Bogotá. ¿Se acabó el rollo? Historia de la fotografía en Colombia, 1950-2000. En 1995 recibió el premio Ilford al mejor portafolio fotográfico en blanco y negro para Latinoamérica. Ha publicado fotografías en Artistas por la paz, Villegas editores; Fotografía Latinoamericana 1994, y en las revistas Fotografía Contemporánea No. 35 y 36; En otras palabras No. 5; Artefacto No. 7 y 8, publicación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Miradas a la Universidad Nacional de Colombia, publicación de la Dirección Nacional de Divulgación.
Noticia sobre la obra “La Plaza” se convirtió en un laboratorio para realizar ciertos experimentos con la forma. Experimentos que podemos llamar “montaje”. Montaje, en el sentido de W. Benjamin pero también de Bataille. Significa en este caso desplegar visualmente discontinuidades en el tiempo, generando innumerables paradojas. Las “contradicciones” manifiestas son casi siempre marcas de vínculos latentes y viceversa. Mostrar las imágenes (¿las vemos realmente?) no es unificar narrativamente un fenómeno sino escindir la tradición iconológica de las prácticas visuales. “La Plaza” al acercar épocas, se vuelve un experimento anacrónico. La memoria no se descifra en textos orientados por sucesiones históricas sino en un rompecabezas de fotogramas anacrónicos. El experimento se realiza igualmente entre la instantaneidad y la ruptura de la foto y la continuidad histórica del lugar. “La Plaza” no rompe con el pasado, pero sí con ciertas formas de pensar del pasado transformando el “ícono arquetípico”, que focaliza la atención en una rigidez definitiva, en una imagen dialéctica de las relaciones entre imágenes.
■ Domingo 18 de diciembre de 2005
Gómez ha sido perita en
Consejo Regional de Indigenas del Cauca.
Entrevista