CÓMO ESCRIBIR PARA LA WEB
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Antetítulo GOBIERNO HA ‘C0NGELADO’ LA VENTA DE 780 MIL HECTÁREAS ARREBATADAS A DESPLAZADOS Título Zarpazo ‘para’ a tierras campesinas Sumario Hechos coincidentes -como el incendio de la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, el asesinato de dos funcionarios en Sincelejo y Cali y la alteración de datos en Montería- harían parte de sus tácticas para apropiarse de cientos de predios rurales. Cuerpo del texto El 12 de junio del 2004, nueve hombres armados con pistolas y granadas de mano ingresaron a la finca Zaragoza, en Guaduas (Cundinamarca). Dijeron que eran paramilitares y le pidieron al dueño que les dejara pasar la noche. “Sin permiso, pelaron gallinas, cocinaron y se instalaron en la casa”, dice el finquero en su relato a la Fiscalía. Y continúa: “Los paracos se quedaron con mi finca. El jefe era ‘Jonás’. Llevaban mujeres y las violaban y a un trabajador lo amarraron y amenazaron con castrarlo”. El caso fue llevado a la mesa de negociación, en Ralito (Córdoba), pero la respuesta fue más preocupante: los jefes ‘paras’ le aconsejaron no volver por la región porque, aunque sabían quién era ‘Jonás’, no podían garantizar su vida. En los últimos dos años, entidades del Estado han escuchado cientos de veces testimonios como este en los que paramilitares han expulsado de sus tierras a campesinos y ganaderos o, en el mejor
Paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar Allí reposan pruebas de cómo ellos, sin importar rango, o sus testaferros, se han ido apropiando, poco a poco, de cientos de predios rurales. Así parecen demostrarlo casos como el incendio de la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar (Cesar), el asesinato de dos funcionarios en Sincelejo y Cali y la alteración de datos en Montería. En Valledupar, zona de influencia del desmovilizado bloque Norte, cuyos jefes eran Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, el 29 de enero se prendió fuego a 20.000 folios. Las autoridades están seguras de que se pretendía borrar evidencia. “Fue un incendio direccionado. Eran las transacciones de los últimos dos años”, dice el superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute. Y agrega que, por suerte, la información ya estaba en un software. El funcionario también califica de anormal la falla que se presentó en febrero pasado cuando iba a entrar en funcionamiento el nuevo sistema de registro de Montería: “Hay rastros de adulteración”.
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