CÓMO ESCRIBIR PARA LA WEB
APÉNDICE
millonarias compraventas de tierras de ‘paras’ y narcotraficantes. Uno de los muertos es Óscar A. Moreno, de la oficina de Sincelejo, asesinado en octubre del 2004. Moreno ocupó el mismo cargo en Valledupar, pero tuvo que salir de allí tras el asesinato de su esposa. Martha I. de Sánchez, jefe de registros en el Valle, también cayó acribillada ese año. Aunque aún nadie sabe quién la mató, reporteros de ‘El Tiempo’ en Cali establecieron que la funcionaria habría descubierto una red de testaferrato con bienes de un conocido narco y de un paramilitar.
A raíz de los atentados contra las Oficinas de Instrumentos Públicos y sus funcionarios, la memoria de la propiedad de las tierras en Colombia no solo opera ahora desde un sitio secreto en Bogotá, sino que, además, se dispuso que una copia de seguridad fuera enviada a otro país. Cómo protege el Gobierno los predios de los desplazados Para enfrentar el robo de tierras a los desplazados, el Gobierno (a través de Acción Social) puso en marcha en el 2003 el programa ‘Tierras y Patrimonio’.
Según la investigación, en esa oficina se han hallado casos de familias humildes a las que les figuran bienes por 17.000 millones de pesos.
A través de él, autoridades locales denuncian qué predios fueron desalojados a la fuerza y, de inmediato, quedan comercialmente congelados. A la fecha, ya hay protegidos 50.214 derechos de propietarios, ocupantes, poseedores y tenedores de tierras en todo el país.
Y hace una semana, un jefe de registro de un pueblo de Antioquia fue trasladado ante las amenazas de muerte del líder ‘para’ de la zona.
“Lo que buscamos es que, al menos jurídicamente, la propiedad quede en manos de sus verdaderos dueños”, dice el superintendente Cuello.
Según la Procuraduría, Auc, guerrilla y narcos les han quitado a los desplazados 3 millones de hectáreas. Y según cuentas de la Contraloría, un 33 por ciento está en manos ‘paras’: algo más de un millón de hectáreas.
En total, son 780.809 hectáreas con las cuales nadie puede transar sin un estudio previo sobre sus verdaderos dueños.
Sin embargo, hoy los ex comandantes de las Auc hablan de devolver solo 100 mil hectáreas -de las cuales 35 mil ya estarían listas- para indemnizar a sus víctimas. A pesar de la intimidación, Instrumentos Públicos y notarías del país han reportado en los últimos dos años 26.000 operaciones sospechosas. Pero no es suficiente. Por eso, otro mecanismo para intentar frenar esta arremetida de los ex ‘paras’ -que buscan ‘legalizar’ sus botines de guerra- es el congelamiento comercial de 50 mil predios de desplazados. “Lo que buscamos es que, al menos
De los 44 municipios con este tipo de medida, 14 se encuentran en Norte de Santander, donde hay protegidas más de 34.000 propiedades. Según la coordinadora del programa, Myriam Hernández, el Gobierno ampliará la protección a otras zonas. “Se hace a través de dos vías: la protección individual, una vez la persona afectada pone la queja, y la colectiva, cuando hay riesgo de desplazamiento masivo”. La protección es gratuita, por eso, alertó que abogados e incluso ONG del Tolima y de los Montes de María que están exigiendo plata por este trámite deben ser denunciados. El Incoder, Acción Social y autoridades locales son los encargados del proceso.
Î 190 ∂