Recuento de Agresiones a Periodistas 2005

RECUENTO DE DAÑOS A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DURANTE EL 2005 Verónica Trinidad Martínez* / Martha Soto** / Omar Raúl Martínez*** * Coordinadora de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía. ** Coordinadora de la Unidad de Internet de la Fundación Manuel Buendía. ***Presidente de la FMB y director de la Revista Mexicana de Comunicación.

El 2005 quedará inscrito como el año con mayor índice porcentual de ataques a periodistas en el último lustro en México.

Si bien el número de actos contra las libertades informativas no varió respecto de 2004, los actos contra informadores han aumentado paulatina y porcentualmente durante los últimos cinco años: en 2001 se registró 47% de incidencias en ese rubro, en 2002 aumentó a 48%, en 2003 creció 50%, en 2004 subió a 73%, y para 2005 la cifra ascendió a 76%.

La evidencia más grave e implacable de tal aserto se manifestó en el asesinato de cinco periodistas y una desaparición, tres de ellos aparentemente perpetrados por un actor que parece irse consolidando en los últimos años como presunto responsable de atentar contra las libertades informativas en México: la mafia del narcotráfico.

TIPO DE INCIDENTES / PERSPECTIVA GLOBAL

Aunado a ello, aunque las agresiones físicas ya no se instalaron en primer lugar, ahora salta a la vista un dato también preocupante: las amenazas y actos de intimidación se posicionaron con 35% de incidencias (10% más que en 2004) como los hechos mayormente recurrentes por los poderes formales e informales para inhibir el libre ejercicio periodístico.

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Frente a tales tendencias predominantes, no puede soslayarse de ninguna manera que hubo un leve aumento en el registro de hechos que pudiesen significar inhibición o presiones a periodistas y medios informativos (21% en 2005 y 17% en 2004), y particularmente captaron la atención los casos de La Jornada San Luis, el diario Noticias de Oaxaca, y las demandas contra la revista Proceso, Olga Wornat y Lydia Cacho.

INCIDENTE / PERSPECTIVA GLOBAL

Y una incursión preliminar a lo sucedido durante los primeros meses de 2006, arroja un saldo de continuidad en la violencia, pues hasta la primera quincena de mayo se consignaron 35 incidentes contra comunicadores: casi dos terceras partes fueron ataques públicos o embozados y entre ellos destacan cuatro homicidios.

Las aseveraciones anteriores se desprenden del análisis hemerográfico y documental sobre los actos contra las libertades de expresión e información registrados en nuestro país durante 2005, realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, como parte de las tareas emprendidas por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, de la cual también son organismos miembros el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Periodismo y Ética Pública, la Fraternidad de Reporteros de México, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

CARGO / PERSPECTIVA GLOBAL

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Visión global A lo largo de 2005, y de acuerdo con los criterios metodológicos de la Red, se registraron 93 incidentes contra las libertades informativas en todo el país: 76% fueron ataques públicos o embozados a periodistas, 18% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores, en tanto que el resto (6%) se concentró en ataques (2.5%) y eventos inhibitorios (3.5%) a medios de comunicación.

Tales datos llaman la atención habida cuenta que ratifica la creciente tendencia, manifiesta en el lustro reciente, enfocada a atentar directamente contra los periodistas y recurrir en contados casos a acciones jurídicas o artilugios políticos para inhibir el quehacer de algunos medios informativos. ÁREA QUE CUBRE O TOCA EL PERIODISTA / PERSPECTIVA GLOBAL

Así, por ejemplo, en 2001 los ataques contra periodistas aglutinaron 47% de incidencias; en 2002 el mismo rubro aumentó muy poco al llegar a 48%; en Recuento de Daños 2005 Pág 3 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

2003 subió a 50%, y para 2004 y 2005 la cifras se acrecentaron de forma notoria: 73% y 76% respectivamente.

Lo anterior no resulta gratuito, pues entre enero de 2004 y abril de 2006 se ha consignado el mayor número de asesinatos de periodistas del sexenio foxista, y el clima de intimidación se ha recrudecido particularmente en los estados norteños debido a las acciones del narcotráfico.

Durante el año pasado se tuvo noticia de cinco asesinatos y una desaparición (que algunos, lamentablemente, ya adelantan como posible homicidio): Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero, José Reyes Brambila, Julio César Pérez Martínez, Hugo Barragán Ortiz, y Alfredo Jiménez Mota. En por lo menos tres de ellos la presunta responsabilidad recae en los cárteles del narco.

MEDIO O ESPACIO DONDE LABORAN LOS AFECTADOS / PERSPECTIVA GLOBAL

El panorama de amedrentamiento y resquemor manifiesto en ciertos sectores del país durante 2005, y que desde luego no se limita al crimen organizado, queda de manifiesto al desmenuzar el universo de casos consignados (93): 35% fueron amenazas e intimidaciones, 24% agresiones físicas, 8% detenciones, 7% atentados, 7% demandas, 5% asesinatos, 3% bloqueos informativos, entre otros de menor cuantía.

Como se puede apreciar, a diferencia de años precedentes, los actos intimidatorios concentraron más de una tercera parte, lo cual resulta significativo ya que esa tendencia ha ido en ascenso en el último trienio: 12% en 2003, 25% en 2004, y 35% en 2005.

Como de costumbre, los reporteros siguen siendo los mayormente afectados por la naturaleza misma de su oficio al congregar 37% de incidencias, porcentaje superior al recogido el año pasado (26%), lo cual refrenda la tendencia de algunos de los poderes formales e informales por descargar sus baterías en contra de quienes tienen la misión de recoger y transmitir la Recuento de Daños 2005 Pág 4 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

información.

Otro aspecto de particular importancia es el relativo a los temas abordados por los periodistas que fueron afectados en el ejercicio de sus libertades de expresión e información: en 2005, las fuentes Política (52%) y Policíaca (35%) concentraron la mayor cuantía que se recuerde en la última década: 87%.

Incluso la tendencia en tal segmento ha ido en ascenso: ambas áreas sumaron 53% en 2001, 70% en 2002, 81% en 2003, y 83% en 2004.

MOTIVOS / PERSPECTIVA GLOBAL

Quizás la efervescencia política-preelectoral y el enrarecimiento del clima sociopolítico por las acciones del narcotráfico en algunos estados del norte de la República Mexicana han generado el incremento de incidentes contra informadores de las fuentes Política y Policíaca, y particularmente de la prensa, pues 64% del total global analizado lo constituyen casos en que los agraviados laboran para medios impresos, en tanto que 23% está adscrito a medios electrónicos: 15% de radio y 8% de TV. Los motivos para cometer actos con el fin de inhibir el ejercicio de las libertades informativas o atentar contra las mismas, no refleja variaciones y, como antaño, se implican razones de carácter informativo como se detalla en el siguiente desglose producto del análisis: 34% de casos ocurrió por ejercer el quehacer reporteril, 29% por contenidos publicados, 13% por difundir ciertas denuncias, entre otros.

El rubro de los presuntos responsables de los ataques y actos que pueden significar inhibición o presiones a las libertades de expresión e información, presenta saldos de continuidad toda vez que el Poder Público continúa acumulando la mayor parte de incidencias: 60%, al englobar rubros tales como Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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fuerzas del orden (29%), funcionarios de gobierno (20%), funcionarios de dependencias policíacas (5%), así como representantes de partidos políticos e instituciones y funcionarios de gobierno (cada uno con 2%). Es menester apuntar que tales tendencias del Poder Público representan un incremento de 12 puntos porcentuales en relación con el año precedente, en que se registró 48% en el mismo segmento. Valga la pena resaltar que los cárteles del narco y algunos grupos sociales también figuran como posibles responsables, cada uno con 7%. En 17% de los casos no fue posible identificar a los actores materiales e intelectuales: tal dato constituye el más elevado en la última década y refleja una de las caras de la impunidad y a su vez manifiesta la omisión de las autoridades judiciales.1 PRESUNTOS PERSPECTIVA GLOBAL

RESPONSABLES

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Breve mirada al Distrito Federal Del universo de casos registrados en 2005, se desprende que las entidades con mayores afectaciones en el ejercicio periodístico en México fueron el Distrito Federal (21%), Tamaulipas (11%), Oaxaca (10%), Veracruz (9%), Chiapas (9%), Sonora (7%) y Sinaloa (5%). Con menores cuantías le siguen estados tales como Querétaro (3%), Chihuahua (3%), Hidalgo (3%), Guanajuato (3%) y Guerrero.

De los 93 actos anotados a lo largo de 2005, 19 sucedieron en el Distrito Federal, lo que representa 21% del total global. Esta cifra, además, supone un aumento en relación con 2004 cuando se registraron 14 casos (15% del total global) en la Ciudad de México.

Predominaron las ataques públicos y embozados a periodistas (68%) sobre los hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores y medios (32%), entre los cuales destacan las demandas a la escritora Olga Wornat y la revista Proceso.

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Al analizar los 19 casos registrados en el DF, se patentiza una importante variación respecto del año pasado: las amenazas junto con los actos de intimidación y las agresiones físicas disminuyeron en términos porcentuales ya que si cada rubro en 2004 acumuló 43%, en 2005 el primero sumó 32% y el segundo 16%. En contraste, se denota un aumento en materia de hechos inhibitorios, particularmente debido a demandas (11%), citas a comparecer ante la autoridad (11%) y bloqueos informativos (11%).

RESPONSABLES / DISTRITO FEDERAL

La tendencia en torno a los periodistas más afectados se mantiene al igual que en la visión global: los reporteros concentran 37% de incidencias, y particularmente los informadores -en sus distintas modalidades- adscritos a las fuentes Política (68%), Policíaca (11%) e Información General (11%) y que por lo regular trabajan para medios impresos (63%).

En cuanto a los presuntos responsables de los actos contra el ejercicio periodístico, destacan los representantes del Poder Público con 58% de incidencias, al aglutinar los segmentos de fuerzas del orden (21%), funcionarios de gobierno (16%), funcionarios de dependencias policíacas (16%) e instituciones de gobierno (5%).2 De acuerdo con este análisis hemerográfico y documental, los aparentes móviles de los citados responsables en la Ciudad de México se presentaron de la siguiente forma: 42% por ejercer el quehacer reporteril, 42% por contenidos difundidos, 11% por denuncias publicadas, y 5% por negarse a comparecer ante la autoridad.

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ÁREA QUE CUBRE O TOCA EL PERIODISTA AFECTADO / DISTRITO FEDERAL

Tendencias preliminares de 2006 En una aproximación preliminar a lo sucedido durante el primer cuatrimestre de 2006, se aprecia que la racha de ataques y actos inhibitorios contra periodistas en México continúa a un ritmo similar al del año pasado.

Así, hasta la primera quincena de mayo se consignaron 35 incidentes contra comunicadores: 13 fueron hechos que pueden significar inhibición o presiones (37%), y 22 lo significaron ataques públicos o embozados a informadores y medios (63%). Entre estos últimos destacan cuatro asesinatos: José Valdés Macías (Coahuila), Jaime Arturo Olvera Bravo (Michoacán), Ramiro Téllez Contreras (Tamaulipas) y Rosendo Pardo Osuna Chiapas).

Al igual que en 2005, los actos con mayor incidencia son las agresiones físicas (23%), las amenazas e intimidaciones (20%), los asesinatos (11%) y los atentados (11%), aunque no deja de presentarse una significativa proporción de hechos inhibitorios relativos a tribunales como demandas (11%), detenciones (8%), citas a comparecer frente a la autoridad (5%), entre otros.

Del total de casos registrados en los primeros cuatro meses y medio, en 57% de ellos la presunta responsabilidad recae en representantes del Poder Público, 8% en grupos de narcotraficantes de droga, y en 23% se desconocen a los autores materiales e intelectuales.

INCIDENTES / DISTRITO FEDERAL

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Los casos más sonados Numerosos fueron los actos contra el ejercicio de las libertades informativas en México durante 2005, pero fueron particularmente cinco los que generaron cierto revuelo y controversia política en el ámbito de la comunicación nacional: a) El conflicto "político-laboral" del periódico Noticias de Oaxaca. De acuerdo con los editores, el gobernador Ulises Ruiz, promovió una huelga con el afán de silenciar al diario que ofrece una visión crítica a su mandato. Para ello, la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina (CROC), bajo el control del mandatario oaxaqueño, en junio impuso un conflicto sindical en Noticias, sin el aval de los 102 trabajadores que no le reconocen ese derecho. Aunque otras versiones plantean un trasfondo político originado por los antecedentes priístas de los editores y el distanciamiento de éstos con el actual gobernador y su antecesor, lo cierto es que la arremetida contra dicho rotativo recibió el repudio de diversas agrupaciones civiles y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, pues a todas luces el poder público hizo gala de actos inhibitorios para afectar el ejercicio periodístico de un medio oaxaqueño.3 b) Bloqueo publicitario e informativo a La Jornada San Luis. A partir de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió, en junio pasado, una recomendación donde responsabilizaba a funcionarios del gobierno potosino de haber retirado de la circulación todos los ejemplares de tal diario un año antes y en el cual se denunciaba a funcionarios por actos de corrupción-, se tensaron aún más las relaciones entre los editores del mismo y el Ejecutivo local. Ello, a la postre, originó que no sólo se le empezara a negar la entrega de información, sino también la publicación de inserciones publicitarias del gobierno estatal. Ante ello, el director de La Jornada San Luis, Julio Hernández López, organizó una marcha entre el 7 y el 22 de junio para denunciar las reiteradas prácticas de exclusión publicitaria y escamoteo informativo del gobierno de Marcelo de los Santos y, de esa suerte, desenmascarar el manejo Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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discrecional de los recursos públicos, con los que se "castiga al que crítica y se premia a quienes halagan".4 c) "Reajuste" o censura en el periódico El Universal. Un grupo de reporteros de larevista de El Universal denunció que, por instrucciones de su propietario, en menos de un mes se impuso la censura a dos reportajes en la publicación semanal del diario. El primero revelaba los nombres de las personas favorecidas con permisos para centros de apuestas y entre los beneficiarios figuraba un cercano amigo de Francisco Ealy Ortiz, principal cabeza del rotativo: Olegario Vázquez Raña, dueño del Grupo Imagen. El segundo reportaje ofrecía información sobre la polémica y turbia transferencia de recursos del erario entregados al equipo de transición del entonces presidente electo, Vicente Fox. Por ese motivo, semanas más tarde renunció la mayor parte del equipo de reporteros y editores de larevista. Si bien El Universal oficialmente dijo que las decisiones y el movimiento interno nada tenían que ver con la censura sino con el incumplimiento de expectativas económicas, lo cierto es que la impresión pública sí fue de restricciones informativas por evidentes razones de interés político y económico.5 d) Demandas contra Olga Wornat y el semanario Proceso. Por considerar que, con la publicación de un reportaje sobre la anulación religiosa de su primer matrimonio, se invadió su intimidad y se atentó contra lo más sagrado de su vida privada, la señora Marta Sahagún, esposa del Presidente Vicente Fox, demandó por daño moral a la periodista Olga Wornat y a la revista Proceso a principios de mayo pasado. De manera paralela, y quizás como "castigo", el gobierno federal canceló la difusión publicitaria de sus entidades en el semanario político. Independientemente del curso que tomen los hechos, el caso ha sido visto como un claro intentó de inhibir el ejercicio periodístico crítico al entorno cercano a la pareja presidencial- desde las más altas esferas del poder político. e) Demanda y secuestro de Lydia Cacho. El 16 de diciembre pasado, y sin aviso oficial previo, la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue aprehendida en Cancún por policías judiciales de Quintana Roo para cumplir con una orden de arresto girada en Puebla debido a una demanda por difamación presentada por Kamel Nacif Borge, empresario textilero que se dijo agraviado en su honor por la escritora. En su libro Los demonios del edén, Cacho relata y documenta la historia de Juan Succar Kuri, un pederasta que violó y abusó de varias niñas en Cancún, y que es protegido de Nacif Borge. La también activista en derechos humanos de las mujeres, fue transportada a Puebla por tierra en un viaje de 20 horas durante el cual fue objeto de tortura psicológica y malos tratos. Estuvo detenida 30 horas y fue liberada bajo caución tras pagar una fianza de 70 mil pesos. Casi dos meses después, quedarían al descubierto las entretelas del acto inhibitorio contra el ejercicio informativo cuando La Jornada dio a conocer la transcripción de unas conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el gobernador poblano, Mario Marín, donde se evidencia su colusión para darle un escarmiento a Cacho Ribeiro.6

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MOTIVOS / DISTRITO FEDERAL

Un hecho que impactó al entorno político y periodístico de México -que sucedió ya en el presente año pero cuyo fondo se arrastra con singular y preocupante inercia desde 2004 y 2005 en el norte del país- fue el atentado del narcotráfico al periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Quince días después de haber sido la sede en sus instalaciones de un seminario internacional sobre investigación y cobertura periodística del tráfico de drogas, el 6 de febrero de 2006, ese diario sufrió un ataque con rifles de asalto AR-15 y AK47 y granadas de fragmentación, en el que resultó herido el reportero Jaime Orozco Tey. De inmediato, la embestida armada fue interpretada como un mensaje del crimen organizado a los medios de comunicación para acallarlos en su intento por dar a conocer todo tipo de informaciones sobre los negocios ilícitos del narcotráfico. Y parece que la violenta dosis surtió efecto inmediato, pues el director de El Mañana, Ramón Cantú Deandar, abiertamente manifestó su renuncia a seguir abundando en torno a dichos temas: No tiene sentido investigar respecto del narcotráfico: ése es un problema internacional que ni las autoridades pueden resolver ni el gobierno estadunidense, y no hay voluntad de arreglar las cosas; nosotros no nos vamos a estar exponiendo.7 La agresión armada desde luego fue repudiada por un gran sector de la comunidad periodística. Así, en un hecho inédito, tres días después más de 40 periódicos de todo el país publicaron un desplegado donde manifestaban su indignación ante el grado de violencia generada por el narcotráfico contra la sociedad y particularmente contra el ejercicio periodístico. Y asentaron: Expresamos hoy nuestra convicción de que el impacto de esta violencia contra periodistas se expresa también en un clima de intimidación que acalla múltiples voces, mutila a la sociedad sus mecanismos de convivencia e impone una muerte lenta a la libertad misma. No es solamente el derecho a la vida lo que Recuento de Daños 2005 Pág 11 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

resulta cancelado, sino el derecho a la expresión libre de las ideas y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Con este contexto, reiteramos las siguientes convicciones: 1. Es obligación de las autoridades mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, esclarecer los crímenes cometidos contra periodistas en México. [...] La impunidad es el mayor aliciente para que estos atentados se repitan.

Esta obligación se extiende a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales deben crear, en conjunto, mayores garantías a favor de la libertad de expresión.

2. Mantendremos canales de comunicación para extender esquemas de solidaridad a favor de nuestros colegas en todo el país acosados por el crimen organizado.

3. Impulsaremos los trabajos del Proyecto Fénix, que integrará a un equipo especial de reporteros de investigación, provenientes de diversas casas editoriales, para profundizar en las indagaciones periodísticas que realizaban los periodistas victimados. El producto del trabajo de este equipo especial será publicado en todos los diarios participantes de este esfuerzo, así como en estaciones de radio y televisión que determinen sumarse.8 Posteriormente, más de 400 editores y propietarios de medios de todo el continente -todos ellos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa-, reunidos en Quito, Ecuador, pidieron al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo, que esclarezca los asesinatos de periodistas y que indague a profundidad las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamento, atentados y crímenes contra informadores.9 La Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, a su vez, junto con la adhesión de diversas entidades de gremiales y de derechos humanos, en abril expresaron su desaliento ante los pocos avances en el combate por esclarecer los actos contra el quehacer periodístico en el país. Al recordar "el abril negro" de 2005, en que se cumplió un año de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, y los asesinatos de Raúl Gibb, director de La Opinión, y Dolores Guadalupe García Escamilla, conductora de Estereo 91 XHNOE, la Red planteó públicamente: El gobierno federal se comprometió a no escatimar esfuerzos para esclarecer estos crímenes y la desaparición de Alfredo Jiménez. [...] Señor Presidente: una vez más no ha cumplido con su palabra. En los últimos tres años de su gobierno se ha registrado el mayor número de asesinato de periodistas y ninguno de ellos ha sido resuelto. Por ello le exigimos acabar con la impunidad, dar certeza a los familiares y a la sociedad de que se hará justicia.

Fiscalía especial y avances legislativos Frente a la insistencia de organismos nacionales e internacionales de que el gobierno federal tomara cartas en el asunto por la creciente ola de ataques a periodistas, y a pocos días del atentado contra el periódico El Mañana a manos Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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del narcotráfico, el presidente Vicente Fox puso en marcha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas cuya titularidad quedó a cargo de David Vega Vera.10 Pese a que, como se acostumbra en la asunción de nuevas encomiendas en la procuración de justicia, el Presidente de la República refirió que el gobierno federal "no descansará" hasta encontrar a los responsables y castigarlos con "todo el peso de la ley", la prensa informó que la nueva Fiscalía nacía con recursos muy limitados e insuficiente respaldo técnico y humano.11 En ese contexto, la Red Mexicana de Protección a Periodistas en abril exigió al Ejecutivo Federal: Que el Fiscal Especial para casos de Periodistas rinda un informe detallado y público en torno a los avances de las investigaciones que la Procuraduría General de la República ha llevado a cabo en los asesinatos de comunicadores y los desaparecidos.

Se brinde solidez jurídica y recursos suficientes al Fiscal para que desarrolle su tarea con eficacia y no tengamos que lamentar dentro pocos meses el paso de un funcionario más con una oficina decorativa en el gobierno.

Se investiguen -a través de la nueva Fiscalía- todas y cada una de las agresiones a periodistas y medios de comunicación de su sexenio.

En otro orden de ideas, resulta justo reconocer los importantes avances legislativos registrados en los últimos meses como respuesta a las reiteradas demandas del gremio periodístico y de distintos sectores por brindar mayores garantías al ejercicio de las libertades de expresión e información en México.

Así pues, sin duda alguna, la aprobación de nuevas leyes constituyen pasos fundamentales para garantizar el derecho a la información: nos referimos a la despenalización de los delitos de injuria, difamación y calumnia, así como a la salvaguarda del secreto profesional.

Los diputados federales aprobaron, el 18 de abril pasado, la minuta enviada por la Cámara de Senadores mediante la cual se reforman el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, con el fin de resguardar el secreto profesional y garantizar la reserva de información a periodistas, abogados, consultores médicos o ministros de culto.

En torno a las modificaciones al Código Penal Federal relativas a los delitos de injuria, difamación y calumnia, el pleno camaral resolvió que deben ser los jueces de lo civil quienes resuelvan si los periodistas actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones. Con ello se elimina la pena de prisión para quien abuse de la libertad de expresión y se abre la posibilidad de demandar la reparación del daño moral causado a terceros por la vía civil.12 De igual forma pero a fines de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló por unanimidad la Ley del Secreto Profesional del Periodista, con lo cual todo periodista que sea citado en instancias penales, civiles o administrativas tendrá el derecho a reservarse sus fuentes. Tampoco se le podrá requerir Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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ningún instrumento de trabajo que lleven a la posible identificación de su fuente informativa.13 Asimismo, los legisladores capitalinos también despenalizaron los delitos de difamación y calumnia en el DF, por lo que ahora serán de materia civil.14 MEDIO O ESPACIO DONDE LABORAN LOS AFECTADOS / DISTRITO FEDERAL

Conclusiones 1. A lo largo de 2005, se registraron 93 incidentes contra las libertades informativas en todo el país: 76% fueron ataques públicos o embozados a periodistas, 18% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores, en tanto que el resto (6%) se concentró en ataques (2.5%) y eventos inhibitorios (3.5%) a medios de comunicación.

2. Si bien el número de actos contra las libertades informativas no varió respecto de 2004, los actos contra informadores han aumentado paulatina y porcentualmente durante los últimos cinco años: en 2001 se registró 47% de incidencias en ese rubro, en 2002 aumentó a 48%, en 2003 creció 50%, en 2004 subió a 73% y para 2005 la cifra ascendió a 76%.

3. Las amenazas y actos de intimidación se posicionaron con 35% de incidencias (10% más que en 2004) como los hechos mayormente recurrentes por los poderes formales e informales para inhibir el libre ejercicio periodístico.

4. Entre enero de 2004 y abril de 2006 se consignó el mayor número de asesinatos de periodistas del sexenio foxista, y el clima de intimidación se ha recrudecido particularmente en el norte del país debido a las acciones del narcotráfico.

5. Durante el año pasado se tuvo noticia de cinco asesinatos y una desaparición (que algunos, lamentablemente, ya adelantan como posible homicidio): Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero, José Reyes Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Brambila, Julio César Pérez Martínez, Hugo Barragán Ortiz, y Alfredo Jiménez Mota. En por lo menos tres de ellos la presunta responsabilidad recae en los cárteles del narco.

6. Al desmenuzar el universo de casos consignados: 35% fueron amenazas e intimidaciones, 24% agresiones físicas, 8% detenciones, 7% atentados, 7% demandas, 5% asesinatos, 3% bloqueos informativos, entre otros de menor cuantía.

7. Los reporteros siguen siendo los más afectados por la naturaleza misma de su oficio al congregar 37% de incidencias, y particularmente los que trabajan para las fuentes Política (52%) y Policíaca (35%) cuya suma concentra la mayor cuantía en la última década. Incluso la tendencia en tal segmento ha ido en ascenso en los años recientes: ambas áreas sumaron 53% en 2001, 70% en 2002, 81% en 2003, 83% en 2004, y 87% en 2005.

8. 64% del total global analizado lo constituyen casos en que los agraviados laboran para medios impresos, en tanto que 23% está adscrito a medios electrónicos: 15% de radio y 8% de TV. 9. Los motivos para cometer actos con el fin de inhibir el ejercicio de las libertades informativas o atentar contra las mismas, no refleja variaciones: 34% de casos ocurrió por ejercer el quehacer reporteril, 29% por contenidos publicados, 13% por difundir ciertas denuncias, entre otros.

10. En el rubro de los presuntos responsables, el Poder Público continúa acumulando la mayor parte de incidencias: 60%, al englobar rubros tales como fuerzas del orden (29%), funcionarios de gobierno (20%), funcionarios de dependencias policíacas (5%), así como representantes de partidos políticos e instituciones y funcionarios de gobierno (cada uno con 2%). Tales tendencias del Poder Público representan un incremento de 12 puntos porcentuales en relación con el año precedente. Valga la pena resaltar que en 17% de los casos no fue posible identificar a los actores materiales e intelectuales: tal dato constituye el más elevado en la última década y refleja una de las caras de la impunidad y a su vez manifiesta la omisión de las autoridades judiciales.

11. Del universo de casos registrados en 2005, se desprende que las entidades con mayores afectaciones en el ejercicio periodístico en México fueron el Distrito Federal (21%), Tamaulipas (11%), Oaxaca (10%), Veracruz (9%) y Chiapas (9%).

12. En el DF predominaron las ataques públicos y embozados a periodistas (68%) sobre los hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores y medios (32%).

13. Al analizar los 19 casos registrados en el DF, se patentiza que las amenazas junto con los actos de intimidación y las agresiones físicas disminuyeron 11 puntos porcentuales. En contraste, se denota un aumento en materia de hechos inhibitorios, particularmente debido a demandas (11%), citas a comparecer ante la autoridad (11%) y bloqueos informativos (11%).

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14. La tendencia en torno a los periodistas más afectados se mantiene al igual que en la visión global: los reporteros concentran 37% de incidencias, y particularmente los informadores -en sus distintas modalidades- adscritos a las fuentes Política (68%), Policíaca (11%) e Información General (11%) y que por lo regular trabajan para medios impresos (63%).

15. En cuanto a los presuntos responsables de los actos contra el ejercicio periodístico en la Ciudad de México, destacan los representantes del Poder Público con 58% de incidencias, al aglutinar los segmentos de fuerzas del orden (21%), funcionarios de gobierno (16%), funcionarios de dependencias policíacas (16%) e instituciones de gobierno (5%).

16. Los aparentes móviles de los citados responsables en el DF se presentaron de la siguiente forma: 42% por ejercer el quehacer reporteril, 42% por contenidos difundidos, 11% por denuncias publicadas, y 5% por negarse a comparecer ante la autoridad.

17. Cinco fueron los casos más sonados en materia de libertad de expresión en la República Mexicana durante 2005 y que en cierta forma representan las formas más recurrentes -por el mensaje implícito que subyace en cada uno de ellos- para inhibir el libre ejercicio periodístico en la actualidad: el conflicto "político-laboral" del periódico Noticias de Oaxaca; el bloqueo publicitario e informativo a La Jornada San Luis; el "reajuste" o censura en el periódico El Universal; las demandas contra Olga Wornat y el semanario Proceso, así como la demanda y secuestro de Lydia Cacho.

18. Aunque ciertamente falta mucho camino por avanzar, resulta justo reconocer las iniciativas de varios actores por instrumentar acciones y medidas orientadas a defender y promover el libre ejercicio de las libertades informativas en México. Entre ellas destacan la aprobación de nuevas leyes a nivel federal y capitalino en materia de difamación y calumnia, y de secreto profesional del periodista; la creación del Grupo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados; la instalación de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, dependiente de la PGR; y la voluntariosa suma de varios medios de comunicación del país para impulsar el Proyecto Fénix y no dejarse amilanar frente a las amenazas del crimen organizado, así como para la exigencia de justicia frente a ataques a periodistas y medios de comunicación.

NOTAS 1) Es preciso subrayar que en 2005 se registró la mayor incidencia de "Desconocidos" como presuntos responsables de los actos contra periodistas y medios de comunicación. En ese segmento se consignó 16% en 2004, 7% en 2003, 12% en 2002, 11% en 2001, y 14% en 2000.

2) El dato de que, en 2005, el Poder Público aparece con 58% de incidencias como presunto responsable de los actos contra periodistas y medios en el Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Distrito Federal, resulta muy contrastante en relación con 2004 cuando el índice porcentual fue de 35%.

3) Omar Raúl Martínez, "Prensa agobiada. Bloqueos, ajustes de cuentas, censura, demandas...", en Revista Mexicana de Comunicación Núm. 97, febrero-marzo de 2006.

4) Ibid.

5) Ibid.

6) Ibid. Véase también La Jornada del 14 de febrero de 2006.

7) El Universal, 12 de febrero de 2006.

8) El Universal, 9 de febrero de 2006.

9) El Universal, 21 de marzo de 2006.

10) El Financiero, 23 de febrero de 2006.

11) La Jornada, 24 de marzo de 2006.

12) Justo es reconocer que el interés de la Cámara de Diputados por instrumentar mecanismos para proteger la libertad de expresión, ya había quedado manifiesto desde principios de octubre de 2005 cuando se aprobó la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, encabezado por la diputada Beatriz Mojica. Véase El Universal, 5 de octubre de 2005, y La Jornada, 19 de abril de 2006.

13) La Jornada, 28 de abril de 2006.

14) Reforma, 29 de abril de 2006.

VITRINA METODOLÓGICA A) Se seleccionaron todas las informaciones sobre agresiones o actos contra periodistas y medios, aparecidas en seis periódicos de circulación nacional, así como las consignadas en informes relativos al tema elaborados por entidades académicas, gremiales y de derechos humanos.

B) Se creó una base de datos en el programa Access, considerando las siguientes variables: incidente, tipo de agresión o hecho, nombre del afectado, sexo, cargo, fuente o área abordada por el periodista, nombre del medio o espacio, fecha, lugar, presuntos responsables, motivos reales o aparentes, y entidad o persona que refiere o aporta la información.

C) En la base referida, se vaciaron los datos identificados o investigados de cada uno de los casos -procurando evitar las repeticiones- y se hizo el cruce de Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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información.

D) Una vez procesados los datos, las variables sistematizadas se pasaron al programa Excel -un programa contable- con el cual fue posible diseñar las tablas y gráficas que ilustran el estudio.

E) Con todas las informaciones a la mano, en orden cronológico se redactó una relación de los hechos ocurridos contra las libertades de expresión e información.

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Reflexiones y propuestas para combatirla Medios legales para restringir la libertad de expresión David Peña Miembro del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).

El 18 de abril del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por abrumadora mayoría una iniciativa que deroga y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal. Dicha iniciativa elimina por completo los delitos de difamación, calumnia e injurias del citado precepto penal y traslada una serie de sanciones al ámbito netamente civil.

La iniciativa presentada en el pleno de la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales a fin de que pueda ser discutida y en su momento aprobada por la colegisladora, surge de un reclamo social y gremial muy fuerte; atiende en alguna medida las recomendaciones internacionales sobre la materia y presenta un panorama menos adverso para el ejercicio profesional de la comunicación.

En los últimos meses hemos podido constatar cómo las figuras de difamación y calumnia contenidas hasta ahora en los Códigos Penales, habían servido sólo como instrumentos de represión y coerción, más que como instrumentos para la protección de la honra, la vida privada, la imagen pública o la fama de terceros. No han sido pocos los casos en que hemos podido observar la injerencia de autoridades de distintos niveles de gobierno o hasta de familiares de tales autoridades supuestamente afectadas. La vía penal ha servido para acallar las críticas de los comunicadores, quienes en el pleno ejercicio de su profesión difunden información que a juicio de los afectados resulta agraviante, razón suficiente para iniciarles una denuncia a fin de encarcelarlos y con ello darles un escarmiento.

Sobre este tema en particular, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la representación de la Comunidad Europea sobre Libertad de los Medios de Comunicación, han conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al marco internacional vigente; es decir, que eliminen aquellas disposiciones de carácter restrictivo o coercitivo que pudieran interferir con el pleno ejercicio de la libertad de expresión en su sentido más amplio; en este caso, que eliminen de sus legislaciones penales los delitos referidos.

Un instrumento internacional sobre el tema, que fija claramente la posición que deben adoptar los gobiernos en cuanto a este tipo de sanciones penales, es sin duda la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que, en su Artículo 10, establece: Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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ofendida sea un funcionario público, persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad de las mismas.1 A la preter intención de difundir información dolosa o dañina se le conoce en la doctrina como real malicia; se constituye como un requisito indispensable para poder acreditar la intencionalidad del comunicador y se constituye también como una garantía para el ejercicio de su profesión.

El informe de 2002 de la Relatoría de Libertad de expresión de la CIDH, señala su preocupación por los llamados delitos contra el honor, entre los que se incluyen las injurias y las calumnias. Menciona que no sólo la censura previa limita el libre flujo de información, sino también las responsabilidades posteriores a la expresión, como la difamación. La CIDH considera que las sanciones penales inhiben la libertad de expresión y que la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica.2 La iniciativa presentada originalmente por el Grupo de Trabajo de seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la LIX Legislatura, contenía -además de la derogación de ambos delitos del Código Penal y de la implementación de sanciones relacionadas con el daño moral en el Código Civil Federal- criterios internacionales sobre la ininputabilidad de responsabilidad civil cuando se tratara del reporte fiel, mismo que se constituye cuando el comunicador solamente transcribe o cita a otra persona al difundir sus informaciones.

Tal iniciativa contenía también adecuaciones legales de carácter civil que atendían la división conocida como "sistema dual de protección": cuando una parte de la legislación va dirigida a las personas públicas y la otra a las personas privadas, pues ambas no pueden estar sujetas a la misma protección ni contar con las mismas herramientas legales para poder invocar la supuesta difusión de informaciones falsas o inexactas.

Sobre este punto, la jurisprudencia Europea, al igual que la de Estados Unidos, comparte este principio de distinción en el nivel de protección otorgada a la persona pública y privada. En el caso Lingens, la Corte Europea expresó: Los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios con respecto a un político como tal que con relación a un individuo particular. Ya que el primero expone su persona a un escrutinio abierto de sus palabras y actos tanto por la prensa como por el público en general y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.3 Para atender esta división del sistema dual, la iniciativa contemplaba que en los casos de personas públicas o funcionarios públicos se tenía que acreditar la real malicia, lo que implicaba a todas luces un avance trascendental en la materia a nivel internacional.

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Desgraciadamente, tanto el espíritu original de la protección al reporte fiel como el de la real malicia fueron modificados y, en el caso de este último, eliminados del proyecto aprobado el pasado 18 de abril, por la oposición infundada del diputado Sergio García Penagos, del Partido Acción Nacional, al interior de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, comisión encargada de elaborar el dictamen correspondiente y de presentar el proyecto multicitado. Sin entender los alcances de ambas propuestas y la responsabilidad internacional de los compromisos del Estado Mexicano para con el tema, el diputado Penagos decidió eliminar ambos criterios y determinó, en la misma mesa de la comisión dictaminadora, que los funcionarios públicos fueran atendidos al igual que las personas privadas por la legislación civil.

A pesar de esas modificaciones y del alcance limitado de las reformas mismas, este proyecto de reformas y adiciones constituye, sin lugar a dudas, un avance significativo, pues despenaliza dos tipos de conductas a todas luces intimidatorias y restrictivas de la libertad de expresión, incluye en el Código Civil criterios para exigir la reparación del daño moral cuando se encuentre en uno de los supuestos previstos por ese mismo ordenamiento, contiene la rectificación o respuesta como parte de la obligación derivada de la acción y contempla, aunque acotada, la inimputabilidad del reporte fiel.

También es necesario decir que para que esta reforma sea integral falta mucho por hacer, y no sólo nos referimos a mayores modificaciones al Código Civil Federal, sino a la necesidad de una legislación especial que proteja y garantice procedimientos claros mediante los cuales puedan ser oponibles otros derechos como la personalidad, el honor, la honra, la vida privada y la imagen propia al derecho a la libertad de expresión.

La tarea ahora está en la Cámara de Senadores, que en la próxima legislatura deberá aprobar dicho proyecto para que pueda entrar en vigor lo antes posible.

Pero sobre todo, la tarea y la responsabilidad recae en lo inmediato en los 29 congresos estatales que mantienen la penalización sobre este tipo de conductas bajo las figuras de la difamación y la calumnia.

En este momento, compete a esos congresos estatales legislar sobre la materia y hacerlo en el mismo sentido en que hicieron la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, e incluso mejor que la propia Cámara Baja. La libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información deben garantizarse plenamente, y para ello es necesario eliminar restricciones de carácter legal que impiden su pleno ejercicio.

En horabuena al Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, por esta clase de iniciativas y por intentar impulsar en nuestro país una cultura legal del respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, abonando con acciones concretas a este largo proceso que busca defender y garantizar plenamente los derechos de la comunicación y la información en México.

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NOTAS 1) La CIDH, en su 108º periodo de sesiones realizado en octubre del 2000, aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en un instrumento que profundiza el Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por México.

2) Cfr. CIDH,“Informe Anual 1994. Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, OEA/ser L/V/II.88, Doc.9 Rev (1995).

3) Lingens vs Austria, Corte Europea de Derechos Humanos fallado en 1986, Judgement of 8 of july 1986, Series A, 103; EHRR 103 (1986).

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Recuento de casos al final de un sexenio Registro de la impunidad Balbina Flores Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF) Los actos de violencia contra periodistas no se repetirían cada año si sus autores no disfrutaran de una impunidad casi total, ha dicho Reporteros Sin Fronteras en uno de sus recientes informes sobre la situación de la libertad de prensa en América.

El número de asesinatos de comunicadores registrados en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), se aproxima a los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, en los que fueron asesinados 45 periodistas en el primero y 24 en el segundo.1 Los métodos, los móviles y la impunidad en homicidios de informadores han sido las constantes. Pero hay un dato insólito que no había aparecido en asesinatos registrados en otros sexenios: la mano del narcotráfico.

La mayor parte de tales ejecuciones ocurrieron en 2004 y 2005. También se han registrado cuatro homicidios en 2006, entre ellos el de José Valdez Macías (Sabinas, Coahuila) y el de Rosendo Pardo (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). A continuación se hace una reseña de algunos de esos casos.

Negro recuento El jueves 9 de marzo de 2006, a las 9:00 de la mañana, Jaime Olvera Bravo, de 39 años, quien fuera corresponsal hasta 2003 del diario La Voz de Michoacán, fue asesinado en el Municipio de La Piedad Michoacán. Olvera iba acompañado de su hijo de cinco años. En una esquina esperaban un autobús, cuando un individuo se le acercó, sacó una pistola y le disparó.

Hasta el día de su asesinato, Olvera Bravo se desempeñaba como periodista independiente y proporcionaba información y fotografías de temas policiacos a varios periódicos regionales y mantenía buenas relaciones y contacto con autoridades policíacas locales y federales.

Sobre el móvil del asesinato de Jaime Olvera Bravo, las investigaciones están en manos de la Procuraduría Estatal de Michoacán. La Fiscalía para periodistas, que en un principio inició un acta después de hacer algunas investigaciones, abandonó el caso por no haber elementos para su competencia.

Un día después, el 10 de marzo de 2006, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ramiro Téllez Contreras, conductor del noticiario Impacto en la Noticia, de EXA FM en el 95.7, fue ejecutado en la puerta de su domicilio cuando se disponía a abordar su camioneta para trasladarse a las instalaciones del C-4, ubicadas junto a la Presidencia Municipal. Su hija fue quien dio aviso de los hechos.

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Ramírez Téllez también se desempeñaba como coordinador del Sistema de Seguridad en Nuevo Laredo.

Las investigaciones del caso están en manos de la agencia Octava del Ministerio Público, la cual inició la averiguación previa por el delito de homicidio. La Fiscalía Especial para Periodistas inició una somera investigación, que concluyó después de 17 días porque "no se acreditó su calidad de periodista y mucho menos que el atentado haya sido con motivo de una función periodística".

Meses atrás, el 24 de octubre de 2005, en Reynosa, Tamaulipas, Julio César Martínez, periodista y jefe de redacción de la revista Siglo de México, murió en un hospital de Reynosa, después de un aparente enfrentamiento.2 De acuerdo con el diario electrónico Línea Directa, Siglo de México era una revista de reciente aparición que había dejado de circular. Además se informó que "los periodistas utilizaban la publicación para extorsionar a policías y funcionarios" y que el enfrentamiento en que resultara muerto Julio César "ocurrió cuando se iba a recoger un rescate".

Como tal hecho, muchos otros se han registrado a lo largo del sexenio foxista, en los que siempre hay que hacerse las mismas preguntas: ¿Eran periodistas? ¿La causa de su asesinato fue su trabajo periodístico? Las autoridades investigan estos hechos y son quienes tendrían que deslindar responsabilidades.

En ese contexto, Benoit Hervieu, encargado del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras en París, ha dicho: No ignoramos -porque no somos ingenuos- que en países como México existe corrupción en la prensa, pero eso no justifica de ningún modo la muerte de periodistas.

El 17 de septiembre de 2005 fue asesinado José Reyes Brambila, reportero del diario Vallarta Milenio. Notas periodísticas y autoridades locales informaron que el cuerpo de Reyes Brambila fue localizado en la colonia Niños Héroes, en el interior de un vehículo propiedad de la empresa Promociones Imágenes de México, y que al parecer había ido a Guadalajara a visitar a su familia.

El reporte policial señaló que el cuerpo presentaba tres heridas probablemente producidas por un arma blanca en el cuello y otra en el tórax, además de tres golpes en la parte izquierda de la cabeza. Tenía las manos atadas y los ojos vendados.

Personal del diario señaló que hasta el momento del asesinato de Reyes Brambila, no había indicios para asegurar que el móvil tuviera vínculos con el trabajo periodístico, pero que esperarían el resultado de las investigaciones.3 Los casos relevantes Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Los hechos que más estremecieron al gremio periodístico fueron los ocurridos en abril de 2005, mes en que dos periodistas fueron asesinados y uno desaparecido.

Alfredo Jiménez Mota El 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial, desapareció cuando se dirigía a ver a una de sus fuentes de información.

Desde entonces nada se sabe de él.

Directivos del diario El Imparcial señalaron que la desaparición de Jiménez Mota estaba relacionada con su trabajo periodístico. Notas publicadas posteriormente revelaron que días previos a su desaparición, Alfredo había informado a su público sobre el modus operandi del crimen organizado en Sonora. También se hizo referencia a investigaciones que había realizado y que no fueron publicadas, en las cuales se revelaban los nexos de funcionarios estatales y federales con el crimen organizado.

Entre los principales sospechosos de la desaparición del comunicador se menciona a las bandas de Los Números y Los Güeritos, relacionados con el Cártel de Sinaloa, así como Los Paredes, a quienes se les vincula con el Cártel del Golfo y sobre quienes Alfredo Jiménez había publicado algunas informaciones.4 Las investigaciones de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota están en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/05; PGR/SIEDO/UEITA/031/05, por los delitos de privación ilegal de la libertad en contra de quien resulte responsable.

"De las investigaciones realizadas, hay diversos indicios relacionados con la delincuencia organizada, los cuales son reservados", informó la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

A un año de la desaparición de Alfredo Jiménez, el Proyecto Fénix dio a conocer que el principal sospechoso (Raúl Enríquez Parra), fue localizado muerto el 22 de octubre en un rancho de la Comisaría de Masia, Sonora.5 Raúl Gibb Guerrero El 8 de abril, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión en Poza Rica, Veracruz, fue acribillado a balazos cerca de su domicilio.

Los primeras investigaciones indicaban que el móvil del asesinato estaría vinculado con la publicación meses antes de información sobre una red que se dedicaba al tráfico de gasolina en la región, con el apoyo de funcionarios de Petróleos Mexicanos.

Siguiendo esa línea, autoridades federales y locales informaron que Martín Rojas López había sido detenido en Huston Texas, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Gibb Guerrero.

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En octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la detención de José Noé Malpica Caro, sospechoso del crimen del periodista.

Días después fue cateado el domicilio de Silvia Gibb Guerrero, pues una de las líneas de investigación que se siguen es sobre su entorno familiar. Nada se sabe aún de la línea que señala a "los pistoleros de Alamo" como otros presuntos responsables.

El 22 de abril 2006 fue extraditado a México Jesús Martín Rojas para enfrentar un proceso penal por el delito de defraudación fiscal por cuatro millones 831 mil 221 pesos y por ser presunto autor intelectual del asesinato de Gibb. Las investigaciones se siguen en la Subprocuraduría de Control Regional.

Procedimientos Penales y Amparo.

Dolores Guadalupe Escamilla El 16 de abril, Dolores Guadalupe Escamilla, reportera y conductora del programa Punto Rojo en la XHNOE, Estéreo 91, falleció víctima de un atentado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Guadalupe García transmitía un programa de corte policial. Según fuentes locales se había especializado en la crítica a los dos grupos de narcotraficantes en Nuevo Laredo y en la relación de las autoridades con éstos.6 El 20 de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas se declaró incompetente y remitió la indagatoria a la PGR, quedando en manos de la SIEDO. Recientemente, las autoridades locales han cedido su competencia a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y que después de un año de estar en manos de la SIEDO, hoy estudia el caso para determinar "si los hechos denunciados están relacionados con la delincuencia organizada".7 Gregorio Rodríguez Gregorio Rodríguez Hernández, fotógrafo del diario El Debate en Escuinapa, Sinaloa, fue acribillado a balazos frente a su familia el 28 de noviembre de 2004. Información proporcionada por dicho periódico, señala que la ejecución de Gregorio podría relacionarse con una nota publicada por el fotógrafo días antes de su asesinato.

En julio, el juez mixto del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, dictó auto de formal prisión por delito de homicidio (averiguación previa 371/2004) a Abel Enríquez Zavala, ex director de la Policía Municipal de Escuinapa.

La detención ocurrió después de que Juan Ramón Ochoa, testigo presencial del homicidio, revelara que Zavala le ofreció cinco mil pesos a cambio de modificar su declaración e inculpar a los hermanos Ernesto y Ulises Sedano Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Ornelas, detenidos en diciembre de 2004, como autores materiales de la muerte del periodista.

El 10 de abril de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió al gobernador de Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla, la recomendación número 8/2006, donde pide a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa que investigue a los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración y determinación de la averiguación previa ESC/I/371/2004, por su posible responsabilidad administrativa e institucional.

Además, a fin de que se determine responsabilidad administrativa, la CNDH solicita que inicie un procedimiento administrativo contra los elementos de la Policía Ministerial a quienes se encomendó la localización y presentación de diversas personas, sin que hubieran cumplimentado dichas mandamientos.

Finalmente recomienda se instruya a la Procuraduría Estatal para que inicie la averiguación previa respectiva a fin de determinar la responsabilidad de Juan Ramón Ochoa, Hernández, Marisela Machado y los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Sinaloa.

Aún no se ha detenido a Antonio Frausto Campos, miembro del Cártel de Sinaloa -dirigido por Ismael el Mayo Zambada- e identificado como presunto autor intelectual de Gregorio Rodríguez.

Francisco Arratia Francisco Arratia Saldierna, periodista del diario El Imparcial y El Regional Matamoros, después de ser torturado murió en el hospital donde fue internado como consecuencia de la golpiza de que fue objeto el 31 de agosto de 2004.

El 1 de octubre, la PGR anunció que había detenido a Raúl Castelán Cruz, autor material del homicidio, quien confesó ser integrante de Los Zetas.8 Fuentes de la Procuraduría Estatal confirmaron que el homicida de Francisco Arratia aseguró: La ejecución del periodista fue porque tenía tiempo atacando en su columna a personas del crimen organizado.9 En esa misma fecha, la PGR informó que atrajo las investigaciones luego de que la Procuraduría Estatal de Tamaulipas declinara su competencia, pero sólo en la posesión de arma de uso exclusivo del Ejército (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0273/2004), no así la investigación del homicidio del periodista que continúa en manos de la Procuraduría del estado, sin que hasta la fecha se conozcan los avances de esa investigación.10 Francisco Javier Ortiz Franco Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario Zeta en Tijuana, Baja California, fue acribillado a balazos el 22 de junio de 2004, cuando salía de una terapia de rehabilitación física acompañado por sus hijos menores de edad.

Días antes de su ejecución, Francisco Ortiz había publicado en Zeta, dos reportajes sobre el Cártel de los Arellano Félix.

Un mes después del asesinato, el semanario publicó que los sospechosos de Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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haber ordenado el crimen eran Arturo Villarreal, El Nalgón, asociado al Cártel de los Arellano Félix; Eduardo Ronquillo, El Niño, y Jorge Hank Rhon. La PGR coincidió con tales hipótesis.11 Dos meses después del asesinato, el 22 de agosto, la PGR ejerció la atracción de las investigaciones e inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/200/2004, por el delito de homicidio.

De los avances en las investigaciones, la Fiscalía para Periodistas señaló que a la fecha han sido detenidas tres personas: una vinculada al vehículo utilizado y las otras dos porque tenían información de la planeación del asesinato.

El mismo informe señala que "existe información de que la persona encargada de asesinar a Francisco Ortiz Franco fue ejecutado por miembros del Cártel de los Arellano". Está pendiente por cumplimentarse la orden de aprehensión contra el presunto autor intelectual del homicidio.

Leodegario Aguilera y Roberto Mora El 22 de mayo de 2004, Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político, fue sacado de su domicilio por personas armadas, según denunciaron sus familiares. Cinco meses después, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero confirmó que fueron localizados los restos del periodista.

El móvil del secuestro y posterior asesinato de Leodegario, podría víncularse con las investigaciones que estaba realizando sobre las propiedades millonarias de René Juárez Cisneros, entonces gobernador del estado de Guerrero y de funcionarios de su gobierno.12

El 4 de octubre de 2004 fueron detenidos y consignados tres de los cinco presuntos responsables del secuestro y asesinato del periodista: Juan Carlos Salinas Moreno, Alberto Cárdenas Flores y Alfonso Noel Vargas Baños. Y continúan prófugos Gabino Galeana Núñez y Fidel García.

Los estudios de ADN -para comprobar que los restos localizados en septiembre efectivamente son de Leodegario Aguilera- no han sido entregados a los familiares.

El 19 de marzo de 2004 fue asesinado de 26 puñaladas, afuera de su domicilio, Roberto Javier Mora García, editor del diario El Mañana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Semanas después de ese homicidio, fueron detenidos Mario Medina Vázquez e Hiram Oliveros Ortiz como presuntos homicidas del periodista. Días después Mario Medina fue asesinado en el Penal de Nuevo Laredo.

La Comisión en Memoria, constituida por periodistas para indagar en torno al caso, concluyó sus pesquisas y señaló una serie de anomalías en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. También encontró irregularidades en la detención de los presuntos responsables. El hallazgo más relevante fue que el arma con la que Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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presuntamente fue asesinado Roberto Mora, no era la misma que presentaba la Procuraduría del Estado.

Por las irregularidades en el caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, a principios de enero de 2005 emitió una recomendación (número 013/2005) dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado. A petición de varias organizaciones, la CNDH inició el expediente 2005/9/5/I, el 7 de abril de 2005. La CNDH desechó el recurso de inconformidad al quedarse sin materia por la recomendación de la Comisión Estatal.

Como puede constatarse, la mayor parte de los casos aquí reseñados están en proceso de investigación y en ninguno de ellos se ha consignado a los autores materiales e intelectuales. Aunado a ello, aparece un factor preocupante: el que algunos de los presuntos autores materiales hayan sido asesinados. Con ese indicio podríamos correr el riesgo de nunca conocer la verdad de las ejecuciones.

Notas 1) Revista Mexicana de Comunicación Núm. 96, diciembre 2005-enero 2006.

2) Véase el sitio: www.enlineadirecta.info Reynosa, Tamaulipas, 25 octubre 2005.

3) Entrevista al Jefe de Información del Diario Vallarta Milenio, realizada el 28 de octubre de 2005.

4) La Revista 9 Mayo de 2005.

5) El Universal, 3 de abril de 2006.

6) Reporteros Sin Fronteras, "Informe Autoridad e Impunidad y autocensura.

Las duras condiciones de los periodistas fronterizos", Junio de 2005.

7) Documento de la PGR, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, 3 de mayo de 2006.

8) El Universal, 1º de octubre de 2006.

9) Milenio Diario, 1º de octubre de 2006.

10) Comisión Ni uno Más, Coordinado por Leonarda Reyes del Centro de Periodismo y Ética Pública. Comunicado de prensa. 27 de octubre de 2004.

11) Semanario Zeta, 23 de Agosto 2004.

12) Balbina Flores, Informe especial sobre Leodegario Aguilera de RSF, noviembre de 2004.

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Recuento de actos contra periodistas durante 2005

Martha

Soto*

RELACIÓN DE HECHOS / Verónica

Martínez

**

*Coordinadora de la Unidad de Internet de la Fundación Manuel Buendía **Coordinadora de la Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía AC. ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE DICIEMBRE

Enero 4. En Pachuca, Hidalgo, un grupo de aproximadamente 300 policías al mando de Sixto Hoyos Zamora agredieron a Roberto Villalpando, del diario Síntesis; al reportero gráfico Marcos Paz, del diario Milenio y a Leonardo Herrera, corresponsal de TV Azteca. Los comunicadores fueron agredidos al momento en que tomaban gráficas y videos de los policías golpeando a comerciantes.

5. Dos vehículos de María Teresa Treviño, reportera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron incendiados. El hecho se calificó como una advertencia por lo que ha publicado la periodista con respecto al narcotráfico.

5. Al tratar de entrevistar al pastor Salvador Reyes Castañeda de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) sobre las acusaciones de lucrar con la fe, reporteros del periódico Reforma fueron agredidos por empleados de seguridad del lugar y los despojaron de tres audiocasetes.

21. Los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, Ciro Gómez Leyva, Manuel Feregrino, Carlos Marín y Ricardo Rocha fueron citados a comparecer como testigos, ante el titular del juzgado 32 de lo Civil, para que ratificaran el contenido de sus notas acerca del juicio que por difamación y daño moral enfrentó el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos con Santiago Pando, ex publicista del presidente Vicente Fox. Ante la negativa de asistir a la comparecencia, los periodistas fueron multados con 30 días de salario mínimo.

Granados Chapa argumentó ante el juez que consideraba innecesaria su comparecencia para que ratificara el contenido de una prueba documental, toda vez que ha sido publicada y forma parte de su ejercicio periodístico. El resto de los periodistas secundaron la decisión de Granados Chapa.

31. Durante la inauguración de un puente en el mercado Sonora, un guardaespaldas de Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, golpeó a Salvador Chávez, reportero gráfico del periódico Reforma, mientras éste intentaba obtener algunas imágenes del funcionario con Ruth Zavaleta, delegada en Venustiano Carranza.

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Febrero 2. Carlos Ramírez, director del periódico La Crisis, fue amenazado de muerte, vía correo electrónico, por sus textos publicados en el diario.

2. Mirna Hernández Rodríguez, corresponsal del Diario del Istmo en Veracruz, fue maltratada física y verbalmente por Lino Mayo Guillén, activista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras la difusión de actos de corrupción en los que presuntamente participó el agresor.

4. En Culiacán, Sinaloa, varios reporteros que cubrían el asesinato del empresario Jesús Benjamín Borrego Núñez, fueron amenazados por supuestos familiares del empresario: les advirtieron que si aparecía algo en televisión se iban a morir. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, abrió una investigación por las amenazas vertidas contra los periodistas.

6. Policías al mando de Hormido Cruz Bustamante, director de Seguridad Públicad del municipio, golpearon a José Alfredo Estrella García, reportero de El Liberal del Sur, en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando indagaba sobre la detención de presuntos traficantes de personas en aquella ciudad.

7. La casa y el vehículo de Jorge Cardona Villegas, reportero de Televisa Monterrey, fueron baleados. Los disparos presuntamente provenían de una camioneta, cuyos ocupantes a bordo huyeron a gran velocidad. Cardona Villegas no recibió impacto alguno.

9. Emilio Gutiérrez Soto, periodista y corresponsal del periódico El Diario, de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue amenazado de muerte por militares que se encontraban molestos por la publicación de una nota sobre un asalto a un hotel, en el que presuntamente estaban involucrados elementos del Ejército Mexicano en estado de ebriedad.

15. Isaías González, dirigente de la Conferencia Revolucionario de Obreros y Campesinos (CROC), ordenó a cinco de sus guardaespaldas golpear a Juan Carlos Santoyo, reportero de Radio Fórmula, por cuestionar a Roberto Madrazo Pintado sobre el apoyo que recibió por parte de un supuesto dirigente de la CROC. 16. En Hermosillo, Sonora, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Búrquez Valenzuela, interpuso, ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, una denuncia por difamación y calumnias en contra de David Aponte, reportero de El Universal. La queja del político se debe a una información publicada en donde se hace un recuento de sucesos del narcotráfico que tuvieron lugar en municipios sonorenses gobernados por el PAN. 18. Guadalupe García Escamilla, periodista de la estación Estéreo 91, de Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibió amenazas de muerte vía telefónica. Eso sucedió después de que la periodista realizó denuncias sobre la ejecución del abogado Fernando Partida Castañeda.

25. Debido a una nota en la que se evidencia que el gobernador de Pachuca, Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, falsificó su título de licenciado en derecho, las oficinas del periódico El Universal, en ese estado, fueron embargadas.

Marzo 7. Elementos de seguridad pública de Xalapa, Veracruz, agredieron a Víctor Hugo Moreno, reportero gráfico del diario Política, con el argumento de alterar el orden público durante el carnaval de ese estado.

11. Al tratar de cubrir la firma de escrituración de 500 hectáreas que compró el gobierno federal y estatal en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Ricardo Bravo, reportero del periódico La Política, fue amenazado por el coordinador regional de la Subsecretaría de Gobierno del Estado, Emilio Rojas Zavala, para que no publicara lo sucedido en la reunión.

11. Gerardo Israel Álvarez Montes, reportero del periódico Zócalo, fue agredido por la asistente de María Elena Pérez Jaén, integrante del Consejo de Información Pública, al intentar entrevistar a la funcionaria. Más tarde, la entonces consejera comenzó a tomarle fotografías al periodista acercando la cámara a su rostro.

17. La Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) citó a declarar a Raúl García Araujo, Clemente Castro y César Reyes, reporteros del periódico Monitor, con el fin de que revelaran sus fuentes de información sobre sus trabajos periodísticos, en los que hacen referencia al uso de recursos públicos para la campaña contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

18. Roberto Garduño, reportero de La Jornada, fue objeto de amenazas por parte del director general de resguardo de la Cámara de Diputados, Armando Carranza Romo, quien en su oficina le advirtió que si volvía a publicar algo más se las iba a ver con él.

18. En Tapachula, Chiapas, Omar Escamilla, reportero del Diario del Sur, fue agredido por un miembro de la Agencia Federal de Investigación (AFI), enviado presuntamente por el subdelegado de la Procuraduría General de la República de la región, José Mateo González, a raíz de la publicación de una nota en la que se señalan presuntos actos de extorsión de los elementos federales.

21. Luis Enrique Meléndez, ex dirigente de la Sección 38 del Sindicato de Trabajadores de la Republica Mexicana (STPRM), amenazó de muerte y agredió verbalmente a Alberto Fernández Portilla, director del semanario Istmo, editado en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Esto debido a que desde 2003, cuando era dirigente de este organismo, los petroleros denunciaban en el Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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semanario los actos de corrupción inexplicables en los cuales incurrió Meléndez durante su mandato.

22. En Oaxaca, el columnista político Juan Pérez Audelo, del diario El Imparcial, fue amenazado de muerte por Juan Díaz Pimentel, secretario de Salud, por los comentarios que ha publicado en su columna acerca del enriquecimiento ilícito del funcionario. Además de la amenaza, Díaz Pimentel envió a la casa del periodista a uno de sus guardaespaldas para intimidarlo.

23. Roldán Salazar Mendiaguchía, hermano del actual gobernador de Chiapas, amenazó en público al columnista del diario Cuarto Poder, Amet Samayoa Arce y su familia. Esto sucedió porque Salazar se sintió aludido por un comentario que hiciera el comunicador en su columna "Tarot Político".

Abril 2. Desapareció Alfredo Jiménez Mota, periodista del periódico El Imparcial, en Hermosillo, Sonora. Especialista en temas de seguridad pública y narcotráfico, Jiménez publicó el 18 de enero un reportaje titulado "El poder de Los Tres Caballeros" donde relataba nombres y acciones de tres integrantes del Cártel de Sinaloa, dedicados en Sonora a transportar grandes cantidades de droga, y revelaba sus vínculos con la organización sonorense Los Números. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Sonora asignó a un grupo especial de agentes para investigar la desaparición del reportero. Casi 12 meses después, se sospecha que lo asesinaron.

5. Guadalupe García Escamilla, periodista de la estación Estéreo 91, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue baleada por un sujeto, quien la esperó afuera de la emisora donde trabajaba y le disparó en nueve ocasiones. Días después, la comunicadora falleció. García Escamilla se dedicaba a la comunicación desde hace 15 años, y se había especializado como reportera de la fuente policiaca abordando temas del narcotráfico, primero en el periódico El Mañana y luego en la estación de radio Estéreo 91.

5. Debido a las reseñas de agresiones y amenazas a periodistas publicadas en su columna "La Primera Piedra", Juan Carlos Lara Escobedo, de Milenio Toluca, fue víctima de agresión moral, física y verbal por parte del presidente municipal de Toluca, Armando Enríquez Flores, del Partido Acción Nacional (PAN).

8. En Poza Rica, Veracruz, Raúl Gibb Guerrero, director general y propietario del periódico La Opinión, fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio. Una de las líneas de investigación de la PGJ del Estado se refiere a bandas relacionadas con el tráfico de drogas en Costa Esmeralda (playa cercana a Poza Rica), pues el citado diario ha denunciado que en el norte del estado se ha incrementado la presencia del Cártel del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén.

8. La periodista Mónica Ramírez López fue despedida del noticiario de Televisa Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Querétaro, en represalia por abordar temas que incomodaron al gobernador panista, Francisco Garrido Patrón.

10. Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador retaron a reporteros y camarógrafos porque se encontraban afuera de la casa del jefe de gobierno, en la Ciudad de México, para entrevistarlo. Más tarde, los simpatizantes también intentaron golpearlos, pero los guardias del lugar intervinieron para que no se llevara a cabo la agresión.

18. En Villahermosa, Tabasco, Cecilia Vargas Simón, reportera del diario La Verdad del Sureste, informó que su hija Marina Cuevas Vargas fue secuestrada alrededor de siete horas por tres sujetos, con el propósito de advertirle que tuviera cuidado con lo que estaba escribiendo.

25. Elementos de la Policía Ministerial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, agredieron a Tomás Castillo Urbina, reportero del semanario Noticias del Golfo, mientras cubría el resguardo de la casa de Horacio El Tigre Sepúlveda, director del Penal 2 de Nuevo Laredo.

28. Los periodistas Ricardo Flores, del canal seis local de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Carlos Figueroa, del periódico Primera Hora, de la misma entidad, recibieron amenazas de muerte por parte de narcotraficantes, debido a sus investigaciones sobre el asesinato de la periodista Guadalupe García Escamilla.

28. En conferencia de prensa, Lilly Téllez, conductora de TV Azteca, denunció presiones contra su trabajo periodístico, amenazas de muerte e intimidaciones por parte del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, a raíz de un trabajo sobre el conflicto entre TV Azteca y la Secretaría de Hacienda.

29. En Mazatlán, Sinaloa, los reporteros José Luis Rodríguez, Juan Escutia y otro comunicador no identificado, del diario vespertino Primera Hora, fueron amenazados de muerte vía telefónica, por publicar un reportaje sobre el robo de gasolina en perjuicio de Petróleos Mexicanos y el asesinato de un agente ministerial.

Mayo 2. Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, demandó al semanario Proceso, así como a la escritora y periodista Olga Wornat, autora de La Jefa y de Crónicas malditas, por la publicación del texto "Historia de una anulación sospechosa" publicado en Proceso. El texto hace referencia a la anulación del primer matrimonio de Sahagún, quien pidió que la recompensaran económicamente por el supuesto daño moral que se le causó. A Wornat le atribuye haber invadido la privacidad de su vida íntima, y a la revista el no haber ejercido la censura previa.

5. La policía municipal detuvo con lujo de violencia al reportero de la filial de TV Azteca en Yucatán, Héctor Moreno Portilla, cuando tomaba nota de un Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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accidente vial ocurrido frente al Palacio Municipal, con el argumento de que "obstruía la labor policíaca".

6. Carlos Jiménez Mora, juez civil federal, ordenó arresto domiciliario a la periodista Olga Wornat, denunciada por perjuicio moral por Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox. Wornat, periodista y escritora argentina, es autora de una biografía no autorizada de Marta Sahagún, La Jefa, publicada en 2003, y de la reciente obra Crónicas malditas, donde hace referencia a la pareja presidencial y su entorno.

8. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cambiaron el "valor de tránsito" de los gafetes que identifican a los periodistas, lo que obstaculiza el trabajo informativo que realizan desde la terminal aérea.

El nuevo documento sólo permite a los reporteros transitar por las salas de última espera.

11. José Alfredo Reyes Ramos, columnista del periódico Vanguardia, en Saltillo, Coahuila, recibió amenazas por parte de la autoridad municipal, debido a que en su columna "Reflexiones" criticó la mala actuación de dichas autoridades.

11. Pedro Pérez Natividad, director editorial del diario Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue víctima de un atentado, Su automóvil explotó totalmente en su interior, a causa de una bomba de fabricación casera. El vehículo se encontraba aparcado delante del domicilio del periodista, a pocas calles de la sede de la redacción. Presuntamente el atentado se debió a un artículo sobre narcotraficantes.

12. Hipólito Sánchez Monterrosa, comandante de la Policía Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, amenazó de muerte a Eduardo Sánchez Macías, director general del periódico Martinense, por lo publicado en el diario.

16. Cuando la periodista argentina Olga Wornat se encontraba en su habitación del Hotel Nikko, el botones dejó ante su puerta una caja de madera en forma de ataúd llena de orquídeas, nardos y girasoles. El ramo de flores iba acompañado de la siguiente nota: "Señora: en primer lugar la felicito por su audacia por los textos publicados pero tengo que advertirle que su vida corre peligro en nuestro país. Usted podría sufrir un accidente y eso sería una pena para una mujer tan valiente. En mi humilde opinión, abandone el país".

24. En Zacatecas, ocho policías arrestaron y golpearon a Rubén Omar Robles Castro, reportero del Canal 9 de cable local, por grabar el operativo en el cual se capturó a un ladrón de viviendas.

27. Carlos Ramírez Powell, director de Radio Universidad de Guadalajara, decidió dar por terminado el programa Guadalajara Gay Radio, conducido por Miguel Galán, debido presuntamente a la discriminación sexual de las autoridades de la emisora.

27. Grupos católicos, así como autoridades de la comunidad de Santa Rita, en Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, agredieron a los reporteros Efraín Roger Ruiz, de La Voz del Sureste, y Marco Guillén Abarca, de la estación de radio La Voz de Balún Canán, del IMER. Pretendían confirmar la destrucción de viviendas de seguidores de la iglesia Pentecostés, por lo que se les encarceló y despojó de sus cámaras fotográficas.

Junio 12. El periodista Julio Hernández López, autor de la columna "Astillero" y director de La Jornada San Luis, denunció que la administración estatal ha emprendido un boicot publicitario e informativo en represalia por las informaciones críticas que se han publicado en la edición potosina de La Jornada.

17. Más de 300 personas, posiblemente por órdenes de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, bloquearon los accesos a las instalaciones del periódico Noticias, dejando privados ilegalmente de su libertad a 31 trabajadores, entre ellos dos directivos. Reporteros del periódico y directivos reconocieron que no habrá solución al conflicto con las autoridades estatales porque existe la pretensión política de cerrar a toda costa el diario.

25. Los comunicadores Héctor Nájera, conductor del noticiario de radio Enfoque Informativo, y Jorge Romero Rendón, columnista del periódico Novedades de Acapulco, en Guerrero, fueron demandados ante la agencia del Ministerio Público por Alberto López Rosas, presidente municipal de dicha ciudad. Los periodistas acusaron al funcionario de haber cometido actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

30. El hijo de Marta Sahagún, Manuel Bribiesca, presentó una demanda por daño moral contra la periodista Olga Wornat, autora del libro Crónicas malditas.

Bribiesca demanda el pago por daño moral que el juez determine, atendiendo los derechos lesionados, grado de responsabilidad y situación económica de las partes en juicio, y el perjuicio extrapatrimonial causado de manera directa.

Julio 1. Agentes de la Policía Judicial de Oaxaca, encabezados por su director, Manuel Moreno Rivas, agredieron a reporteros y voceadores del periódico Noticias, que se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para reclamar el decomiso de más de 10 mil ejemplares de Noticias. Los periódicos fueron llevados al edificio de la PGJE por presuntos miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

6. Federico Carrera Hernández, director del diario La Cañada, en Oaxaca, fue agredido verbalmente y recibió amenazas de muerte de Carlos Casimiro Marín, presidente municipal de Mazatlán, como consecuencia de las publicaciones donde el periódico señala que el funcionario había mandado balear al dirigente y gestor de la asamblea comunitaria del municipio, así como encarcelar a dirigentes de grupos de oposición a su gobierno.

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7. José Luis Ramírez, director del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato (ITSU), denunció penalmente a Yenise Tinoco, reportera del diario La Plaza. Se le acusa de haber publicado información periodística donde señala que la institución poseía calificaciones reprobatorias de 2.4 en su nivel de aprovechamiento.

11. Policías municipales de Huatulco, en Oaxaca, agredieron a Héctor Reyes Suárez, reportero de Televisa, cuando éste cubría la presunta invasión de terrenos ubicados a pocos metros de la carretera federal 200.

11. Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, censuró un reportaje escrito por Rodolfo Montes para larevista de ese periódico. Esa investigación daba a conocer la lista de personas favorecidas con permisos para centro de apuestas, autorizados por Santiago Creel antes de dimitir a la Secretaría de Gobernación.

18. La madrugada del 18 de julio, tres sujetos armados allanaron las instalaciones del diario Palabra, del Grupo Reforma de Saltillo, Coahuila. Aún se ignoran los móviles de la invasión y la identidad de los responsables.

19. Javier Camacho, reportero del Diario Tribuna, en Cajeme, Sonora, fue agredido a golpes por Flavio Domínguez Parada, agente de seguridad. Éste pensó que Camacho lo fotografiaba mientras era detenido.

19. Miguel Ortiz, reportero policiaco del Diario del Yaqui, en Cajeme, Sonora, fue golpeado por los agentes municipales Roberto García Guerrero y José López Gómez, al negarse a abandonar su labor mientras intentaba cubrir la quema de un vehículo.

19. A Carlos Padilla, corresponsal del periódico El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, le colocaron en el parabrisas de su vehículo una nota escrita a mano que contenía una amenaza.

24. En Cananea, Sonora, Juan José Gutiérrez Ballesteros, delegado especial del Comité Ejecutivo del Sindicato de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República (SNTTMMSRM), fue encarcelado por las amenazas y agresiones contra Orlando Valencia Estrada, locutor del programa de noticias Noticentro de la estación de radio La Consentida. El representante sindical agredió al comunicador por las críticas que realiza en su programa.

31. Filiberto Bribiesca Sandoval, jefe de la Policía Municipal de Escuinapa en Culiacán, Sinaloa, amenazó a la reportera Sugey Estrada, corresponsal del periódico Noroeste. Sugey Estrada había publicado información sobre la vida privada del jefe policiaco y su desempeño al frente de la corporación.

Agosto 4. El reportero del periódico deportivo Récord que se edita en la Ciudad de México,Víctor Severino, fue vetado por Mario Carrillo, entrenador del equipo de futbol América. De acuerdo con Severino, el hecho se suscitó debido a la Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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publicación de declaraciones del entrenador, quien después las negó, pero de las cuales se posee la cinta que lo evidencia.

10. Por fotografiar un encuentro violento, donde miembros de la Organización Única de Gestoría Pública (OUG) agredían a integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Guillermo Perogordo Olivo, subsecretario general del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), golpeó y le arrebató su cámara a Luis Agundis Moreno, reportero de La Jornada, en San Luis Potosí.

23. Yulia Ventura López, corresponsal de El Heraldo de Chiapas, fue apuñalada a mediodía en el centro social, frente al parque central de esa ciudad. Ante la agresión, corresponsales estatales, editores de diarios locales, reporteros radiofónicos y de la prensa escrita de la región repudiaron el hecho.

Septiembre 11. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se investigan las agresiones contra el periodista Carlos Huerta, reportero del periódico Norte, luego de que éste publicó una nota sobre la corrupción en el Juzgado Séptimo de Distrito. Las agresiones provinieron de los guardias y policías que vigilaban el juzgado y lo echaron por la fuerza del sitio.

14. Ante los cuestionamientos que realizó Aurelio Peña Tavera, reportero del noticiario Entre Líneas, de Radio Fórmula, a policías de Querétaro por imponer multas de forma aleatoria a quienes se estacionaban en espacios prohibidos, el comunicador fue subido a una patrulla y amenazado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

18. José Reyes Brambila, reportero del periódico Vallarta Milenio, en Guadalajara, Jalisco, fue asesinado a cuchilladas y depositado en la cajuela de su vehículo, propiedad de la empresa que edita el rotativo.

29. En Hermosillo, Sonora, en su editorial, la revista Cambio acusó al gobernador Eduardo Bours de hostigamiento y amenazas supuestamente por haber publicado ásperas críticas sobre su gestión.

Octubre 13. Isaac y Franco Pacheco, hermanos del ex alcalde Hugo Pacheco Pérez, de Tlaxico, Oaxaca, golpearon a Agustín Chávez, periodista de radio La Poderosa, hasta dejarlo inconsciente y lo amenazaron de muerte por sus investigaciones sobre la corrupción administrativa local entre 2002 y 2004. Anteriormente, los hermanos Pacheco ya habían atentado contra el periodista mientras cubría el momento cuando el ex alcalde y sus hermanos agredían violentamente a empleados del municipio que se manifestaban.

14. A raíz de que Verónica Espinosa, reportera del semanario Proceso, denunciara en un reportaje la proliferación de antros y table dance solapados por las autoridades de Querétaro, fue amenazada por Armando Rivera Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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Castillejos, alcalde de esa ciudad. Además, el funcionario impulsó una campaña de desprestigio contra Espinoza a través de otros reporteros que pusieron en entredicho su información.

21. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Concepción Villafuerte, directora del periódico La Foja Coleta, recibió una amenaza de muerte tras denunciar diversos ilícitos presuntamente cometidos por funcionarios de la Dirección de Protección Ciudadana y Vialidad Ciudadana, incluido su titular Mariano Rosales Zuarth.

25. Jorge Olvera Linares, editor del periódico Siglo de México, en Reynosa, Tamaulipas, resultó gravemente herido con cuatro impactos de bala durante una balacera cerca del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

29. Policías de Tapachula, Chiapas, detuvieron a Enrique Zamora, director del periódico El Orbe, después de que el gobierno estatal lo acusó de difamación por divulgar un presunto desvío de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte del gobernador Pablo Salazar y del alcalde de Tapachula, Angel Barrios Zea. Noviembre 1. Hugo Barragán Ortiz, de 73 años, conductor del programa Por la mañana de la estación XEJF Radio Max, y colaborador del diario La Crónica de la Cuenca, fue asesinado en su domicilio en Xalapa, Veracruz.

4. Reporteros gráficos del diario El Paso en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos por agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras fotografiaban la zona buscando imágenes de los niños que cruzan al frontera. Los agentes aprehendieron a los informadores por presunta violación del Acta Patriota Estadunidense de Protección que se emitió después del 11 de septiembre de 2001.

5. En la colonia Obrera, afuera de la Cuarta Agencia del Ministerio Público, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública golpearon al reportero Alberto García, de Reporte 98.5, por documentar cómo policías llevaban prácticamente secuestrado a un conductor de taxi.

8. Durante una balacera cerca del puente internacional Reynosa-Hidalgo, Julio César Pérez Martínez, jefe de información de un periódico local de Tamaulipas, murió después de recibir ocho impactos de bala a bordo de un auto.

9. Mientras caminaba por la colonia Floresta, del municipio de Loma Bonita, Oaxaca, Benjamín Fernández González, conductor del noticiario de radio Poder Informativo, recibió siete impactos de bala a quemarropa que lo dejaron gravemente herido.

10. Ricardo Bravo Delgadillo, entonces candidato del partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, incitó a golpear brutal-mente y amenazar de muerte a Jorge Zamacona Ramírez, Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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conductor radiofónico de Sin Protocolo, de la estación XEQB, La Divertida, mientras transmitía su programa en vivo y realizaba denuncias por presuntos fraudes y abusos de confianza de familiares del candidato.

14. El reportero Floriberto Santos, del estado de Oaxaca, fue agredido por un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa ciudad, cuando tomaba fotografías y recababa información acerca de la negativa de la institución para recibir a un policía preventivo que se presentó herido a la institución.

28. En León, Guanajuato, tres integrantes del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), que fueron identificados en principio como elementos de seguridad del Presidente Vicente Fox, golpearon a Samuel Tamayo, camarógrafo de Televisa, y destruyeron su equipo porque éste momentos antes había rozado con su cámara la cabeza de uno de ellos mientras el Presidente era entrevistado en las instalaciones del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

30. Enrique Romero, corresponsal en Palenque, Chiapas, fue amenazado por el comandante de la policía municipal, Lenin Caballero Alegría, después de que lo fotografiara mientras ingresaba a la Subfiscalía de la Zona Selva, en la cual los colonos lo acusan de fraude.

Diciembre 15. La periodista Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Policía Judicial del estado para enfrentar una demanda que interpuso en su contra el empresario textil Kamel Nacif por difamación. En su más reciente libro Los demonios de Edén: el poder detrás de la pornografía, menciona al empresario involucrado en una organización de pederastas.

26. Sergio González Rodríguez, colaborador del diario Reforma de la Ciudad de México, fue víctima de dos secuestros exprés y de amenazas de muerte por sus investigaciones sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

26. Claudia Padilla Pacheco, del diario estatal Correo de Guanajuato, fue amenazada de muerte vía telefónica, debido a la publicación en la que se involucra a efectivos y ex integrantes de la Policía Ministerial en el encubrimiento de tres homicidios, en la protección de narcotraficantes, así como por la organización de una banda para el robo de vehículos y asalto a transportistas.

28. Por órdenes del alcalde de Valle Hermoso, Tamaulipas, Alberto Alanís, varios sujetos hostigaron por 15 minutos a Juan Antonio Espinosa, editor del periódico vespertino El Búho, así como a su esposa y a sus dos hijos. Los individuos se encontraban bajo el efecto de alguna sustancia y causaron destrozos en el domicilio del comunicador, quien además recibió amenazas por su trabajo.

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29. Margarito Edel Santiago Hernández, director editorial del semanario La Verdad, en Veracruz, fue agredido y amenazado de muerte. Mientras Santiago Hernández cubría las elecciones del candidato a diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), varios sujetos comandados por el policía municipal, Mario Anestoso Suárez, bloquearon su trabajo debido a que el periodista ha acusado al policía de ser aliado del narcotráfico y estar implicado en el robo de autos y en el negocio de casas de citas clandestinas en conjunto con el primer comandante Abel Galmich Canseco.

30. Verónica Cruz Perales, corresponsal de periódico Pulso de San Luis Potosí, fue amenazada de muerte por Humberto Fernández Rodríguez, subdirector de Tránsito del municipio de Ríoverde, debido a que la periodista publicó en una nota que el funcionario tenía la intención de excarcelar, mediante sus influencias, a dos individuos acusados de transportar mercancía robada.

Instituciones Referidas PRD Partido de la Revolución Democrática CROC Confederación Revolucionaria PGJE Procuraduría General de de Obreros y Campesinos Justicia del Estado IMSS Instituto Mexicano del Seguro SNTMMSRM Sindicato Nacional de Social Trabajadores Mineros Metalúrgicos ITSU Instituto Tecnológico Superior STPRM Sindicato de Trabajadores del Sur de Guanajuato Petroleros de la República Mexicana AFI Agenda Federal de Investigación

PAN Partido Acción Nacional

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Metodología para el análisis y seguimiento Criterios de selección de casos contra las libertades de expresión e información Omar Raúl Martínez / Verónica Trinidad Martínez

La experiencia en el seguimiento y el análisis de casos de amagos a la libre expresión, nos permiten plantear la siguiente tipología: 1. Ataques públicos o embozados a periodistas a) Acoso u hostigamiento b) Agresión física c) Allanamiento d) Amenazas e intimidación e) Anuncio de bloqueo informativo f) Asesinato g) Atentado a la vida h) Censura i) Decomiso de material j) Desaparición k) Espionaje l) Insultos ll) Intento de secuestro m) Obstaculización, bloqueo informativo, veto o restricciones n) Secuestro 2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas ñ) Arbitrariedad en la edición o) Anuncio de demanda p) Auto de formal prisión q) Cita a comparecer r) Demanda s) Despido t) Detención por parte de autoridades u) Orden de aprehensión v) Renuncia inducida w) Robo x) Soborno y) Suspensión z) Cateo 3. Ataques públicos o embozados a medios a) Allanamiento b) Amenazas e intimidación c) Amenazas de confiscación d) Amenazas de toma Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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e) Atentado g) Bloqueo informativo h) Censura i) Confiscación j) Toma 4. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios k) Anuncio de bloqueo publicitario l) Anuncio de demanda ll) Auditoría fiscal m) Bloqueo publicitario n) Cancelación de un programa o de una concesión ñ) Cierre temporal o clausura de una emisora o) Demanda p) Embargo q) Robo r) Anuncio de bloqueo informativo Vale señalar que no es gratuita la expresión ataquess públicos o embozados, pues los estudios realizados anteriormente revelan que un considerable porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anonimato de los responsables. En otras palabras: no resulta infrecuente que ciertos personajes, molestos o inquietos por informaciones, críticas o comentarios publicados o por darse a conocer, actúen contra periodistas a través de mensajes inhibitorios de manera embozada -es decir, sin dar la cara- para evitar comprometer su imagen pública o la de la institución que representan. Por eso se decidió considerar los casos en que los indicios apuntan a tal propósito.

En torno a los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios de comunicación, conviene apuntar que, estrictamente hablando, no pueden considerarse "agresiones". Sin embargo, la experiencia indica que tanto la interpretación y aplicación de las leyes como las relaciones mediosgobierno en México están influidas por la discrecionalidad y la parcialidad en momentos clave, lo cual posibilita cauces inhibitorios o de presión mediante argucias legales o de otra índole. Por tanto, aunque resulta complejo dilucidar a ciencia cierta cuándo se trata realmente de atentados a las libertades de expresión e información1, la simple referencia de tales hechos implica una insoslayable veta de análisis.

Las variables Entre las variables por considerar para el desarrollo del estudio, se encuentran: incidente, tipo de agresión o acto, nombre de la persona afectada, sexo, cargo o quehacer, fuente informativa o área del periodista, medio o espacio al que pertenece o donde participa, fecha y lugar en que ocurrió, presuntos responsables, motivos reales o aparentes del hecho, y referencia o entidad o persona que proporcionó la información.

Para los fines de un análisis como el que aquí se propone, resulta pertinente Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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definir el concepto de periodista: toda aquella persona que participa de manera regular en el acopio, análisis, procesamiento o redacción y difusión de informaciones o comentarios a través de los medios de comunicación y que vive de ello.2 Por ende, cuando se trate de agresiones a periodistas, éstos deberán identificarse como tales en función de un cargo específico: articulista3 o columnista, caricaturista, comentarista de radio y/o televisión, conductor o locutor, coordinador de sección, corresponsal, director, subdirector, editor, reportero gráfico, jefe de información, jefe de redacción, redactor, reportero, videoasta, y otros.

En consecuencia, los incidentes en contra de empleados de los medios de ninguna manera pueden considerarse como agresiones a periodistas habida cuenta que su cargo no se ajusta a la acepción de periodista que proponemos, pero sí habrán de consignarse -sólo si las razones se vinculan directamente al ejercicio de las libertades de expresión e información- como agresiones a medios. En esa lista de afectados por su pertenencia a un medio de comunicación, se encuentran: el administrador o contador, dueño, gerente, presidente, vigilante, voceador, secretaria, y empleado (aquí entran aquellos cargos no contemplados).

La detección de las fuentes que cubren -o temas que abordan- los periodistas afectados, contribuye a perfilar un abanico de las áreas de mayor controversia o conflicto. Así, tras una consulta a varios periódicos, se decidió clasificar las fuentes de la siguiente manera: 1) Agropecuaria/Agraria; 2) Cultural; 3) Deportes; 4) Ecología/Medio ambiente; 5) Economía y finanzas; 6) Educativa; 7) Espectáculos; 8) Información general (incorpora: aeropuertos y turismo, organismos asistenciales como ISSSTE e IMSS, asociaciones profesionales, Departamento del Distrito Federal, delegaciones, estados, religión e iglesias, salud y medicina, seguridad pública); 9) Policiaca (juzgados, nota roja); 10) Política (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, derechos humanos, información diplomática, información electoral, fuerzas armadas, sindicatos, ONG's, partidos políticos, Presidencia de la República, secretarías de Estado, Suprema Corte de Justicia); y 11) Sociales.

Una variable en la que se ha puesto particular atención por su carga acusatoria es la referida a los responsables, la cual se desglosa así: 1) Desconocidos; 2) Directivos de medios (dueño, presidente, director, subdirector...); 3) Exfuncionarios de dependencias policiacas 4) Exfuncionarios de gobierno; 5) Fuerzas del orden (aquí entra una larguísima lista: agentes y comandantes de la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal Federal, Policía Judicial del Distrito Federal, Policía Preventiva Municipal, Policía Judicial Estatal, Policía Judicial Federal, así como comandantes de la Procuraduría General de la República, efectivos, granaderos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, policías antimotines de la Secretaría de Protección y Vialidad, y toda clase de agentes, judiciales, policías -como los de tránsito-, granaderos, y guardaespaldas como los del Estado Mayor Presidencial); 6) Funcionarios de dependencias policiacas (delegados de la PGR, directores de DSP...); 7) Funcionarios de gobierno (gobernadores, regidores, presidentes municipales...); 8) Grupos políticos 9) Grupos sociales; 10) Instituciones de gobierno; 11) Otros (organizadores de Recuento de Daños 2005 Un Acercamiento al Estado de las Libertades de Expresión e Información en México Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación

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una feria, sacerdotes, maestros...) 12) Particulares; 13) Representantes de partidos políticos (senadores, diputados, etcétera); 14) Representantes o miembros de organismos deportivos (Federación Mexicana de Futbol, clubes deportivos, directores técnicos, jugadores, etcétera); 15) Representantes o miembros de instituciones educativas (profesores, alumnos, coordinadores, etcétera), y 16) Supuestos narcotraficantes.

Los motivos para cometer cada uno de los hechos o agresiones contra periodistas y medios, constituyen otra variable de sumo interés por lo que tienen de significación para el ejercicio de las libertades de expresión e información en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible definirlos en detalle: a) Por contenidos: cuando el periodista escribe, publica o transmite determinado material que molesta o preocupa a alguien, sin especificar si el afectado es un articulista, columnista o reportero. b) Por críticas: cuando el periodista o el medio realiza juicios o comentarios críticos de las actividades de organismos o personas públicas; por lo general se trata de columnistas, articulistas o ensayistas que analizan, cuestionan y opinan en torno a temas de coyuntura.4 c) Por denuncias: cuando un reportero -o eventualmente un columnista- hace la revelación de datos, sucesos o informes que evidencian manejos turbios o ineficientes o ilegales, que afectan al conjunto social y son de interés público. d) Por motivos desconocidos: cuando la fuente omite el dato o el afectado ignora la identidad de los agresores. e) Por nexos con el narcotráfico: cuando el periodista aparentemente tiene algún vínculo con narcotraficantes. f) Por ejercer su labor: cuando el periodista resulta agredido por o al momento de realizar su trabajo reporteril. g) Por posibles contenidos o denuncias: cuando no se tiene la certeza de que el periodista haya sido agredido por transmitir alguna información o comentario, pero hay probables indicadores para señalar responsabilidades. h) Robo: cuando al periodista se le despoja de algún material de trabajo con el fin indirecto de inhibir su labor y los indicios refuerzan tal hipótesis. i) Por difundir propaganda propia: cuando los responsables toman las instalaciones de un medio informativo con el propósito de divulgar sus propios planteamientos, informaciones o puntos de vista en torno a asuntos que les compete.

Finalmente, las variables referidas a nombre, sexo, medio o espacio, fecha y lugar, significan datos de relevancia innegable, por lo que también son tomados en cuenta en la presente metodología.

Criterios adicionales 1) Cuando concurra más de un incidente en una oportunidad, en el listado aparecerán como un sólo caso, y se consignará para el análisis sólo el primero por ser el predominante.

2) Los incidentes de tipo judicial (demanda, cita a comparecer, orden de aprehensión y auto de formal prisión) cometidos en una o varias oportunidades, se contemplarán -cada caso- en el análisis de manera separada.

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3) Las agresiones contra empleados sólo podrán ser consideradas si en ellas se advierten claros indicios de afectar a la persona por su pertenencia al medio.

De tal suerte que dicho acto se integre al bloque de agresiones a medios de comunicación.

4) La detección de las fuentes se inferirá de acuerdo con la clase de agresor o responsable.

5) Las agresiones a camarógrafos se registrarán en el apartado de Fotógrafos/Reporteros por considerar que se trata de un hecho implicado directamente en el ejercicio reporteril.

6) Se considerará perjuicio colectivo cuando se agredan a más de tres personas en las mismas circunstancias y en la misma ocasión.

7) Únicamente se contemplarán robos cuando éstos tengan como fin central atentar contra las libertades de expresión e información.

8) Se excluirán del análisis los asesinatos de periodistas que evidentemente de acuerdo con los indicios judiciales y las propias fuentes hemerográficashayan sido cometidos por razones ajenas al oficio periodístico.

NOTAS 1) Aquí nos ajustamos a lo delineado por Ernesto Villanueva: "[...] el contenido de la libertad de expresión 'puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales, o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos', o como bien ha señalado el Tribunal Constitucional de España: 'La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones'". Y por lo que se refiere a la libertad de información, el mismo autor la concibe como "el derecho de todo individuo a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a través de los medios de comunicación social". Véase Villanueva, Ernesto, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, México, UNAM, 1998, 253 pp.

2) Se entiende que entra en la acepción de periodista quien se encargue tan sólo de una de esas etapas, como un redactor o un editor.

3) Habitualmente un articulista no vive sólo de su tarea como tal, pero se contempla en el presente estudio por la imposibilidad de soslayar su ejercicio de la libertad de expresión y la recurrencia de actos en su contra.

4) Tal apartado puede ubicarse en los linderos referidos a la libertad de expresión.

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