políticas, identificación de problemas y de brechas en la eficiencia. Sin embargo, la casi inexistencia de un sistema integral que enfrente el tema se muestra también en la presencia de diversos espacios de recolección y análisis de información oficial. Irónicamente en algunos países de la región el problema no es encontrar una fuente oficial, sino más bien decidir cuál es la más cercana a la verdad. Todo lo anterior aumenta la incertidumbre de la población, que reconoce un cierto grado de precariedad o incluso falta de responsabilidad en la forma como se enfrenta el tema desde el espacio gubernamental. Finalmente, en muchos países los diversos poderes del Estado se culpan por los problemas, el enfrentamiento más reconocido se genera entre las policías (que argumentan detener para que los jueces liberen) y los jueces (que argumentan que las policías detienen personas sin recolección de evidencia que permita generar una condena). Otro fenómeno interesante se relaciona con la llamada “geografía del delito” que en los inicios de la década pasada se centraba en las ciudades capitales de cada país pero que ha mostrado capacidad de movilidad hacia ciudades intermedias. Por ejemplo, en Chile las tasas de delitos contra la propiedad en el año 2002 evidencian que la incidencia de la problemática en seis regiones del país se ubica por encima de la situación de la Región Metropolitana de Santiago. En Europa sucede lo mismo, el tema de la seguridad no se instala únicamente en ciudades como París o Londres, sino que también afecta a ciudades más pequeñas. En este marco, diversas son las ciudades de América Latina que han emprendido esfuerzos para mejorar sus condiciones de seguridad. El segundo artículo, “¿Hacia una nueva generación de reformas en seguridad ciudadana?”, de Gustavo Beliz, analiza diversos proyectos implementados en ciudades como Bogotá y Buenos Aires, teniendo como eje de análisis el liderazgo y la sustentabilidad política, la transparencia y el rol de los gobiernos locales. El autor releva la variada y múltiple capacidad de intervención local en la región así como las innovaciones desarrolladas en muchos gobiernos locales que con iniciativa y participación de la comunidad han logrado diseñar e implementar programas de prevención de delito. En la última década la prevención ha ganado un espacio entre las políticas de seguridad desarrolladas en el mundo. Si bien la criminalidad ha sido abordada tradicionalmente con políticas de control y represión, la participación de los gobiernos locales incrementa la percepción que la prevención tiene mejores y mayores capacidades de respuesta al crimen.
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SEGURIDAD Y VIOLENCIA: DESAFÍOS PARA LA CIUDADANÍA