CARA A CARA
Cristina Gallardo, responsable de información judicial en Europa Press, y Daniel Montero, periodista de investigación de ‘Interviú’, durante el debate.
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minante para conocer nuestros derechos. Si el ciudadano tuviera acceso libre a la información de sus ayuntamientos, también sería capaz de fiscalizar las cuentas del Estado. Cristina Gallardo: Por un lado, la Administración hace movimientos de transparencia, pero su papel diario es cada día más obstaculizador. Sucede con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su protocolo a favor de la transparencia, pero sus gabinetes solo sirven para controlar. O las sentencias, que únicamente hace públicas el Tribunal Supremo. Jesús Duva: Las sentencias por definición son públicas, lo que no siempre se cumple. Carlos Hernández-Sanjuán: El juicio contra el subdirector de El Mundo, Antonio Rubio, por ejemplo. En el proceso estaban en juego la libertad de expresión y el derecho a informar. En este caso, la FAPE defendió –y defiende– que un periodista publique la información que obtenga de forma lícita. Es mi obligación como periodista publicarla y no revelar mis fuentes. Lo que necesitamos no es tanto una ley de acceso a la información, sino que se facilite la información. Jesús Duva: Si se cumple lo que ya existe, yo me quedaría contentísimo.
“Por un lado, la Administración hace movimientos de transparencia, pero su papel diario es cada día más obstaculizador” Cristina Gallardo
“Lo que necesitamos no es tanto una ley de acceso a la información, sino que se facilite la información” Carlos Hernández
Carlos Hernández-Sanjuán, asesor jurídico de la FAPE.
Protección de datos y privacidad José Luis Dader: La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial dicen que las sentencias deben ser públicas, sin perjuicio de los derechos de privacidad e intimidad de los afectados. A eso se agarra la Administración para no publicar, si no dispone de autorización del individuo. Carlos Hernández-Sanjuán: El gran obstáculo es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Cualquier periodista está siempre enfrentándose a ella. Una futura ley de transparencia proporcionará unos principios básicos a partir de los que regirnos, pero en la práctica hay que preguntarse a qué podré acceder y qué podré publicar que vaya a ser interesante para el periodismo de investigación. Jesús Duva: A modo de ejemplo, me dirigí a los archivos británicos para localizar cierta información con la que elaborar un reportaje sobre un teniente coronel español que era antena de los nazis en España. Reino Unido había desclasificado todos los documentos en relación a su persona. Pero necesitaba acceder a su biografía militar como guardia civil. En España, no me proporcionaron ni un dato 70 años después. Seamos realistas: los periodistas nos topamos cada día con cientos de obstáculos administrativos. Daniel Montero: Soy absolutamente pesimista. La única forma de que lo que hablamos tenga desarrollo será que la ley termine en Estrasburgo, de modo que se obligue al Gobierno español a trasponer las normas internacionales. Helen Darbshire: La situación en España es frustrante. Por eso, el tono pesimista. Frustrante, pero no imposible. Carlos Hernández-Sanjuán: Como abogado, me gusta ser práctico. A la ciudadanía, que ni siquiera conoce sus propios derechos laborales, no vas a hablarle de una ley de transparencia informativa. Helen Darbshire: No hay una falta de interés en la gente, hay temor de actuar. Es increíble que mi asociación sea la primera que ha presentado recursos administrativos y contenciosos contra la falta de transparencia en la Administración.