proporcionó sentido y comparabilidad a los datos individuales de cada institución. El informe demostró que las instituciones de educación superior no estaban preparadas para asumir el proceso de masificación de la matrícula, lo que generaba una serie de problemas en la selección docente, los profesores no estaban en condiciones de ejercer la cátedra universitaria de frente al razonamiento lógico, a pesar de sus destrezas en cuanto a competencias profesionales, además de otras dificultades que se presentaron en lo referente a la infraestructura pedagógica y de investigación, al manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, al desarrollo de sistemas de acompañamiento estudiantil para el mejoramiento de su rendimiento académico, al seguimiento de los egresados en su inserción al mercado de trabajo y a la continuidad de sus estudios (Larrea y Granados, 2013). Respecto a las conclusiones del informe, de cada una de ellas se desprendía una recomendación, destacándose la necesidad de la depuración de las universidades; la supresión gradual de las extensiones universitarias; la regulación de la oferta académica; el fortalecimiento del sistema de postgrados; y el fortalecimiento institucional de las universidades ubicadas en la categoría D, de lo que se comentará en un apartado posterior. Con la ulterior suspensión de varias universidades, no solamente concluyó el largo proceso que significó el cumplimiento del Mandato Constituyente No. 14, sino que se cerró una etapa crucial de la reforma universitaria iniciada con la promulgación de la Constitución del 2008. Esta etapa, a la que se podría calificar como una etapa de depuración, apertura las puertas para el inicio de un proceso más complejo de reestructuración de la educación superior ecuatoriana, de rectificación de las profundas distorsiones que se habían venido acumulando por décadas como resultado del abandono del Estado de la educación superior y que resultaron en una universidad fragmentada por múltiples brechas y salvo excepciones, con niveles alarmantes de precariedad en cuanto a su calidad académica (Villavicencio, 2013a).
112