Capitulo 1
derechos o beneficios concedidos por la anterior. Contenido mínimo, recursos disponibles; progresividad y no regresividad constituyen los primeros estándares que se contemplan a los efectos de medir cumplimiento de derechos, a los cuales se debe agregar, como obligaciones con “efecto inmediato” derivadas del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales: o la garantía que los derechos se ejercerán sin discriminación y que las políticas incorporarán el principio de igualdad; o la obligación de proteger a los sectores más vulnerables de la población o que requieran políticas y acciones prioritarias; o la obligatoriedad de producción de información para la formulación de políticas; o el principio de participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas; o garantías de acceso a la información o acceso a la justicia. En rigor, existen suficientes fundamentos y evidencias acerca de la posibilidad de trazar numerosos puentes y relaciones entre el campo de los derechos humanos y los principios que suelen orientar o guiar las políticas sociales, económicas y estrategias de desarrollo. El potencial encuentro entre estos ámbitos dependerá en gran medida de la decisión de cambiar la lógica de formulación de ciertas políticas públicas y sus niveles de universalidad, transparencia y fiscalización16. 16 Resulta interesante que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha señalado que “la titularidad de los derechos debe guiar las políticas públicas. Se trata de orientar el desarrollo conforme al marco normativo de los derechos civiles, políticos, eco-
Y allí, precisamente, resulta fundamental tener en claro que el desarrollo de un marco de derechos en las estrategias de desarrollo, debe tener en cuenta que si el mismo se aplica
EN SÍNTESIS, LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO NO CONSISTE EN EXPRESIONES DE BUENA VOLUNTAD POLÍTICA, SINO CLARAMENTE ES UN SISTEMA INTEGRAL Y ESTRUCTURADO QUE OPERA EN TÉRMINOS DE DAR EFECTIVIDAD A LAS MEDIDAS COMPROMETIDAS POR LOS ESTADOS Y QUE ADEMÁS FIJA ESTÁNDARES ESPECÍFICOS QUE SON APLICABLES A LOS SISTEMAS INTERNOS DE CADA UNO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
sobre las bases de un modelo económico vulnerable –como demuestra serlo el modelo heredado de los noventa, a pesar de las recuperaciones postcrisis y el actual ciclo ascendente de las economías regionales- consolidaría una suerte de “ficción ciudadana” en lugar de la consolidación de un marco de derechos en un modelo económico sólido. Precisando, no se puede forjar un marco de derechos vinculado a los proyectos y modelos económicos coyunturales, como tampoco se pueden nómicos, sociales y culturales, plasmado en acuerdos vinculantes, tanto nacionales como internacionales. Esto exige a su vez un contrato o pacto social que debe materializarse políticamente tanto en la legislación como en políticas públicas” (CEPAL, 2006: 14). Agrega el trabajo que resulta fundamental contar con organismos del Estado que sean competentes política y técnicamente, “a fin de que los derechos sean más exigibles, es decir que se garantice la existencia de mecanismos jurídicos y de política pública para que las personas puedan exigir la titularidad de sus derechos” (CEPAL, 2006:14 )
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