En el mundo ilegal del narcotráfico, la igualdad que en condiciones normales es además de un principio un derecho fundamental en el Estado Social de Derecho, no representa un proceso de nivelación de las oportunidades, a favor de grupos menos favorecidos, sino todo lo contrario. Genera mayores desigualdades que se reflejan en la acelerada concentración de la riqueza en los grupos de personas que directamente se benefician del negocio y de los que tienen actividades legales e ilegales cercanas al narcotráfico. Esto se refleja en el desplazamiento forzoso, la concentración de la tierra, la expropiación violenta de los medios de producción de pequeños y medianos propietarios, la pauperización y lumpenización de masas poblacionales, la impunidad de los delitos contra los derechos humanos y demás violaciones de derechos y obligaciones, la discriminación por raza, sexo, e ideas políticas. Entonces, la democracia como mecanismo de selección en la toma de decisiones para que responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo, no puede estar dada en abstracto sino que tiene que estar supeditada a los principios y derechos definidos constitucionalmente y debe ser viabilizada mediante el ejercicio libre del poder público y del poder político. Es necesario recordar que el poder político está delimitado por la Constitución como sigue: ―Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.‖
De otra parte, el poder público, el cual emana del pueblo según el Artículo 3 de nuestra Constitución, se delimita a tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la Página 174