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las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interior”. El esfuerzo gubernamental por respetar la no injerencia militar en asuntos de seguridad interna no consiguió reducir “la preocupación que genera el debilitamiento en los hechos de la separación entre defensa nacional y seguridad interior, fundamentalmente en un contexto regional de mayor intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos”. Y ello se debió a que el Operativo Escudo Norte conllevó “tareas conjuntas entre militares y policías”, lo cual abrió “el interrogante también sobre el manejo de la información de inteligencia de estos operativos, que, además del acopio de datos, en muchos casos [implicó] que se generen dinámicas de trabajo propias”, violatorias de las normas y los consensos políticos vigentes en la materia80. Por su parte, el grueso de las estrategias operacionales llevadas a cabo por la gestión ministerial durante 2011 y el primer semestre del 2012 han estado focalizadas predominantemente en la Ciudad de Buenos Aires. Solo el Operativo Centinela y el Operativo Escudo Norte salieron de este contexto de aplicación, lo que dio cuenta de la escasa perspectiva federal de la política de seguridad desenvuelta por Garré. Otro rasgo saliente de la gestión ministerial estuvo
Ibíd., pp. 142-144. Al respecto, también resultó preocupante la enorme injerencia que tuvo el general César Milani, subjefe del Ejército y oficial de confianza de la ministra Garré, en la diagramación y hasta en la difusión y presentación pública del Operativo Escudo Norte (en diario Perfil, Buenos Aires, 3 de julio de 2011; y diario El Liberal, Santiago del Estero, 21 de julio de 2011).
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dado por el alto nivel de inversión infraestructural, aplicado especialmente en beneficio de la Policía Federal Argentina. Sin que se desarrollara ningún tipo de reestructuración en las modalidades tradicionales de vigilancia e intervenciones preventivas por parte de dicha institución policial, solamente el denominado Plan Buenos Aires Ciudad Segura implicó una inversión de cerca de medio millón de dólares, en una institución policial sospechada por la misma gestión ministerial de estar atravesada por prácticas corruptivas y hasta ilegales, y sobre la que no se inició ninguna reestructuración institucional de fondo, ni siquiera de sus pilares normativos que datan de la década de los cincuenta. Ello constituyó una forma de convalidación de sus bases doctrinarias, orgánicas y funcionales y una manifestación elocuente de que la reforma institucional de esa policía no formaba parte de los objetivos del Gobierno. Pues bien, sin duda, el conjunto de medidas, resoluciones y disposiciones llevadas a cabo bajo la dirección de la ministra Garré, entre diciembre de 2010 y mediados de 2012, estuvo orientado a asumir las responsabilidades de conducción y control sobre las policías y fuerzas de seguridad federales pero, en verdad, el grueso de esas iniciativas resultó acotado o limitado en relación con los objetivos discursivos trazados por la propia gestión, o adquirió una impronta contraria a una gestión democrática de la seguridad. Ello también se pudo apreciar en diferentes aspectos que dieron cuenta de los vacíos y limitaciones de una gestión que se perfiló como reformista. En primer término, no se profundizó el necesario fortalecimiento del dispositivo institucional del Ministerio de Segu-