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México, D.F., 19 de febrero de 2006.

Versión estenográfica de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, efectuada hoy en el Salón de Consejo del IFE.

-El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muy buenos días. Les ruego tomar su lugar, para dar inicio a la sesión de hoy. Señoras y señores consejeros y representantes, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que le pido al Secretario verifique si hay quórum legal. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señor Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 19 consejeros y representantes, por lo que existe quórum legal para su realización. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido a la Secretaría continuar con la sesión. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señor Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido formular la consulta que propone. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señoras y señores consejeros, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.


Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada, señor Presidente. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido continuar con la sesión. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: El siguiente asunto se refiere al orden del día. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señoras y señores, está a su consideración el orden del día. Le pido consulte en votación económica si se aprueba el orden del día. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido dé cuenta del primer punto del orden del día. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señor Presidente, señoras y señores consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficios recibidos el 12 de septiembre de 2005 y 13 de febrero de 2006, suscritos por la licenciada Marina Arvizu y por el órgano de gobierno de la coalición Alianza por México y Alianza Social y Campesina, se acredita a los licenciados Rafael Pineiro López y Felipe Solís Acero, como representantes suplente y propietario de estos institutos. Es el caso que estando presentes, procede tomarles la protesta, por lo que ruego a ustedes ponerse de pie.


-El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Licenciado Rafael Pineiro y licenciado Felipe Solís Acero, representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? (Coro: ¡Sí, protesto!). -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Estoy convencido de que pondrán ustedes todo su empeño y capacidad, con el propósito de que los trabajos de este Consejo General se realicen conforme a los principios de legalidad e imparcialidad que exige el avance de nuestra democracia. Bienvenidos. Le pido dar cuenta del primer punto del orden del día. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: El primer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2006. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de acta. Le pido tomar la votación correspondiente. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba el acta mencionada por nueve votos a favor. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido al Secretario del Consejo continuar con el siguiente asunto del orden del día.


-El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: El siguiente punto del orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad, para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señoras y señores consejeros y representantes. El día de hoy, el Instituto Federal Electoral emite, por primera vez en su historia, reglas de neutralidad política que deberán ser atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales. El acuerdo que hoy se somete a la consideración de este Consejo General refuerza el marco legal existente y constituye una de las acciones regulatorias que el IFE tomará para asegurar que el próximo 2 de julio los mexicanos estén en... Sigue 2ª. parte


Inicia 2ª. Parte ...asegurar que el próximo 2 de julio los mexicanos estén en posibilidades de emitir su voto en un contexto de máxima libertad. Se trata de una medida pensada para fortalecer la libertad de los mexicanos para ejercer su voto. Ha llegado la hora de generar las condiciones para que los electores ejerzan su voto con plena libertad. Para poner en contexto la naturaleza y alcance de este acuerdo, es necesario señalar que, en primer lugar, ya existe un marco legal que señala con detalle cuáles son las responsabilidades a las que debe apegarse la actuación de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales. El artículo 49 de la Ley Electoral establece que ninguna instancia de los gobiernos federal estatales o municipales puede realizar aportaciones o donaciones a los partidos en dinero o en especie. Por su parte, el artículo 407 del Código Penal Federal establece que los funcionarios públicos tienen prohibido, uno, obligar a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato. Dos, condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor de un partido o candidato. Tres, destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios al apoyo de un partido o candidato. Y cuatro, proporcionar apoyo o prestar algún servicio no permitido por la ley a partidos o candidatos. Esto ya es una obligación legal en el Código Penal. La autoridad responsable de aplicar e investigar este tipo de delitos electorales es la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE.


Sin embargo, a pesar de estas disposiciones legales, los partidos políticos siguen manifestando su preocupación sobre la posible influencia de los ejecutivos de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales, particularmente en cuanto a los posibles efectos de sus mensajes y de la promoción de sus obras de gobierno a lo largo del país. El IFE siempre ha sido sensible a esta demanda, desde la primera elección presidencial organizada por el Instituto en 1994, se ha buscado que los servidores públicos de todos los gobiernos contribuyan mediante su neutralidad política a fortalecer la libertad del voto ciudadano y a permitir que el diálogo entre votantes y candidatos se desarrolle de manera directa y equitativa. Tanto en las elecciones presidenciales de 1994 y 2000, como en las intermedias del 97 y 2003, el IFE hizo llamados a todos los titulares de gobierno para que suspendieran la difusión de las obras y programas de sus administraciones. El plazo máximo de suspensión de promoción gubernamental que el IFE había solicitado en esos llamados había sido de 30 días antes de la jornada electoral. Las solicitudes por parte del IFE a las autoridades ejecutivas para esa suspensión se dieron por la vía del exhorto, es decir, por un medio estrictamente político, que llamaba a los titulares de los gobiernos a su autorregulación. Hoy el proyecto de acuerdo que está a consideración de este Consejo, constituye una herramienta legal para que la neutralidad electoral de los servidores públicos del país contribuya de manera más efectiva a fortalecer la libertad y la efectividad del sufragio. A diferencia del pasado, el acuerdo que hoy se propone establece dos tipos de reglas de neutralidad, las del género legal y las de carácter político. En primer lugar se hace hincapié en restricciones que ya están contempladas en la legislación vigente, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades competentes.


El acuerdo incorpora nuevas disposiciones sustentadas en resoluciones jurisdiccionales, cuyo incumplimiento es sancionable por el IFE. El acuerdo incluye también algunas disposiciones basadas en la existencia de una responsabilidad política, compartida por todos los actores involucrados en el proceso electoral. Específicamente el acuerdo señala que los servidores públicos deberán abstenerse de emitir expresiones de apoyo o propaganda a favor de partidos políticos o candidatos. Dos, asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin acto partidista o de campaña. Tres, realizar cualquier acción o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto. Cuatro, realizar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programa de obra pública o de desarrollo social. Cinco, efectuar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público. Seis, efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos o candidatos. Siete, entregar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa de voto. Con la aprobación de este acuerdo la publicidad contratada por los distintos gobiernos, en los que se haga referencia a favor de partido político o candidato, queda prohibida. Sin embargo, la publicidad de los gobiernos en la que no exista referencia alguna a partidos o candidatos está permitida hasta 40 días naturales...


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Inicia 3ª. Parte …hasta 40 días naturales antes de la elección. De presentarse violaciones a estas nuevas disposiciones, el acuerdo prevé la posibilidad de que el IFE sancione a los partidos políticos que se vean favorecidos por la conducta o actos de servidores públicos. Para ello, el IFE podría considerar la figura del partido garante, la cual se basa en el precepto legal de que los partidos son responsables de que la conducta de sus militantes se apegue a la legalidad y a los principios del estado democrático. Si fuera el caso, dichas sanciones serían aplicadas con oportunidad y firmeza. Señoras y señores, el IFE emite hoy un acuerdo de neutralidad de servidores públicos con base en la convicción democrática que ya han expresado tanto el Presidente de la República como los gobernadores del país para contribuir con su actuación a la celebración de un proceso electoral equitativo y legal. En los últimos meses ya se han dado signos claros de que esta convicción tiene bases firmes. El Gobierno Federal, por ejemplo, ha dado pasos para que los programas sociales de la actual administración no sean utilizados con fines partidistas y, la Secretaría de Desarrollo Social ha desplegado acciones para evitar esto a través de un programa con las Naciones Unidas. La propia Presidencia de la República ha manifestado signos importantes a favor de la buena marcha del proceso electoral al haber aceptado suspender la difusión de sus programas durante la llamada tregua electoral y haber afirmado que estaría dispuesta a modificar la promoción de logros gubernamentales si el IFE así lo solicitará. Asimismo, los gobernadores del país han asumido ya compromisos claros con la neutralidad política. El pasado 14 de noviembre la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO se comprometió a coadyuvar en la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral federal.


Quiero hacer un reconocimiento a todos los gobernadores del país que han expresado de manera sistemática su apoyo al IFE para mantener un clima de equidad. Por lo anterior, estamos seguros de que los servidores públicos del país colaborarán con las instituciones electorales de manera activa para cumplir con los criterios de neutralidad que hoy se aprobarán. Confiamos en la prudencia y en la responsabilidad de los servidores públicos, objeto de este acuerdo, para que la imagen y el contenido de la publicidad de sus gobiernos se apegue a estas nuevas necesidades. Llegó la hora de los electores. Con el presente acuerdo el IFE busca generar condiciones que refuercen el ejercicio libre y efectivo del voto de todos los mexicanos en condiciones de equidad. Para ello, es indispensable que el diálogo entre los electores y los candidatos se desarrolle de manera directa y abierta, sin que medie influencia o presión al elector y sin ventajas indebidas para ningún candidato. Quiero reiterar que esta es la medida más clara que ha adoptado el Instituto Federal Electoral a lo largo de su historia para contribuir a la neutralidad de los servidores públicos en el proceso electoral. Con este acuerdo, reducimos un área de conflictividad entre las fuerzas políticas y los gobiernos de todos los niveles y signos partidistas que ayudamos a que el reflector del debate se oriente hacia los electores. En el IFE estamos convencidos de que los ciudadanos son el eje central del proceso electoral, es la voz de los votantes y las propuestas de los candidatos lo que debe prevalecer en la contienda política. Es, reitero, la hora de los electores. Queda entonces a su consideración este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra la Consejera Alejandra Latapí.


-La Consejera Electoral, Lic. Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. Muy buenos días, señoras y señores integrantes de este Consejo General. En relación con el proyecto de acuerdo por el cual se emiten reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006, quiero hacer las siguientes puntualizaciones. En el proyecto se subraya la preexistencia de un principio de neutralidad electoral para los servidores públicos en el diseño constitucional y legal de las instituciones y procedimientos de la democracia representativa mexicana, así como de los instrumentos que aseguran la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas a través del sufragio universal libre, secreto y directo. Entre los instrumentos jurídicos que articulan el principio de neutralidad electoral están las reglas de la contienda electoral, especialmente de las campañas electorales, la regulación jurídica del financiamiento de los partidos políticos, las conductas que constituyen delitos e infracciones administrativas en la materia, el régimen de nulidades electorales y las conductas que pueden redundar en perjuicio de los interés públicos y fundamentales y de su buen despacho. El Consejo General, a través de su proyecto se dirige a colmar dos finalidades fundamentales.

Una. Institucional que coincide con las… Sigue 4ª. Parte


Inicia 4ª. Parte ... fundamentales. Una institucional que coincide con las atribuciones de los distintos órganos del Instituto Federal Electoral, orientadas a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales, así como a velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. La otra de carácter instrumental, por la que se pretende dar certeza sobre el contenido de las obligaciones y prohibiciones que están a cargo de los ciudadanos, los partidos políticos, las coaliciones, sus dirigentes, sus militantes, sus simpatizantes, sus empleados o incluso personas que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, pero que están relacionados con sus actividades, así como a los servidores públicos, sobre todo de aquellas conductas que deben proscribirse, porque puedan generar presión o coacción hacia los electores, al incidir en su libertad de voto y las condiciones que preservan la igualdad en la contienda electoral. Tres conjuntos de sujetos destacan del ámbito de validez personal del acuerdo. Los servidores públicos federales, estatales y municipales, de quienes se requiere que apoyen y colaboren con el Instituto en el logro de sus fines. Los partidos políticos, para que conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales y ajusten la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política y los derechos de los demás. Y el Instituto para que vigile que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la normativa y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como velar por la autenticidad y la efectividad del sufragio. El acuerdo reconoce que existen funcionarios que en razón de las atribuciones inherentes al cargo poseen una capacidad de mando y acceso privilegiado a los medios de comunicación, que llevan a concluir que sus libertades de expresión y asociación se limiten legalmente a lo estrictamente necesario, para garantizar el acuerdo el desarrollo del proceso federal, como plenamente se justifica en una sociedad democrática. El reconocimiento del poder político de ciertos servidores públicos y el imperativo constitucional y legal para que se asuman como corresponsables de la realización de elecciones en las que prive la igualdad de la contienda electoral. En ese sentido, el proyecto de acuerdo, por una parte, obedece a una sana política de prevención general, mediante la precisión, en forma objetiva y cierta, de las conductas que todos y cada uno de los servidores públicos deben desterrar de su actuar cotidiano o que deben cumplir en su encargo como tales. Y, por la otra, responde a la idea de que la infracción de estos deberes en el desempeño de la función pública puedan generar una sanción para los responsables en los ámbitos correspondientes. Creo que los aspectos que se reconocen como propios del principio de neutralidad electoral, a fin de cuentas, son la manifestación de los rasgos definitorios del modo de ser que debe observar todo servidor público, en relación con las elecciones.


De entrada, su interiorización corresponde al ámbito individual de cada quien, a fin de que su actuar quede condicionado por la imparcialidad. Y en segundo sitio su proyección se debe reflejar en el quehacer institucional, para contribuir a la prestación de un servicio público que sea respetuoso del estado democrático de derecho, así como para que coadyuve con la vigencia de los principios rectores de la función electoral. Por todas estas razones, mi voto será favorable a esta iniciativa. Considero que es una decidida y clara respuesta institucional a las demandas y reclamos de los ciudadanos y los demás actores políticos, para que el proceso electoral federal en curso se caracterice por ser un claro ejemplo de auténtica civilidad política. Quiero someter a su consideración las siguientes propuestas: Que en el acuerdo primero inciso 3) se establezca: “Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales, a cambio de la promesa de voto, a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato”. Que en el inciso 7) diga: “Emitir, a través de cualquier discurso, medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda, a favor de un partido político, etc.”. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Si no hubiese otra intervención, le pediría al ... Tiene la palabra el representante de la Alianza por México. -El Representante de la Alianza por México, Lic. Felipe Solís Acero: Gracias, Consejero Presidente. Saludo con mucho gusto y con respeto a las señoras y señores integrantes del Consejo General, del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral. A las señoras y señores consejeros electorales; a los consejeros del Poder Legislativo y a mis ... Sigue 5ª. Parte


Inicia 5ª. Parte ...a las señoras y señores consejeros electorales, a los consejeros del Poder Legislativo y a mis compañeros representantes de los partidos y coaliciones. La alianza que represento, saluda con satisfacción el proyecto de acuerdo que se ha puesto en la mesa, por parte de los consejeros electorales. Nos parece que el documento que hemos recibido es un documento que surge en un momento clave del proceso electoral federal de 2006, y que seguramente va a permitir ese propósito, esperamos que se concrete, de atemperar la participación de los funcionarios federales y locales, para garantizar un espacio propicio, un espacio de mejores condiciones, para que las expresiones y propuestas de los candidatos, de las coaliciones y de los partidos que los postulan, se produzcan en condiciones de mejor fluidez y los electores asuman el análisis y la reflexión sobre las propuestas que se plantean durante las campañas, en condiciones de absoluta libertad. Lo que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, particularmente por lo que se refiere al Gobierno Federal, es una campaña excesiva en los medios de comunicación, que no se aviene a los propósitos del acuerdo, por eso saludamos la presencia del acuerdo, por eso creemos que el acuerdo va a permitir atemperar, moderar y limitar la participación, que hasta hoy ha sido excesiva, del Ejecutivo Federal. Hay disposiciones, efectivamente, como se señala en los considerandos del acuerdo, que están reglamentadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que hasta hoy no han sido observadas. El artículo 32, que es invocado en alguno de los considerandos del acuerdo, de manera sólo genérica, contiene expresiones contundentes sobre el uso de los recursos federales durante el proceso electoral federal. El párrafo segundo, por ejemplo, del artículo 32, dice con toda claridad que en ningún caso podrán utilizarse tiempos fiscales, tiempos


oficiales o recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional, incluyendo la del titular del Ejecutivo Federal. Este mandato expreso, contenido en el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, hasta hoy no ha sido observado. En la misma circunstancia, encontramos algunas otras expresiones del Ejecutivo Federal, aparte de la campaña promocional de la presunta obra pública del Gobierno Federal, contenida en la campaña sobre la obra gubernamental, porque se ha utilizado la presencia del Ejecutivo Federal y su participación discursiva en giras de trabajo, con el propósito de evidentemente tener un lenguaje de apoyo al candidato del partido gubernamental y de denostación y, en algunos casos diría yo, incluso de vituperio, respecto de algunos otros candidatos. Hay, en la propaganda de la Administración Pública Federal, evidentemente un sesgo político, cuando se establece una vinculación entre un presunto futuro mejor y un presunto pasado que se quiere desterrar, y se condiciona la participación ciudadana y el ejercicio del voto a que las cosas continúen en el camino que actualmente se encuentran. Ahí hay, sin duda alguna, un sesgo de carácter electoral, por eso la Coalición Alianza por México saluda el proyecto de acuerdo que se ha puesto en la mesa y esperamos que cumpla con sus propósitos completos, para que a partir de mañana la publicidad excesiva que aturde en los medios de comunicación, referiré entre paréntesis sólo un dato; en algún monitoreo estrictamente casero, pudimos localizar en una estación de radio más, es decir, una presencia pautada de más de un spot por hora de la campaña sobre la presunta obra gubernamental del Ejecutivo Federal o de la Administración Pública Federal. No obstante ello, quisiera de manera sólo enunciativa, compañeras y compañeros consejeros y representantes, decir que la Coalición Alianza por México tiene algunas reservas sobre el contenido del acuerdo.


Saludo el planteamiento que ha hecho la Consejera Latap铆 en relaci贸n con la fracci贸n III, porque corresponde a un planteamiento de nuestra parte... Sigue 6陋. parte


Inicia 6ª. Parte ...tercer, porque corresponde a un planteamiento de nuestra parte, creemos que es más propio utilizar el verbo condicionar, que el verbo entregar obra, como conducta regulada porque corresponde más a lo que sucede en la realidad. Pero nosotros tenemos dos o tres más, de los que daré cuenta de manera sólo enunciativa muy rápidamente en esta primera ronda. Primero, nos hubiera gustado encontrar en las fracciones cuarta y quinta una propuesta del Consejo General, de los consejeros electorales de, por lo menos, 60 días en el límite de la publicidad gubernamental y la promoción de la imagen institucional o la imagen de los funcionarios públicos. Creemos que ese plazo, es un plazo que se aviene más para poder generar un espacio de entera libertad previo al ejercicio el voto. Es decir, un espacio que permita de manera más clara las condiciones de libertad, para la reflexión del elector. Si es la hora del elector, como dijo el Presidente del Consejo General, que es ahora, sea una hora completa de 60 días. En la fracción segunda, también tenemos una reserva que expreso en la mesa. El Consejo General está planteando la posibilidad de diferenciar entre días hábiles y los días que no lo son. Debe entenderse que lo es en términos de las leyes laborales, no en términos de carácter electoral, en donde el principio y mandato establecido en el COFIPE, de el sentido de que todo los días y horas son hábiles no opera para estos efectos. Quizá hubiera sido conveniente haberlo establecido en algún considerando de manera más contundente y clara, porque pareciera haber una contradicción, porque la ley electoral con toda claridad señala que para efectos electorales todos los días y horas son hábiles. Si el concepto se utiliza hubiera sido conveniente hacer la diferenciación.


Y nosotros creemos que ahí debiera establecerse bajo el mismo criterio la diferencia entre días y horas hábiles. La misma razón que anima a la propuesta para separar entre días hábiles, y los días que no lo son, creo que permite razonar rápidamente para separar en los días hábiles entre las horas que son hábiles y las horas que no lo son. Donde existe la misma razón debe imperar la misma resolución. Finalmente quisiera comentar que hay dos asuntos que igualmente nos preocupan en el acuerdo. En la fracción sexta nosotros sugeriríamos que pudiera agregarse a la redacción que contiene la fracción sexta, que dice: realizar cualquier acto o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto, la alocución y la participación ciudadana con fines electorales. Concretamente lo que queremos impedir es que se reedite lo que sucedió en 2003, cuando este Consejo General con otros integrantes, pero con la misma autoridad, impidió que el Presidente de la República continuara con los spots de promoción de obra pública y de imagen personal. Y habiendo salido por la puerta el Ejecutivo Federal se metió por la ventana con los spots relativos a la presunta promoción ciudadana para convocar al voto. Las tareas de carácter electoral, dice el artículo 41 Constitucional, pertenecen de manera integral y directa a este órgano superior de dirección. Y por lo tanto es conveniente que si este acuerdo tiene un carácter preventivo, en eso radica su valor fundamental, se prevenga que no pueda ocurrir aquí lo que sucedió en el 2003, con el entonces Secretario Creel y el Ejecutivo Federal. Y finalmente en la fracción séptima, nosotros plantearíamos que como están reguladas las expresiones a favor, también se regulen las expresiones en contra. Mi tiempo ha concluido, muchas gracias. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias.


Tiene la palabra la consejera del Poder Legislativo, senadora Marta Tamayo. -Representante del Poder Legislativo del PRI, Sen. Martha Tamayo: Gracias, Presidente. Para secundar la participación del representante de mi partido, en relación a las preocupaciones que tenemos respecto del acuerdo. Efectivamente celebramos la realización del acuerdo. Efectivamente compartimos con la presidencia. Hay allá una disposición legislativa, sobre todo de orden penal, que refiere una regulación detallada hacia la prohibición y tipificación de conductas realizadas por funcionarios, sean titulares o funcionarios menores. Y consideramos que es oportuno, que es pertinente que este Instituto realice este acuerdo. Sin embargo compartimos la preocupación en relación a la omisión del aspecto de horas hábiles. No es lo mismo días y horas hábiles. Puesto que habrá que analizar la naturaleza de la prohibición... Sigue 7ª. Parte


Inicia 8ª. Parte ... y que hay 2 millones promedios de mexicanos que se van hacia el Norte de nuestro país en busca de una oportunidad. Y esto, por lo pronto, se contradice en términos de absolutos, con la afirmación de que la pobreza en México se está acabando. Luego entonces, la intencionalidad en una campaña basada en este tipo de afirmaciones, no es cosa menor. Creo que 40 días para seguir escuchando mañana, tarde y noche y a cada minuto en la radio y en la televisión, este tipo de aseveraciones, forma parte del quehacer de este Instituto. Y quiero dejar, pues, constancia de esta preocupación de nuestra parte. Gracias. -El Consejero Electoral, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante el Partido Acción Nacional. -El Representante del PAN, Lic. Germán Martínez: Gracias, Consejero Presidente. Es un hecho incontrovertible que los actores políticos que impulsaron la transición a la democracia, demandaron del régimen autoritario una actitud de distancia frente a la contienda electoral. Le exigimos, por vías pacíficas, que devolviera al ciudadano la posibilidad de decidir mediante el voto su futuro. Fueron los tiempos del sistema político cerrado, no competitivo. La etapa del régimen que sofocaba la pluralidad social, a través de estructuras corporativas, enquistadas en un partido hegemónico. La época, en suma, de las libertades cercenadas por el presidencialismo omnipotente. Ese presidencialismo imperial es ya materia de la historia. No es circunstancia viva presente. En México, en el México del 2006 el Presidente ha dejado de ser dueño de la nación; el ciudadano ha recuperado y puede ejercer a plenitud, incluso, su derecho a la irreverencia frente al poder. La democracia le ha arrebatado al Presidente el dominio sobre la vida, la conciencia y la voz de las personas. Del mismo modo, la equidad en las contiendas electorales no es hoy una concesión altruista de ninguna esfera del poder. No es un gesto benevolente del régimen. El respeto al voto no se encuentra al arbitrio de los gobernantes en turno, sean municipales, estatales o federal.


El avance democrático se ha cimentado en un complejo tejidos de reglas, de instituciones que inducen a la equidad, que reprimen la manipulación del voto, que permiten el acceso efectivo de distintas opciones a la decisión política. El poder público no es ya propiedad de un partido o monopolio de unas siglas. En el contexto del presidencialismo todo poderoso, el silencio del gobierno tenía un propósito claro: Compensar la ausencia de libertad. En el régimen de libertades, por el contrario, la imposibilidad para un gobierno de defender, sea municipal, estatal o federal, de defender sus actos y decisiones; de alertar sobre los riesgos que observa en otras opciones políticas; de confrontar su proyecto, vacían al contenido, a la esencia de la democracia, de su razón de ser, de la libertad de expresión y del debate libre y genuino de las distintas políticas públicas. El juicio ciudadano se alimenta de los flujos de información que resultan del intercambio de razones, de la confrontación de argumentos, del examen de resultados, de la evidencia pública de errores y omisiones. En toda democracia la gestión del gobierno es y debe ser objeto ... Sigue 9ª. Parte


Inicia 9ª. Parte ...en toda democracia, la gestión del gobierno es y debe ser objeto de intercambios deliberativos, y los gobernantes no pueden ser acallados cuando su actuación se somete al escrutinio libre, cuando su desempeño, cuando su desempeño y prueba de ello la intervención de la senadora, cuando se desempeño es parte sustancial de la contienda. La neutralidad gubernamental, señoras consejeras y señores consejeros electorales, es una actitud política de confianza. Señoras consejeras y señores consejeros, es una actitud política de confianza, frente a la competencia por los votos, una actitud que se materializa cumpliendo a cabalidad la ley y nuestra ley no limita la palabra. La ausencia de disposición en la norma no es un vacío jurídico, no es una laguna que debe ser colmada. En el silencio del derecho habla, desde nuestro punto de vista, la libertad y bajo el amparo de la libertad debe desplegarse la dinámica democrática del diálogo público. Las democracias saludables, vigorosas, no son necesariamente aquellas en las que existe una regla para cada conducta; las democracias vigorosas son aquellas que están acompañadas por la participación ciudadana, no por el activismo de una burocracia. No es casual que los fascismos hicieran derecho, para hacer política. El exceso de regulación y de intervensionismo estatal termina por restringir los espacios de participación libre y espontánea de los ciudadanos y, a la postre, reduce la capacidad de influencia en las decisiones colectivas. Es cierto, la democracia se asienta en reglas e instituciones, pero es igualmente cierto que sólo puede expandirse, desarrollarse, en el libre juego de la autonomía individual y de las energías sociales. En democracia se hace política para producir derecho; se ejercita la libertad para definir sus límites y no a la inversa. Acción Nacional, con estas objeciones teóricas, con esta preocupación, acepta con desgano el documento que se somete a consideración, porque estamos convencidos de que cuidar la


democracia es responsabilidad de todos, porque en Acción Nacional creemos que la democracia se sostiene en la libertad y se alimenta del diálogo. En la democracia mexicana, según la interpretación más reciente del Tribunal Electoral, no se puede afirmar en público y calificar a Luis Echeverría como corrupto represor. En democracia mexicana, los ciudadanos que ejercen funciones gubernativas no tienen derecho a expresar sus preferencias y adhesiones, y tienen vedado justificar públicamente sus decisiones. No se puede criticar las debilidades de carácter o los argumentos de los adversarios; se debe aguantar estoico el embate de los oponentes. En democracia se debe poner la otra mejilla para el gobernante. En la democracia mexicana se ha dado carta de naturalización al derecho a criticar sin ser criticado. En la democracia mexicana un ciudadano que hace política debe detenerse a pensar dos veces antes de llamarle autoritario a Mario Marín. Con esta tendencia de poner un tapabocas, un bozal, pronto acabará nuestra democracia en la mudez. Ustedes son la autoridad, nosotros acatamos los actos de autoridad, no sin llamar la atención sobre la confianza en la que deben construirse estos documentos. Muchas gracias. Sigue 10ª. parte


Inicia 10ª. Parte ...-El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el representante de la Coalición Por el Bien de Todos. -El representante de la Coalición PBT, Dip. Horacio Duarte: Desgano ha tenido el país, el gobierno de este país durante cinco años y no podían llegar a aceptar un acuerdo del Consejo, más que con desgano, es el símbolo de este gobierno, es el símbolo de este partido. Buen intento de justificación doctrinal del proselitismo de Vicente Fox, el que hace nuestro compañero representante del Partido Acción Nacional. Sin embargo, creo que el tema, no es un tema de la doctrina, es un tema del uso faccioso de los instrumentos del poder público a favor de un proyecto, el del proyecto de seguir en el mismo camino, dice el Presidente Fox, y de construir un futuro mejor hacia enfrente. Es cierto, el poder no puede ser propiedad de un partido, menos los recursos públicos destinados al poder público, menos los recursos en radio, en televisión, puestos al servicio de una causa, de un proyecto. Eso es lo concreto, lo otro es lo teórico. Lo concreto es que en estos momentos desde el Poder Ejecutivo se utilice el recurso de los mexicanos para apoyar una causa, la causa de continuar en el mismo camino. Incluso hace meses todavía llegaron al absurdo, en México ya tenemos al gobierno de la republica, era el gobierno del Presidente Fox, y pasamos del gobierno institucional al gobierno personal del Presidente Fox. Y es cierto, como dice el representante del PAN, pudo terminar el presidencialismo imperial, pero llegó la pareja presidencial. Esa es la realidad, no la teoría que tenemos.


Por eso este acuerdo, que para nosotros es un paso muy importante que da el IFE, es un acuerdo que llega evidentemente no a callar la democracia, sino a nutrir el debate sobre la participación de los funcionarios públicos. Este es un método que se ha elegido entre los actores políticos. Evidentemente se tendrá que abrir la discusión sobre si es el mejor método. Pero frente a la realidad del no comportamiento correcto de los gobernantes, la autoridad tiene que frenar, tiene que parar. Nosotros creemos, en la Coalición Por el Bien de Todos, que el principio fundamental que debemos cuidar es la equidad, y la equidad debe cuidarse en toda la campaña. Creeremos que este acuerdo es un paso importante, aunque lo hubiéramos querido más grande el salto. Con este acuerdo se cubrirá, cuando se retiren los promocionales del Presidente, de los gobernadores, de los presidentes municipales. De acuerdo al punto cuarto del acuerdo primero, solamente abarcará el 27 por ciento de la campaña electoral. Nosotros hubiéramos querido más. 90 días hubieran sido, creo, suficientes para garantizar plenamente que los gobiernos no estén utilizando los recursos públicos ni para beneficiar a sus compañeros de partido, ni para beneficiar su imagen personal. También nos parece que, discutible todavía, como todos los acuerdos, la distinción entre días hábiles y no hábiles. Nos parece, lo digo de manera respetuosa, peligrosa el señalamiento que hace el Consejero Presidente en alguna entrevista, cuando dice el Presidente Fox puede ir los sábados y los domingos a los actos de su partido. Yo espero que no sea una invitación ni mucho menos una sugerencia. Y espero que tenga el ánimo de que prive la prudencia del otro lado. Nos parece que los gobernantes debieran abstenerse absolutamente de participar en actos públicos, giras, mítines o actos partidistas. Sigue 11ª. Parte


Inicia 12ª. Parte ... y representantes: El Instituto Federal tiene por mandato constitucional una responsabilidad muy clara, responsabilidad que además se intensifica en un régimen de intensa competencia democrática. La responsabilidad consiste sustancialmente en conducir el proceso electoral, en el que los ciudadanos sufragan para elegir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de toda la Federación. En esa responsabilidad de conducción tenemos un deber fundamental: El deber de cuidar los principios constitucionales que rigen la materia electoral y que son de aceptación universal. La libertad y la autenticidad y efectividad del sufragio, por un lado, y el desarrollo de elecciones pacíficas, en condiciones de igualdad. Para poder cuidar dichos principios, esta autoridad está facultada y en deber político de ponderar entre distintas situaciones los equilibrios necesarios para mantener el cuidado de los principios y de las instituciones en la circunstancia electoral. Es necesario ponderar y equilibrar entre principios, entre libertades, entre valores, entre circunstancias históricas y entre elementos de cultura política nacional. En ese sentido, el Instituto Federal Electoral debe actuar con prudencia, pero también con oportunidad, respecto de aquellas circunstancias que se consideren necesarias, para poder reforzar el buen desarrollo de la vida democrática del país y sobre todo conducir a buen término el proceso electoral federal de 2006, frente a la intensa competencia democrática y política. En ese sentido, en los últimos 10 años y particularmente desde que está en vigor el nuevo sistema político a partir del año 2000, ha quedado claro, a la luz de precedentes y a la luz de demandas tanto partidistas como ciudadanas, que una actitud de neutralidad por parte de los servidores públicos de alta investidura, es condición necesaria para mantener fortalecidos dichos principios, en una democracia naciente y en una democracia que comienza a experimentar apenas cambios y alternancias. En ese sentido, lejos de estar en silencio el derecho ha estado vivo, a partir de las resoluciones que el Tribunal Electoral ha establecido a lo largo de los últimos cinco años, en procesos electorales locales. Por ser circunstancia viva es conveniente proceder a aprobar el presente acuerdo. Existe en el mismo la responsabilidad de cuidar a las instituciones de Estado, y en ese sentido valorar algunas circunstancias específicas que han sido aquí planteadas, en la mesa, y que abordaría en lo posible de manera puntual. El primer asunto tiene que ver con el manejo de los días y horas hábiles para participar en eventos partidistas y de campaña, que organicen coaliciones, partidos y candidatos. Es cierto que este supuesto obedece a principios de uso de recursos públicos, pero también está respaldo por un segundo principio, el principio que protege al desarrollo


democrático de la posible inclinación indebida que se pueda realizar por la presencia y la manifestación de los servidores de alta investidura que, por precedentes del Tribunal, tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación, posibilidades de manejo de recursos y, muy importante, un liderazgo específico e institucional en la ... Sigue 13ª.


Inicia 13ª. Parte ...un liderazgo específico e institucional en la comunidad; en ese sentido, establecer días hábiles constituye, en términos circunstanciales, un avance importante. Queda, por supuesto, el régimen de libertades para los días que no los sean. Poner horas hábiles pudiera poner en riesgo este principio fundamental, porque como se ha dicho en esta mesa los mecanismos de petición de licencia o las participaciones diarias, no hubiesen podido ser adecuadamente limitadas; por lo tanto, en este tema existen dos espíritus que están respaldando este principio. Respecto de la limitación de la difusión de obra pública, propaganda gubernamental e imagen personal, esta autoridad electoral no propone una cláusula para alguno; tampoco ninguna para nadie. Es una regla común para todos y es una regla común la de los 40 días anteriores a la jornada electoral, que pondera libertades y principios que fueron consagrados en otras leyes, como el principio de la libertad que tienen los gobiernos para poder promoverse y para poder difundir incluso sus logros. Ese derecho tiene incluso respaldo presupuestal para el presente ejercicio fiscal. En virtud de la existencia de ese derecho, pero también por la necesidad de equilibrar y de consagrar los principios fundamentales de la vida democrática y electoral, se ha establecido un plazo que tiene una claridad respecto de la etapa de la elección, por tratarse de la última cuarta parte y, además, porque es la cifra más cercana a la posibilidad de rendición de cuentas del Gobierno Federal respecto del uso de los tiempos fiscales y de los tiempos promocionales, al mismo tiempo que se equilibra con derechos que se tienen, a nivel local, respecto de esta materia. En este sentido, cada una de las situaciones vaciadas en el acuerdo tiene sus razones, tiene sus precedentes y tiene sus equilibrios. Frente a ese equilibrio, la reflexión de este Consejo General condujo a la imposibilidad de establecer expresamente la abstención de realizar manifestaciones en contra de partidos políticos o candidatos.


En nuestro sistema político, al estar la reelección prohibida, pero al mismo tiempo al presentarse en campañas circunstancias en las que naturalmente los partidos que aspiran al gobierno atacan al mismo, es de elemental reciprocidad permitir que los gobiernos puedan defenderse de comentarios sobre políticas públicas que ellos hayan instrumentado o incluso de alusiones personales que pudiesen entrar en el terreno de la injuria o la calumnia. Sin embargo, esta autoridad electoral tendrá la responsabilidad de que a la luz de la lógica, la experiencia y la sana crítica, de observar aquellas conductas en donde haya pronunciamientos en contra, que alteren las condiciones del ejercicio efectivo del voto, porque se trata de proteger intereses públicos fundamentales, a la que todos los servidores públicos están obligados por la ley correspondiente. Muchas gracias. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Tiene la palabra, si no hubiese otra intervención para la primera ronda, le doy la palabra al representante del Partido Acción Nacional. -El Representante del PAN, Lic. Germán Martínez: Gracias, Consejero Presidente. Quiero decir que no me extraña la inconsistencia del PRD. Doce de mayo del 2000, en toda la prensa, la siguiente declaración de su flamante candidato, Andrés Manuel López Obrador: “Nunca recomendaría a Rosario Robles... Sigue 14ª. parte


Inicia 14ª. Parte ...nunca recomendaría a Rosario Robles ¿ya no la conocen? Nunca recomendaría a Rosario Robles suspender la publicidad del gobierno porque, querido Horacio, porque la publicidad en el gobierno informa a la ciudadanía respecto a las acciones de cada administración. 12 de mayo del 2000. En la prensa nacional. Pero la verdad las inconsistencias en el PRD a mí no me extrañan. Voy a un asunto teórico, aunque la teoría también no le gusta al PRD, es comprensible que las ideas no le gusten al PRD. Sobre una afirmación del consejero Virgilio Andrade, que es el punto de este acuerdo. El punto teórico en el que se sustenta este acuerdo. Usted afirma, consejero Andrade, que el derecho no está en silencio, yo no afirmé eso. Yo dije que hay de silencios en el derecho, y que nosotros asumimos como libertad para los partidos, como libertad para los ciudadanos. Ustedes los han colmado, esos silencios del derecho. Yo reconozco que en nuestra democracia naciente es necesario una serie de reglas, pero precisamente que no vulneren la libertad del ciudadano para informarse, que no anule la confrontación de ideas, de teorías, de propuestas, de políticas públicas de someter a los gobiernos al examen y al escrutinio de sus actos por los ciudadanos en una campaña. Para el PAN, que durante más de medio siglo fue sólo testimonio en las campañas. Las campañas siguen siendo una pedagogía de la virtud cívica, y queremos que no lo dejen de ser atadas por un exceso de norma. Ese es el tema, ese es el fondo de mi teoría, aunque quienes sólo tienen agravios y rencores no las entiendan. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Marco Gómez. -El Consejero Electoral, Lic. Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Buenas tardes.


Simplemente para compartir las razones por las cuales yo apoyo el presente proyecto de acuerdo. El presente acuerdo pretende compilar disposiciones en materia de servidores públicos frente a las necesidades electorales, y con el fin constitucional de garantizar la autenticidad del sufragio. En esta compilación y para efectos de hacer valer cada una de las disposiciones contenidas en el acuerdo, el IFE actuará, en su momento, y dependiendo el caso como autoridad responsable o actuará como parte en la denuncia y en la vista de ciertas infracciones que se susciten. Respecto al tema de libertad de expresión vale la pena hacer una aclaración en este punto. El IFE no pretende acabar con la libertad de expresión, sí acotarla en función de otros ordenamientos que así lo establecen como el artículo 108 de la Constitución, y como el Artículo 47 del la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que exige a todo servidor el actuar de forma imparcial. La libertad de expresión tiene limitantes, una de esas limitantes es el orden público, y esta es una disposición por la naturaleza electoral, de orden público. No pretendemos tampoco terminar con lo que es la difusión de obra. La difusión de obra está permitida en el decreto de Presupuesto de Egresos, y está perfectamente regulada en el artículo 32. El número y la posibilidad de difusión de obra pública está autorizado por este instrumento. Lo que sí pretendemos es que esa difusión de obra pública no contenga matices electorales, político-electorales y de ahí la necesidad de establecerlo en los términos del acuerdo y consistentes también con la posibilidad que autoriza la realización de obra pública. Días y horas hábiles. Este acuerdo está enfocado principalmente a los servidores públicos. Los servidores públicos militan en... Sigue 15ª. Parte


Inicia 16ª. Parte ... El Consejo General tuvo que hacer un acuerdo que, por fortuna, hoy vemos superado en mucho, pero con una taxativa hacia el Presidente implícita en la instrucción al entonces Secretario del Ejecutivo, para que en caso de incumplimiento del acuerdo se promoviera una controversia constitucional. Medida extrema a la que tuvo que llegar el Instituto, para que en el 2003 Vicente Fox dejara de publicitar a su partido de manera ya no tan velada. También habría que tener memoria de lo que el propio Presidente Fox, entonces candidato, señalaba de la conducta de Zedillo. Efectivamente, hay partidos, hay aspirantes, hay declaraciones, siempre en torno a este medular asunto de la sobreexplotación de los medios de comunicación, así sea en defensa de una supuesta libertad de publicitar la obra. Creo que el acuerdo en ese sentido avance y es positivo, pero se ha quedado trunco. Al Presidente Fox le debimos de haber quitado ya ese exceso de publicidad. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de la Alianza por México. -Representante de la Coalición AM, Lic. Felipe Solís Acero: Gracias, señor Consejero Presidente. A propósito de inconsistencias y de incongruencias, proceso electoral federal del año 2000: El candidato Vicente Fox Quesada, candidato, entre otros partidos, del PAN a la Presidencia de la República, le solicita expresamente al entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, el retiro de la publicidad de la obra gubernamental. Hoy el Partido Acción Nacional en esta mesa acepta con desgano un planteamiento que viene de la autoridad electoral, exactamente en los términos que solicitó en el año 2000 quien es hoy Presidente de la República, a propósito de inconsistencias e incongruencias. Yo creo que tiene razón el Consejero Gómez Alcántar, no se trata de limitar la publicidad de la obra gubernamental, no es ese el propósito central, así lo leo del acuerdo que está planteando en la mesa. De lo que se trata es de evitar en la publicidad gubernamental el sesgo electoral. Ese es el punto. El tema central que hoy nos ocupa en esta sesión es ése: Que se utilicen recursos gubernamentales, porque se pagan spots o se usan tiempos que corresponden al Estado, que también son recursos federales, recursos presupuéstales, para con el presunto interés u objetivo de publicitar la obra gubernamental, lo cual es aceptable en cualquier democracia, se termine por utilizar, a ojos vistos, una publicidad gubernamental para censurar a los adversarios políticos, para atajarlos y para solicitar, casi abiertamente, no tan veladamente, el voto y el favor de los comicios, por parte de los electores, en favor del candidato del partido en el que milita el Presidente de la República. Ese es el punto central y creo que el Consejo Gómez Alcántar lo ha puesto con toda precisión, yo lo celebro.


Porque pareciera que hay aquí una actitud de plantear, por parte del partido en el gobierno, que existe el propósito de la autoridad electoral de limitar el derecho del Ejecutivo a difundir la obra gubernamental y no es ese el caso. Me parece, por tanto, que debemos precisar los alcances del acuerdo, para que quede claro el sentido de lo que hoy aquí aprobará la autoridad electoral. Uso el resto del tiempo para dos reflexiones adicionales. La primera, nosotros insistimos en la necesidad, no sólo conveniencia de regular las expresiones en contra. Llamo la atención respetuosamente a las señoras y señores consejeros electorales, en cuyas manos está la aprobación del acuerdo, en el sentido de que si no se regula vamos a provocar una tierra baja, en la que las expresiones y el lenguaje en contra de los funcionarios públicos en contra de candidatos y de partidos y coaliciones, deteriore el lenguaje y el debate político en las campañas electorales. Estoy absolutamente seguro que el Instituto Federal Electoral ... Sigue 17ª. Parte


Inicia 17ª. Parte ...el lenguaje y el debate político en las campañas electorales. Estoy absolutamente seguro que el Instituto Federal Electoral no alienta ese propósito, pero me parece que la omisión reglamentaria puede provocar un espacio no normado en el que los dimes y diretes entre los ejecutivos Federal y locales, y los candidatos y los partidos que los postulan, deterioren el debate político, en detrimento de la participación electoral. Ayer lo señalaba Luis Maldonado en Querétaro, en una nota que leí hoy, advirtiendo precisamente que el deterioro del debate político puede provocar elevar los niveles de abstencionismo. Y me sumo a lo que ha señalado ya la representante por el PRI del Poder Legislativo, en el sentido de la necesidad de regular la diferencia entre días hábiles y también las horas hábiles; la misma razón que animó, estoy seguro, a los consejeros electorales, para diferenciar entre días y horas hábiles, es la misma razón que debe sustentar la diferencia entre horas hábiles, en relación con los mismos días hábiles. Es indispensable que quede regulado, para facilitar la participación y la claridad del acuerdo. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Tiene la palabra el representante de la Coalición Por el Bien de Todos. -El Representante de la Coalición PBT, Dip. Horacio Duarte: Gracias, Consejero Presidente. La limitación a los funcionarios públicos no es solamente o no ha sido solamente una ocurrencia de este Consejo General. Creo que vale la pena revisar cómo ha sido el órgano jurisdiccional el que ha dado saltos mayores, avances mucho más importantes en diversos momentos; sólo cito dos casos, el JRC-196/2001 y el 221/2003; uno de Ciudad Juárez y uno de Colima, como todos sabemos. Y en aquel momento, el Partido Acción Nacional expresó agravios que la sala consideró fundados y generó esta tesis, respecto a la prohibición para que los gobernantes hicieran manifestaciones y no


violentaba en ningún momento el derecho de los gobernantes, no se violentaba su libertad de expresión. Por eso, nosotros creemos que sí la autoridad electoral tiene que ir colmando los espacios que el legislador ha dejado, porque esos espacios, a diferencia de lo que se dice en esta mesa, no son libertades para los partidos, porque este acuerdo que discutimos, el de hoy, no limita a los partidos, limita a los gobernantes. Estamos de acuerdo que hay ciertas libertades a los partidos políticos, derivado de la falta de la norma, pero no nos equivoquemos; en este momento estamos limitando a los gobernantes, que de manera indirecta tiene una repercusión en su calidad de militantes de los partidos políticos. Por eso creo que el acuerdo tiene que ser lo claro, lo expreso y lo congruente, para que tenga lógica y para que tenga aplicabilidad. Nosotros seguimos creyendo que debe extenderse a los funcionarios dependientes de los titulares de los poderes ejecutivos y no sólo al titular en sí mismo, porque insisto, ahí están los números, en el caso del Gobierno Federal, de cuántos recursos disponen unos, de cuántos recursos disponen otros. Creo firmemente que no puede diferenciarse el día hábil, mucho menos las horas hábiles, porque entonces en algunas regiones del país, donde todos sabemos se hacen los actos por las noches, por el calor, pues vamos a tener funcionarios, por las condiciones climatológicas, con ningún problema para asistir a estos eventos. Por eso creo que debiera valorarse por los consejeros y consejeras, modificar estas dos partes. Seguiremos insistiendo que los funcionarios públicos sujetos de este acuerdo no pueden... Sigue 18ª. parte


Inicia 18ª. Parte ...iremos insistiendo que los funcionarios públicos sujetos de este acuerdo no pueden estar permanentemente descalificando, fustigando a las opciones políticas. Coincido con el representante del PAN, no debe cancelarse el debate democrático, sería ir en contra de la propia democracia. Pero el debate democrático lo tienen que dar los partidos y los candidatos en estos momentos, no los funcionarios, no los funcionarios. Y finalmente decir que en esta confrontación de ideas lo que debe privar es, como se ha dicho, el respeto, y debe privilegiarse en todo momento que esta discusión sea en el marco de la norma. En el caso de la coalición no haremos más que escuchar lo que es una cantaleta del candidato del Partido Acción Nacional, respecto a calificativos que busca, dice no calificar, pero califica. Y ojalá, si hay difusión de ideas, se revise un spot, que tiene muchas ideas. Un pitido: pi, valor y pasión por México. Esas son las ideas. Esa es la transmisión de las ideas a que alude o al que nos invita un representante. Esperemos que también en eso haya congruencia. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Para la tercera ronda tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional. -El Representante de PAN, Lic. Germán Martínez: Señores representantes del PRI, de verdad que no les conviene hurgar en el pasado. Pero vamos a hablar de presente, de congruencia en el ejercicio del gobierno hoy vienen aquí a pedir 60 días, vienen aquí a decir que son pocos 30, que son pocos 40. Aunque la ley lo diga en el Estado de México, sería bueno un ejemplo de Enrique Peña Nieto, de cómo hay que suspender los spots con los argumentos que ustedes dan en esta mesa, aunque sea con desgano. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias.


Pues yo quisiera, antes de pasar a la votación, primero reconocer que todos los partidos políticos que han hecho uso de la palabra se han manifestado a favor del acuerdo que hoy se somete a la votación. Para el Instituto Federal Electoral contar con el apoyo explícito de los partidos políticos es la mejor manera como se garantizará la eficacia y la observancia de este acuerdo. Quiero también decir que el IFE parte del supuesto de la convicción democrática de los partidos políticos, así como de los gobernadores del país y del Presidente de la República, quienes han expresado en múltiples ocasiones su disposición a contribuir con su actuación a un clima de equidad y plena libertad del sufragio. Por ello, y a pesar de que el IFE cuenta con instrumentos legales para ser aplicable este acuerdo, me parece que el mejor signo, de cara a la sociedad es que haya una adhesión política y pública por parte de los titulares de los ejecutivos de todo el país, con el espíritu y las disposiciones de este acuerdo. El IFE hace que llamado a que esta decisión política y pública sea a favor de los votantes, y para que pueda haber un diálogo directo entre los candidatos y los electores. También hacemos un llamado a los partidos políticos, para que puedan difundir los alcances de este acuerdo, y solicitar a sus militantes distinguidos, es decir los titulares de los ejecutivos de todo el país, para que se sumen al cumplimiento de este acuerdo. Quiero decir que es muy importante que bajo ninguna circunstancia el IFE pretende cancelar el debate. Lo que pretendemos es ciertamente evitar los sesgos y las interpretaciones electorales. Me parece que los gobiernos mantendrán su derecho a difundir la obra de su gobierno, no solamente porque la ley lo permite, sino porque tienen recursos presupuestales aprobados por los poderes legislativos.


Así es que los gobiernos podrán hacer esa difusión de gobierno, y el IFE solicita que se evite cualquier reflexión adicional con respecto a eventos de carácter electoral. Y en ese sentido, así como estamos siendo muy estrictos en solicitar la observancia de esto, también tendremos que ser muy responsables para que los gobiernos puedan seguir, en el marco de la ley, fomentando y aprobando su obra de gobierno. Sigue 19ª. Parte


Inicia 11ª. Parte …de participar en actos públicos, giras, mítines o actos partidistas absolutamente. No comparto esta visión de días hábiles, días inhábiles, aunque sabemos que todos los que somos funcionarios públicos tenemos derecho a un día de descanso; sin embargo, aún en nuestro descanso mantenemos nuestro cargo público. También coincido con lo que ya se ha señalado por algún representante, debiera o el acuerdo debió buscar garantizar las expresiones del poder público hacia los candidatos. Es decir, cuando se habla en contra. Hemos visto como permanentemente se señalan, que no por aquí porque calificativo, no por allá porque calificativo y no más allá por calificativo. Creo que si se está garantizando que la equidad sea un mecanismo en donde los partidos, sus candidatos participen, creo que también debiera garantizarse esa parte, que no hubiera ataques de los funcionarios públicos hacia los candidatos. Y finalmente, advierto en el punto primero del acuerdo que es un paso trascendental poner al Presidente de la República, los gobernadores, Jefe de Gobierno, presidentes, jefes delegacionales; sin embargo fue un debate previo en las semanas anteriores si éste cubría a los secretarios de estado, por ejemplo. Porque tenemos en algunos casos en donde el mayor recurso presupuestal para las promociones institucionales no está directamente en el Poder Ejecutivo, sino está distribuido en las secretarías. Ustedes vieron como en diciembre el Presidente de la República salía a dar mensajes y al final la firma, la rúbrica institucional ya no era de la Presidencia de la República, era de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones o de otras secretarías; porque por lo menos en el presupuesto federal de este año el mayor volumen de


recursos para comunicación social del Gobierno Federal está distribuido en las secretarías, ya no concentrado en la Presidencia de la República. Entonces nos parece una omisión el que no se contemple como sujetos del acuerdo a los funcionarios que dependen de los titulares del Poder Ejecutivo, porque entiendo el objeto es garantizar que el Poder Ejecutivo, no sólo el titular del Poder Ejecutivo, sino el Poder Ejecutivo con todas sus ramas, con todas sus secretarías garantice, aporte para esta parte, para este proyecto. Y finalmente, me parece que el IFE, aunque se encuentre implícito, creo que valdría la pena que quedara explícito que el IFE seguirá teniendo los dos instrumentos fundamentales para hacer cumplir el acuerdo, los dos instrumentos legales. Tiene uno de carácter ético político: que todos los funcionarios públicos se alineen a este acuerdo y que manifiesten en los próximos días su adición. Eso será lo mejor que le pueda pasar al país. Pero si no sucediera así, pues el IFE tendrá, como instrumentos jurídicos, las denuncias penales y tendrá pues también la integración oficiosa de expedientes en materia de regularidades administrativas. Me parece que eso debe estar claro, que el IFE no abdica de su responsabilidad de usar sus instrumentos jurídicos, y espero que los instrumentos políticos, como se ha dicho, sean los que funcionen como lo establece el punto cuarto del acuerdo. El instrumento político del diálogo para garantizar que este acuerdo llegue a buen puerto, que aún con las limitaciones que algunos vemos pueda ser un instrumento que garantice a los partidos un mecanismo y a la sociedad un mecanismo de equidad. Por eso en este sentido hacemos las consideraciones las observaciones que nos parecen pertinentes respecto al alcance de este acuerdo, que si bien importante pudo haber sido mayor el salto para garantizar la equidad en esta contienda electoral.


-El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Consejero Virgilio Andrade. -El Consejero Electoral, Mtro. Virgilio Andrade: Gracias, señor Presidente. Señores consejeros y representantes: El Instituto Federal Electoral… Sigue 12ª. Parte


Inicia 15ª. Parte …públicos. Los servidores públicos militan en partidos políticos, la lógica es que todo servidor público tiene que privilegiar su función pública, su militancia y en esa lógica podrá realizar una militancia pasiva que significa los fines de semana y, en plena concordancia con la fracción séptima del mismo acuerdo. Es decir, la fracción tercera tiene que ser leída, o segunda, perdón, tiene que ser leída junto con la fracción tercera que implicaría al servidor público una militancia pasiva. Nosotros no podemos prohibir, y esa es mi lógica, prohibir el derecho de militancia de un servidor público, inclusive los fines de semana, porque entonces sí estaríamos ante una posible violación de los derechos políticos electorales de un servidor público al tener derecho de ser militante y de participar, sí, pero de forma pasiva. No limitar tampoco las críticas o las manifestaciones en contra, no lo hacemos porque desde mi perspectiva, y así lo entiendo yo, implicaría vulnerar el derecho de réplica ante las críticas y vulnerar entonces sí el debate público sobre hechos concretos. Muchas gracias. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Pues antes de pedir al Secretario que tome la votación. Tiene la palabra la Consejera Legislativa, la senadora Tamayo. -La Consejera del Poder Legislativo, Sen. Martha Sofía Tamayo: Gracias, Presidente. Comparto parcialmente la opinión del Consejero que me antecedió, en relación a lo aseverado aquí respecto de cuál de los elementos que deben de considerarse para este tipo de prohibiciones es el que se está tomando en el acuerdo. Si se hubiera tomado, como dice el Consejero Virgilio, el criterio de la indebida presencia de funcionarios públicos por el liderazgo que


ejercen en la comunidad, pues entonces es más fácil irse por la prohibición absoluta en días hábiles o inhábiles. Pero si se está yendo hacia el criterio de días hábiles, perdónenme, sigo sin entender cómo sábados y domingos pueden hacer la diferencia contra los miércoles o los martes o los lunes en la noche. Simplemente no entiendo la congruencia del criterio. Ahora, en relación a lo aseverado en esta mesa con respecto a la democracia y la libertad, creo que está demostrado que éstos son conceptos que no tienen cuño, aunque el Presidente Fox y su partido hayan pretendido apropiárselos, son valores universales que se han venido construyendo por la humanidad y que en nuestro país lleva un proceso de muchos años su construcción y la contribución al fortalecimiento de dichos valores es de ciudadanos de todos los perfiles y de diversos partidos políticos, incluso de ciudadanos que no militan en partido político alguno. Aquí se habla de un discurso alejado de los hechos en defensa del valor de la libertad, en defensa del ejercicio de la libertad, pero pues la definición precisamente de los límites de este valor enfrenta el problema de cuando es ejercicio de la libertad violenta el derecho de los demás. Y en los hechos, más que en los conceptos, los spot del Presidente no se fundan en las ideas libertarias, en idea libertaria alguna, se nutren en la aspiración del Presidente de que a fuerza de repetición excesiva de sus inexactitudes, tal y como pasa con las campañas mercadológicas de consumo de determinados productos: “toma Coca Cola, toma Coca Cola”. El público consumidor termine por creerle y por aceptar como verdades sus aseveraciones temerarias. Esto es un hecho y es un hecho que va por encima de cualquier declaración y de defensa de las libertades y en Vicente Fox ya tampoco nos debe de extrañar. En el 2003, 25 de junio del 2003 el Consejo General tuvo que hacer un acuerdo que por fortuna hoy vemos superado… Sigue 16ª. Parte


Inicia 19ª. Parte …y aprobando su obra de gobierno. Por lo tanto los votantes seguirán teniendo el derecho de saber las propuestas de los candidatos y los logros de los gobiernos, pero el IFE sí hace un llamado a la responsabilidad y, sobre todo, cuando haya alguna duda de alguna posible interpretación, creo que los gobernantes están primero obligados a contribuir más que a saber cuáles son sus derechos y por lo tanto cuando haya duda hacemos un llamado a la prudencia y a la abstinencia de acciones que pudiesen contribuir a un clima inequitativo. Muchas gracias. Y, le pediría al Secretario Ejecutivo tomara la votación. El Representante de la Coalición por el… -El Representante de la Coalición AM. Lic. Felipe Solís Acero: En términos del numeral tres del Artículo 22 del reglamento, le rogaría atentamente si pudiera solicitar la votación en lo general y en lo particular. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Por supuesto. Le pido tomar la votación en los términos planteados por el Representante de la Alianza por México. -El Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señoras y señores Consejeros Electoral, se someterá a votación, primero en lo general y, posteriormente en lo particular el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006.


En primer lugar, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo por nueve votos a favor. A continuación sea somete a su consideración la propuesta de modificaciones a los incisos tres y siete del punto primero del acuerdo en los términos propuestos por la Consejera Electoral Alejandra Latapí. Los que estén por la afirma sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba la propuesta de modificación presentada por la Consejera Latapí por nueve votos a favor. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señor Secretario, le sirvo proceder a lo conducente para publicar el acuerdo aprobado en el Diario de la Federación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.

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Inicia 7ª. Parte …y horas hábiles, puesto que la, habrá que analizar la naturaleza de la prohibición, de dónde se nutre. Consideramos que la prohibición está motivada en que en el desvió de los recursos oficiales devenientes del pago de la retribución del tiempo de los servidores públicos. No pudiera ser otra la motivación o la razón de referirse a días hábiles. El tiempo de los servidores públicos por el que se les paga no puede ser desviado para otro efecto y, mucho menos, si éste es de tipo electoral. Los recursos públicos están presentes ahí y entonces queda fuera de esa prohibición los días y las horas inhábiles, porque en ellos no se presenta desvío alguno de recurso público. Creo que la violación se surte en este supuesto y desde luego en la inequidad que para el proceso pudiera representar el aprovechamiento de recursos públicos vía el tiempo de los servidores en favor de una causa partidista. En ese mismo razonamiento se encuentra la hipótesis de la licencia solicitada por funcionarios públicos para acudir a algún evento partidista, puesto que la solicitud de licencia acompañada de la solicitud de descuento de los emolumentos es lícita, es factible, es una práctica que ya funcionario deveniente de diversos partidos políticos realiza y es acorde con el espíritu que nutre la prohibición, no utilizar recursos públicos en favor de campaña alguna. No hacerlo así pudiera entonces contradecir la posibilidad jurídica de que se realice una solicitud de licencia de parte de un servidor público y no veo cómo la autoridad electoral pudiera contradecir esta factibilidad. Con relación a la duración del acuerdo, el plazo señalado en este acuerdo en diversas fracciones de antelación a la realización de las jornada, nos parece que 40 días son insuficientes y son insuficientes debido a la práctica en que estamos viviendo hoy en día en México.


Al Presidente Fox, los mexicanos lo vemos y lo escuchamos ahora hasta en la sopa. Creo que con este activismo en medios de comunicación de parte del Presidente Fox, definitivamente en favor de las causas de su partido con aseveraciones muy concretas que se vinculan a las expresiones del propio candidato en relación a tiempos de pasado y de futuro, por hablar de una sola expresión, tienen que ver con violación, como ya se apuntó aquí, de disposición presupuestales que se encuentran vigentes. Pero también tienen que ver con otro tipo de cuestiones que me parece que son parte de la materia que debe de vigilar este Instituto y que es la manipulación e inexactitud de afirmaciones con el ánimo de recabar simpatías en favor de la causa del partido del propio Presidente. Recientemente, el día jueves, presentábamos en el Senado de la República un punto de acuerdo pidiéndole al Presidente se abstuviera de manifestaciones de esta naturaleza. Porque, por hablar de un ejemplo, él señala que ya no hay pobreza y eso se contradice en términos absolutos con el nulo crecimiento económico, con la nula generación de empleos. Afirmación del Presidente que a su vez se contradice con otra afirmación de él cuando dice que le preocupa quedarse sin la pensión como Presidente de la República porque dice él que en estos tiempos está “cañón quedarse sin trabajo”. Si el Presidente teme quedarse sin trabajo es porque desde luego está corroborando que hay seis millones de empleos que no se generaron en este país en los últimos años y que hay dos millones promedio de mexicanos que se van a la… Sigue 8ª. parte


México, D.F., 19 de febrero de 2006.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EFECTUADA HOY EN EL SALÓN DE CONSEJO DEL IFE.

-Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muy buenos días. Les ruego tomar su lugar, para dar inicio a la sesión de hoy. Señoras y señores Consejeros y Representantes, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para este día, por lo que le pido al Secretario verifique si hay quórum legal. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señor Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 19 Consejeros y Representantes, por lo que existe quórum legal para su realización. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido a la Secretaría continuar con la sesión. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señor Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido formular la consulta que propone. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señoras y señores Consejeros, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobada, señor Presidente. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido continuar con la sesión. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: El siguiente asunto se refiere al orden del día.

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-Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señoras y señores, está a su consideración el orden del día. Le pido consulte en votación económica si se aprueba el orden del día. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido dé cuenta del primer punto del orden del día. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señor Presidente, señoras y señores Consejeros y Representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficios recibidos el 12 de septiembre de 2005 y 13 de febrero de 2006, suscritos por la licenciada Marina Arvizu y por el órgano de gobierno de la coalición Alianza por México y Alianza Social y Campesina, se acredita a los licenciados Rafael Piñeiro López y Felipe Solís Acero, como representantes suplente y propietario de estos institutos. Es el caso que estando presentes, procede tomarles la protesta, por lo que ruego a ustedes ponerse de pie. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Licenciado Rafael Piñeiro y licenciado Felipe Solís Acero, representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Voces a coro: ¡Sí, protesto! -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Estoy convencido de que pondrán ustedes todo su empeño y capacidad, con el propósito de que los trabajos de este Consejo General se realicen conforme a los principios de legalidad e imparcialidad que exige el avance de nuestra democracia. Bienvenidos. Le pido dar cuenta del primer punto del orden del día.

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-Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: El primer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2006. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señoras y señores Consejeros y Representantes, está a su consideración el proyecto de acta. Le pido tomar la votación correspondiente. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba el acta mencionada por nueve votos a favor. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Le pido al Secretario del Consejo continuar con el siguiente asunto del orden del día. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: El siguiente punto del orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad, para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el Proceso Electoral Federal 2006. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señoras y señores Consejeros y Representantes: El día de hoy, el Instituto Federal Electoral emite, por primera vez en su historia, reglas de neutralidad política que deberán ser atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales. El acuerdo que hoy se somete a la consideración de este Consejo General refuerza el marco legal existente y constituye una de las acciones regulatorias que el IFE tomará para asegurar que el próximo 2 de julio los mexicanos estén en posibilidades de emitir su voto en un contexto de máxima libertad. Se trata de una medida pensada para fortalecer la libertad de los mexicanos para ejercer su voto. Ha llegado la hora de generar las condiciones para que los electores ejerzan su voto con plena libertad. Para poner en contexto la naturaleza y alcance de este acuerdo, es necesario señalar que, en primer lugar, ya existe un marco legal que señala con detalle cuáles son las responsabilidades a las que debe apegarse la actuación de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales.

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El artículo 49 de la Ley Electoral establece que ninguna instancia de los gobiernos federal estatales o municipales puede realizar aportaciones o donaciones a los partidos en dinero o en especie. Por su parte, el artículo 407 del Código Penal Federal establece que los funcionarios públicos tienen prohibido: uno, obligar a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato. Dos, condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor de un partido o candidato. Tres, destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios al apoyo de un partido o candidato. Y cuatro, proporcionar apoyo o prestar algún servicio no permitido por la ley a partidos o candidatos. Esto ya es una obligación legal en el Código Penal. La autoridad responsable de aplicar e investigar este tipo de delitos electorales es la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones legales, los partidos políticos siguen manifestando su preocupación sobre la posible influencia de los ejecutivos de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales, particularmente en cuanto a los posibles efectos de sus mensajes y de la promoción de sus obras de gobierno a lo largo del país. El IFE siempre ha sido sensible a esta demanda, desde la primera elección presidencial organizada por el Instituto en 1994, se ha buscado que los servidores públicos de todos los gobiernos contribuyan mediante su neutralidad política a fortalecer la libertad del voto ciudadano y a permitir que el diálogo entre votantes y candidatos se desarrolle de manera directa y equitativa. Tanto en las elecciones presidenciales de 1994 y 2000, como en las intermedias del 97 y 2003, el IFE hizo llamados a todos los titulares de gobierno para que suspendieran la difusión de las obras y programas de sus administraciones. El plazo máximo de suspensión de promoción gubernamental que el IFE había solicitado en esos llamados había sido de 30 días antes de la jornada electoral. Las solicitudes por parte del IFE a las autoridades ejecutivas para esa suspensión se dieron por la vía del exhorto, es decir, por un medio estrictamente político, que llamaba a los titulares de los gobiernos a su autorregulación. Hoy el proyecto de acuerdo que está a consideración de este Consejo, constituye una herramienta legal para que la neutralidad electoral de los servidores públicos 4


del país contribuya de manera más efectiva a fortalecer la libertad y la efectividad del sufragio. A diferencia del pasado, el acuerdo que hoy se propone establece dos tipos de reglas de neutralidad, las del género legal y las de carácter político. En primer lugar se hace hincapié en restricciones que ya están contempladas en la legislación vigente, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades competentes. El acuerdo incorpora nuevas disposiciones sustentadas en resoluciones jurisdiccionales, cuyo incumplimiento es sancionable por el IFE. El acuerdo incluye también algunas disposiciones basadas en la existencia de una responsabilidad política, compartida por todos los actores involucrados en el proceso electoral. Específicamente el acuerdo señala que los servidores públicos deberán abstenerse de emitir expresiones de apoyo o propaganda a favor de partidos políticos o candidatos. Dos, asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin acto partidista o de campaña. Tres, realizar cualquier acción o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto. Cuatro, realizar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programa de obra pública o de desarrollo social. Cinco, efectuar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público. Seis, efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos o candidatos. Siete, entregar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa de voto. Con la aprobación de este acuerdo la publicidad contratada por los distintos gobiernos, en los que se haga referencia a favor de partido político o candidato, queda prohibida. Sin embargo, la publicidad de los gobiernos en la que no exista referencia alguna a partidos o candidatos está permitida hasta 40 días naturales antes de la elección.

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De presentarse violaciones a estas nuevas disposiciones, el acuerdo prevé la posibilidad de que el IFE sancione a los partidos políticos que se vean favorecidos por la conducta o actos de servidores públicos. Para ello, el IFE podría considerar la figura del partido garante, la cual se basa en el precepto legal de que los partidos son responsables de que la conducta de sus militantes se apegue a la legalidad y a los principios del estado democrático. Si fuera el caso, dichas sanciones serían aplicadas con oportunidad y firmeza. Señoras y señores, el IFE emite hoy un acuerdo de neutralidad de servidores públicos con base en la convicción democrática que ya han expresado tanto el Presidente de la República como los gobernadores del país para contribuir con su actuación a la celebración de un proceso electoral equitativo y legal. En los últimos meses ya se han dado signos claros de que esta convicción tiene bases firmes. El Gobierno Federal, por ejemplo, ha dado pasos para que los programas sociales de la actual administración no sean utilizados con fines partidistas y, la Secretaría de Desarrollo Social ha desplegado acciones para evitar esto a través de un programa con las Naciones Unidas. La propia Presidencia de la República ha manifestado signos importantes a favor de la buena marcha del proceso electoral al haber aceptado suspender la difusión de sus programas durante la llamada tregua electoral y haber afirmado que estaría dispuesta a modificar la promoción de logros gubernamentales si el IFE así lo solicitará. Asimismo, los gobernadores del país han asumido ya compromisos claros con la neutralidad política. El pasado 14 de noviembre la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO se comprometió a coadyuvar en la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral federal. Quiero hacer un reconocimiento a todos los gobernadores del país que han expresado de manera sistemática su apoyo al IFE para mantener un clima de equidad. Por lo anterior, estamos seguros de que los servidores públicos del país colaborarán con las instituciones electorales de manera activa para cumplir con los criterios de neutralidad que hoy se aprobarán. Confiamos en la prudencia y en la responsabilidad de los servidores públicos, objeto de este acuerdo, para que la imagen y el contenido de la publicidad de sus gobiernos se apegue a estas nuevas necesidades.

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Llegó la hora de los electores. Con el presente acuerdo el IFE busca generar condiciones que refuercen el ejercicio libre y efectivo del voto de todos los mexicanos en condiciones de equidad. Para ello, es indispensable que el diálogo entre los electores y los candidatos se desarrolle de manera directa y abierta, sin que medie influencia o presión al elector y sin ventajas indebidas para ningún candidato. Quiero reiterar que esta es la medida más clara que ha adoptado el Instituto Federal Electoral a lo largo de su historia para contribuir a la neutralidad de los servidores públicos en el proceso electoral. Con este acuerdo, reducimos un área de conflictividad entre las fuerzas políticas y los gobiernos de todos los niveles y signos partidistas que ayudamos a que el reflector del debate se oriente hacia los electores. En el IFE estamos convencidos de que los ciudadanos son el eje central del proceso electoral, es la voz de los votantes y las propuestas de los candidatos lo que debe prevalecer en la contienda política. Es, reitero, la hora de los electores. Queda entonces a su consideración este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra la Consejera Alejandra Latapí. -Consejera Electoral, Lic. Luisa Alejandra Latapí: Gracias, Consejero Presidente. Muy buenos días, señoras y señores integrantes de este Consejo General. En relación con el proyecto de acuerdo por el cual se emiten reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006, quiero hacer las siguientes puntualizaciones. En el proyecto se subraya la preexistencia de un principio de neutralidad electoral para los servidores públicos en el diseño constitucional y legal de las instituciones y procedimientos de la democracia representativa mexicana, así como de los instrumentos que aseguran la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas a través del sufragio universal libre, secreto y directo. Entre los instrumentos jurídicos que articulan el principio de neutralidad electoral están las reglas de la contienda electoral, especialmente de las campañas electorales, la regulación jurídica del financiamiento de los partidos políticos, las conductas que constituyen delitos e infracciones administrativas en la materia, el régimen de nulidades electorales y las conductas que pueden redundar en perjuicio de los interés públicos y fundamentales y de su buen despacho. 7


El Consejo General, a través de su proyecto se dirige a colmar dos finalidades fundamentales. Una institucional, que coincide con las atribuciones de los distintos órganos del Instituto Federal Electoral, orientadas a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como a velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. La otra de carácter instrumental, por la que se pretende dar certeza sobre el contenido de las obligaciones y prohibiciones que están a cargo de los ciudadanos, los partidos políticos, las coaliciones, sus dirigentes, sus militantes, sus simpatizantes, sus empleados o incluso personas que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, pero que están relacionados con sus actividades, así como a los servidores públicos, sobre todo de aquellas conductas que deben proscribirse, porque puedan generar presión o coacción hacia los electores, al incidir en su libertad de voto y las condiciones que preservan la igualdad en la contienda electoral. Tres conjuntos de sujetos destacan del ámbito de validez personal del acuerdo. Los servidores públicos federales, estatales y municipales, de quienes se requiere que apoyen y colaboren con el Instituto en el logro de sus fines. Los partidos políticos, para que conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales y ajusten la conducta de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política y los derechos de los demás. Y el Instituto para que vigile que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la normativa y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como velar por la autenticidad y la efectividad del sufragio. El acuerdo reconoce que existen funcionarios que en razón de las atribuciones inherentes al cargo poseen una capacidad de mando y acceso privilegiado a los medios de comunicación, que llevan a concluir que sus libertades de expresión y asociación se limiten legalmente a lo estrictamente necesario, para garantizar el acuerdo el desarrollo del proceso federal, como plenamente se justifica en una sociedad democrática. El reconocimiento del poder político de ciertos servidores públicos y el imperativo constitucional y legal para que se asuman como corresponsables de la realización de elecciones en las que prive la igualdad de la contienda electoral. En ese sentido, el proyecto de acuerdo, por una parte, obedece a una sana política de prevención general, mediante la precisión, en forma objetiva y cierta, de las conductas que todos y cada uno de los servidores públicos deben desterrar de su actuar cotidiano o que deben cumplir en su encargo como tales. 8


Y, por la otra, responde a la idea de que la infracción de estos deberes en el desempeño de la función pública puedan generar una sanción para los responsables en los ámbitos correspondientes. Creo que los aspectos que se reconocen como propios del principio de neutralidad electoral, a fin de cuentas, son la manifestación de los rasgos definitorios del modo de ser que debe observar todo servidor público, en relación con las elecciones. De entrada, su interiorización corresponde al ámbito individual de cada quien, a fin de que su actuar quede condicionado por la imparcialidad. Y en segundo sitio su proyección se debe reflejar en el quehacer institucional, para contribuir a la prestación de un servicio público que sea respetuoso del estado democrático de derecho, así como para que coadyuve con la vigencia de los principios rectores de la función electoral. Por todas estas razones, mi voto será favorable a esta iniciativa. Considero que es una decidida y clara respuesta institucional a las demandas y reclamos de los ciudadanos y los demás actores políticos, para que el proceso electoral federal en curso se caracterice por ser un claro ejemplo de auténtica civilidad política. Quiero someter a su consideración las siguientes propuestas: Que en el acuerdo primero inciso 3) se establezca: “Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales, a cambio de la promesa de voto, a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato”. Que en el inciso 7) diga: “Emitir, a través de cualquier discurso, medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda, a favor de un partido político, etc.”. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Si no hubiese otra intervención, le pediría al... Tiene la palabra el Representante de la Alianza por México. -Representante de la Alianza por México, Lic. Felipe Solís Acero: Gracias, Consejero Presidente. Saludo con mucho gusto y con respeto a las señoras y señores integrantes del Consejo General, del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral. A las señoras y señores Consejeros Electorales; a los Consejeros del Poder Legislativo y a mis compañeros representantes de los partidos y coaliciones. 9


La alianza que represento saluda con satisfacción el proyecto de acuerdo que se ha puesto en la mesa, por parte de los Consejeros Electorales. Nos parece que el documento que hemos recibido es un documento que surge en un momento clave del proceso electoral federal de 2006, y que seguramente va a permitir ese propósito, esperamos que se concrete, en atemperar la participación de los funcionarios federales y locales para garantizar un espacio propicio, un espacio de mejores condiciones, para que las expresiones y propuestas de los candidatos, de las coaliciones y de los partidos que los postulan, se produzcan en condiciones de mejor fluidez y los electores asuman el análisis y la reflexión sobre las propuestas que se plantean durante las campañas, en condiciones de absoluta libertad. Lo que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, particularmente por lo que se refiere al Gobierno Federal, es una campaña excesiva en los medios de comunicación, que no se aviene a los propósitos del acuerdo, por eso saludamos la presencia del acuerdo, por eso creemos que el acuerdo va a permitir atemperar, moderar y limitar la participación, que hasta hoy ha sido excesiva, del Ejecutivo Federal. Hay disposiciones, efectivamente, como se señala en los considerandos del acuerdo, que están reglamentadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que hasta hoy no han sido observadas. El artículo 32, que es invocado en alguno de los considerandos del acuerdo, de manera sólo genérica, contiene expresiones contundentes sobre el uso de los recursos federales durante el proceso electoral federal. El párrafo segundo, por ejemplo, del artículo 32, dice con toda claridad que en ningún caso podrán utilizarse tiempos fiscales, tiempos oficiales o recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional, incluyendo la del titular del Ejecutivo Federal. Este mandato expreso, contenido en el artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, hasta hoy no ha sido observado. En la misma circunstancia, encontramos algunas otras expresiones del Ejecutivo Federal, aparte de la campaña promocional de la presunta obra pública del Gobierno Federal, contenida en la campaña sobre la obra gubernamental, porque se ha utilizado la presencia del Ejecutivo Federal y su participación discursiva en giras de trabajo, con el propósito de evidentemente tener un lenguaje de apoyo al candidato del partido gubernamental y de denostación y, en algunos casos diría yo, incluso de vituperio, respecto de algunos otros candidatos. Hay, en la propaganda de la Administración Pública Federal, evidentemente un sesgo político, cuando se establece una vinculación entre un presunto futuro mejor 10


y un presunto pasado que se quiere desterrar, y se condiciona la participación ciudadana y el ejercicio del voto a que las cosas continúen en el camino que actualmente se encuentran. Ahí hay, sin duda alguna, un sesgo de carácter electoral, por eso la Coalición Alianza por México saluda el proyecto de acuerdo que se ha puesto en la mesa y esperamos que cumpla con sus propósitos completos, para que a partir de mañana la publicidad excesiva que aturde en los medios de comunicación, referiré entre paréntesis sólo un dato; en algún monitoreo estrictamente casero, pudimos localizar en una estación de radio más, es decir, una presencia pautada de más de un spot por hora de la campaña sobre la presunta obra gubernamental del Ejecutivo Federal o de la Administración Pública Federal. No obstante ello, quisiera de manera sólo enunciativa, compañeras y compañeros Consejeros y Representantes, decir que la Coalición Alianza por México tiene algunas reservas sobre el contenido del acuerdo. Saludo el planteamiento que ha hecho la Consejera Latapí en relación con la fracción III, porque corresponde a un planteamiento de nuestra parte, creemos que es más propio utilizar el verbo condicionar, que el verbo entregar obra, como conducta regulada porque corresponde más a lo que sucede en la realidad. Pero nosotros tenemos dos o tres más, de los que daré cuenta de manera sólo enunciativa muy rápidamente en esta primera ronda. Primero, nos hubiera gustado encontrar en las fracciones cuarta y quinta una propuesta del Consejo General, de los Consejeros Electorales de, por lo menos, 60 días en el límite de la publicidad gubernamental y la promoción de la imagen institucional o la imagen de los funcionarios públicos. Creemos que ese plazo, es un plazo que se aviene más para poder generar un espacio de entera libertad previo al ejercicio el voto. Es decir, un espacio que permita de manera más clara las condiciones de libertad, para la reflexión del elector. Si es la hora del elector, como dijo el Presidente del Consejo General, que es ahora, sea una hora completa de 60 días. En la fracción segunda, también tenemos una reserva que expreso en la mesa. El Consejo General está planteando la posibilidad de diferenciar entre días hábiles y los días que no lo son. Debe entenderse que lo es en términos de las leyes laborales, no en términos de carácter electoral, en donde el principio y mandato establecido en el Cofipe, del sentido de que todos los días y horas son hábiles no opera para estos efectos. Quizá hubiera sido conveniente haberlo establecido en algún considerando de manera más contundente y clara, porque pareciera haber una contradicción, 11


porque la ley electoral con toda claridad señala que para efectos electorales todos los días y horas son hábiles. Si el concepto se utiliza hubiera sido conveniente hacer la diferenciación. Y nosotros creemos que ahí debiera establecerse bajo el mismo criterio la diferencia entre días y horas hábiles. La misma razón que anima a la propuesta para separar entre días hábiles y los días que no lo son, creo que permite razonar rápidamente para separar en los días hábiles entre las horas que son hábiles y las horas que no lo son. Donde existe la misma razón debe imperar la misma resolución. Finalmente quisiera comentar que hay dos asuntos que igualmente nos preocupan en el acuerdo. En la fracción sexta nosotros sugeriríamos que pudiera agregarse a la redacción que contiene la fracción sexta, que dice: “realizar cualquier acto o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto”, la alocución “y la participación ciudadana con fines electorales”. Concretamente lo que queremos impedir es que se reedite lo que sucedió en 2003, cuando este Consejo General con otros integrantes, pero con la misma autoridad, impidió que el Presidente de la República continuara con los spots de promoción de obra pública y de imagen personal. Y habiendo salido por la puerta el Ejecutivo Federal, se metió por la ventana con los spots relativos a la presunta promoción ciudadana para convocar al voto. Las tareas de carácter electoral, dice el artículo 41 Constitucional, pertenecen de manera integral y directa a este órgano superior de dirección. Y por lo tanto es conveniente que si este acuerdo tiene un carácter preventivo, en eso radica su valor fundamental, se prevenga que no pueda ocurrir aquí lo que sucedió en el 2003, con el entonces Secretario Creel y el Ejecutivo Federal. Y finalmente en la fracción séptima, nosotros plantearíamos que como están reguladas las expresiones a favor, también se regulen las expresiones en contra. Mi tiempo ha concluido, muchas gracias. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera del Poder Legislativo, senadora Martha Tamayo. -Representante del Poder Legislativo del PRI, Sen. Martha Tamayo: Gracias, Presidente. Para secundar la participación del representante de mi partido, en relación a las preocupaciones que tenemos respecto del acuerdo. 12


Efectivamente celebramos la realización del acuerdo. Efectivamente compartimos con la Presidencia. Hay allá una disposición legislativa, sobre todo de orden penal, que refiere una regulación detallada hacia la prohibición y tipificación de conductas realizadas por funcionarios, sean titulares o funcionarios menores. Y consideramos que es oportuno, que es pertinente que este Instituto realice este acuerdo. Sin embargo, compartimos la preocupación en relación a la omisión del aspecto de horas hábiles. No es lo mismo días y horas hábiles, puesto que la, habrá que analizar la naturaleza de la prohibición, de dónde se nutre. Consideramos que la prohibición está motivada en que en el desvió de los recursos oficiales devenientes del pago de la retribución del tiempo de los servidores públicos. No pudiera ser otra la motivación o la razón de referirse a días hábiles. El tiempo de los servidores públicos por el que se les paga no puede ser desviado para otro efecto y, mucho menos, si éste es de tipo electoral. Los recursos públicos están presentes ahí y entonces queda fuera de esa prohibición los días y las horas inhábiles, porque en ellos no se presenta desvío alguno de recurso público. Creo que la violación se surte en este supuesto y desde luego en la inequidad que para el proceso pudiera representar el aprovechamiento de recursos públicos, vía el tiempo de los servidores en favor de una causa partidista. En ese mismo razonamiento se encuentra la hipótesis de la licencia solicitada por funcionarios públicos para acudir a algún evento partidista, puesto que la solicitud de licencia acompañada de la solicitud de descuento de los emolumentos es lícita, es factible, es una práctica que ya funcionarios devenientes de diversos partidos políticos realiza y es acorde con el espíritu que nutre la prohibición, no utilizar recursos públicos en favor de campaña alguna. No hacerlo así pudiera entonces contradecir la posibilidad jurídica de que se realice una solicitud de licencia de parte de un servidor público y no veo cómo la autoridad electoral pudiera contradecir esta factibilidad. Con relación a la duración del acuerdo, el plazo señalado en este acuerdo en diversas fracciones de antelación a la realización de la jornada, nos parece que 40 días son insuficientes y son insuficientes debido a la práctica en que estamos viviendo hoy en día en México. Al Presidente Fox, los mexicanos lo vemos y lo escuchamos ahora hasta en la sopa. Creo que con este activismo en medios de comunicación de parte del Presidente Fox, definitivamente en favor de las causas de su partido con aseveraciones muy concretas que se vinculan a las expresiones del propio 13


candidato en relación a tiempos de pasado y de futuro, por hablar de una sola expresión, tienen que ver con violación, como ya se apuntó aquí, de disposición presupuestales que se encuentran vigentes. Pero también tienen que ver con otro tipo de cuestiones que me parece que son parte de la materia que debe de vigilar este Instituto y que es la manipulación e inexactitud de afirmaciones con el ánimo de recabar simpatías en favor de la causa del partido del propio Presidente. Recientemente, el día jueves, presentábamos en el Senado de la República un punto de acuerdo pidiéndole al Presidente se abstuviera de manifestaciones de esta naturaleza. Porque, por hablar de un ejemplo, él señala que ya no hay pobreza y eso se contradice en términos absolutos con el nulo crecimiento económico, con la nula generación de empleos. Afirmación del Presidente que a su vez se contradice con otra afirmación de él cuando dice que le preocupa quedarse sin la pensión como Presidente de la República porque dice él que en estos tiempos está cañón quedarse sin trabajo. Si el Presidente teme quedarse sin trabajo es porque desde luego está corroborando que hay seis millones de empleos que no se generaron en este país en los últimos años y que hay dos millones promedio de mexicanos que se van hacia el norte de nuestro país en busca de una oportunidad. Y esto, por lo pronto, se contradice en términos de absolutos, con la afirmación de que la pobreza en México se está acabando. Luego entonces, la intencionalidad en una campaña basada en este tipo de afirmaciones, no es cosa menor. Creo que 40 días para seguir escuchando mañana, tarde y noche y a cada minuto en la radio y en la televisión, este tipo de aseveraciones, forma parte del quehacer de este Instituto. Y quiero dejar, pues, constancia de esta preocupación de nuestra parte. Gracias. -Consejero Electoral, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante el Partido Acción Nacional. -Representante del PAN, Lic. Germán Martínez: Gracias, Consejero Presidente.

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Es un hecho incontrovertible que los actores políticos que impulsaron la transición a la democracia, demandaron del régimen autoritario una actitud de distancia frente a la contienda electoral. Le exigimos, por vías pacíficas, que devolviera al ciudadano la posibilidad de decidir mediante el voto su futuro. Fueron los tiempos del sistema político cerrado, no competitivo. La etapa del régimen que sofocaba la pluralidad social, a través de estructuras corporativas, enquistadas en un partido hegemónico. La época, en suma, de las libertades cercenadas por el presidencialismo omnipotente. Ese presidencialismo imperial es ya materia de la historia. No es circunstancia viva presente. En México, en el México del 2006 el Presidente ha dejado de ser dueño de la nación; el ciudadano ha recuperado y puede ejercer a plenitud, incluso, su derecho a la irreverencia frente al poder. La democracia le ha arrebatado al Presidente el dominio sobre la vida, la conciencia y la voz de las personas. Del mismo modo, la equidad en las contiendas electorales no es hoy una concesión altruista de ninguna esfera del poder. No es un gesto benevolente del régimen. El respeto al voto no se encuentra al arbitrio de los gobernantes en turno, sean municipales, estatales o federal. El avance democrático se ha cimentado en un complejo tejido de reglas, de instituciones que inducen a la equidad, que reprimen la manipulación del voto, que permiten el acceso efectivo de distintas opciones a la decisión política. El poder público no es ya propiedad de un partido o monopolio de unas siglas. En el contexto del presidencialismo todo poderoso, el silencio del gobierno tenía un propósito claro: Compensar la ausencia de libertad. En el régimen de libertades, por el contrario, la imposibilidad para un gobierno de defender, sea municipal, estatal o federal, de defender sus actos y decisiones; de alertar sobre los riesgos que observa en otras opciones políticas; de confrontar su proyecto, vacían al contenido, a la esencia de la democracia, de su razón de ser, de la libertad de expresión y del debate libre y genuino de las distintas políticas públicas.

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El juicio ciudadano se alimenta de los flujos de información que resultan del intercambio de razones, de la confrontación de argumentos, del examen de resultados, de la evidencia pública de errores y omisiones. En toda democracia la gestión del gobierno es y debe ser objeto de intercambios deliberativos, y los gobernantes no pueden ser acallados cuando su actuación se somete al escrutinio libre, cuando su desempeño –y prueba de ello la intervención de la senadora– es parte sustancial de la contienda. La neutralidad gubernamental, señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales, es una actitud política de confianza. Señoras consejeras y señores consejeros, es una actitud política de confianza, frente a la competencia por los votos, una actitud que se materializa cumpliendo a cabalidad la ley y nuestra ley no limita la palabra. La ausencia de disposición en la norma no es un vacío jurídico, no es una laguna que debe ser colmada. En el silencio del derecho habla, desde nuestro punto de vista, la libertad y bajo el amparo de la libertad debe desplegarse la dinámica democrática del diálogo público. Las democracias saludables, vigorosas, no son necesariamente aquellas en las que existe una regla para cada conducta; las democracias vigorosas son aquellas que están acompañadas por la participación ciudadana, no por el activismo de una burocracia. No es casual que los fascismos hicieran derecho, para hacer política. El exceso de regulación y de intervensionismo estatal termina por restringir los espacios de participación libre y espontánea de los ciudadanos y, a la postre, reduce la capacidad de influencia en las decisiones colectivas. Es cierto, la democracia se asienta en reglas e instituciones, pero es igualmente cierto que sólo puede expandirse, desarrollarse, en el libre juego de la autonomía individual y de las energías sociales. En democracia se hace política para producir derecho; se ejercita la libertad para definir sus límites y no a la inversa. Acción Nacional, con estas objeciones teóricas, con esta preocupación, acepta con desgano el documento que se somete a consideración, porque estamos convencidos de que cuidar la democracia es responsabilidad de todos, porque en Acción Nacional creemos que la democracia se sostiene en la libertad y se alimenta del diálogo. En la democracia mexicana, según la interpretación más reciente del Tribunal Electoral, no se puede afirmar en público y calificar a Luis Echeverría como corrupto represor. En democracia mexicana, los ciudadanos que ejercen funciones gubernativas no tienen derecho a expresar sus preferencias y adhesiones, y tienen vedado justificar públicamente sus decisiones. No se puede criticar las

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debilidades de carácter o los argumentos de los adversarios; se debe aguantar estoico el embate de los oponentes. En democracia se debe poner la otra mejilla para el gobernante. En la democracia mexicana se ha dado carta de naturalización al derecho a criticar sin ser criticado. En la democracia mexicana un ciudadano que hace política debe detenerse a pensar dos veces antes de llamarle autoritario a Mario Marín. Con esta tendencia de poner un tapabocas, un bozal, pronto acabará nuestra democracia en la mudez. Ustedes son la autoridad, nosotros acatamos los actos de autoridad, no sin llamar la atención sobre la confianza en la que deben construirse estos documentos. Muchas gracias. -El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el representante de la Coalición Por el Bien de Todos. -Representante de la Coalición PBT, Dip. Horacio Duarte: Desgano ha tenido el país, el gobierno de este país durante cinco años y no podían llegar a aceptar un acuerdo del Consejo, más que con desgano, es el símbolo de este gobierno, es el símbolo de este partido. Buen intento de justificación doctrinal del proselitismo de Vicente Fox, el que hace nuestro compañero representante del Partido Acción Nacional. Sin embargo, creo que el tema, no es un tema de la doctrina, es un tema del uso faccioso de los instrumentos del poder público a favor de un proyecto, el del proyecto de seguir en el mismo camino, dice el Presidente Fox, y de construir un futuro mejor hacia enfrente. Es cierto, el poder no puede ser propiedad de un partido, menos los recursos públicos destinados al poder público, menos los recursos en radio, en televisión, puestos al servicio de una causa, de un proyecto. Eso es lo concreto, lo otro es lo teórico. Lo concreto es que en estos momentos desde el Poder Ejecutivo se utilice el recurso de los mexicanos para apoyar una causa, la causa de continuar en el mismo camino. Incluso hace meses todavía llegaron al absurdo, en México ya tenemos al gobierno de la republica, era el gobierno del Presidente Fox, y pasamos del gobierno institucional al gobierno personal del Presidente Fox. Y es cierto, como dice el representante del PAN, pudo terminar el presidencialismo imperial, pero llegó la pareja presidencial. Esa es la realidad, no la teoría que tenemos.

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Por eso este acuerdo, que para nosotros es un paso muy importante que da el IFE, es un acuerdo que llega evidentemente no a callar la democracia, sino a nutrir el debate sobre la participación de los funcionarios públicos. Este es un método que se ha elegido entre los actores políticos. Evidentemente se tendrá que abrir la discusión sobre si es el mejor método. Pero frente a la realidad del no comportamiento correcto de los gobernantes, la autoridad tiene que frenar, tiene que parar. Nosotros creemos, en la Coalición Por el Bien de Todos, que el principio fundamental que debemos cuidar es la equidad, y la equidad debe cuidarse en toda la campaña. Creeremos que este acuerdo es un paso importante, aunque lo hubiéramos querido más grande el salto. Con este acuerdo se cubrirá, cuando se retiren los promocionales del Presidente, de los gobernadores, de los presidentes municipales. De acuerdo al punto cuarto del acuerdo primero, solamente abarcará el 27 por ciento de la campaña electoral. Nosotros hubiéramos querido más. 90 días hubieran sido, creo, suficientes para garantizar plenamente que los gobiernos no estén utilizando los recursos públicos ni para beneficiar a sus compañeros de partido, ni para beneficiar su imagen personal. También nos parece que, discutible todavía, como todos los acuerdos, la distinción entre días hábiles y no hábiles. Nos parece, lo digo de manera respetuosa, peligrosa el señalamiento que hace el Consejero Presidente en alguna entrevista, cuando dice el Presidente Fox puede ir los sábados y los domingos a los actos de su partido. Yo espero que no sea una invitación ni mucho menos una sugerencia. Y espero que tenga el ánimo de que prive la prudencia del otro lado. Nos parece que los gobernantes debieran abstenerse absolutamente de participar en actos públicos, giras, mítines o actos partidistas absolutamente. No comparto esta visión de días hábiles, días inhábiles, aunque sabemos que todos los que somos funcionarios públicos tenemos derecho a un día de descanso; sin embargo, aún en nuestro descanso mantenemos nuestro cargo público. También coincido con lo que ya se ha señalado por algún representante, debiera o el acuerdo debió buscar garantizar las expresiones del poder público hacia los candidatos. Es decir, cuando se habla en contra. Hemos visto como permanentemente se señalan, que no por aquí porque calificativo, no por allá porque calificativo y no más allá por calificativo.

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Creo que si se está garantizando que la equidad sea un mecanismo en donde los partidos, sus candidatos participen, creo que también debiera garantizarse esa parte, que no hubiera ataques de los funcionarios públicos hacia los candidatos. Y finalmente, advierto en el punto primero del acuerdo que es un paso trascendental poner al Presidente de la República, los gobernadores, Jefe de Gobierno, presidentes, jefes delegacionales; sin embargo fue un debate previo en las semanas anteriores si éste cubría a los secretarios de estado, por ejemplo. Porque tenemos en algunos casos en donde el mayor recurso presupuestal para las promociones institucionales no está directamente en el Poder Ejecutivo, sino está distribuido en las secretarías. Ustedes vieron como en diciembre el Presidente de la República salía a dar mensajes y al final la firma, la rúbrica institucional ya no era de la Presidencia de la República, era de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones o de otras secretarías; porque por lo menos en el presupuesto federal de este año el mayor volumen de recursos para comunicación social del Gobierno Federal está distribuido en las secretarías, ya no concentrado en la Presidencia de la República. Entonces nos parece una omisión el que no se contemple como sujetos del acuerdo a los funcionarios que dependen de los titulares del Poder Ejecutivo, porque entiendo el objeto es garantizar que el Poder Ejecutivo, no sólo el titular del Poder Ejecutivo, sino el Poder Ejecutivo con todas sus ramas, con todas sus secretarías garantice, aporte para esta parte, para este proyecto. Y finalmente, me parece que el IFE, aunque se encuentre implícito, creo que valdría la pena que quedara explícito que el IFE seguirá teniendo los dos instrumentos fundamentales para hacer cumplir el acuerdo, los dos instrumentos legales. Tiene uno de carácter ético político: que todos los funcionarios públicos se alineen a este acuerdo y que manifiesten en los próximos días su adición. Eso será lo mejor que le pueda pasar al país. Pero si no sucediera así, pues el IFE tendrá, como instrumentos jurídicos, las denuncias penales y tendrá pues también la integración oficiosa de expedientes en materia de regularidades administrativas. Me parece que eso debe estar claro, que el IFE no abdica de su responsabilidad de usar sus instrumentos jurídicos, y espero que los instrumentos políticos, como se ha dicho, sean los que funcionen como lo establece el punto cuarto del acuerdo. El instrumento político del diálogo para garantizar que este acuerdo llegue a buen puerto, que aún con las limitaciones que algunos vemos pueda ser un instrumento 19


que garantice a los partidos un mecanismo y a la sociedad un mecanismo de equidad. Por eso en este sentido hacemos las consideraciones las observaciones que nos parecen pertinentes respecto al alcance de este acuerdo, que si bien importante pudo haber sido mayor el salto para garantizar la equidad en esta contienda electoral. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Consejero Virgilio Andrade. -Consejero Electoral, Mtro. Virgilio Andrade: Gracias, señor Presidente. Señores consejeros y representantes: El Instituto Federal tiene por mandato constitucional una responsabilidad muy clara, responsabilidad que además se intensifica en un régimen de intensa competencia democrática. La responsabilidad consiste sustancialmente en conducir el proceso electoral, en el que los ciudadanos sufragan para elegir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de toda la Federación. En esa responsabilidad de conducción tenemos un deber fundamental: El deber de cuidar los principios constitucionales que rigen la materia electoral y que son de aceptación universal. La libertad y la autenticidad y efectividad del sufragio, por un lado, y el desarrollo de elecciones pacíficas, en condiciones de igualdad. Para poder cuidar dichos principios, esta autoridad está facultada y en deber político de ponderar entre distintas situaciones los equilibrios necesarios para mantener el cuidado de los principios y de las instituciones en la circunstancia electoral. Es necesario ponderar y equilibrar entre principios, entre libertades, entre valores, entre circunstancias históricas y entre elementos de cultura política nacional. En ese sentido, el Instituto Federal Electoral debe actuar con prudencia, pero también con oportunidad, respecto de aquellas circunstancias que se consideren necesarias, para poder reforzar el buen desarrollo de la vida democrática del país y sobre todo conducir a buen término el proceso electoral federal de 2006, frente a la intensa competencia democrática y política. En ese sentido, en los últimos 10 años y particularmente desde que está en vigor el nuevo sistema político a partir del año 2000, ha quedado claro, a la luz de precedentes y a la luz de demandas tanto partidistas como ciudadanas, que una actitud de neutralidad por parte de los servidores públicos de alta investidura, es 20


condición necesaria para mantener fortalecidos dichos principios, en una democracia naciente y en una democracia que comienza a experimentar apenas cambios y alternancias. En ese sentido, lejos de estar en silencio el derecho ha estado vivo, a partir de las resoluciones que el Tribunal Electoral ha establecido a lo largo de los últimos cinco años, en procesos electorales locales. Por ser circunstancia viva es conveniente proceder a aprobar el presente acuerdo. Existe en el mismo la responsabilidad de cuidar a las instituciones de Estado, y en ese sentido valorar algunas circunstancias específicas que han sido aquí planteadas, en la mesa, y que abordaría en lo posible de manera puntual. El primer asunto tiene que ver con el manejo de los días y horas hábiles para participar en eventos partidistas y de campaña, que organicen coaliciones, partidos y candidatos. Es cierto que este supuesto obedece a principios de uso de recursos públicos, pero también está respaldado por un segundo principio, el principio que protege al desarrollo democrático de la posible inclinación indebida que se pueda realizar por la presencia y la manifestación de los servidores de alta investidura que, por precedentes del Tribunal, tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación, posibilidades de manejo de recursos y, muy importante, un liderazgo específico e institucional en la comunidad; en ese sentido, establecer días hábiles constituye, en términos circunstanciales, un avance importante. Queda, por supuesto, el régimen de libertades para los días que no los sean. Poner horas hábiles pudiera poner en riesgo este principio fundamental, porque como se ha dicho en esta mesa los mecanismos de petición de licencia o las participaciones diarias, no hubiesen podido ser adecuadamente limitadas; por lo tanto, en este tema existen dos espíritus que están respaldando este principio. Respecto de la limitación de la difusión de obra pública, propaganda gubernamental e imagen personal, esta autoridad electoral no propone una cláusula para alguno; tampoco ninguna para nadie. Es una regla común para todos y es una regla común la de los 40 días anteriores a la jornada electoral, que pondera libertades y principios que fueron consagrados en otras leyes, como el principio de la libertad que tienen los gobiernos para poder promoverse y para poder difundir incluso sus logros. Ese derecho tiene incluso respaldo presupuestal para el presente ejercicio fiscal. En virtud de la existencia de ese derecho, pero también por la necesidad de equilibrar y de consagrar los principios fundamentales de la vida democrática y electoral, se ha establecido un plazo que tiene una claridad respecto de la etapa de la elección, por tratarse de la última cuarta parte y, además, porque es la cifra más cercana a la posibilidad de rendición de cuentas del Gobierno Federal 21


respecto del uso de los tiempos fiscales y de los tiempos promocionales, al mismo tiempo que se equilibra con derechos que se tienen, a nivel local, respecto de esta materia. En este sentido, cada una de las situaciones vaciadas en el acuerdo tiene sus razones, tiene sus precedentes y tiene sus equilibrios. Frente a ese equilibrio, la reflexión de este Consejo General condujo a la imposibilidad de establecer expresamente la abstención de realizar manifestaciones en contra de partidos políticos o candidatos. En nuestro sistema político, al estar la reelección prohibida, pero al mismo tiempo al presentarse en campañas circunstancias en las que naturalmente los partidos que aspiran al gobierno atacan al mismo, es de elemental reciprocidad permitir que los gobiernos puedan defenderse de comentarios sobre políticas públicas que ellos hayan instrumentado o incluso de alusiones personales que pudiesen entrar en el terreno de la injuria o la calumnia. Sin embargo, esta autoridad electoral tendrá la responsabilidad de que a la luz de la lógica, la experiencia y la sana crítica, de observar aquellas conductas en donde haya pronunciamientos en contra, que alteren las condiciones del ejercicio efectivo del voto, porque se trata de proteger intereses públicos fundamentales, a la que todos los servidores públicos están obligados por la ley correspondiente. Muchas gracias. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Tiene la palabra, si no hubiese otra intervención para la primera ronda, le doy la palabra al representante del Partido Acción Nacional. -Representante del PAN, Lic. Germán Martínez: Gracias, Consejero Presidente. Quiero decir que no me extraña la inconsistencia del PRD. Doce de mayo del 2000, en toda la prensa, la siguiente declaración de su flamante candidato, Andrés Manuel López Obrador: “Nunca recomendaría a Rosario Robles –¿ya no la conocen?–, nunca recomendaría a Rosario Robles suspender la publicidad del gobierno porque, querido Horacio, porque la publicidad en el gobierno informa a la ciudadanía respecto a las acciones de cada administración. 12 de mayo del 2000. En la prensa nacional. Pero la verdad las inconsistencias en el PRD a mí no me extrañan. Voy a un asunto teórico, aunque la teoría también no le gusta al PRD, es comprensible que las ideas no le gusten al PRD. Sobre una afirmación del consejero Virgilio Andrade, que es el punto de este acuerdo.

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El punto teórico en el que se sustenta este acuerdo. Usted afirma, consejero Andrade, que el derecho no está en silencio, yo no afirmé eso. Yo dije que hay de silencios en el derecho, y que nosotros asumimos como libertad para los partidos, como libertad para los ciudadanos. Ustedes los han colmado, esos silencios del derecho. Yo reconozco que en nuestra democracia naciente es necesaria una serie de reglas, pero precisamente que no vulneren la libertad del ciudadano para informarse, que no anule la confrontación de ideas, de teorías, de propuestas, de políticas públicas de someter a los gobiernos al examen y al escrutinio de sus actos por los ciudadanos en una campaña. Para el PAN, que durante más de medio siglo fue sólo testimonio en las campañas. Las campañas siguen siendo una pedagogía de la virtud cívica, y queremos que no lo dejen de ser atadas por un exceso de norma. Ese es el tema, ese es el fondo de mi teoría, aunque quienes sólo tienen agravios y rencores no las entiendan. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Marco Gómez. -Consejero Electoral, Lic. Marco Antonio Gómez: Muchas gracias. Buenas tardes. Simplemente para compartir las razones por las cuales yo apoyo el presente proyecto de acuerdo. El presente acuerdo pretende compilar disposiciones en materia de servidores públicos frente a las necesidades electorales, y con el fin constitucional de garantizar la autenticidad del sufragio. En esta compilación y para efectos de hacer valer cada una de las disposiciones contenidas en el acuerdo, el IFE actuará, en su momento y dependiendo el caso como autoridad responsable o actuará como parte en la denuncia y en la vista de ciertas infracciones que se susciten. Respecto al tema de libertad de expresión vale la pena hacer una aclaración en este punto. El IFE no pretende acabar con la libertad de expresión, sí acotarla en función de otros ordenamientos que así lo establecen como el artículo 108 de la Constitución, y como el Artículo 47 del la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que exige a todo servidor el actuar de forma imparcial. La libertad de expresión tiene limitantes, una de esas limitantes es el orden público, y esta es una disposición por la naturaleza electoral, de orden público.

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No pretendemos tampoco terminar con lo que es la difusión de obra. La difusión de obra está permitida en el decreto de Presupuesto de Egresos, y está perfectamente regulada en el artículo 32. El número y la posibilidad de difusión de obra pública está autorizado por este instrumento. Lo que sí pretendemos es que esa difusión de obra pública no contenga matices electorales, político-electorales y de ahí la necesidad de establecerlo en los términos del acuerdo y consistentes también con la posibilidad que autoriza la realización de obra pública. Días y horas hábiles. Este acuerdo está enfocado principalmente a los servidores públicos. Los servidores públicos militan en partidos políticos, la lógica es que todo servidor público tiene que privilegiar su función pública, su militancia y en esa lógica podrá realizar una militancia pasiva que significa los fines de semana y, en plena concordancia con la fracción séptima del mismo acuerdo. Es decir, la fracción tercera tiene que ser leída, o segunda, perdón, tiene que ser leída junto con la fracción tercera que implicaría al servidor público una militancia pasiva. Nosotros no podemos prohibir, y esa es mi lógica, prohibir el derecho de militancia de un servidor público, inclusive los fines de semana, porque entonces sí estaríamos ante una posible violación de los derechos políticos electorales de un servidor público al tener derecho de ser militante y de participar, sí, pero de forma pasiva. No limitar tampoco las críticas o las manifestaciones en contra, no lo hacemos porque desde mi perspectiva, y así lo entiendo yo, implicaría vulnerar el derecho de réplica ante las críticas y vulnerar entonces sí el debate público sobre hechos concretos. Muchas gracias. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchísimas gracias. Pues antes de pedir al Secretario que tome la votación. Tiene la palabra la Consejera Legislativa, la senadora Tamayo. -Consejera del Poder Legislativo, Sen. Martha Sofía Tamayo: Gracias, Presidente. Comparto parcialmente la opinión del Consejero que me antecedió, en relación a lo aseverado aquí respecto de cuál de los elementos que deben de considerarse para este tipo de prohibiciones es el que se está tomando en el acuerdo. Si se hubiera tomado, como dice el Consejero Virgilio, el criterio de la indebida presencia de funcionarios públicos por el liderazgo que ejercen en la comunidad,

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pues entonces es más fácil irse por la prohibición absoluta en días hábiles o inhábiles. Pero si se está yendo hacia el criterio de días hábiles, perdónenme, sigo sin entender cómo sábados y domingos pueden hacer la diferencia contra los miércoles o los martes o los lunes en la noche. Simplemente no entiendo la congruencia del criterio. Ahora, en relación a lo aseverado en esta mesa con respecto a la democracia y la libertad, creo que está demostrado que éstos son conceptos que no tienen cuño, aunque el Presidente Fox y su partido hayan pretendido apropiárselos, son valores universales que se han venido construyendo por la humanidad y que en nuestro país lleva un proceso de muchos años su construcción y la contribución al fortalecimiento de dichos valores es de ciudadanos de todos los perfiles y de diversos partidos políticos, incluso de ciudadanos que no militan en partido político alguno. Aquí se habla de un discurso alejado de los hechos en defensa del valor de la libertad, en defensa del ejercicio de la libertad, pero pues la definición precisamente de los límites de este valor enfrenta el problema de cuando es ejercicio de la libertad violenta el derecho de los demás. Y en los hechos, más que en los conceptos, los spot del Presidente no se fundan en las ideas libertarias, en idea libertaria alguna, se nutren en la aspiración del Presidente de que a fuerza de repetición excesiva de sus inexactitudes, tal y como pasa con las campañas mercadológicas de consumo de determinados productos: “toma Coca Cola, toma Coca Cola”. El público consumidor termine por creerle y por aceptar como verdades sus aseveraciones temerarias. Esto es un hecho y es un hecho que va por encima de cualquier declaración y de defensa de las libertades y en Vicente Fox ya tampoco nos debe de extrañar. En el 2003, 25 de junio del 2003 el Consejo General tuvo que hacer un acuerdo que por fortuna hoy vemos superado en mucho, pero con una taxativa hacia el Presidente implícita en la instrucción al entonces Secretario del Ejecutivo, para que en caso de incumplimiento del acuerdo se promoviera una controversia constitucional. Medida extrema a la que tuvo que llegar el Instituto, para que en el 2003 Vicente Fox dejara de publicitar a su partido de manera ya no tan velada. También habría que tener memoria de lo que el propio Presidente Fox, entonces candidato, señalaba de la conducta de Zedillo. Efectivamente, hay partidos, hay aspirantes, hay declaraciones, siempre en torno a este medular asunto de la sobreexplotación de los medios de comunicación, así sea en defensa de una supuesta libertad de publicitar la obra. Creo que el acuerdo en ese sentido avance y es positivo, pero se ha quedado trunco.

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Al Presidente Fox le debimos de haber quitado ya ese exceso de publicidad. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de la Alianza por México. -Representante de la Coalición AM, Lic. Felipe Solís Acero: Gracias, señor Consejero Presidente. A propósito de inconsistencias y de incongruencias, proceso electoral federal del año 2000: El candidato Vicente Fox Quesada, candidato, entre otros partidos, del PAN a la Presidencia de la República, le solicita expresamente al entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, el retiro de la publicidad de la obra gubernamental. Hoy el Partido Acción Nacional en esta mesa acepta con desgano un planteamiento que viene de la autoridad electoral, exactamente en los términos que solicitó en el año 2000 quien es hoy Presidente de la República, a propósito de inconsistencias e incongruencias. Yo creo que tiene razón el Consejero Gómez Alcántar, no se trata de limitar la publicidad de la obra gubernamental, no es ese el propósito central, así lo leo del acuerdo que está planteando en la mesa. De lo que se trata es de evitar en la publicidad gubernamental el sesgo electoral. Ese es el punto. El tema central que hoy nos ocupa en esta sesión es ése: Que se utilicen recursos gubernamentales, porque se pagan spots o se usan tiempos que corresponden al Estado, que también son recursos federales, recursos presupuéstales, para con el presunto interés u objetivo de publicitar la obra gubernamental, lo cual es aceptable en cualquier democracia, se termine por utilizar, a ojos vistos, una publicidad gubernamental para censurar a los adversarios políticos, para atajarlos y para solicitar, casi abiertamente, no tan veladamente, el voto y el favor de los comicios, por parte de los electores, en favor del candidato del partido en el que milita el Presidente de la República. Ese es el punto central y creo que el Consejero Gómez Alcántar lo ha puesto con toda precisión, yo lo celebro. Porque pareciera que hay aquí una actitud de plantear, por parte del partido en el gobierno, que existe el propósito de la autoridad electoral de limitar el derecho del Ejecutivo a difundir la obra gubernamental y no es ese el caso. Me parece, por tanto, que debemos precisar los alcances del acuerdo, para que quede claro el sentido de lo que hoy aquí aprobará la autoridad electoral. Uso el resto del tiempo para dos reflexiones adicionales. 26


La primera, nosotros insistimos en la necesidad, no sólo conveniencia de regular las expresiones en contra. Llamo la atención respetuosamente a las señoras y señores consejeros electorales, en cuyas manos está la aprobación del acuerdo, en el sentido de que si no se regula vamos a provocar una tierra baja, en la que las expresiones y el lenguaje en contra de los funcionarios públicos en contra de candidatos y de partidos y coaliciones, deteriore el lenguaje y el debate político en las campañas electorales. Estoy absolutamente seguro que el Instituto Federal Electoral no alienta ese propósito, pero me parece que la omisión reglamentaria puede provocar un espacio no normado en el que los dimes y diretes entre los ejecutivos Federal y locales, y los candidatos y los partidos que los postulan, deterioren el debate político, en detrimento de la participación electoral. Ayer lo señalaba Luis Maldonado en Querétaro, en una nota que leí hoy, advirtiendo precisamente que el deterioro del debate político puede provocar elevar los niveles de abstencionismo. Y me sumo a lo que ha señalado ya la representante por el PRI del Poder Legislativo, en el sentido de la necesidad de regular la diferencia entre días hábiles y también las horas hábiles; la misma razón que animó, estoy seguro, a los consejeros electorales, para diferenciar entre días y horas hábiles, es la misma razón que debe sustentar la diferencia entre horas hábiles, en relación con los mismos días hábiles. Es indispensable que quede regulado, para facilitar la participación y la claridad del acuerdo. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Tiene la palabra el representante de la Coalición Por el Bien de Todos. -Representante de la Coalición PBT, Dip. Horacio Duarte: Gracias, Consejero Presidente. La limitación a los funcionarios públicos no es solamente o no ha sido solamente una ocurrencia de este Consejo General. Creo que vale la pena revisar cómo ha sido el órgano jurisdiccional el que ha dado saltos mayores, avances mucho más importantes en diversos momentos; sólo cito dos casos, el JRC-196/2001 y el 221/2003; uno de Ciudad Juárez y uno de Colima, como todos sabemos. Y en aquel momento, el Partido Acción Nacional expresó agravios que la sala consideró fundados y generó esta tesis, respecto a la prohibición para que los gobernantes hicieran manifestaciones y no violentaba en ningún momento el derecho de los gobernantes, no se violentaba su libertad de expresión.

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Por eso, nosotros creemos que sí la autoridad electoral tiene que ir colmando los espacios que el legislador ha dejado, porque esos espacios, a diferencia de lo que se dice en esta mesa, no son libertades para los partidos, porque este acuerdo que discutimos, el de hoy, no limita a los partidos, limita a los gobernantes. Estamos de acuerdo que hay ciertas libertades a los partidos políticos, derivado de la falta de la norma, pero no nos equivoquemos; en este momento estamos limitando a los gobernantes, que de manera indirecta tiene una repercusión en su calidad de militantes de los partidos políticos. Por eso creo que el acuerdo tiene que ser lo claro, lo expreso y lo congruente, para que tenga lógica y para que tenga aplicabilidad. Nosotros seguimos creyendo que debe extenderse a los funcionarios dependientes de los titulares de los poderes ejecutivos y no sólo al titular en sí mismo porque, insisto, ahí están los números, en el caso del Gobierno Federal, de cuántos recursos disponen unos, de cuántos recursos disponen otros. Creo firmemente que no puede diferenciarse el día hábil, mucho menos las horas hábiles, porque entonces en algunas regiones del país, donde todos sabemos se hacen los actos por las noches, por el calor, pues vamos a tener funcionarios, por las condiciones climatológicas, con ningún problema para asistir a estos eventos. Por eso creo que debiera valorarse por los Consejeros y Consejeras, modificar estas dos partes. Seguiremos insistiendo que los funcionarios públicos sujetos de este acuerdo no pueden estar permanentemente descalificando, fustigando a las opciones políticas. Coincido con el representante del PAN, no debe cancelarse el debate democrático, sería ir en contra de la propia democracia. Pero el debate democrático lo tienen que dar los partidos y los candidatos en estos momentos, no los funcionarios, no los funcionarios. Y, finalmente, decir que en esta confrontación de ideas lo que debe privar es, como se ha dicho, el respeto, y debe privilegiarse en todo momento que esta discusión sea en el marco de la norma. En el caso de la coalición no haremos más que escuchar lo que es una cantaleta del candidato del Partido Acción Nacional, respecto a calificativos que busca, dice no calificar, pero califica. Y ojalá, si hay difusión de ideas, se revise un spot, que tiene muchas ideas. Un pitido: pi, valor y pasión por México. Esas son las ideas. Esa es la transmisión de las ideas a que alude o al que nos invita un representante. Esperemos que también en eso haya congruencia. 28


-El Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Para la tercera ronda tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional. -Representante de PAN, Lic. Germán Martínez: Señores representantes del PRI, de verdad que no les conviene hurgar en el pasado. Pero vamos a hablar de presente, de congruencia en el ejercicio del gobierno hoy vienen aquí a pedir 60 días, vienen aquí a decir que son pocos 30, que son pocos 40. Aunque la ley lo diga en el Estado de México, sería bueno un ejemplo de Enrique Peña Nieto, de cómo hay que suspender los spots con los argumentos que ustedes dan en esta mesa, aunque sea con desgano. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. Pues yo quisiera, antes de pasar a la votación, primero reconocer que todos los partidos políticos que han hecho uso de la palabra se han manifestado a favor del acuerdo que hoy se somete a la votación. Para el Instituto Federal Electoral contar con el apoyo explícito de los partidos políticos es la mejor manera como se garantizará la eficacia y la observancia de este acuerdo. Quiero también decir que el IFE parte del supuesto de la convicción democrática de los partidos políticos, así como de los gobernadores del país y del Presidente de la República, quienes han expresado en múltiples ocasiones su disposición a contribuir con su actuación a un clima de equidad y plena libertad del sufragio. Por ello, y a pesar de que el IFE cuenta con instrumentos legales para ser aplicable este acuerdo, me parece que el mejor signo, de cara a la sociedad es que haya una adhesión política y pública por parte de los titulares de los ejecutivos de todo el país, con el espíritu y las disposiciones de este acuerdo. El IFE hace el llamado a que esta decisión política y pública sea a favor de los votantes, y para que pueda haber un diálogo directo entre los candidatos y los electores. También hacemos un llamado a los partidos políticos, para que puedan difundir los alcances de este acuerdo, y solicitar a sus militantes distinguidos, es decir los titulares de los ejecutivos de todo el país, para que se sumen al cumplimiento de este acuerdo. Quiero decir que es muy importante que bajo ninguna circunstancia el IFE pretende cancelar el debate. Lo que pretendemos es ciertamente evitar los sesgos y las interpretaciones electorales.

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Me parece que los gobiernos mantendrán su derecho a difundir la obra de su gobierno, no solamente porque la ley lo permite, sino porque tienen recursos presupuestales aprobados por los poderes legislativos. Así es que los gobiernos podrán hacer esa difusión de gobierno, y el IFE solicita que se evite cualquier reflexión adicional con respecto a eventos de carácter electoral. Y en ese sentido, así como estamos siendo muy estrictos en solicitar la observancia de esto, también tendremos que ser muy responsables para que los gobiernos puedan seguir, en el marco de la ley, fomentando y aprobando su obra de gobierno. Por lo tanto los votantes seguirán teniendo el derecho de saber las propuestas de los candidatos y los logros de los gobiernos, pero el IFE sí hace un llamado a la responsabilidad y, sobre todo, cuando haya alguna duda de alguna posible interpretación, creo que los gobernantes están primero obligados a contribuir más que a saber cuáles son sus derechos y por lo tanto cuando haya duda hacemos un llamado a la prudencia y a la abstinencia de acciones que pudiesen contribuir a un clima inequitativo. Muchas gracias. Y, le pediría al Secretario Ejecutivo tomara la votación. El Representante de la Coalición por el… -El Representante de la Coalición AM. Lic. Felipe Solís Acero: En términos del numeral tres del Artículo 22 del reglamento, le rogaría atentamente si pudiera solicitar la votación en lo general y en lo particular. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Por supuesto. Le pido tomar la votación en los términos planteados por el Representante de la Alianza por México. -Secretario Ejecutivo, Lic. Manuel López Bernal: Señoras y señores Consejeros Electoral, se someterá a votación, primero en lo general y, posteriormente en lo particular el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006. En primer lugar, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo mencionado. 30


Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo por nueve votos a favor. A continuación sea somete a su consideración la propuesta de modificaciones a los incisos tres y siete del punto primero del acuerdo en los términos propuestos por la Consejera Electoral Alejandra Latapí. Los que estén por la afirma sírvanse levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba la propuesta de modificación presentada por la Consejera Latapí por nueve votos a favor. -Consejero Presidente, Dr. Luis Carlos Ugalde: Señor Secretario, le pido proceder a lo conducente para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.

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México, D.F., 19 de febrero de 2006.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS PALABRAS DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL IFE, DR. LUIS CARLOS UGALDE, EN EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LAS REGLAS DE NEUTRALIDAD, PARA QUE SEAN ATENDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, LOS JEFES DELEGACIONALES EN EL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, EL RESTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2006, DURANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EFECTUADA HOY EN EL SALÓN DE CONSEJO DEL IFE.

Señoras y señores Consejeros y Representantes: El día de hoy, el Instituto Federal Electoral emite, por primera vez en su historia, reglas de neutralidad política que deberán ser atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales. El acuerdo que hoy se somete a la consideración de este Consejo General refuerza el marco legal existente y constituye una de las acciones regulatorias que el IFE tomará para asegurar que el próximo 2 de julio los mexicanos estén en posibilidades de emitir su voto en un contexto de máxima libertad. Se trata de una medida pensada para fortalecer la libertad de los mexicanos para ejercer su voto. Ha llegado la hora de generar las condiciones para que los electores ejerzan su voto con plena libertad. Para poner en contexto la naturaleza y alcance de este acuerdo, es necesario señalar que, en primer lugar, ya existe un marco legal que señala con detalle cuáles son las responsabilidades a las que debe apegarse la actuación de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales. El artículo 49 de la Ley Electoral establece que ninguna instancia de los gobiernos federal estatales o municipales puede realizar aportaciones o donaciones a los partidos en dinero o en especie. Por su parte, el artículo 407 del Código Penal Federal establece que los funcionarios públicos tienen prohibido, uno, obligar a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato.

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Dos, condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor de un partido o candidato. Tres, destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios al apoyo de un partido o candidato. Y cuatro, proporcionar apoyo o prestar algún servicio no permitido por la ley a partidos o candidatos. Esto ya es una obligación legal en el Código Penal. La autoridad responsable de aplicar e investigar este tipo de delitos electorales es la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones legales, los partidos políticos siguen manifestando su preocupación sobre la posible influencia de los Ejecutivos de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales, particularmente en cuanto a los posibles efectos de sus mensajes y de la promoción de sus obras de gobierno a lo largo del país. El IFE siempre ha sido sensible a esta demanda, desde la primera elección presidencial organizada por el Instituto en 1994, se ha buscado que los servidores públicos de todos los gobiernos contribuyan mediante su neutralidad política a fortalecer la libertad del voto ciudadano y a permitir que el diálogo entre votantes y candidatos se desarrolle de manera directa y equitativa. Tanto en las elecciones presidenciales de 1994 y 2000, como en las intermedias del 97 y 2003, el IFE hizo llamados a todos los titulares de gobierno para que suspendieran la difusión de las obras y programas de sus administraciones. El plazo máximo de suspensión de promoción gubernamental que el IFE había solicitado en esos llamados había sido de 30 días antes de la jornada electoral. Las solicitudes por parte del IFE a las autoridades ejecutivas para esa suspensión se dieron por la vía del exhorto, es decir, por un medio estrictamente político, que llamaba a los titulares de los gobiernos a su autorregulación. Hoy el proyecto de acuerdo que está a consideración de este Consejo, constituye una herramienta legal para que la neutralidad electoral de los servidores públicos del país contribuya de manera más efectiva a fortalecer la libertad y la efectividad del sufragio. A diferencia del pasado, el acuerdo que hoy se propone establece dos tipos de reglas de neutralidad, las del género legal y las de carácter político.

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En primer lugar se hace hincapié en restricciones que ya están contempladas en la legislación vigente, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades competentes. El acuerdo incorpora nuevas disposiciones sustentadas en resoluciones jurisdiccionales, cuyo incumplimiento es sancionable por el IFE. El acuerdo incluye también algunas disposiciones basadas en la existencia de una responsabilidad política, compartida por todos los actores involucrados en el proceso electoral. Específicamente el acuerdo señala que los servidores públicos deberán abstenerse de emitir expresiones de apoyo o propaganda a favor de partidos políticos o candidatos. Dos, asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin,acto partidista o de campaña. Tres, realizar cualquier acción o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto. Cuatro, realizar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programa de obra pública o de desarrollo social. Cinco, efectuar 40 días antes de la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público. Seis, efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos o candidatos. Siete, entregar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa de voto. Con la aprobación de este acuerdo la publicidad contratada por los distintos gobiernos, en los que se haga referencia a favor de partido político o candidato, queda prohibida. Sin embargo, la publicidad de los gobiernos en la que no exista referencia alguna a partidos o candidatos está permitida hasta 40 días naturales antes de la elección. De presentarse violaciones a estas nuevas disposiciones, el acuerdo prevé la posibilidad de que el IFE sancione a los partidos políticos que se vean favorecidos por la conducta o actos de servidores públicos. Para ello, el IFE podría considerar la figura del partido garante, la cual se basa en el precepto legal de que los partidos son responsables de que la conducta de sus 3


militantes se apegue a la legalidad y a los principios del estado democrático. Si fuera el caso, dichas sanciones serían aplicadas con oportunidad y firmeza. Señoras y señores, el IFE emite hoy un acuerdo de neutralidad de servidores públicos con base en la convicción democrática que ya han expresado tanto el Presidente de la República como los Gobernadores del país para contribuir con su actuación a la celebración de un proceso electoral equitativo y legal. En los últimos meses ya se han dado signos claros de que esta convicción tiene bases firmes. El Gobierno Federal, por ejemplo, ha dado pasos para que los programas sociales de la actual administración no sean utilizados con fines partidistas y, la Secretaría de Desarrollo Social ha desplegado acciones para evitar esto a través de un programa con las Naciones Unidas. La propia Presidencia de la República ha manifestado signos importantes a favor de la buena marcha del proceso electoral al haber aceptado suspender la difusión de sus programas durante la llamada tregua electoral y haber afirmado que estaría dispuesta a modificar la promoción de logros gubernamentales si el IFE así lo solicitará. Asimismo, los gobernadores del país han asumido ya compromisos claros con la neutralidad política. El pasado 14 de noviembre la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se comprometió a coadyuvar en la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral federal. Quiero hacer un reconocimiento a todos los Gobernadores del país que han expresado de manera sistemática su apoyo al IFE para mantener un clima de equidad. Por lo anterior, estamos seguros de que los servidores públicos del país colaborarán con las instituciones electorales de manera activa para cumplir con los criterios de neutralidad que hoy se aprobarán. Confiamos en la prudencia y en la responsabilidad de los servidores públicos, objeto de este acuerdo, para que la imagen y el contenido de la publicidad de sus gobiernos se apegue a estas nuevas necesidades. Llegó la hora de los electores. Con el presente acuerdo el IFE busca generar condiciones que refuercen el ejercicio libre y efectivo del voto de todos los mexicanos en condiciones de equidad. Para ello, es indispensable que el diálogo entre los electores y los candidatos se desarrolle de manera directa y abierta, sin que medie influencia o presión al elector y sin ventajas indebidas para ningún candidato.

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Quiero reiterar que esta es la medida más clara que ha adoptado el Instituto Federal Electoral a lo largo de su historia para contribuir a la neutralidad de los servidores públicos en el proceso electoral. Con este acuerdo, reducimos un área de conflictividad entre las fuerzas políticas y los gobiernos de todos los niveles y signos partidistas que ayudamos a que el reflector del debate se oriente hacia los electores. En el IFE estamos convencidos de que los ciudadanos son el eje central del proceso electoral, es la voz de los votantes y las propuestas de los candidatos lo que debe prevalecer en la contienda política. Es, reitero, la hora de los electores. Queda entonces a su consideración este proyecto de acuerdo.

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