aPRo / J. JeSúS eSquivel

Para apoyar al Chapo, García Luna combatió a los Arellano Félix

/ J. Jesús esquivel

Durante el sexenio de Felipe Calderón un grupo especial de policías de Baja California tuvo a cargo una campaña secreta: “borrar del mapa” a la organización de los Arellano Félix con el propósito de dejarle al Cártel de Sinaloa las ciudades de Tijuana y Mexicali. Así lo revela un agente de ese grupo especial quien, en entrevista con Proceso, afirma que todo fue dirigido desde la Ciudad de México por Genaro García Luna, entonces secretario federal de Seguridad Pública.

La orden que recibió en 2007 el Grupo Especial de la Policía Ministerial del Gobierno del Estado de Baja California fue rotunda: acabar con el cártel de los hermanos Arellano Félix y proteger a la gente del Cártel de Sinaloa, relata a Proceso el único sobreviviente de esa agrupación policial.

“El licenciado Víctor Felipe de la Garza Herrada, subprocurador Contra la Delincuencia Organizada, nos lo informó y dijo que la orden venía de la Ciudad de México, del más alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública” (SSP) del Gobierno Federal.

“De la Garza Herrada, Lima 1, nos aclaró que él no recibía órdenes del gobernador del estado (el panista) Eugenio Elorduy Walther, sino directamente de la SSP, del secretario Genaro García Luna”, recuerda el exintegrante del grupo de policías bajacalifornianos.

El entrevistado que salió de Baja California y de México para evitar ser eliminado como el resto de sus compañeros de ese Grupo Especial, posteriormente bautizado como Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado (UECCO), da cuenta de todo lo que hicieron en Tijuana y Mexicali para “borrar” a los Arellano Félix y dar garantías de operación al Cártel de Sinaloa.

“Fuimos dos generaciones de policías que integramos esos grupos creados por los gobiernos del PAN (Calderón a nivel federal y Elorduy Walther a nivel estatal); nos dieron entrenamiento especial y casi siempre operamos vestidos de civiles”, recuerda.

Para probar la autenticidad de su antigua asignación y de las operaciones que llevó a cabo, el expolicía entrega a Proceso documentos oficiales emitidos por el gobierno de Baja California que lo acreditaban como lo que fue, y certificados de reconocimiento a su trabajo, amén de folios sobre careos, sellados y firmados, llevados a cabo a nivel federal en el Penal de Alta Seguridad del Altiplano en el Estado de México.

estruCtura de mando

“Ingresé a ese grupo en 2004, pero hubo una generación previa que estaba en el Grupo de Secuestros; recibimos entrenamiento especializado y militar”, cuenta el expolicía que dejó la corporación en 2009 tras darse cuenta de que su vida en México corría peligro.

Sentado frente al reportero sobre una banca de una plaza pública, el expolicía afirma que a su grupo lo entrenaron para operar contra los Arellano Félix tres elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los Gafes del Ejército mexicano.

“El entrenamiento nos lo dieron durante seis meses en Tecate; todos éramos jóvenes”, comenta quien tras renunciar a la UECCO comenzó a trabajar en Baja California como informante de agencias federales de Estados Unidos, principalmente la DEA.

“También trabajé con ATF (Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) comprando armas en Estados Unidos: cuernos de chivo, R-15, rifles calibre .50, armas militares; las compraba en el mercado negro para que los policías güeros detuvieran a quienes las traficaban para México; querían dar la impresión de que hacían algo”, agrega.

Su labor de informante de agencias estadounidenses fue exitosa. Su experiencia en Tijuana y Mexicali en la nebulosa policial le facilitó salir de México y quedarse a vivir en Estados Unidos.

El entrevistado describe la pirámide de mando que operó en el sexenio de Calderón, presuntamente por órdenes de García Luna, a favor del Cártel de Sinaloa en Baja California: Elorduy Walther; en la capital mexicana el licenciado Lima, alias Lima Lima, que estaba en el mismo nivel de mando y poder del gobernador, Lima 1; Alonso Ulises Méndez Gómez, coordinador de la UECCO, Lima 2; el comandante Salvador Salas Landaverde; el ministerio público titular Luis Felipe Chan Baltazar; otros ministerios públicos identificados como licenciado Ángel Vizcarra, licenciada Clara, licenciado Chinchorro; Martín Guzmán Montelongo, El Caballo, jefe del Grupo de Homicidios Violentos; Navarrete, jefe del Grupo de Secuestros; y debajo de ellos, los agentes especiales que nunca vistieron uniformes de policías estatales o federales.

“Todas las detenciones que hacíamos fueron de gente de los Arellano Félix que en esos años comandaban Francisco Arellano Félix, El Tigrillo, y Jorge Briseño López, El Cholo, resalta el expolicía.

A cargo específicamente de allanar el camino al Cártel de Sinaloa en Baja California –según el entrevistado– y de manera específica para las fracciones de esa organización a cargo de Ismael, El Mayo, Zambada García y de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, operó el comandante de la UECCO, Salvador Salas Landaverde.

“El comandante le rendía cuentas nada más al gobernador y a Lima Lima, el licenciado que estaba en la Ciudad de México que nos decían que era la mano directa de la SSP en el asunto”, narra el entrevistado.

Nunca supo el primer nombre del jefe que operaba desde la capital, pero el entrevistado afirma que “Lima Lima era lo máximo y que él nada más le rendía cuentas a García Luna directamente, ni siquiera al procurador General de la República (Eduardo Medina Mora) y ni qué decir al del estado de Baja California o al gobernador”.

Centro de tortura

El cuartel de operaciones de la UECCO –cuyos integrantes operaban vestidos de civil– fue una casa de seguridad (destruida a propósito desde que concluyó la labor de García Luna en la SSP) ubicada en Mexicali en la calle 55, sin número, esquina con el Bulevar Lázaro Cárdenas, colonia Hidalgo, en el desarrollo urbano Zacatecas y con el código postal 21090.

“En ese inmueble hubo cuartos de arraigo, de tortura, instalaciones con equipo tecnológico para interceptar llamadas telefónicas y para localización geográfica satelital”.

A esa casa de operaciones y de seguridad, sostiene el entrevistado, fueron a parar todos los integrantes del cártel de los Arellano Félix capturados por ese grupo especial.

Según el expolicía los agentes tenían que estar disponibles las 24 horas los siete días de la semana. “Nos pagaban bien, como unos 25 mil pesos al mes; era una partida federal. No teníamos límite presupuestal. Contábamos con cuatro camionetas blindadas. De la Garza Herrada traía dos blindadas, una Tahoe azul y una gris, se le cuidaba todo el tiempo.

“Se torturaba a los detenidos con bolsas de plástico, los flejaban con papel plástico. Se les acostaba y luego la bolsa de plástico para asfixiarlos. Se brincaba sobre su estómago”, recuerda.

El entrevistado hace una pausa, quiere destacar algo siniestro pero que expone el nivel de maldad que García Luna permitió utilizar a sus personeros contra los enemigos del Cártel de Sinaloa.

“Había unas mentes maestras para las torturas: Salas Landaverde y De la Garza Herrada. Pero quien era un psicópata era De la Garza Herrada. Se lo puedo afirmar porque me tocó verlo, le gustaba torturar a la gente con la bolsa de plástico y otros métodos horribles.

“A estos batos hasta parece que los contratan como mercenarios a sueldo en otros estados; después de que estuvieron en Baja California los contrataron en Aguascalientes, en Chihuahua; Sonora y no sé dónde más”, explica el expolicía, quien se estremece al recordar la tortura de la bolsa de plástico porque, confiesa, “a mí también me bolsearon”.

Insiste en que en los años en que fue miembro de la UECCO se violaron derechos humanos y se cometieron asesinatos por órdenes directas de la SSP para ayudar al Cártel de Sinaloa, aunque detuvieron también a narcos de otros grupos.

“Aplicaron la ley violando la ley y aparte inclinados a proteger y defender a un cártel”, acota la fuente.

El adiestramiento especial de inteligencia y militar que recibió el expolicía se palpa en su manera de actuar y observar sus alrededores, tal vez temeroso por su seguridad. La entrevista se lleva a cabo en un lugar público, abierto, y él no deja de mirar constantemente a sus flancos, aunque está de espaldas a una pared para que por atrás nadie lo sorprenda y de frente tiene al reportero.

“Se manejaba también mucho dinero; cada vez que deteníamos a alguien nos entregaban dinero, dependiendo del que fuera detenido, pero regularmente eran entre 20 mil y 50 mil dólares; aparte se pedía dinero para Chan Baltazar y para Salas Landaverde”, dice.

López Obrador inaugura modernización de carretera La Pera-Cuautla en Morelos

Gobierno de méxiCo

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la obra de modernización de la carretera La Pera-Cuautla, que comunicará de forma más eficiente la parte norte de Morelos desde Cuernavaca.

El proyecto consistió en la ampliación de dos a cuatro carriles en 27.2 kilómetros, así como la construcción de calles laterales, tres entronques a desnivel y tres casetas de peaje.

Reducirá el tiempo de traslado con un ahorro de 30 minutos a la Ciudad de México desde Tepoztlán y Cuautla. Beneficiará a 940 mil usuarios.

La construcción generó más de diez mil empleos directos y más de 41 indirectos. El monto de inversión para culminar la obra asciende a 4 mil 396 millones de pesos, los cuales provenían del fondo nacional de infraestructura.

La autopista será operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe). Diariamente brindará servicio a un promedio diario anual de 13 mil 300 vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los trabajos iniciaron en 2011 y se suspendieron durante varios años hasta que en febrero de 2021 el presidente López Obrador instruyó retomarlos y concluirlos este mismo año.

En Tepoztlán, Morelos, el jefe del Ejecutivo agradeció a las y los habitantes de colonias, comunidades y barrios aledaños que través del diálogo llegaron a un acuerdo con autoridades federales para terminar la autopista.

Aseguró que cumplirá todos los compromisos en el tiempo que queda de la administración y se fortalecerán los Programas para el Bienestar, como las pensiones a personas con discapacidad y adultas mayores; las becas a estudiantes de todos los niveles escolares y la entrega de recursos a escuelas de educación básica a través de La Escuela es Nuestra.

Agregó que antes de septiembre de 2024 el sistema público de salud será de mayor calidad con unidades equipadas, personal en todos los turnos y abasto de medicamentos.

/ ErnEsto VillanuEVa

El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana en las más recientes décadas habían venido jugando un papel de subsidiariedad de las autoridades civiles en emergencias por desastres naturales, en las campañas de vacunación y en otras actividades de naturaleza social, circunstancia que permeó en el ánimo colectivo y, por esa razón, hacerse de una importante confianza en la opinión pública.

Las cosas, ahora, empero han ido cambiando. Veamos.

Primero. No hay duda de que las Fuerzas Armadas han gozado de mayor confianza que la policía. De acuerdo con la encuesta quinquenal más reciente (2022) de la mayor organización de académicos en opinión pública en el mundo ( https:// acortar.link/zo4JM0) la sociedad mexicana confía mucho o suficiente en los militares con 50.3% de apoyo, en contraste con el 21.2% que tienen esa percepción de la policía.

A pesar de lo anterior, la imagen de los militares va erosionándose poco a poco. En la encuesta mundial anterior de esta organización de académicos el apoyo al Ejército era de 58.9% hace sólo cinco años, lo que refleja un desplome de más de 10% en un lapso temporal breve. Lo mismo ha pasado con la policía al pasar de 28.4% a 21.2% en ese ejercicio demoscópico.

Acaso este descenso en la opinión pública de los militares puede estar relacionado con el incremento de labores que, de entrada, le son ajenas en la experiencia comparada. Además, carecen de la experiencia para tratar a los gobernados con calidad y calidez, a diferencia, por ejemplo, de sus similares colombianos, quienes hacen una parte de las tareas que aquí realizan los mexicanos, pero

Militares, luces y sombras

| Foto Gobierno del Estado

con un entrenamiento no sólo en hacer las cosas, sino en llevarlas a cabo con empatía social. El control de aeropuertos, de las aduanas y de varias actividades legalmente reservadas al servicio público civil se ha hecho de manera accidentada, sin planeación ni capacitación técnica y de trato humano.

Segundo. El Ejército y la Marina en las calles debe verse desde, al menos, tres perspectivas: a) Poner en primera línea a las Fuerzas Armadas que representan la última fuerza con la que cuenta el Estado para preservar su integridad resulta peligroso si ese sostén final en las calles del país es rebasado o no cumple con las expectativas para las que fue destacamentado, al margen de que constitucionalmente las tareas de prevención y de persecución de delitos están reservadas a las policías estatal y municipal, de manera sustancial; b) si a ese garante de la estabilidad y la seguridad nacional le es impedido o limitado el uso de las habilidades y equipamiento con el que cuenta, las cosas se ponen peor y generan a final de cuentas espectáculos lamentables donde personal militar es detenido o tiene, con razón o sin ella, temor fundado de actuar aunque sea de manera legítima, porque tampoco los altos mandos tienen claras las reglas de su actuación; c) no se advierte un hilo argumental lógico que brinde verosimilitud a la existencia de la mayor fuerza letal con la que cuenta el Estado mexicano, si le es regateado que ponga en acción toda su capacidad de fuego para asegurar la paz social. De este modo, el respeto a esas Fuerzas Armadas se empieza a erosionar tanto en las percepciones ciudadanas como en el crimen organizado. De nada sirve tener un tanque de guerra rodando en las calles si no le permiten utilizarlo para lo que fue diseñado y, por el contrario, sirva como sustituto de un vehículo, con el alto costo para todos que una decisión de esa naturaleza implica. Si, como se ve hasta ahora, el Ejército y la Marina no van ganando la partida y pervive la inseguridad social, no habría otra fuerza del orden a que apelar ante una derrota de las propias Fuerzas Armadas, en donde no se sabe bien a bien si no hay avances por las restricciones que les son impuestas o porque el Ejército carece de la capacidad de combate que se requiere para ganar esa guerra contra la inseguridad pública. Tercero. La intervención ilegal de millones de archivos digitales o digitalizados de la Secretaría de la Defensa Nacional no es un asunto menor; antes bien, sinuoso y complicado. No se tiene memoria en el país de un ataque cibernético de tal magnitud que un día sí y otro también revela datos duros (algunos que legal y legítimamente deben ser reservados y/o confidenciales y otros que carecen de esa protección jurídica) que pone en entredicho no sólo la narrativa del gobierno, sino la seguridad de la estructura militar que es el último reducto de la soberanía nacional. Este hecho es gravísimo y no es un fracaso de sus perpetradores, como ha dicho el Presidente López Obrador, sino un delito que debe ser investigado y sancionado conforme a derecho.

Representa también un impacto negativo y un golpe a la moral militar que varios documentos clasificados circulen libremente en perjuicio de ese inasible concepto de la seguridad nacional, que aquí sí se configura con meridiana claridad.

Si bien es verdad que los datos interceptados por el colectivo Guacamaya ponen al descubierto la distancia entre una parte de los dichos presidenciales y los hechos, también lo es que esas revelaciones no han impactado en el apoyo popular al Presidente López Obrador, porque se ha instaurado la república del sesgo confirmatorio, según el cual cada uno lee, ve y escucha aquello que refuerza sus convicciones ideológicas. Es lamentable cómo el discernimiento y el análisis cedan su lugar a los actos de fe y proclamas donde todo es blanco o negro y no un conjunto de tonalidades de gris.

@evillanuevamx

Culpan a Bonafont de provocar un “infierno ambiental” en Puebla

/ gabriEla HErnándEz

En febrero pasado la Guardia Nacional desalojó a pobladores de Santa María Zacatepec, Puebla, que habían tomado la planta de Bonafont en protesta de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región. Ahora la compañía está de regresó y, arropada por las autoridades estatales, reabrió la planta. A pesar de que afirma que ésta sólo funcionará como bodega y para distribuir sus productos, los pobladores se aprestan a viajar a Francia para exhibirla como una de las empresas responsables de provocar un “infierno ambiental” que derivó en el socavón que se formó en mayo de 2021.

Con todo y que la empresa Bonafont es acusada por grupos de pobladores de saquear los mantos acuíferos de esta región y de cometer múltiples irregularidades, el 26 de septiembre, Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone, encabezó la reapertura de la planta de esa embotelladora francesa en este municipio.

Acompañado por José Cinto Bernal, presidente municipal, y por Guillermo Malpica Soto, subsecretario de Industria y Comercio del gobierno estatal, el directivo de la transnacional aseguró que esas instalaciones, que estuvieron cerradas año y medio a causa de las protestas, ya no se usarán para extraer agua y sólo servirán para bodega y distribución de sus productos.

Durante la ceremonia oficial, con presencia de representantes de la parroquia y autoridades escolares, Salamanca acusó que los pobladores –que tuvieron tomadas esas instalaciones 11 meses– cometieron vandalismo y dañaron el pozo de agua concesionado a la empresa. “Posiblemente lo hayan contaminado”, dijo el directivo.

En respuesta, los integrantes del movimiento Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes aseguran que no permitirán que Bonafont siga operando en esta localidad ni para extracción, ni para distribución de agua. Pese a lo anunciado por la empresa, ellos entrevén la posibilidad de que la embotelladora intente operar de nuevo el pozo de extracción que ellos sellaron hace un año con un ritual nahua.

Los lugareños anunciaron una serie de acciones de la mano de organizaciones nacionales e internacionales, incluso en Francia, donde informarán sobre el saqueo de recursos de pueblos indígenas por parte de Bonafont, de cómo operó una concesión vencida durante casi siete años, de no contar con Manifestación de Impacto Ambiental y de haber trabajado durante años sin permiso de uso de suelo y de omitir el pago de impuestos locales.

En noviembre próximo, un grupo de pobladores viajarán a Francia, donde participarán en una rueda de prensa conjunta con el colectivo Eau Bien Commun 63 (Agua bien común) y con habitantes de la comuna de Volvic, quienes también señalan a la firma Danone de saquear el agua de la región centro de ese país europeo.

Los vecinos del pueblo originario de Santa María Zacatepec dicen que exhibirán a Bonafont como una de las empresas responsables de haber generado un “infierno ambiental” en este municipio que derivó en la formación del socavón que se generó a finales de mayo de 2021.

Dicen que la empresa francesa recurre a la “ingeniería de conflictos”: reparte dádivas, publica panfletos, financia obra pública y a políticos, para dividir y desarticular la movilización social.

El Engaño

Camilo Tekpatl Campeche, vocero de Pueblos Unidos, cuenta que decidieron cerrar Bonafont el 22 de marzo de 2021, el Día Mundial del Agua, luego de que más de 20 pueblos de esa área, que subsisten de la agricultura y la producción de ladrillo, empezaron a ver que sus arroyos, ameyales, lagunas y pozos artesanales se estaban secando o desapareciendo.

Fidel Flores, habitante de San Lucas Nextetelco, dice que a sus 75 años puede dar testimonio del impacto ambiental que ha padecido esta región a partir de la industrialización que trajo la construcción de la autopista Puebla-México, en 1962.

Sólo en Nextetelco, en este mismo municipio, había 35 manantiales, uno de ellos con más de cinco metros de profundidad. En las riberas de éstos y del río Metlapanapa, relata, abundaban berros, mejorana, hierbabuena, cola de caballo y alcatraces. En los afluentes había peces, acociles y ranas, que comían los lugareños.

Abundaban árboles de pera, manzana, chabacano, membrillo y nogales, y muchos pobladores se sostenían de vender fruta en Puebla y la Ciudad de México.

Menos de tres meses después de que los 20 pueblos unidos bloquearon las operaciones de Bonafont, afirma Flores, en esa localidad reaparecieron tres manantiales que ya se daban por perdidos. Uno de ellos de un metro de profundidad.

Desde 2012 los habitantes de esta región se han organizado para defender su territorio: primero contra el gasoducto Morelos, luego contra el proyecto de descargar aguas residuales de la zona industrial en el río Metlapanapa.

Si bien otras empresas como Volkswagen, Ternium (antes Hylsa) y Pemex también son señaladas por explotar el acuífero Valle de Puebla, la lucha de este municipio contra la envasadora de agua surge desde su instalación.

Tekpatl explica que la empresa Embotelladora Arco Iris, SA de CV –que Bonafont compró en 2006– engañó a los vecinos de la colonia Ángeles para obtener el permiso. En 1992, esa firma promovió una consulta en la que aseguró a los lugareños que perforaría un pozo agrícola, no uno industrial.

Y, agrega, a partir de que la trasnacional compró la planta, privó la ilegalidad y el despojo. Mientras que los lugareños incluso tuvieron que comprar pipas de agua para abastecerse, trabajadores de la embotelladora, que son vecinos del municipio Juan C. Bonilla, les revelaron que en Bonafont la bomba extraía líquido las 24 horas de los siete días de la semana.

El 29 de mayo de 2021, cuando el socavón apareció en Santa María Zacatepec, a menos de dos kilómetros de la planta, los pobladores de inmediato relacionaron este fenómeno con la sobreexplotación del acuífero.

CONVICCIONES ¿Por qué la CDMX no valora bien al Presidente?

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

La valoración promedio del Presidente en la Ciudad de México (CDMX) es del 48.1 % cuando a nivel nacional es del 59.8 % el 16 de octubre, la diferencia es de 11.8 puntos, según consulta Mitofsky.

En seis alcaldías tiene una aprobación que va entre 30.1 % (Miguel Hidalgo) y 39.6 % (Cuauhtémoc). En Benito Juárez 37.6 %; en Coyoacán 38.1 %; Cuajimalpa 38.7 % y en Gustavo A. Madero 39.4 %.

También en seis tiene una aprobación que fluctúa entre 42.5 % (Iztacalco) y 47.6 % (Venustiano Carranza). Iztacalco 42.5 %; Azcapotzalco 43.6 %; Tlalpan 45.2 %; Álvaro Obregón 45.3 %; Tláhuac 46.9 % y Venustiano Carranza 47.6 %.

Los niveles de aceptación más altos van de 50.8 % (Iztapalapa) a 57.4 % (Milpa Alta). En Xochimilco 51.1 % y en Magdalena 53.8 %. En ninguna de las 16 alcaldías de la CDMX obtiene una calificación aprobatoria por arriba del 60.0 %.

El Presidente en la CDMX, que un tiempo gobernó, está reprobado. Aquí estableció su cuartel general en su larga campaña de 18 años por la presidencia de la República.

Aquí se construyó como figura pública nacional y es desde donde todos los días, en campaña permanente, emite su mensaje matutino de dos horas para posicionarse mediáticamente. ¿Por qué a cuatro años de su gestión lo rechaza la ciudadanía de la CDMX? Pienso que las razones son seis. Los habitantes de la CDMX:

1. Están más informados de lo que sucede en el país que en otras ciudades. Hablan y discuten de los temas nacionales. Lo hacen con datos. 2. Son más críticos del poder que en otras ciudades del país. Lo es desde hace muchos años. 3. Son más críticos de los medios que en otras ciudades del país. Dudan de los que transmiten sin más el mensaje del Presidente. 4. Están decepcionados con los resultados de la gestión del Presidente. Conocen los datos. Se sienten defraudados. 5. Rechazan las maneras de ser y el discurso polarizante del presidente. Lo ubican como mentiroso.

A estas razones habría que añadir una de carácter estructural, todavía más fuerte, y es que en la CDMX la población en situación de clase media es la mayoría.

En la pasada elección, el Presidente, que se metió de lleno a la campaña, perdió nueve de las 16 alcaldías de la CDMX y de haber elección por la jefatura de gobierno también la hubiera perdido.

Todo indica que la desaprobación del Presidente seguirá creciendo en la CDMX y los datos también señalan que en 2024 Morena pierde la elección de la jefatura de gobierno y la mayoría de las alcaldías.

El fenómeno de la CDMX se repite en las grandes ciudades del país como Monterrey y Guadalajara donde la mayoría de la población es de clase media. ¿El Presidente en la profundidad de territorio y en las medianas y pequeñas ciudades seguirá conservando su aprobación? Habrá que ver.

@RubenAguilar

/ VeróniCa espinosa

En la más grave masacre del año 12 personas fueron asesinadas en un establecimiento de Irapuato, pese a que autoridades estatales, municipales y federales presumen su estrategia de seguridad en la entidad con más homicidios del país. Los vecinos dicen que ahí se vendía droga, pero el secretario de Seguridad del municipio afirma que la colonia no se incluyó en los patrullajes militares porque “no se tenía identificada” como violenta. El papá de Víctor Hugo pasó de la incertidumbre al llanto y a los gritos, hasta terminar en una confrontación con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Una llamada telefónica le confirmó que su hijo estaba ese sábado 15 en el centro botanero El Pantano, donde esa noche fueron asesinadas 12 personas:

“¿Para qué los queremos aquí? ¡Para esto sirven ustedes, para esto nada más!”, reclamó a los soldados el hombre de unos 60 años, mientras tomaba con una de sus manos la cinta amarilla con la leyenda “prohibido el paso”.

En busca de información sobre su hijo de 37 años, el padre de Víctor Hugo fue uno de los primeros en presentarse en la escena del multihomicidio. Desde atrás de la cinta alcanzaba a ver la camioneta de su hijo estacionada fuera del centro botanero.

Primero les pidió amablemente a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que le dijeran si Víctor Hugo estaba entre las víctimas. Describió la vestimenta de su hijo: pantalones deportivos y tenis rojos. Fue en vano. En un ligero gesto de empatía, un soldado le tocó el brazo en un intento de reconfortarlo, al darse cuenta de que varias cámaras de medios de comunicación estaban grabando.

Dentro del perímetro marcado por la cinta, decenas de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército tenían la indicación de resguardar la escena del crimen. En las inmediaciones, en menor número, deambulaban policías estatales y municipales. “¡Es mi hijo! ¿Cómo no voy a entrar?”, gritaba el hombre, sin conseguir respuesta de los agentes federales.

Acompañado de familiares de otras víctimas traspuso la cinta amarilla, pero enseguida formaron una valla de refuerzos de la Guardia Nacional.

Un helicóptero del gobierno de Guanajuato sobrevolaba la zona. “¿Ya para qué?”, cuestionó uno de los vecinos de la colonia 12 de Diciembre. Otros comentaban lo que todo mundo, incluyendo a las autoridades, sabía: en aquel lugar se vendía droga.

Guanajuato: la masacre de El Pantano ridiculiza la estrategia militarizada

CoordinaCión en duda

A principios de octubre, cuando el ayuntamiento de Irapuato despidió a 100 policías preventivos, la alcaldesa Lorena Alfaro García anunció que se contaría con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Dos semanas después, la participación de los efectivos federales y del estado, ante la masacre que ha dejado el mayor número de víctimas en Guanajuato durante 2022, consistió básicamente en colocar las cintas e impedir que familiares se acercaran a la entrada principal del negocio.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, y de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la gubernatura, Guanajuato se ha mantenido a la cabeza en homicidios dolosos con más de 15 mil víctimas en los últimos cuatro años.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta que en los primeros ocho meses de 2022 Guanajuato suma 2 mil 424 víctimas de homicidio doloso.

Aunque López Obrador ha presentado cuentas alegres sobre la presencia de fuerzas federales en Guanajuato y las autoridades locales presumen coordinación, a partir de 2022 el número de elementos de la Guardia Nacional en el estado disminuyó 42% comparado con el cierre de 2021.

En el informe de la estrategia nacional de seguridad pública que la Guardia Nacional entregó al Senado de la República se detalla el despliegue de la corporación por entidad entre abril de 2021 y marzo de 2022.

En abril del año pasado en Guanajuato había 6 mil 613 agentes de la Guardia Nacional, pero a partir de mayo y hasta diciembre pasado el número se mantuvo en 6 mil 260. En enero de 2022 su presencia disminuyó severamente: 3 mil 601 elementos. Y en febrero y marzo sólo se sumaron 10.

Para la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad y vocera de los temas de seguridad del gobierno de Guanajuato, Sophia Huett López, las fuerzas federales en las calles del estado han sido funcionales, aunque la entidad se mantiene en primer lugar nacional por la cantidad de homicidios dolosos que se cometen diariamente.

“Sin duda su presencia es útil; tiene que haber una corresponsabilidad, coordinación entre los tres niveles de gobierno: municipios, estado y federación”, dice a Proceso.

Huett López aclaró que los constantes anuncios de la llegada de elementos federales se dan por los cambios que hacen las corporaciones trasladando al personal a otros estados: “Evidentemente se habla de más presencia, pero no hay que olvidar también que se trata de una rotación”.

Por su parte, el gobernador Rodríguez Vallejo ha asegurado en entrevistas y eventos públicos que la coordinación con las autoridades federales se mantiene y que los homicidios dolosos van a la baja.

“Los resultados poco a poco se están dando, a pesar de estos eventos lamentables que nos generan esta gran percepción (de inseguridad) a nivel nacional... Si seguimos revisando los números, hay una tendencia clara a la baja de homicidios. Tenemos que seguir confiando en la estrategia, seguir trabajando de manera coordinada”, declaró el mandatario estatal en entrevista después de asistir al informe de la bancada panista en el Congreso local.

Mientras el PAN y su dirigente, Marko Cortés, sostienen una postura contra la militarización en el país y las reformas impulsadas por el presidente y Morena, en Guanajuato el gobernador y varios alcaldes emanados del mismo partido político piden y celebran la llegada de más militares.

El gobernador guardó silencio hace unas semanas cuando Marko Cortés anunció que su partido votaría contra la reforma para que la SEDENA asuma el control de la Guardia Nacional, y evitó contestar preguntas al respecto un par de ocasiones. Proceso solicitó una entrevista con él, pero hasta el cierre de la presente edición no se ha podido concretar.

La alcaldesa panista de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció que el municipio está por comprar un predio de 10 hectáreas que donará a la SEDENA para construir una base militar en la zona de Las Joyas, una de las más conflictivas de la ciudad. Contará con helipuerto y habitaciones para alrededor de mil 500 soldados.

Al preguntársele en una visita al Congreso local si está de acuerdo con la permanencia de los militares en las calles, Gutiérrez Campos se limitó a hacer un llamado al gobierno federal para que regrese a los municipios el fondo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

“Habemos municipios que con recurso propio dejamos de hacer algunas cosas para poder destinar el recurso a seguridad. Casi 56% del presupuesto total (de León) se destina a seguridad, pero hay municipios del país que con recursos propios no pueden ni siquiera pagar la nómina para fortalecerse. Queremos tener policías municipales fuertes, pero necesitamos que el recurso del FORTASEG regrese”.

LA ALCALDESA PANISTA DE LEÓN, ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, ANUNCIÓ QUE EL MUNICIPIO ESTÁ POR COMPRAR UN PREDIO DE 10 HECTÁREAS QUE DONARÁ A LA SEDENA PARA CONSTRUIR UNA BASE MILITAR

EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL DE AGUASCALIENTES Parentesco

JUAN ROJAS GARCÍA

Tradicionalmente, el parentesco se define como un vínculo jurídico entre personas que descienden de un mismo progenitor. La codificación civil del país, de manera uniforme y categórica prescribe que la ley no reconoce más parentescos que los de consanguinidad, de afinidad y civil. Esto es, el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor; el que se contrae por el matrimonio, entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro; y el que nace de la adopción.

No obstante, la realidad tozuda “tiene otros datos” e indiferente a nuestros majestuosos códigos civiles, de manera cotidiana nos revela de forma palmaria la existencia un diverso manantial, particularmente de la maternidad y paternidad: el trato afectivo y permanente entre personas que no son parientes conforme aquella definición legal.

Efectivamente, en la actualidad no resultan excepcionales los casos en los cuales una persona es criada como hija o hijo por otra de la cual no desciende biológicamente. Con mayor frecuencia, somos testigos de cómo alguien considera a otra persona como su “verdadera madre” o profesa amor filial por quién “en los hechos fue su padre”, en despecho de sus progenitores biológicos; “padre no es el que engendra sino el que cría y ama a su hijos”, reza el adagio popular. En estos supuestos, ¿Se trata de una falsa maternidad o paternidad? Parece que los vertiginosos cambios sociales han dado lugar a una nueva forma de filiación. Aquella que nace del trato diario, del cuidado perenne, de la liberalidad afectuosa. Así, esta filiación socioafectiva constituiría una nueva forma de filiación, maternidad y paternidad.

En contra de lo anterior, se puede argüir que acorde a nuestra legislación civil, este amor materno-paterno- filial, no existe ni es digno de protección, aun cuando se trate de un amor verdadero.

Paz para los que se quedan. Círculos de paz como herramienta para la atención del suicidio

CLAUDIA ALONSO CUÉLLAR

Apartir del proceso de postpandemia, he realizado, con mis estudiantes de bachillerato y universidad, círculos restaurativos, también llamados círculos de paz. En ellos, de forma imprevista, mas no necesariamente sorpresiva, se habló del tema del suicidio con más frecuencia de la esperada, pese a que lo originalmente planteado giraba en torno a las emociones que desencadenó el Covid y sus consecuencias.

El suicidio resultó ser un factor que, por lo menos en Aguascalientes, se sumó al estrés que las personas experimentan durante los meses de confinamiento, aunado a factores como el encierro, la mala situación económica, el miedo a la enfermedad y sus secuelas y, desde luego, a la muerte.

Las estadísticas son alarmantes, ya que según la tasa estandarizada de suicidio por entidad federativa 2020 del INEGI*, nuestro Estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, y pese a ello, hablar del tema sigue siendo tabú, y no se diga indagar en sus causas o en las consecuencias que conlleva.

Por lo tanto, además de ser un tema poco abordado, pareciera que existe un interés tácito de ocultarlo. Se considera que es incómodo enfrentarlo y, por lo tanto, la sociedad en general, prefiere voltear hacia otro lado. Y es que no resulta sencillo lidiar con él.

Las estadísticas de suicidio en la infancia y la adolescencia en nuestro Estado han ido en ascenso, o por lo menos se han mantenido en los últimos años y poco se ha hecho por detenerlas o disminuirlas. En la comunidad educativa, a quienes nos toca enfrentar esta situación es a los padres de familia, profesores, directivos y autoridades escolares. Se pretende que seamos quienes detectemos casos de riesgo, demos algún tipo de contención o canalicemos al niño o adolescente de forma adecuada para que reciba el tratamiento que corresponda. Incluso, que seamos factores de prevención.

Pero, la realidad es que ni los padres de familia o los miembros de la comunidad educativa contamos con los conocimientos o las herramientas necesarias. Si bien es cierto que existen programas a nivel estatal que buscan dar en primera instancia la sensibilización sobre el tema y la capacitación adecuada, las estadísticas revelan que el esfuerzo sigue siendo insuficiente, pues se requiere mucho más para enfrentar estas situaciones.

Por si fuera poco, olvidamos que los adultos tampoco somos, en su gran mayoría, personas emocionalmente sanas y, en muchas ocasiones, somos analfabetas emocionales. Por lo tanto, se nos pide que actuemos para lidiar y prevenir este tipo de situaciones cuando ni nosotros mismos somos capaces de resolver las propias. Esto no representa una disculpa; por el contrario, es reconocer que la carencia es aún más grave y, por lo tanto, que es necesario estar conscientes de la imperiosa necesidad de atender la problemática y entrar de lleno a su contención y prevención. Lo más importante es desmontar los mitos y tabús sobre la salud mental que tanto mal hacen.

Algunas de las estrategias que se sugieren para la prevención del suicido son la detección de los casos de forma oportuna. Para ello se requiere una adecuada capacitación que nos permita detectar en los infantes o adolescentes que están a nuestro cuidado alguna conducta de riesgo. Que, además, varía según la edad, ya que no es lo mismo que una persona tenga una conducta a los cinco años que a los quince. De ahí la complejidad de esta capacitación en el tema. Es decir, no es imposible pero sí requiere de gran voluntad individual y de conciencia y esfuerzo social para que se pueda llevar a cabo.

Además, una vez detectado el caso de riesgo, será necesario actuar en consecuencia de forma asertiva, es decir, muchas de las veces se piensa, que sobreprotegiendo al infante o adolescente en riesgo le estamos haciendo un bien cuando puede resultar ser todo lo contrario. También pasa que hay quien quiere “arreglar” la situación imponiendo castigos o hasta violencia. En cualquiera de los extremos el resultado es que la persona en riesgo se va a sentir incomprendida, lo cual va a terminar agravando la situación lejos de mejorarla.

Uno de los factores más importantes para la prevención del suicidio es la gestión de las emociones, que se puede realizar por medio de actividades socioemocionales como, por ejemplo, la lectura de cuentos, la pintura y el baile, pero con el enfoque de explorar las emociones y sensibilizar sobre ellas. Las artes en general resultan muy útiles en estos casos. También es necesario trabajar la tolerancia al malestar y a la frustración, así como ubicar al infante o adolescente en el aquí y ahora, por medio de técnicas de yoga, relajación y meditación, entre otras.

Otro de los factores de contención frente al suicidio es la religión, ya que esta suele ofrecer un esquema de valores, es decir, una base axiológica y razones para vivir; por ejemplo, la trascendencia, que a la postre puede lograr que la persona encuentre un ancla a la vida.

Todo esto y más debe hacerse de forma prioritaria y generar una verdadera voluntad social para atender el problema. Sin embargo, existe otra parte a analizar: ¿qué pasa con los que quedan? Es decir, con los seres queridos de los suicidas. Ya que, si del tema no se habla, mucho menos de las personas que componen la familia o los amigos de quien decide quitarse la vida, marcándolos con un estigma y condenándolos al ostracismo social.

Los círculos restaurativos o círculos de paz son una herramienta que forma parte de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Consisten en una actividad grupal en la que los participantes pueden expresar emociones, sentimientos y perspectivas de diversa índole. Con ellos se busca generar empatía, y consenso, así como participación activa en la toma de decisiones que ayuden a resolver conflictos. Así, se busca que se escuchen las posturas de los otros, pero que a la vez expresen las propias.

Estos medios buscan regenerar los tejidos sociales, mejorando la convivencia, creando y fortaleciendo los vínculos entre los miembros de una comunidad, que bien puede ser una familia, a partir del diálogo. De ahí que se pueden erigir en una herramienta de apoyo en el manejo del estrés postraumático de los familiares y amigos del suicida. Es evidente que aquellas personas que componen su círculo más cercano son las que resultan más afectadas y, por lo tanto, quedan en un estado de vulnerabilidad emocional que las puede llevar a ellas mismas a atentar contra sus propias vidas.

En los círculos de paz se puede crear un entorno seguro, ya que son los propios participantes quienes establecen las normas a seguir. De tal modo, no basta con establecer, por ejemplo, el respeto como norma, sino que los que están en el círculo especifican para ellos qué es el respeto. También una de las características de estos círculos es la confidencialidad, la cual se pacta entre los participantes, de tal manera que nadie puede divulgar ni usar para algún fin ajeno lo que se dice ahí.

En cada sesión se establecen los temas a tratar y cada participante puede tener la oportunidad de expresar pensamientos, emociones, sentimientos o cualquier otra cosa que tenga que ver con el planteamiento del círculo; incluso, si resulta necesario, se puede ampliar a otros temas, ya que muchas veces los participantes no tienen muy claro del todo lo que quieren hablar.

A final de cuentas, los círculos de paz son un ejercicio de escucha, reflexión y verbalización que puede resultar en beneficio para sus participantes. Por ejemplo, la mamá de un suicida puede llegar a pensar que solo ella está sufriendo por la muerte de su hijo, y en el círculo de paz puede tomar conciencia de que otros miembros de su familia también sufren e incluso descubrir que alguien más siente un dolor tan profundo como el de ella. Con esto se busca generar empatía, perdón y entendimiento.

Esta modalidad de trabajo, dentro de los medios alternos de solución de conflictos, es poco usada, ya que es desconocida por la mayoría de las personas. Se requiere difundir su existencia e impulsar su uso, así como dar una capacitación adecuada para llevarla a cabo, a fin de que se convierta en una forma de construcción de paz social.

Los círculos de paz son una herramienta que aportan la posibilidad de generar, como su propio nombre lo dice, paz emocional a quienes participan en ellos. En este caso, para aquellos que ven su vida trastocada, por no decir destrozada, porque alguien que les era cercano y querido decidió tener una muerte voluntaria. * https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf

Mediadora y Conciliadora Privada del Poder Judicial del Estado desde 2013. @CirculoArtemisaArteyCulturaparalaPaz