aPRo / diana laStiRi

/ dIana lastIrI

A una década del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, un tribunal colegiado turnó a la Suprema Corte de Justicia la solicitud de este semanario de ser reconocido como víctima indirecta y así seguir colaborando en el esclarecimiento del crimen. Los magistrados consideran que de esa forma el máximo tribunal puede establecer un criterio sobre los delitos contra la libertad de expresión y los alcances de la Ley General de Víctimas.

El caso del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los ministros definan si el semanario puede ser considerado víctima indirecta de este crimen, que ya cumplió 10 años sin esclarecerse.

Si la corte acepta atraer el amparo tramitado por esta casa editorial, los ministros pueden establecer un criterio, aún sin precedentes, sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión y los alcances de la Ley General de Víctimas, aspecto que fue resaltado por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal al proponer que el expediente sea resuelto por el máximo tribunal.

“No existe sobre el tema criterio definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, porque a juicio del máximo tribunal podría fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional”, señalaron los magistrados.

InconsIstencIas

La madrugada del 28 de abril de 2012 Regina Martínez Pérez fue asesinada en su domicilio de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Su cuerpo presentaba golpes en el rostro y las costillas, además de marcas de estrangulamiento.

En aquel entonces la entidad era gobernada por Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, e incluso enfrenta un proceso penal ante autoridades de Veracruz por desaparición forzada.

Durante la investigación, los colegas de la periodista fueron citados por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) para declarar sobre su relación con Regina, cómo era ella y si había amenazas en su contra.

Debido a que ningún periodista dijo conocer alguna amenaza contra Regina, la PGJV cerró la línea de investigación sobre su ejercicio periodístico como posible móvil del homicidio.

Esto, a pesar de que durante 12 años la corresponsal de Proceso denunció en las páginas del semanario actos de corrupción de autoridades veracruzanas; abusos de militares, policías y otras autoridades contra poblaciones indígenas; la violencia desatada en la entidad por los cárteles de la droga como Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otros temas, por los que fue objeto de censura y persecución.

Según las constancias judiciales, en diciembre de 2011, meses antes de su homicidio, Regina Martínez Pérez se percató de que alguien ingresó a su domicilio y a partir de entonces manifestó temor por su vida.

Seis meses después de iniciar sus investigaciones, el entonces titular de la PGJV, Amadeo Flores Espinosa, presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como presunto culpable del homicidio de la corresponsal de Proceso.

Hernández Silva declaró ante la procuraduría que la noche del crimen llegó a casa de Regina aproximadamente a la medianoche con José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho –quien decía ser novio de la periodista–, con el objetivo de robarle.

Hernández Silva señaló que, antes de dejarlos entrar. Regina se cambió de ropa. El detenido describió la vestimenta que ella usaba cuando fue encontrada al interior de su domicilio, con una imprecisión: él afirmó que llevaba unas chanclas cafés y, según el acta judicial de levantamiento del cadáver, en realidad la periodista calzaba botas café oscuro.

Añadió que en la casa tomaron cerveza, pero en los análisis no se encontró alcohol en el cuerpo de Regina. Añadió que ella bailó con El Jarocho pero comenzaron a discutir, se golpearon y él la arrastró al baño, donde la ahorcó con una jerga que estaba en el piso.

Reconoció que se robaron un televisor, dinero, teléfonos celulares, computadoras, objetos que según la procuraduría sumaba un monto de 33 mil 100 pesos.

Al día siguiente de declarar, Hernández Silva se retractó y dijo que fue torturado y amenazado para hacerlo. Sin embargo, en abril de 2013 fue condenado a 32 años de prisión por la juez Beatriz Rivera Hernández.

Cuatro meses después el fallo fue revocado por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, al considerar que las garantías del sentenciado fueron violadas porque no hubo una orden de aprehensión para detenerlo y se confesó culpable bajo tortura.

Posteriormente, en junio de 2014, Ángel Alfonso Martínez, hermano de la periodista, obtuvo un amparo en el que el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal de Veracruz ordenó dictar una nueva sentencia condenatoria a Hernández Silva por robo agravado y homicidio calificado.

El inculpado fue reaprehendido ese mismo año en Tlaxcala y actualmente cumple su condena. Todavía es el único sentenciado por el caso de Regina. El Jarocho permanece prófugo.

Regina tenía marcas de haber luchado contra su asesino, pero el ADN recolectado bajo sus uñas y en su domicilio no corresponde al de Hernández Silva.

Un supuesto operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez (El Chilango), aseguró que el crimen de Regina estaba relacionado con narcomenudistas de Xalapa. No obstante, la investigación fue cerrada con el único resultado de la condena contra Hernández Silva.

El caso Regina Martínez, al máximo tribunal

el amparo de proceso

En abril de este año se cumplieron 10 años del homicidio de Regina Martínez. Proceso ha señalado y hecho públicas las irregularidades en la investigación del crimen y busca ser reconocido como víctima indirecta del crimen para solicitar la reapertura del expediente y tener acceso al mismo.

Esto, debido a que el semanario ha promovido y participado en investigaciones colaborativas con Forbidden Stories y la coalición A Safer World of the Truth (formada por Free Press Unlimited, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la protección de Periodistas), las cuales han arrojado nuevos datos sobre la manipulación de la investigación del homicidio de Regina.

Por ello busca que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga y reabra la investigación para aportar pruebas al Ministerio Público, entre otras funciones de apoyo.

Sin embargo, en dos ocasiones le ha sido negado el reconocimiento de víctima bajo el argumento de que, al tratarse de una persona moral, no reúne los requisitos de la Ley General de Víctimas y porque la relación de los medios de comunicación con sus periodistas es únicamente laboral.

Ante la segunda negativa, Proceso tramitó un amparo en el que alegó que los familiares directos o indirectos de Regina no han ejercido un rol activo para impulsar las investigaciones, pero el pasado 3 de agosto el juez tercero de Distrito de Amparo en materia Penal notificó que decidió negar la protección constitucional.

“Aun cuando los familiares directos o indirectos de Regina Martínez no ejerzan un rol activo en el impulso de las investigaciones ni en el esclarecimiento de los hechos, esto no es justificación para que a la moral Comunicación e Información, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa editora de la revista Proceso, se le reconozca como víctima indirecta, puesto que es de advertir que el Estado es el obligado en realizar la investigación y persecución de los delitos, por lo que no puede recaer en los particulares dicha responsabilidad”, señaló el juez.

El semanario ha alegado que debe ser reconocido como víctima indirecta del homicidio de Regina Martínez porque la periodista ya no pudo seguir publicando su trabajo, pero el juez consideró que esto no impidió a Proceso continuar con su labor de informar a la sociedad puesto que ella no era su única reportera:

“No se aprecia que la labor que realizaba Regina Martínez, constituyera la única fuente de información con que la moral Comunicación e Información, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa editora de la revista Proceso, contaba y que, con la muerte de aquella se viera obligado a concluir sus funciones”, agregó el juez.

Esto, a pesar de que el semanario también ha destacado que desde el homicidio de la periodista coadyuvó con el Ministerio Público veracruzano para aportar elementos en la investigación misma, la cual fue cerrada por el entonces procurador general de Justicia de la entidad, Amadeo Flores Espinosa, a pesar de las inconsistencias señaladas por esta casa editorial ante el MP.

El actual director del semanario, Jorge Carrasco Araizaga, fue en su momento el reportero a cargo del caso y recibió amenazas luego de publicar las diversas violaciones procesales y de derechos humanos en las que incurrió la institución veracruzana. A partir de ese momento se detuvo la investigación por parte de esta casa editorial.

Estos hechos no fueron considerados por el juzgador al momento de negar el amparo a la revista, por lo que en agosto pasado Proceso impugnó la decisión a través de un recurso de revisión. En ese recurso fue en el que los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado decidieron enviar el expediente a la SCJN.

Mimetismo político en el Edomex: Texcoco vs Atlacomulco, el inicio de la guerra

/ arturo rodríguez

El jueves 20 por la tarde, Alejandra del Moral Vela fue destapada como la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México. El argumento de la cúpula del partido local es que ella garantiza la coalición con PAN y PRD en la entidad. De inmediato, Del Moral fue proclamada coordinadora del Comité de Defensa del Estado de México, una fórmula similar a la que ostenta la morenista Delfina Gómez. De manera simultánea al destape priísta, en la Ciudad de México Morena convocó a la cúpula del llamado Grupo Texcoco –Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte– para emitir un mensaje de unidad.

La tarde del jueves 20 la Casa de Gobierno en residencial Colón registró el arribo de caravanas cuyos tripulantes, aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado de México, además del respectivo séquito, asistieron a un acto de primera importancia para la política mexiquense: el destape.

El encuentro tuvo el propósito de “explicar” varias encuestas con las casas demoscópicas más grandes y acreditadas, que en todos los casos daban la ventaja holgada a la secretaria de Desarrollo Social en el estado, Alejandra del Moral Vela. Si bien hubo gestos de incomodidad y algunos cuestionamientos, la disciplina fue casi unánime.

Apenas terminada la reunión, salieron hacia la sede priista local, donde una conferencia de prensa sería “destape” público, con Del Moral proclamada coordinadora del Comité de Defensa del Estado de México, una figura análoga a la que ostenta Delfina Gómez, virtual candidata de Morena a la gubernatura en esa entidad y quien, por ahora, es favorita en todos los estudios de opinión.

El Estado de México es sede del priismo más tradicional, donde Atlacomulco invoca más que un municipio a un grupo de poder que durante décadas se sostuvo mediante relaciones políticas y matrimoniales al estilo feudal, que aún conserva el estado más populoso del país con un gobernador cuyo nombre es la tercera vez que arriba al poder en tres generaciones.

El partido en el poder federal, Morena, designó desde agosto a Delfina Gómez, como su coordinadora del Comité de Defensa de la 4T. Integrante del llamado Grupo Texcoco, como lo son también los otros dos aspirantes, Higinio Martínez y Horacio Duarte, a quienes las encuestas no favorecieron para dicho comité, que es en realidad una figura de ese partido que sirve para evadir los tiempos de precampaña previstos en la ley, ahora emulada por los priistas con casi tres meses de diferencia.

Para hacerlo, desde una semana antes del destape de Del Moral, el gobernador Alfredo Del Mazo y el dirigente del PRI estatal, Eric Sevilla, habían conversado individualmente con las aspirantes a sucederlo: las diputadas federales Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul, su homólogo Ricardo Aguilar, así como Elías Rescala, quien es líder de la bancada priísta local.

Los encuentros previos –de acuerdo con dirigentes del PRI consultados–versaron sobre la elección de 2023 y su importancia para 2024, la necesidad de construir unidad en torno a la o el mejor posicionado como única alternativa para conservar el poder en el Estado de México. También, sobre la necesidad de superar la fractura de la coalición “Va por México” a nivel local, para lo que era necesario encontrar los acercamientos con los liderazgos del PAN y del PRD.

Así, en entrevistas y conversaciones, todos los aspirantes declaraban su disciplina al jefe político en turno, es decir, el gobernador Del Mazo. De hecho, entrevistadas por Proceso por separado, tanto Ana Lilia Herrera (el martes 4 de octubre) como Laura Barrera (el lunes 17), fueron reticentes hasta para declarar el método de selección de su preferencia y ambas coincidían en convocar a la coalición como única fórmula de triunfo frente a una rival aventajada y un partido, Morena, que ya arrasó en 21 entidades federativas.

La coaLición, eL argumento

Malinalco, uno de los suburbios predilectos para el descanso y recreo de la élite mexiquense –buen clima, cerca de Toluca, pletórico de capillas y lugares de recreo–, fue escenario para una fiesta de dos días, el 29 y el 30 de julio, en la que Alejandra del Moral contrajo nupcias con el diputado Mariano González Aguirre (hijo del exgobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur), bautizó a sus gemelos y, políticamente, enseñó el músculo.

La concurrencia estuvo nutrida, por supuesto, por la plana mayor del PRI mexiquense, empezando por el gobernador Del Mazo; asistieron la secretaria general del nacional, recién derrotada en Hidalgo, Carolina Viggiano y su marido, el líder cameral Rubén Moreira; también el líder estatal, Éric Sevilla Montes de Oca, pero también el del PAN, Anuar Azar. Inclusive Ana Lilia Herrera Anzaldo y Laura Barrera Fortoul, las oponentes internas de Del Moral.

La relación con Anuar Azar era conocida desde que el año pasado, siendo Del Moral líder del PRI, trabajaron en la coalición que revirtió ligeramente la ventaja de Morena, sin embargo, los principales liderazgos del panismo mexiquense se apersonaron, como en el caso de la alcaldesa de Izcalli, Karla Fiesco, así como de liderazgos del PRD.

La boda y bautizo dieron la idea de que los amarres de coalición estaban sólidos, hasta 10 días después, cuando el panista Enrique Vargas del Villar, exalcalde de Huixquilucan, convocó a la cúpula panista nacional para anunciar su candidatura. El evento fue sintomático de un primer escollo en la coalición Va por México, que terminaría de fracturarse 20 días después, cuando el PRI presentó en la Cámara de Diputados, el 2 de septiembre, una iniciativa para extender la intervención del Ejército en tareas de seguridad.

Para el 3 de septiembre, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dio un anticipo de la ruptura “temporal” que se oficializó dos días después. El tono de Cortés, junto con el del líder perredista Jesús Zambrano, fue subiendo contra el priista Alejandro Moreno Cárdenas, hasta el punto de invalidar a este último como interlocutor por pérdida de confianza.

En el contexto de las definiciones sobre ir o no ir en coalición en 2023, en el Estado de México y Coahuila, las únicas dos entidades que tendrán elección de gobernador y que aún son gobernadas por el PRI, la operación del gobernador Del Mazo se concentró en lo local, bajo la divisa de superar la “desconfianza” de panistas y perredistas.

De acuerdo con los involucrados en las negociaciones, la clave fue ponerlo por escrito con fuerza de ley. A toda prisa, PRI, PAN y PRD diseñaron una ley que reglamentara las coaliciones electorales para que éstas no fueran sólo electorales sino también de ejercicio de gobierno. Con el voto de esas bancadas y la oposición de Morena, el acuerdo quedó sellado el 29 de septiembre.

Del Moral se involucró directamente en las negociaciones con el panista Anuar Azar y con el perredista Agustín Barrera Soriano. De hecho, la participación del PRD ocurrió de última hora, pues en ese partido subsistía un conflicto por la dirigencia estatal que fue resuelto apenas dos días antes de la votación de la ley de coaliciones.

/ Jesusa cervantes

Proyecto emblema de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en Mexicali ya opera el Casino Chinesca, establecimiento con un enredado expediente, de permisos sobre permisos, y los cuales están relacionados personajes polémicos, como Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, y los dueños del Casino Royale que el 25 de agosto de 2011 fue incendiando en Monterrey por el crimen organizado, y donde murieron 52 personas.

Ubicado en el corazón del centro histórico, al nuevo Casino Chinesca, proyecto emblema de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, lo envuelve una maraña de dudas y enredos sobre los antecedentes de sus propietarios, beneficiarios y el permiso mismo.

En el casino participan desde un exagente de la Procuraduría General de la República que fue vinculado a la desaparición de 100 kilos de cocaína, hasta quien fuera uno de los dueños del casino Royale, centro de apuestas en Monterrey donde murieron 52 personas el 25 de agosto de 2011, cuando fue incendiado por integrantes del crimen organizado.

También existe un empresario de origen chino relacionado con el Partido Acción Nacional, que inexplicablemente no cobra por el arrendamiento de otro de los negocios emblemáticos de la rehabilitación del centro histórico, el Museo Wok de comida china.

En el proyecto está la mano de operadores de casinos propiedad de la familia Anchondo Bustamante, la cual tiene negocios con el albanés Luftar Hysa, quien recientemente fue señalado como lavador de dinero vía sus casinos en México y como supuesto socio del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Aunque Hysa, desde Albania, negó cualquier relación con el crimen organizado.

Además, el permiso original del cual deriva el operador del Casino Chinesca perteneció al llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona. Es el mismo quien, en los últimos días de noviembre de 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Gobernación decidió cancelarlo, dividirlo en dos y entregarlos a gente ligada al exasesor de dicha dependencia, Juan Iván Peña Neder.

Coincidentemente el 26 de julio último Peña Neder estuvo en Mexicali para dar una conferencia sobre la agrupación México Republicano.

“Este problema no sólo es en Mexicali, sino en todo el país. Existe una gran cantidad de operadores, donde los permisos los otorga la Secretaría de Gobernación a una empresa o persona física y ésta, en lugar de operarlos, los arrienda. Al hacer esto entramos a un espacio dudoso y no sabemos quién es el dueño”, comenta el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Mario Madrigal, para quien la operación del Casino Chinesca “es complicada”.

En primer lugar, explica que el permiso para operar no pasó por el cabildo de Mexicali. “No sé si pasó por las manos del secretario de Gobierno o de la presidenta municipal, pero no por el cabildo”.

“Hay mucha opacidad” en torno a este casino, insiste. “La Secretaría de Gobernación les dio el permiso para estar en esta ciudad, ahora se les tiene que autorizar la instalación”.

Aunque Madrigal aclara que el proceso no es así porque primero se debe solicitar la anuencia del ayuntamiento, y cuando éste la otorga vía cabildo, la empresa debe acudir a Gobernación, y ya que la federación corrobora el respaldo de la autoridad local, da su visto bueno. “Después de ello es que viene la solicitud de permisos de uso de suelo, licencia de construcción y demás”.

Madrigal advierte que “no es obligación del ayuntamiento otorgar la anuencia como cheque en blanco; el cabildo debe revisar qué tipo de empresa es, quiénes son sus socios, quiénes son los dueños, cómo está de saturada o no la ciudad de casinos y qué es lo que necesita la sociedad”.

El tema con este casino es que desde la primera etapa el ayuntamiento hizo mal, sostiene.

La maraña

El 25 de mayo de 2005, luego de que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, abriera la puerta a nuevos casinos, la dependencia otorgó a Arturo Rojas Cardona el permiso número DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 con una vigencia de 25 años, y con el cual podía operar 100 salas de juego, 50 centros de apuestas remotas y 50 sorteos de números.

Su hermano Juan José Rojas Cardona, a quien apodan El Zar de los Casinos, era quien verdaderamente trabajaba en estos negocios. Hasta octubre de 2012 operaba 12 en Nuevo León.

Rojas fue señalado por excobradores de piso que trabajaron para el casinero Rogelio Garza, que aseguraron en 2011 a Proceso que El Zar de los Casinos se alió con la mafia rusa para que trabajara algunos de sus negocios (Proceso 1810).

Sorpresivamente, minutos antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, el 30 de noviembre de 2012 le cancelaron a Rojas Cardona su permiso y desde la Secretaría de Gobernación, funcionarios ligados a Iván Peña Neder dividieron el permiso en dos: DGAJS/ SCEVF/P-O6/2005 ter y DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 bis.

El primero se entregó a la empresa Producciones Móviles y el segundo a Exciting Games.