Presentan resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

ExpEctativa social sobrE la sEguridad pública principalEs rEsultados pErcEpción dE insEguridad por tEmor al dElito

Del 27 de febrero al 15 de marzo de 2023 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al primer trimestre de 2023. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad.

La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

Para proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, la ENSU cuenta con una periodicidad trimestral. La cobertura conceptual abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, las formas de enterarse de la situación de seguridad pública y la confianza en la administración pública.

En marzo de 2023, 62.1% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2022 y marzo de 2022 (64.2 y 66.2%, respectivamente).

En esta edición, 15 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2022: 11 presentaron reducciones y cuatro, incrementos.

En marzo de 2023, 68.1% de las mujeres y 54.8% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

A partir de 2016 se han generado estimaciones representativas por ciudad. En marzo de 2023, las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que consideró inseguro vivir en su ciudad fueron: Fresnillo (96.0%), Zacatecas (94.3%), Naucalpan de Juárez (88.0%), Ciudad Obregón (86.4), Uruapan (86.2%) y Colima (85.7%).

En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron: San Pedro Garza García (18.3%), Benito Juárez (19.4%), Piedras Negras (19.9%), Los Cabos (22.7%), Saltillo (23.9%) y Tampico (24.1%).

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en marzo de 2023, 72.9% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 65.2%, en el transporte público; 55.9%, en el banco y 54.4%, en las calles que habitualmente usa.

En este mismo sentido y al distinguir por sexo, en marzo de 2023, 79.3% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 70.1%, en el transporte público. De los hombres, 65.8% respondió sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 58.9%, en el transporte público.

En marzo de 2023, 34.7% de la población de 18 años y más, que reside en las ciudades de interés, consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal. Por otra parte, 22.1% de la población refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Lo anterior representa un descenso estadísticamente significativo de 3.8 puntos porcentuales con relación a diciembre de 2022 y de 2.9 con relación a marzo de 2022, cuando se reportó 25.9 y 25.0%, respectivamente. En contraste, confianza En actorEs dE la administración pública Durante marzo de 2023, 50.9% de la población de 18 años y más consideró que se puede confiar en el presidente de la república (gobierno federal), con un nivel de confianza de 8 a 10. Por su parte, 31.8% respondió que se puede confiar en el gobernador de su estado/ jefe de gobierno (gobierno estatal), con el mismo nivel de confianza. Según 29.2%, se puede confiar en el presidente/ alcalde o alcaldesa de su municipio/ alcaldía.

17.9% de la población de 18 años y más refirió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 24.0% manifestó que mejorará. conflictos y conductas antisocialEs Durante el primer trimestre de 2023, 33.4% de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con respecto al porcentaje registrado en el cuarto trimestre de 2022, que fue de 36.1 por ciento.

Las tres ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos fueron: Cuauhtémoc (62.3%), Zapopan (52.8%) y Benito Juárez (52.6%). Las ciudades con los menores porcentajes de conflicto entre la población fueron: Tlalnepantla de Baz (11.9%), Piedras Negras (13.6%) y San Nicolás de los Garza (14.4%).

Compra de plantas a Iberdrola permitirá mantener política

a la economía: AMLO

Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que la generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementará 55 por ciento tras la compra de 13 plantas de energía eléctrica a Iberdrola, operación realizada con el propósito de hacer mayoritaria a la empresa propiedad de la nación.

Indicó que antes de terminar la presente administración, la capacidad llegará a casi el 75 por ciento gracias a esta reciente adquisición, junto con la construcción de plantas y la modernización de hidroeléctricas que impulsó el Gobierno de la Cuarta Transformación. “Todo esto para seguir manteniendo la política de apoyo a la economía popular, que no aumente el precio de la luz como ha sucedido en estos últimos años; que no nos pase lo que lamentablemente padecen consumidores de otros países, que ha aumentado el doble, el triple, el costo de la luz. Lo mismo el costo de las gasolinas, el diésel, el gas; en México no por las decisiones que hemos tomado”, enfatizó. Reiteró en conferencia de prensa matutina que mantendrá la política basada en poner el interés público por encima del de particulares.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, puntualizó que, de las plantas adquiridas a Iberdrola, 12 son de ciclo combinado y una es eólica. En conjunto tienen una generación de 8.5 gigas y se suman a 52.7 gigas de capacidad del Estado.

Destacó que la demanda de México es de 48.1 gigas, por lo que la compra más la capacidad actual de la CFE abastecerá la totalidad de la demanda. “Mayor escala va a permitir, como en todas las empresas, aumentar la escala de la producción, aumenta las eficiencias internas y da sobre todo a la Comisión una mayor participación en un mercado de alto crecimiento, que es el de nornoroeste, en donde tiene sólo el 4.5 por ciento hoy; pasaría a tener una capacidad mucho mayor. El incremento en la vida promedio de las plantas a cargo del Estado en este escenario actualmente es de ocho años, las nuevas tienen 28 años y esto nos daría una mejora en la edad promedio de la planta nacional”, explicó.

La compra significó 5 mil 943 millones de dólares, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) está a cargo de la operación y no significa recurrir a deuda. La Comisión Federal de Electricidad, acotó el titular de la SHCP genera utilidades operacionales y al mismo tiempo dividendos. “La operación se paga en 10 años, en 10 años estamos con un ingreso que proviene del flujo de los recursos superior a la cantidad de dos mil 400 millones de dólares que invertimos de origen en el costo de la adquisición del capital de riesgo. Estamos viendo varias ventajas, no solamente es el hecho de que disponemos de una capacidad de generación del 55.5 por ciento ahora, sino de que es un flujo interno, esto se paga, entra el dinero de Hacienda, pasa por el FONADIN, y finalmente se recupera y lo recupera FONADIN”, puntualizó.

Encuesta del INEGI demuestra la confianza del pueblo en las Fuerzas Armadas: AMLO

El gobierno federal destacó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI para asegurar que la población tiene confianza en las Fuerzas Armadas, como respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA.

“Es muy importante, porque esto demuestra que hay como dos mundos, el de la llamada sociedad política y el del pueblo, el de la mayoría de los mexicanos. Entonces, para la élite política, los grupos de intereses creados, no debe el Ejército, la Marina, participar en labores de seguridad pública, cuando el pueblo de manera mayoritaria le tiene confianza a la Secretaría de la Defensa y a Marina, y a la Guardia Nacional”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó: “¿Qué hizo ayer la Corte? Pues actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo”.

De acuerdo con los datos de la encuesta mostrados: la Marina tuvo 87.5%; el Ejército, 83.4%; la Guardia Nacional alcanzó la confianza en 76.7%; la policía estatal, 55%, y la policía preventiva municipal, 49.9%.

“Aquí vemos, digamos, el desarrollo de esta percepción de Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional y, como decíamos, las tres van al alza, particularmente la Guardia Nacional, que ha ido, digamos, mejorando su imagen y ganando la confianza de los ciudadanos”, dijo el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.

Además, expuso que “el 50% de la población considera que se puede confiar en el presidente de la República, con un nivel muy alto de confianza, digamos, entre el ocho y el 10. Lo que mide esta, como se mide, digamos, este indicador es: cero significa nada y 10 es completamente confiable en quien está preguntando. Entonces, aquí estamos hablando de que el 80% de la población de México confía en el presidente de la República, la mitad de manera completamente, digamos, completa”.

En el caso de los gobernadores, se reduce esta percepción, con 5.5 en promedio, que se traduce en cerca del 70%, en los presidentes municipales es de menos del 70%.

Sedena

“La seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando como lo demuestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al exponer su postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la SEDENA. “La Constitución establece que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos. Eso es fundamental y es prioritario”, enfatizó.

Como parte de los cinco puntos de su pronunciamiento, el jefe del Ejecutivo anunció que, con el objetivo de mantener el buen funcionamiento y la consolidación de la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recorrerá todas las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional en la República para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos en las mismas condiciones que los integrantes de las Fuerzas Armadas.

La titular de la SSPC también deberá mantener como comandante de la corporación al general retirado, David Córdova Campos, por su buen desempeño.

Informó que el 1 de septiembre de 2024, antes de terminar su mandato y cuando ya esté en funciones la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la SEDENA.

Espera, dijo, que la aprueben antes del último día de su gestión como presidente de México. “Que pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”, aseveró.

Sostuvo que, en la resolución de ayer en la SCJN, ocho ministros —a excepción de tres—actuaron de manera facciosa y no tuvieron criterio jurídico sino político.

Acusó que defendieron “las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”. El presidente López Obrador señaló que los ministros están al servicio de las cúpulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, arremetió ahora contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron a favor de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Un día antes, el titular de SEGOB arremetió desde su cuenta de Twitter contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que llamó “lastre burocrático”.

Los ministros que dieron los votos necesarios para invalidar la incorporación del cuerpo de seguridad al Ejército fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez y la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

Mientras que los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.

“Ayer 8 ministros de la Corte se convirtieron en Constitucionalistas de ocasión, votando por intereses políticos, más no por interés jurídico, en contra de la Seguridad del Pueblo de México”, publicó Adán Augusto López, quien añadió: “La Guardia continuará recibiendo la orientación y la formación profesional de la SEDENA”.

La senadora panista Lilly Téllez confrontó al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas durante la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Lilly Téllez, quien llegó al Senado postulada por Morena y luego se pasó al PAN, reclamó al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia que se hubiera roto el pacto establecido un día antes para que se respetara la ceremonia celebrada en la vieja casona de Xicoténcatl.

La legisladora se quejó por la intervención en tribuna de la senadora de Encuentro Social, Sasil de León, quien durante su discurso condenó “enérgicamente” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La intervención provocó gritos de “fuera” por parte de los panistas y el llamado de la presidencia del Senado a guardar el orden.

Lilly Téllez se levantó de su asiento para reclamar a Ramírez Cueva, quien acudió como invitado a la ceremonia, y lo grabó con su celular.

La senadora le reclamó la “falta de respeto” a la división de poder por la intervención de Sasil de León y lo acusó de acudir a la premiación “representando a Victoriano Huerta”, en alusión al episodio histórico en el que fue traicionado el presidente Francisco I. Madero cuando fue presidente en 1913, en el episodio histórico conocido como la "decena trágica".

Ramírez Cuevas le pidió que no le faltara el respeto a la ceremonia y Lilly Téllez le dijo: “No me toque, no me toque”, a lo cual el portavoz presidencial contestó: “No me ponga su teléfono”. En ese momento Ramírez Cuevas se puso de pie junto con todos los asistentes mientras la escritora recibía el premio.

“Le va a decir al presidente que es un cobarde, de mi parte, por no venir y dígale que es el representante de Victoriano Huerta, son ustedes unos hipócritas. Y no vuelva a tocarme”, le dijo Lilly Téllez a Ramírez Cuevas.

“Tenga usted altura”, pidió la senadora. “Tiene todo mi respeto”, le respondió el vocero. “No respetan a los mexicanos y tampoco a Elena Poniatowska”, reviró Téllez. “Usted es la que no lo respeta”, señaló Ramírez Cuevas.

En ese momento llegó la senadora morenista Citlalli Hernández, a quien Téllez le preguntó si llegó para defender al funcionario. "No venimos a defenderlo, venimos a pedirte calma. Compórtate como representante popular”, le dice la también secretaria general de Morena.

Lilly Téllez compartió el video con este tuit: “Morena rompió el pacto para respetar la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez. Reventaron la sesión al atacar a la Suprema Corte de Justicia. No les importó la galardonada. Fui a reclamar al servidor de AMLO que se metió al recinto y vino Citlali a encubrirlo”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que aún en el supuesto de que la compra de 13 plantas a Iberdrola signifique adquirir deuda, la actual administración quedaría por debajo del endeudamiento de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, además de que los grandes bancos han ofrecido financiamiento.

“En el supuesto de que hubiera deuda y para satisfacción de quienes están insistiendo en que esta es una operación de deuda, nosotros tendríamos todavía mucho margen para quedar por debajo del endeudamiento que constituyó el presidente Felipe Calderón, en donde hubo un incremento de deuda de 7.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es como medimos el impacto”, dijo en el primer caso.

En el caso de Peña Nieto, expuso que hubo un incremento de 8.5 puntos porcentuales de deuda contra PIB; “nosotros llevamos 5.0 puntos porcentuales, y esto es sobre todo por la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 y no necesariamente por el aumentar la toma de deuda”.

Reiteró la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que la inversión, de la cual la parte del financiamiento es deuda, se recuperará en 10 años. El costo total de las 13 plantas eléctricas compradas a Iberdrola es de 5 mil 943 millones de dólares.

El secretario de Hacienda explicó que “la parte de capital de riesgo, que es la toma FONADIN, estrictamente es dinero disponible, la otra parte es financiamiento y es deuda, pero esa deuda ya la incurre el vehículo que FONADIN crea para hacerse cargo del proyecto” indicó.

Previo a esta declaración, el funcionario expuso que “aún en el hecho de que se supusiera que esto es deuda, hemos insistido en que esta es una operación. Nosotros tenemos el dinero en disponibilidades, es decir, en la chequera, sacamos dinero de la chequera nuestra, no estamos recurriendo a deuda y estamos comprando un activo que produce flujo”.

Ramírez de la O explicó que FONADIN hizo la operación con sus propios activos, “pasar de su chequera a un activo productivo. Entonces, por eso insistimos en que no hay deuda”.

En torno a las instituciones financieras, el secretario de Hacienda dijo que “todos los bancos han venido, prácticamente los bancos grandes, han venido prácticamente a ofrecer financiamiento, porque saben que esta es una operación bastante atractiva para ellos”.

La percepción de la inseguridad en el país se redujo en marzo pasado, luego de que el 62.1 % de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2022 cuando la tasa fue del 64.2% y de marzo de 2022 cuando el 66.2 % de la población se sintió insegura.

En marzo de 2023, las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que consideró inseguro vivir en su ciudad fueron: Fresnillo (96.0 %), Zacatecas (94.3 %), Naucalpan de Juárez (88.0 %), Ciudad Obregón (86.4), Uruapan (86.2 %) y Colima (85.7 %).

En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron San Pedro Garza García (18.3 %), Benito Juárez (19.4 %), Piedras Negras (19.9 %), Los Cabos (22.7 %), Saltillo (23.9 %) y Tampico (24.1 %).

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en marzo de 2023, el 72.9 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 65.2 %, en el transporte público; 55.9 %, en el banco y 54.4 %, en las calles que habitualmente usa.

Durante el primer trimestre de 2023, los resultados de la ENSU revelaron que el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda se relacionó con consumo de alcohol en las calles (59.3 %), robos o asaltos (50.4 %), vandalismo en las viviendas o negocios (41.1 %).

Asimismo, con venta o consumo de drogas (37.8 %), disparos frecuentes con armas (37.2 %), bandas violentas o pandillerismo (24.1 %), tomas irregulares de luz —diablitos— (14.6 %) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel —huachicol— (3.3 %).

Durante el periodo de referencia, 33.4 % de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno.

Según el INEGI, el 51.4 % de la población de 18 años y más, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó evitar llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Por su parte, 44.6% dijo ya no caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche y 43.6 % reconoció haber hecho cambios en cuanto a permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda.

En tanto que el porcentaje que respondió haber modificado rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos fue 27.9%.

Durante marzo de 2023, el 50.9 % de la población de 18 años y más consideró que se puede confiar en el presidente de la república, con un nivel de confianza de 8 a 10. Por su parte, 31.8 % respondió que se puede confiar en el gobernador(a) de su estado/ jefe(a) de gobierno (Gobierno estatal), con el mismo nivel de confianza.

TEPJF aprueba extender dirigencia de Mario Delgado en Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó prorrogar hasta octubre de 2024 el período de Mario Delgado y Citlalli Hernández, como dirigente nacional y secretaria general de Morena, respectivamente.

De esta manera, no fue aprobada la propuesta de la magistrada Janine Otálora Malaysia, quien se declaró por anular la extensión de estos cargos en la dirigencia de Morena. Y fueron tres magistrados los que estuvieron a favor de esta propuesta y cuatro en contra, por lo que finalmente se impuso esta última postura.

De esta manera, ahora Delgado y Hernández ya no concluirán su periodo en agosto de 2023 -como se preveía originalmente-, sino hasta octubre de 2024.

La magistrada Otálora expuso los siguientes motivos para fundamentar su propuesta: El primero, porque en la minuta del Congreso Nacional no se discutió sobre esta modificación, pues solo se votó en forma general a todos los cambios a los Estatutos; segundo, porque los partidos políticos están obligados a cumplir con el principio de periodicidad de sus dirigencias; y tercero, porque en dos ocasiones la Sala Superior ya había determinado que los dos cargos deberían concluir en agosto de 2023.

Señala el proyecto de la magistrada: “La prórroga rompe con los principios democráticos contenidos en el texto Cons- titucional, mismos que deben regir el actuar de los partidos políticos aunado a que el partido únicamente justifica su decisión como una estrategia política que de ninguna forma trata de supuestos extraordinarios o excepcionales. Por tanto, se propone ordenar al partido que renueve su presidencia y la secretaría general a más tardar el 31 de agosto del año en curso”.

Mientras que José Luis Vargas, uno de los magistrados que estuvieron en contra del proyecto de Otálora, señaló que en la sesión del Congreso Nacional de Morena del año pasado, el 74% de los asistentes votaron a favor de extender sus mandatos a Mario Delgado y Citlalli Hernández. De esta manera, dijo, sería “atentar contra un proceso democrático”, realizado al interior del partido, no conceder esta prórroga.

Esta postura también argumentó que el rechazo a la prórroga no provino de un cúmulo importante de militantes de Morena, sino que sólo fueron 17 militantes quienes externaron su inconformidad. De esta manera, “no hay una inconformidad generalizada de los militantes”.

En cuanto se dio a conocer la determinación del TEPJF, Mario Delgado externó su beneplácito por esta decisión, señalando que se respetaron las decisiones tomadas al interior del partido. Citlalli Hernández igualmente externó su beneplácito a través de redes sociales. “Celebro la decisión de la mayoría de los magistrados del TEPJF”, dijo.

Mario Delgado celebra su ampliación de mandato en Morena

Mario Delgado Carrillo continuará en el cargo hasta agosto de 2024, luego de que la justicia electoral avaló los acuerdos del Congreso Nacional de Morena que le autorizó quedarse un año más.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió este miércoles sobre la impugnación interpuesta por una facción morenista que reclamaba infracciones estatutarias. Hasta ayer, el proyecto de la magistrada Janine Otalora perfilaba obligarlo a cumplir solo el periodo para el que fue electo.

Desde ayer, Proceso anticipaba una votación dividida de pronóstico reservado. Y efectivamente, el proyecto de Otálora fue respaldado por otros dos magistrados, pero cuatro votaron en contra, con lo que el dirigente morenista aseguró la prórroga.

Aunque durante la sesión se expusieron argumentos jurídicos, Mario Delgado celebró la decisión atribuyéndola a que los cuatro votos representan que “los magistrados escucharon a la militancia” de Morena, una alusión a los desplegados que tanto gobernadores como líderes de partido signaron en días pasados.

“Es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer la voz de nuestra militancia, de nuestro Congreso Nacional. Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este movimiento siga creciendo y el pueblo de México así lo quiere. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado al presidente y a la Cuarta Transformación. Hoy estamos

Delgado y Hernández ya no concluirán su periodo en agosto de 2023, sino hasta octubre de 2024 más unidos que nunca y esa es nuestra fuerza”, sostuvo.

Delgado Carrillo presumió el avance territorial de Morena, partido que gobierna en 20 entidades federativas y tiene las mayorías camerales, así como los municipios más poblados. “Es claro cómo hemos evolucionado, que Morena crece con cada elección”, dijo, al referir los resultados alcanzados en 2018, 2021 y 2022.

Finalmente, el dirigente morenista aseguró que, rumbo al 2024, el Comité Ejecutivo que encabeza se conducirá de manera imparcial e institucional. “El hecho de que nuestro partido tenga varios liderazgos que puedan darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no debe ser un motivo de división, sino de fortaleza”, expresó convocando a la unidad.

El proceso agotado hoy en el TEPJF fue impulsado por la facción conocida como Convención Nacional Morenista, un grupo articulado por el académico John Ackerman, que ha impugnado decenas de elecciones de consejeros nacionales, así como los acuerdos tomados en el congreso nacional del partido en septiembre pasado y que, entre otras decisiones polémicas, resolvió ampliar el período de Mario Delgado como presidente y de Citlali Hernández como secretaria general.

El INAI lamenta los señalamientos hechos por el Gobierno Federal, ya que atentan contra su autonomía e independencia

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expresa su preocupación por las constantes descalificaciones del titular del Poder Ejecutivo y ahora del Secretario de Gobernación sobre las funciones de este organismo constitucional autónomo.

A lo largo de 20 años, el Instituto ha dado muestra fehaciente de su pertinencia dentro del aparato democrático mexicano para que la sociedad pueda ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Los señalamientos del Gobierno Federal pretenden comprometer la existencia del organismo garante, pero sobre todo vulneran la garantía de estos dos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana, los cuales abren la posibilidad de que las personas exijan y hagan valer otros derechos humanos.

El INAI trabaja por y para la ciudadanía; a través del derecho a saber, las personas han podido conocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas y, mediante el derecho de protección de datos, han logrado obtener sus semanas cotizadas para tramitar su pensión, solicitar su expediente clínico para conocer otras valoraciones médicas, rectificar sus datos, por ejemplo, de los certificados de vacunación, presentar una denuncia cuando instancias públicas o privadas hacen mal uso de su información personal y exigir la reparación del daño cuando han sido víctimas de robo o suplantación de identidad, por mencionar algunos beneficios.

Además, debe enfatizarse que, a través de las resoluciones del Pleno del INAI, derivadas del ejercicio del derecho de acceso a la información, se han documentado y transparentado diversos asuntos de interés público y casos como SEGALMEX, la Estafa Maestra o la Casa Blanca.

Por otro lado, es importante puntualizar que el INAI es la única autoridad en el país facultada para velar por el derecho de la sociedad a la protección de sus datos personales, a nivel nacional, en el sector privado y, en el ámbito federal, en el sector público.

Ricardo Monreal Ávila informó la mañana de este miércoles que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunirá con el bloque opositor para escuchar su postura respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Ayer hablé con él en la noche, y sí va a hablar con ellos. Me dijo que sí, con gusto; ya sea al momento de su arribo o al término de la ceremonia (de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez), pero me ofreció que sí”, detalló.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado descartó que esta acción signifique que el Gobierno federal haya cambiado de postura respecto a la designación de comisionados del INAI, ya que es claro que no están de acuerdo con su integración.

“Hasta este momento tiene una posición, que ustedes ya la saben, entonces no hay ninguna otra posición que yo conozca formalmente; creo que la posición del secretario ha sido muy clara, ayer mismo la ratificó por la tarde en un tweet y yo la respeto”, agregó.

En cuanto a la reunión de senadoras y senadores con la jefa de gobierno de la CDMX, el senador aclaró que no hay problema; “yo, como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, he dicho que todos tienen libertad de reunirse con quien quieran”, reiteró.

Enfatizó que no son caciques, por lo que todo el mundo debe asumir su responsabilidad de con quién quieren coincidir; “de mi parte no hay ninguna actitud fuera de eso”.