aPRO / JeRónimO D Galván

CONVICCIONES Un presidente estancado

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

La encuesta de Reforma con la que cierra el año (06.12.22) da cuenta que al terminar su cuarto año de mandato el presidente López Obrador tiene un nivel de aprobación muy semejante al de Zedillo, Fox y Calderón. Y más alto que Peña Nieto.

Es lo mismo que dicen todas las encuestas, que pueden ser calificadas como tal por su rigor metodológico. El presidente suele citar una a nivel mundial que lo sitúa como el segundo gobernante mejor calificado del mundo.

En marzo de 2019, el presidente tenía una aprobación del 78% y a partir de ahí empieza a caer, para en agosto de 2020 tener 56%. A partir de ese momento la aprobación presidencial se estabiliza.

De agosto de 2020 a diciembre de 2022, los últimos 29 meses, la aprobación se mueve entre el 56% y el 63%. En diciembre de 2022 es de 59%.

Se puede decir que el presidente está estancado en el nivel de aprobación, que ya no cae, pero tampoco crece. El mayor nivel de aceptación lo obtiene en la población de 60 o más años con el 66% seguido del que tiene entre 50 a 59 años con el 63%.

La menor aprobación se encuentra entre la población de 18 a 29 años con el 55%, le sigue el grupo de 30 a 39 años con 56% y luego el de 40 a 49 años con 59%. A mayor edad más aprobación y a menor es menos.

El nivel de escolaridad también influye. La mayor aprobación está entre la población que llegó hasta la primaria con el 65% y la menor la que hizo la universidad o más con el 55%. A menor escolaridad más aprobación y a mayor menos.

En los últimos 29 meses los niveles de aprobación del presidente no varían. Por lo pronto en el horizonte no hay nada que diga que esa situación pueda cambiar.

Lo más común es que el ejercicio del poder desgaste y la aprobación de los gobernantes tienda a caer en la medida que pasa el tiempo.

Algo que se debe considerar es que el nivel de rechazo del presidente crece. En marzo de 2019 era de solo 19% y en diciembre de 2022 del 39%, que es el doble.

De agosto a diciembre de 2022 el rechazo crece en seis puntos. El más alto de la serie es en agosto de 2020 con 41%. Habrá que ver lo que registren las próximas encuestas.

@RubenAguilar

Un traje a la medida para controlar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

/ Neldy SaN MartíN

Detrás del fast track al Plan B del presidente López Obrador en materia electoral, Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el jueves 8 las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Opositores y especialistas alertan que lo aprobado en San Lázaro “tiene dedicatoria política”: pretende que la magistrada Natalia Téllez –señalada como cercana a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro– sea la presidenta de este Tribunal.

La Cámara de Diputados despejó el camino para que una persona cercana a Raquel Buenrostro, la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, de la Tercera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pueda ser presidenta de este organismo autónomo creado por el presidente Lázaro Cárdenas para garantizar derechos de los ciudadanos en litigios con la administración pública. Un traje a la medida para que la Cuarta Transformación tome el control del TFJA, denuncian especialistas y opositores.

Tras el pase fast track del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, Morena y sus aliados en San Lázaro avalaron el jueves 8 las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que envió el presidente a la Cámara de Diputados el 3 de noviembre último. El dictamen pasó al Senado para seguir con el procedimiento legislativo.

La reforma incluye un artículo sexto transitorio que establece que en el caso de que los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la presidencia, por única ocasión, la postulación se realizará por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género.

La polémica se debe a que el 3 de enero de 2023 se renovará la presidencia del TFJA y en la Tercera Sección sólo hay dos magistraturas ocupadas y sólo una por una mujer, Natalia Téllez. Además, la magistrada tiene mayor antigüedad que el otro magistrado, pues fue designada por el Senado el 30 de abril de 2021 para un periodo de 15 años, mientras que su compañero Julio Ángel Sabines Chesterking, fue nombrado dos meses después, el 30 de junio.

“Buscan beneficiar a la única persona elegible en esos términos”, acusó en Tribunal la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del PAN, haciendo eco de las preocupaciones de los especialistas en la materia, como el investigador Miguel Ángel Rafael Vásquez Robles, de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien alertó en un foro que “la reforma tiene una dedicatoria política hacia una persona”.

Para Pérez-Jaén Zermeño, esta reforma es un traje a la medida para que la magistrada Téllez sea elegida presidenta del Tribunal, “¿con qué finalidad?, que el presidente, vía la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pueda controlarlo de acuerdo a sus intereses”.

Natalia Téllez levantó la mano para presidir el tribunal, pese a estar impedida por ley, pues, como explicó la diputada Amalia García, de Movimiento Ciudadano, la Sección Tercera del TFJA se creó vinculado al sistema Nacional Anticorrupción, y quienes lo integran deben estar impedidos para competir para ser presidentes del tribunal y así garantizar su imparcialidad.

Natalia Téllez Torres Orozco | Foto TJFA

Cambios a leyes electorales: La 4T buscó meter gol en el Plan B

/ JeróNiMo d GalváN

El presidente lo llamó “una travesura de duendes”, pero lo que en realidad ocurrió es que, tras confirmarse el fracaso por aprobar una reforma constitucional en materia electoral, le metieron mano al Plan B del mandatario para, entre otros temas, flexibilizar los márgenes que permitieran a sus aliados chiquitos (Partido Verde y PT) conservar su registro como partido político nacional y, además, revivir figuras en desuso, como las candidaturas comunes.

En una estira y afloja con el Congreso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su presión para cambiar las leyes electorales; y ante los ajustes realizados a su Plan B en beneficio de sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, que considero una “travesura de los duendes”, anunció que mandaría otra propuesta para enmendar el “error” que –según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López– Morena cometió en la Cámara de Diputados.

Tras el inminente rechazo de la oposición en San Lázaro a la reforma electoral a escala constitucional, López Obrador entró a escena y mandó su propuesta de Plan B vía el secretario de Gobernación. Pero ante la pifia de Morena, que ajustó dicho plan beneficiando a sus aliados de Juntos Hacemos Historia, con reformas que resultaron inconstitucionales, ahora instruye a que, mediante el Senado, corrijan la plana de lo que algunos consejeros se han dado a llamar el Plan B, pero con “‘V’, de venganza” contra el INE.

Más allá de analizar si el consejero electoral Ciro Murayama entendió el mensaje contra las instituciones, el breve paso del documento por la Cámara, con dos iniciativas y más de 300 páginas que llevó personalmente al recinto legislativo el secretario de Gobernación el mismo día que sería discutida por los diputados de Morena, derivó en cuestionamientos sobre la legalidad de su contenido.

El nuevo documento se tornó aún más complejo y confuso cuando, para obtener la aprobación del Partido Verde y el Partido del Trabajo, el coordinador de la mayoría de Morena permitió hacer “agregados” a la iniciativa que contenía normas reglamentarias del ámbito electoral. Esto derivó en modificaciones que terminaron por poner en entredicho la constitucionalidad de la reforma a normas reglamentarias.

En la sesión del martes 6, si de por sí la oposición acusó desaseo en el proceso legislativo y fast track del partido oficialista a un dictamen que aún no había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, cuando inició la exposición de la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, a las 10:12 de la noche, lo que agregaron los otros integrantes de Juntos Hacemos Historia terminó por dar argumentos a Acción Nacional para buscar impugnar la reforma ante la Suprema Corte.

Tras la momentánea “victoria” de haber frenado la reforma constitucional en materia electoral –según lanzaron en redes sociales una y otra vez los integrantes de la coalición Va Por México–, los tres partidos decidieron abandonar la asamblea tras los posicionamientos de los partidos en la segunda sesión de ese día.

Advirtieron que Morena buscaba acomodar las leyes “en su conveniencia” para garantizar sus votos en las siguientes elecciones.

Con pleno conocimiento de lo que venía, de ese “burdo intento de sabotaje al proceso electoral del año 2024”, que acusó Jorge Triana del PAN, los tres partidos de oposición salieron y rechazaron el debate, pese a la apertura para aceptar reservas que, inusualmente, concedió el grupo mayoritario al dictamen que ya había sido modificado con sus aliados.

En medio de gritos y loas a su “resistencia”, el bloque opositor prefirió enmudecer en el debate que venía acerca de las reformas a normas reglamentarias contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Adán Augusto López | Foto Cristian de Lira

/ alonso CHávez landeros

La cárcel de Cieneguillas (considerada la de máxima seguridad en Zacatecas) tiene un historial marcado por el autogobierno, la corrupción y colusión de autoridades carcelarias con los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control del penal. El escándalo más reciente ocurrió el pasado domingo 4, cuando hubo un intento de fuga que, al fallar, detonó disturbios graves en los alrededores… pero la historia de desmanes es larga.

El Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) varonil de Cieneguillas es ejemplo del fracaso y la crisis que padece el sistema penitenciario mexicano. En sus 30 años de operación han ocurrido incontables fugas, motines, riñas y masacres; el más reciente intento de fuga, la noche del domingo 4, desencadenó incendios de vehículos y casetas, bloqueos carreteros y otros incidentes graves.

El resultado fue paradójico: la fuga se frustró porque el camión Torton que los perpetradores pretendieron estrellar contra un muro para abrir un boquete en la barda perimetral, cayó en una zanja que había sido cavada después de la más reciente fuga, esta sí consumada dos meses atrás.

Tiene Cieneguillas un negro historial marcado por el autogobierno, la corrupción y colusión de autoridades carcelarias con los grupos delincuenciales. Actualmente los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputan su control, con la misma furia que pelean por el dominio del territorio zacatecano.

En Cieneguillas la ingobernabilidad ha trascendido a los cambios del partido en el gobierno, federal y estatal.

La noche del domingo 4, decenas de hombres con armas de grueso calibre, a bordo de varias camionetas pick up, irrumpieron a las 18:30 horas en las inmediaciones de esta prisión, la más grande y considerada la de mayor seguridad del estado, con el propósito de liberar a un grupo de reos detenidos semanas atrás, presuntamente enterados de su inminente traslado a cárceles de máxima seguridad en otros estados del país.

El Cártel de Sinaloa fue señalado como el autor de la operación, así lo declaró al día siguiente el secretario de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín. Pero fuentes penitenciarias consultadas por Proceso contradicen la versión y sostienen que el operativo criminal estuvo a cargo de pistoleros del CJNG que buscaron liberar a más de una docena de reos, entre ellos varios líderes detenidos el mes anterior en los municipios de Guadalupe y Jerez.

Testimonios obtenidos por este medio relataron que los reclusos del CJNG estaban ya esperando la maniobra para la fuga, habían reventado barrotes y causados destrozos en el módulo que los separa de los internos ligados a otros cárteles. La maniobra falló en Cieneguillas, pero el plan, orquestado por los criminales para concretar el escape de sus líderes presos, estaba ya en marcha.

Casi de manera simultánea, hombres fuertemente armados quemaron automóviles y camiones de carga, que arrebataron a sus propietarios, para bloquear las carreteras que conectan a Zacatecas con Durango, Saltillo, Aguascalientes y Guadalajara, desatando así el terror entre la población.

Aunque la jornada violenta había comenzado horas antes con el asesinato del juez penal Roberto Elías Martínez, atacado a balazos el sábado 3 al salir de su domicilio en la ciudad de Guadalupe, y la emboscada perpetrada el viernes 2 por criminales contra policías municipales de Valparaíso, en la que murieron dos uniformados y otro quedó malherido.

Esas acciones violentas, que dejaron varados a automovilistas e incomunicados durante horas a los municipios de la región centro y a Zacatecas con las entidades vecinas, fueron consideradas por las autoridades del gobierno de David Monreal como “distractores” efectuados por los delincuentes en su intención de consumar el intento de motín y fuga.

Este intento fue “frustrado por nuestros elementos de seguridad”, afirmó la noche del domingo la secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo, mediante una publicación en redes sociales. La versión fue secundada horas más tarde por el secretario de Seguridad, Adolfo Marín, en un videomensaje.

“Hemos tenido reacciones derivado del buen resultado y del quehacer en la estrategia de construcción de paz”, expresó Monreal la mañana del lunes 5. El gobernador calificó lo sucedido como “horas difíciles vividas por la población como una intentona de fuga en el penal de Cieneguillas”, que gracias la coordinación oportuna de la Guardia Nacional, el Ejército y las corporaciones estatales “sólo fue eso, una intentona pero que obligó a hacer un operativo”.

Cieneguillas, el penal donde mandan los cárteles

Historia de ingobernabilidad

La madrugada del 16 de mayo de 2009, durante los sexenios del presidente panista Felipe Calderón y la gobernadora perredista Amalia García, un grupo de hombres vestidos como agentes de la Agencia Federal de Investigaciones llegó en varias camionetas con torretas hasta la puerta principal y liberó a 53 reos, en su mayoría integrantes de Los Zetas.

Como mostraron diversos videos y testimonios, la sustracción duró cinco minutos, se efectuó sin un solo disparo y tuvo la complicidad de personal a cargo del centro penitenciario (Proceso 1699).

Una década después, la noche de año viejo, el 31 de diciembre de 2019, ya durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y siendo gobernador el priista Alejandro Tello, un partido de futbol entre reclusos acabó en una riña campal. Miembros de los cárteles del Golfo asesinaron a 16 reclusos y lesionaron a otros cinco en un ajuste de cuentas contra su antiguo líder.

En la masacre se usaron armas cortas que los celadores y policías no hallaron en una revisión hecha 24 horas antes en la que decomisaron drogas, celulares y “puntas hechizas”. Incluso, dos días después, el 2 de enero de 2020, en una segunda riña, otro reo fue asesinado y cinco más, heridos.

En enero 2020 el gobernador Alejandro Tello alertó que Cieneguillas era “una bomba de tiempo” porque no consiguieron entonces que el gobierno de López Obrador atendiera su petición de trasladar a la totalidad de los internos peligrosos; y que la medida de separar a los reos por su grupo delictivo de pertenencia era sólo un paliativo, ya que en realidad “se requiere un nuevo penal”.

En seis años, de enero de 2016 a diciembre de 2021, 28 reclusos fueron asesinados y 58 resultaron lesionados durante 20 riñas suscitadas en el centro, de acuerdo con el sexto informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, presentado en enero pasado. Durante ese mismo periodo ocurrieron tres motines, con un saldo de 17 lesionados y dos reos fallecidos.

El 6 de mayo de 2020, a las 14:20 horas, 12 internos del Cártel del Noreste escaparon de Cieneguillas por un túnel de 50 metros de largo que, de acuerdo con las propias autoridades, tardaron entre seis y ocho meses en cavar, presuntamente sin que los custodios se percataran. Los reos abordaron un vehículo que los esperaba atrás de la prisión y huyeron con toda tranquilidad.

En el diagnóstico mencionado, el organismo local de derechos humanos precisó que el centro carcelario tiene una capacidad para mil 264 reclusos y que, al 31 de diciembre de 2021, la población penitenciaria era de mil 153, además de que sólo había 113 custodios, es decir, un celador por cada 10 reos.

Además, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidenció la situación prevaleciente: la existencia de autogobierno, así como la insuficiencia de personal de custodia y seguridad, 30 celadores por turno, y actividades ilícitas que se realizan al interior.

Ejecuciones, masacres y torturas avaladas por la CNDH

/ gloria letiCia díaz

Ante casos documentados de abusos cometidos en Tamaulipas por miembros de la Guardia Nacional, la SEDENA y la Marina –entre ellos ejecuciones y masacres–, la CNDH concluye los expedientes de queja con base en los informes de esas instituciones, sin realizar investigaciones exhaustivas y sin considerar las pruebas que presentan los afectados. En los hechos, el organismo “no defiende los derechos de las víctimas –su razón de ser–”, sino que “se vuelve defensor del agresor” y con ello “garantiza impunidad” y se coloca en un “nivel de confabulación” con las Fuerzas Armadas, señala el activista de derechos humanos Raymundo Ramos.

Señalada de abdicar en sus funciones ante la militarización de la seguridad pública del país, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, “avala” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza militarizada desde hace dos décadas.

Tal es la acusación que lanza Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien durante el proceso de auscultación para designar a la persona que sucedería al entonces ombudsman Luis Raúl González Pérez, decidió respaldar en nombre de su organización a Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, e incluso acudió a su toma de protesta ante el Senado, el 12 de noviembre de 2019.

Tres años después, el miércoles 7, ante el pleno del Senado, para explicar la tibia actuación de la CNDH frente a abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, Piedra Ibarra informó que había emitido 12 recomendaciones contra la Guardia Nacional y 10 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sobre hechos pasados y del presente, y argumentó:

“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales”.

Un día antes de emitir esas declaraciones, en Nuevo Laredo, María Isamar Pérez Caballero denunciaba, desde una cama de hospital, que miembros de la GN le dispararon sin motivo mientras transitaba en su automóvil en las inmediaciones del Puente Internacional. En una videograbación divulgada por el CDHNL, la mujer narra que una camioneta de la GN intentó cerrarle el paso, pero ella aceleró; los militares la alcanzaron e impactaron su vehículo, para después dispararle en dos ocasiones.

“Me empezaron a hablar muy feo, me quebraron los vidrios del carro, les pedí ayuda, miraron que estaba sangrando y no me quisieron ayudar”, narró María Isamar, al reconocer que fueron los vecinos que atestiguaron lo ocurrido quienes pidieron una ambulancia que la trasladó al Hospital de Especialidades, donde es atendida por heridas provocadas por impactos de arma de fuego.

Este caso, presentado ante la CNDH, forma parte de una serie de quejas que alertan sobre los riegos que vive la población de Nuevo Laredo ante la militarización de la seguridad pública. Para Ramos Vázquez la situación se agrava cuando la CNDH decide concluir expedientes de queja presentados por el CDHNL por abusos cometidos por miembros de la SEDENA y GN, basados en los informes de las instituciones aludidas, sin una investigación exhaustiva, de campo y de la mano de las víctimas.

En entrevista con Proceso, Ramos comparte oficios de conclusiones de quejas presentadas ante la CNDH en las que no se incluye la consideración de las víctimas ni las pruebas presentadas por ellas y sus representantes, e incluso falseando información, al señalar que los agraviados y sus representantes no presentaron elementos.

valles de anáHuaC

Entre los casos más graves, está la conclusión de queja y remisión a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas de lo que se ha conocido en Nuevo Laredo como “la masacre de Valles de Anáhuac”, ocurrida el 5 de septiembre de 2019, en la que ocho personas fueron