b) Atendiendo a la naturaleza jurídica del órgano estatal que participa en la defensa o justiciabilidad de los derechos humanos, pueden clasificarse en medios de carácter jurisdiccional (es el caso de los tribunales, independientemente de que dependan del poder judicial o del poder ejecutivo) y de medios de carácter no jurisdiccional (es el caso de las comisiones de derechos humanos, y eventualmente de las contralorías internas). Una segunda ordenación distinguiría entre medios de defensa jurisdiccional y medios de defensa política (por ejemplo, los órganos legislativos). c) Por los alcances de los actos de justiciabilidad de los derechos humanos, podemos distinguir entre los medios de justiciabilidad que producen efectos absolutos (erga omnes), esto es, que benefician a la totalidad de personas que se encuentran en una misma situación jurídica (por ejemplo, las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con una mayoría de al menos ocho votos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, tienen el efecto de invalidar -derogar- la ley inconstitucional, en beneficio de todos sus posibles destinatarios), y los medios que producen efectos relativos, esto es, que sólo benefician a la persona que individualmente ha acudido a la instancia de justiciabilidad (es el caso de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, que únicamente tienen efectos inter-partes). d) Una última clasificación es aquella que distingue entre medios de justiciabilidad de los derechos humanos de carácter específico, cuya función única consiste en la protección de los derechos fundamentales (por ejemplo, el juicio de amparo o el procedimiento que se sigue ante las comisiones de derechos humanos), y medios de justiciabilidad de carácter genérico o indirecto, entendidos como aquellos que, entre otros objetos, persiguen la actualización de la defensa de los derechos hu-
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