CIudad
19 Lunes 04 de Febrero 2013
Convenio firmado entre Secretaría del Deporte y Recreación de Cali y la CRP violaría estatuto de contratación estatal vigente
M
ediante un convenio i n te r a d m i n i s t r a t i vo suscrito entre la Secretaría de Recreación y Deportes del Municipio de Cali y la Corporación para la Recreación Popular CRP, por $10 mil millones, se hará la construcción y adecuación del Coliseo de Hockey y Diamante de Softbol, con miras a los juegos mundiales o World Games 2013. Dicho convenio tendría inconsistencia de legalidad y estaría violando las normas de contratación. La advertencia la hace el dirigente Milton Fabián Castrillon Rodríguez, quien considera que a dicho convenio no le aplica el artículo 5 de la ley 80 de 1.993, que es propia de la contratación estatal, puesto que la Secretaría de Recreación y Deportes del Municipio de Cali es un ente de derecho público y la Corporación para la Recreación Popular CRP, es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro. “No estamos en contra de los juegos mundiales, pero si hay que salvaguardar la defensa de lo público y no exponer a la administración a demandas”, preciso Milton Fabián Castrillon Rodríguez. Asimismo advierte, que debe revisarse si el convenio quedó con interventoria y no con supervisión, a fin de proceder a los pagos que corresponda. “No puede ser un supervisor quien
se encargue de la verificación en razón a que hablamos de Ley 80 de 1993 y dada la cuantía la figura de seguimiento y control debe ser de interventoria”, precisa Castrillon Rodríguez. Otro factor que genera confusión o duda, es el tiempo de ejecución de la obra, puesto que el término del convenio esta a seis meses, pero el de ejecución no define tiempos.
Los convenios interadministrativos están estrictamente reglados en las leyes 80 de 1.993, la 1150 de 2.011, la 1474 de 2.011 y el Decreto 734 de 2.012 y tales normas disponen, que solo son procedentes entre entidades de derecho público. “En este caso la CRP es un ente de derecho privado. Como las dos entidades no son de
derecho público, el convenio es abiertamente ilegal. Esta clase de convenio se utiliza con frecuencia para eludir los trámites y procesos de licitación y hacerlo por contratación directa y a dedo por grandes sumas de dinero, que al final carece de control y vigilancia necesarios, como corresponde hacerlo con los recursos del Estado”, advierte el dirigente Milton Fabián Castrillon Rodríguez.