La Palabra del Beni, 10 de Febrero de 2013

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Opinión >> PARA REFLEXIONAR ...

…y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.

OPINIÓN

Apocalipsis 2:3-4

2.

A QUIEN CORRESPONDA

La loca del minibus

Una vez más, se cumple “disciplinadamente” un nuevo paro “contundente” del transporte público. ¿El motivo? La propuesta municipal de poner orden al servicio que se ha convertido en una de las peores torturas cotidianas que tiene que vivir la ciudadanía paceña de todos los estratos sociales, de todas las edades, sin discriminación alguna. Sea cual fuese el motivo que originó el paro y sea cual fuese la evaluación del “éxito” o “fracaso” de la medida, lo cierto es que provoca perjuicios a la población que requiere del servicio. Buena oportunidad para quitarme la “espina de pescado que tengo atravesada en la garganta” desde hace un largo tiempo atrás. Y es que las personas que nos vemos en la necesidad de utilizar transporte público estamos sometidas a la “dictadura” de los conductores y sus dirigencias. Al parecer, en su gran mayoría, éstos no tienen la más remota idea de lo que significa “servicio público”, creen que nos hacen un favor del que deberíamos estarles “eternamente agradecidos”. Esta actitud se extiende a conductores de cualquier tipo de vehículo, sea taxi, radio-taxi, minibús, micro o colectivo –en La Paz no usamos moto-taxi ¿será igual?– y cualquier tramo, sea urbano, interprovincial o interdepartamental. Creo que todas las personas que usamos estos servicios podríamos aportar con anécdotas cotidianas que ilustren la anterior afirmación. Les cuento una: me transportaba en minibús de la zona sur hacia el centro, dos cuadras antes del Obelisco anuncié al conductor que iba a descender y, para asegurarme, le pedí “por favor, maestro, estacione cerca de la acera”. Llegamos a la esquina, luz roja del semáforo, el vehículo parado en el segundo carril y el chofer que me dice “aproveche señora, bájese no más”. Le respondo “no me voy a bajar aquí, aproxímese a la acera, por favor”. Cambio de luz del semáforo, el conductor parte raudo y le vuelvo a pedir que pare, vuelve a parar en el carril del medio, le vuelvo a reclamar, entonces una pasajera me increpa diciéndome “oiga, señora, loca te pareces, no perjudiques, bájate no más, pues”. Para terminar el cuento, porfiada como soy, logré descender dos cuadras más arriba, ya cerca de la Pérez Velasco, obligando al conductor a estacionarse al borde de la acera. A pesar de estas ingratas experiencias, he decidido no dar brazo a torcer, no desciendo de un vehículo si no se estaciona cerca de la acera, reclamo cuanto abuso del que soy testigo y no permito que me atropellen, así me llamen “la loca del minibús”. Sobre el tema de las tarifas, es cierto que hacen muchos años que están “congeladas” gracias a la subvención de los carburantes que realiza el Estado; también es cierto que los choferes y sus familias no “comen carburantes” y que los costos de la canasta familiar suben día a día. Por esto, considero que la propuesta municipal de un incremento moderado de las tarifas, con tal de poner orden al caos que han impuesto los choferes, me parece racional y apropiada. Todo esto se traduce en un concepto básico: reciprocidad. Si las y los usuarios de servicios de transporte público recibiésemos buen trato y los servicios estuviesen

Por: Jenny Ybarnegaray Ortiz

realmente regulados de modo que al abordar un vehículo tuviésemos la seguridad de que no vamos a sufrir atropellos, podríamos estar (en la medida de nuestras posibilidades económicas) a pagar una tarifa racional. Por ejemplo, los TRUFI (Taxis de Ruta Fija), yo estaría dispuesta a pagar Bs5 por un servicio de la zona sur al centro de la ciudad con la condición de que eliminen el “quinto pasajero”. Cuando abrieron la primera línea, a principios de los años setenta, los vehículos eran de marca norteamericana, más anchos que los modelos japoneses actuales, diseñados para cuatro pasajeros, pero sin ninguna consideración admiten ¡seis personas! (incluido el chofer) con absoluta incomodidad para todos ¿y así pretenden subir la tarifa? Los radio-taxis, que en un tiempo eran un servicio útil y relativamente accesible, hoy ya no lo son. No hay manera de abordar un vehículo de este tipo sin antes “negociar” la tarifa con el conductor porque cobran lo que les viene en gana. He intentado comprender la racionalidad económica de los choferes y no lo he logrado porque es absolutamente discrecional. ¿Cómo se explica que por el mismo servicio uno cobre Bs20 y el otro pretenda que se le pague Bs35? Las autoridades deberían obligarles a usar taxímetros al menos, así se reduciría esa abusiva discrecionalidad. Por otro lado, es inaudito cómo la gente parece estar tan condicionada a los abusos, que nada dicen ante los mismos. En muchas oportunidades me he sentido “la loca del minibús”, porque cuando he reclamado alguna situación, como por ejemplo que el chofer se detenga a cargar combustible con el vehículo lleno de gente, o cuando parten sin esperar que la gente tome asiento, o cuando una persona de la tercera edad procura abordar el vehículo con dificultad y el chofer se impacienta, o cuando se obliga a los niños a sentarse en el respaldo del asiento delantero haciéndose un bollito humano, o cuando paran en el carril del medio y dicen “aproveche señora” (para descender) con el riesgo de que nos atropellen, nadie dice nada. En consecuencia, existe una suerte de “naturalización” del maltrato a los pasajeros que éstos los viven sin protesta y los otros asumen como “normal”. Lo que más falta nos hace es ¡educación ciudadana! Éste es un tema sobre el que las personas que usamos los servicios debiéramos de manifestarnos “contundentemente” y dejar de soportar estoicamente los abusos de todo tipo a los que nos vemos sometidas. Una por otra, si la gente soporta el maltrato, el chofer abusa sin medida. A la inversa, si la gente exigiese buen trato y no estuviese dispuesta a sufrirlo e impusiésemos nuestros derechos –con el mejor buen humor posible– éstos se verían en la obligación de modificar su conducta. Un simple ejemplo: ¡no descienda del vehículo hasta que el chofer no estacione correctamente en el borde de la acera, exija al conductor que estacione donde debe y deja de “aprovechar” (la luz roja del semáforo o el embotellamiento) para descender en medio de la calzada poniendo en riesgo tu vida!

LA YAPANET

Ceguera judicial

Hace un año que Cecilia Ayllón ocupa las funciones de ministra de Justicia, por ello resulta contradictorio que con su “experts” las víctimas de gobiernos dictatoriales, hasta la fecha, no hayan logrado conmoverla para dar cumplimiento al resarcimiento de daños establecido en la Ley 2640. Para ilustrar la situación podríamos decir que convive con el problema. Las carpas de los afectados instaladas en el paseo de El Prado en La Paz, son el paisaje diario que acompaña el trabajo de la autoridad. Es probable que sus oídos estén acostumbrados a los temerarios dinamitazos de los mineros de su natal Oruro, que contrastan con las voces desgastadas de los afectados por las dictaduras, que llevan más de 360 días durmiendo a la intemperie sin encontrar solución a un derecho adquirido que debe aplicarse. La ministra dialoga pero no resuelve, esa es una pésima señal para el naciente Estado Plurinacional y sus impulsores. La erradicación de las viejas prácticas parece no llegar, así convivamos con tres sistemas por demás conocidos por la autoridad: inquisitivo, acusatorio y reformulado, que en resumidas

Por: Fátima López Burgos

cuentas no funcionan. No se trata de elaborar leyes y aprobarlas, sino que estos instrumentos legales contribuyan a que la justicia llegue a los ciudadanos y se apliquen con rigor, sin chicanas legales como suele suceder en la mayoría de los casos. A nombre de las personas afectadas solicitamos públicamente a la ministra Ayllón que dialogue y resuelva la situación, finalmente su Excelencia la designó en esas altas funciones para que solucione problemas y no conviva con ellos. Las carpas del paseo de El Prado no son oficinas de campaña, como se piensa, son de seres humanos que contribuyeron para el retorno de la democracia al país. Es probable que el dinero del resarcimiento no sea suficiente para mitigar las profundas heridas causadas por las dictaduras, aquellas que no se ven, pero se sienten. La ministra Ayllón, estima que faltan entre 10 a 15 años para lograr un perfecto sistema judicial, justo y gratuito, no creo que estas víctimas de la dictadura tengan que resistir una década más haciendo su reclamo.

Trinidad, domingo 10 de febrero de 2013


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