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SANEAMIENTO
Trinidad • lunes 18 de noviembre de 2013
En busca de la seguridad jurídica
Por: Luís Fernando Ibáñez Becerra*
D
urante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 1996, con la promulgación de la Ley INRA No.1715, se bajó la bandera para iniciar los procesos de saneamiento de tierras en Bolivia, procedimiento técnico jurídico transitorio, destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de la propiedad agraria, que debía concluir en el plazo máximo de 10 años. En el Beni, la superficie total efectiva a sanear es de 20.093.212 hectáreas, (has), de las que hasta el año 2005, -meses antes que se venciera el plazo de la Ley INRAsolamente se habían saneado 1.794.401 has, otorgándose 275 Títulos y Certificados a 13.563 beneficiarios entre personas naturales y jurídicas. Este considerable retraso en el cumplimiento de los objetivos, originó que el Gobierno nacional ese año, luego de consensuar con algunos sectores, promulgue la Ley 3501, que establece la ampliación del proceso de saneamiento a 7 años; pero sectores descontentos con la continuidad de la modalidad del saneamiento, realizaron distintas medidas de presión, consiguiendo que se promulgue la Ley 3545, que establece nuevas normas legales, entre ellas, algunas que generaron preocupación a los productores, principalmente en el tema de la verificación de la Función Económico Social (FES) y la carga animal de 5 hectáreas por cabeza. Esto último, fue muy duro de asimilar, debido a que las condiciones climáticas, la “bajuras” de las tierras y las formas tradicionales de trabajo pecuario, no se pueden adecuar a solamente 5 hectáreas por cabeza de ganado mayor, sin embargo se reguló así. Además, se realizaron modificaciones en tema de desmontes, transferencias de fundos rústicos, regulaciones de los Planes de Ordenamiento Predial (POP) y otras de
PROPIEDADES En el Beni, la superficie total efectiva a sanear es de 20.093.212 hectáreas, (has), de las que hasta el año 2005, -meses antes que se venciera el plazo de la Ley INRAsolamente se habían saneado 1.794.401 has, otorgándose 275 Títulos y Certificados a 13.563 beneficiarios entre personas naturales y jurídicas. Este considerable retraso en el cumplimiento de los objetivos, originó que el Gobierno nacional ese año, luego de consensuar con algunos sectores, promulgue la Ley 3501, que establece la ampliación del proceso de saneamiento a 7 años. igual importancia. Hoy, estando a pocos días de cumplirse los 7 años del nuevo plazo, la realidad muestra que en el Beni, desde el año 1996 se han saneado y titulado 10.145.894 has., lo que corresponde al 50% del total de la superficie, las cuales han beneficiado a 64.100 personas. El restante 50% de tierras sin titularse, se encuentra distribuido de la siguiente manera: 2.986.020 hectáreas en trámite en la oficina Departamental del INRA Beni y 5.677.992 hectáreas en proceso en la Dirección Nacional. Por otro lado, existen superficies paralizadas y en conflicto, que ascienden a 455.365 hectáreas y por último superficie sin iniciar su saneamiento, 827.942 has. Debido a que todavía está pendiente la mitad del trabajo de saneamiento, el 31 de octubre del presente año 2013, se promulgó la Ley 429 que amplía el plazo para la ejecución de los procesos de saneamiento a cuatro años, aplicable a todos los Departamentos, excepto a Pando que se encuentra con saneamiento cien por ciento concluido.
Si bien es cierto que se vence un nuevo plazo y no se ha finalizado con el trabajo iniciado 17 años atrás, los avances en los últimos años, han sido considerables y para ello, además del INRA, otro actor fundamental fue FEGABENI, que siempre buscó consenso con las autoridades del área, para llevar adelante el trabajo de la mejor manera en beneficio para propietarios y poseedores. Un beneficio por las gestiones de FEGABENI fue conseguir que los formularios sobre relaciones servidumbrales en los procesos de saneamiento no se apliquen, excepto en casos establecidos en el D.S. 0388, es decir, cuando existan indicios y denuncias específicas; Otro, que se reconozcan los terneros desde los 6 meses de edad como carga animal; También, la no aplicación del PLUS (Plan de Uso de Suelo) y; el reconocimiento del ganado al partido, entre otros. Una preocupación latente de los ganaderos, fue que predios con superficies mayores a las 5.000has, sean recortados hasta quedar en esa extensión como
máximo, a pesar que las propiedades contaban con antecedentes anteriores al 2009, año en que entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado y que reguló esta situación. La dirigencia ganadera, recientemente reelecta, tiene como objetivo gestionar una norma clara que asegure el respeto de los predios mayores a las 5.000has., siempre y cuando cumplan la FES. Para los ganaderos, quedan también pendientes otros temas, entre ellos, la ampliación de 2 a 5 años, la periodicidad para la verificación de la FES, porque el corto plazo vigente, no otorga seguridad jurídica a los beneficiarios. Por último, la adecuación a las nuevas normas de los procesos “antiguos”, es otro tema a consensuar para establecer reglas claras de evaluación que permitan tener la certeza de que por retrasos en procesos de saneamiento, ajenos a la voluntad de los demandantes, no ocasionen perjuicios, como anulación de trámites, reversión u otros que causen daño a los intereses de los beneficiarios. En el transcurso de estos últimos años, se han logrado importantes avances en el saneamiento de tierras, eso se debe a que las autoridades nacionales, han coordinado y consensuado con el sector ganadero. Todavía queda mucho por hacer, pero el génesis, es la consolidación del derecho propietario y posteriormente, será necesario el apoyo de los gobiernos Nacional y Departamental, para que en el marco de sus competencias, planteen y ejecuten políticas a largo plazo, que promuevan la producción, acceso a créditos flexibles, protección de los avasallamientos y lucha contra el abigeato, entre otros. Este 18 de noviembre tiene que reafirmarse el compromiso del Estado para lograr la seguridad jurídica de la tierra en el Beni. * Es Licenciado en Derecho