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851 | Abril 2013 | Semana 2
Escríbenos a: lanetaprensa@yahoo.com.mx
Tiempos de Cambio OPERACIÓN CICATRIZ
Una vez que los partidos políticos con registro han procedido de diferentes maneras a la selección de sus candidatos a las once presidencias municipales y las diputaciones locales por los distritos urbanos y rurales, ahora se entrará a un compas de espera obligado para arrancar en mayo, después de que haya pasado el jolgorio de la feria, con las campañas externas hacia la jornada comicial programada para el 7 de julio. El tiempo de veda política debe ser empleado por los candidatos, sus equipos de estrategas y los directivos de las fuerzas políticas, para definir la estrategia que habrá de seguirse para intentar estimular la participación ciudadana en las campañas y en la elección misma. La tarea de los partidos políticos y sus candidatos para lograr ese objetivo tendrá que ser una labor verdaderamente titánica, en virtud de que la política y los políticos atraviesan por un bache mayúsculo debido a que entre la población hay desencanto luego de la simulación democrática que se vivió en los procesos internos y de que los precandidatos no salieron de su política y sus compromisos de siempre, es decir de ofrecer un cambio para hacer que todo siga igual o peor. El fallido ensayo democrático que realizaron las principales fuerzas políticas del Estado para “elegir” a sus candidatos a las presidencias municipales y las diputaciones no sólo terminó por exhibirlos, sino que también provocó fracturas internas serias que deben ser atendidas antes de que se padezca una crisis crónica que les haga llegar debilitados a la contienda interpartidista. Contra lo que digan los rojos, los azules, los verdes, los amarillos y los anaranjados, superada la etapa intermedia de la selección de los candidatos, ahora tendrá que darse paso inmediato y obligado a la operación cicatriz en todos y cada uno de los partidos, porque unos más y otros menos pero en todos ellos terminaron raspados y en algunos casos totalmente fracturados. En el rubro cívico-político parece ser que se está ante el despertar del pueblo, por lo que los partidos y quienes encabezan las fórmulas para la Presidencia Municipal de Aguascalientes, que será la posición más importante que se jugará en la elección constitucional del 7 de julio próximo, tendrán que hacer un esfuerzo serio para hacer atractivas las campañas y lograr con ello que la sociedad se involucre y participe el día de la votación para emitir un voto razonado. A los partidos políticos y sus candidatos a los cargos populares que se decidirán mediante el sufragio efectivo les debe quedar claro que sus campañas tendrán que estar de demagogia, de politiquería y de buenas intenciones, pues lo que la gente quiere y con lo único que se le va a hacer que participe, es con campañas de altura que se distingan por la propuesta seria, por el compromiso formal y por la convicción que muestren sus abanderados para hacer que las cosas cambien para bien de la gente y no para bien de los grupos enquistados en el poder o que quieren retomar el poder para servirse. Juan Pueblo estará expectante del actuar de
los candidatos, de sus propuestas, de lo que digan, lo que hagan y de lo que acuerden, así como también del comportamiento y la estrategia electoral que sus respectivos partidos desplieguen, pues en función de eso es como decidirán su involucramiento en las campañas y su participación activa y definitoria en los comicios que se realizarán el primer domingo del cada vez más cercano mes de julio, donde se definirá no únicamente al candidato y el partido que se quedará con la alcaldía o que tendrá predominio en la siguiente legislatura del Congreso del Estado, sino el futuro mismo de Aguascalientes. Un año es mucho tiempo, pero lo es más cuando se trata de dar resultados en materia de lucha contra la delincuencia, como lo ha planteado ahora el Presidente Enrique Peña, quien está viendo que someter al crimen no es nada fácil y tampoco es cuestión de voluntad, como lo llegó a creer después que le cruzaron la banda presidencial por su pecho. Un año es demasiado tiempo para contener a la delincuencia, la organizada y la común que sigue actuando de manera impune, pues el país y los mexicanos no pueden seguir siendo rehenes de esos grupos a los que únicamente les importan sus intereses, su confort y tener arrodillas a las autoridades. El Presidente Enrique Peña Nieto debe ponerse las pilas, replantear y reforzar la política anticrimen y entender que sin seguridad el país estará condenado al estancamiento y al retroceso, pues sin seguridad no hay inversiones, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay progreso y sin seguridad el país irá tarde que temprano al despeñadero, cosa que de ninguna manera es conveniente para nadie. El plazo solicitado por el Presidente de la República, a fin de que se puedan ver los resultados de la lucha contra la delincuencia, resulta ser excesivo y más cuando por todos los rumbos del país se está viendo la actuación ininterrumpida de la delincuencia organizada que encabezan grupos de criminales que no están dispuestos a arriar bandera en su redituable actividad ilícita traducida en venta de drogas, secuestros, asaltos y toda un gama de actos delictivos, Dirigentes de diversas organizaciones sociales y políticas le están recriminando en todos los tonos al Presidente Enrique Peña Nieto la debilidad que dicen mostró al pedir un año de gracia para poder hablar de resultados en la lucha contra el crimen en el país, cuando lo que precisamente clama el pueblo y los inversionistas es precisamente seguridad en las calles, en los municipios y en los estados. La inseguridad que se vive en el país no se acota a la actuación de los diversos grupos de la delincuencia organizada, pues también van a la alza los delitos del fuero común, es decir los robos a casa habitación, los asaltos en la vía pública, los cristalazos, los robos de autos, los atracos a establecimientos comerciales, todo lo cual obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a revisar a detalle la estrategia de seguridad, con el propósito de ir al fondo del problema, unificar criterios en la lucha, depurar las corporaciones de las manzanas podridas que están coludidas con los grupos perniciosos y sobre todo para dar respuesta al sentido reclamo de la sociedad que se siente indefensa.
La Política El Gobierno Federal en turno dio inicio el pasado 1 de abril a la Cruzada contra el Hambre. En diversos Medios de Comunicación se argumentan opiniones diversas sobre la efectividad o no de esta Cruzada. Revisando los contenidos de esta estrategia, y los propósitos que tiene, ya se ha dicho en muchas ocasiones que se queda “corta” respecto al total de personas que en México ven violado su derecho a la alimentación. En uno de los tantos ejemplos que se pueden dar está el estado de Hidalgo. Según datos del Coneval, en esta entidad la Cruzada sólo atenderá 5 municipios de los 25 que son considerados como de alta y muy alta marginalidad, con lo cual se deja sin garantizar los derechos sociales del 80 por ciento de la población que habita estos municipios. Otro ejemplo son los 120 municipios que pudieron ingresar a este programa, debido a sus características y condiciones de pobreza, pero que no fueron considerados por el gobierno de Enrique Peña Nieto como poblaciones beneficiarias. Y así la lista podría continuar respecto a los desaciertos que se observan en una acción implementada como ésta. La Cruzada contra el Hambre se inscribe en una larga tradición de gobiernos que no logran comprender la diferencia entre beneficiarios y sujetos de derecho. Cuando estos programas sociales consideran a las personas como receptoras de beneficios venidos del Estado, entonces lo que se produce es una evasión total de la responsabilidad que tienen los gobiernos para garantizar el derecho a la alimentación o cualquier otro derecho social. Se alejan de los estándares internacionales y no contemplan características como accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad en derechos sociales como el de la alimentación. Lo que sucede es que se generan políticas sociales alejadas de un enfoque de derechos humanos, y perdura una visión estatal asistencialista. En el caso del derecho a la alimentación, se puede decir que no es el simple derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad, lo que implica tener todos los medios para acceder a los alimentos e incluso producirlos. Con esto se puede decir que el Estado debería transformar aquellas condiciones estructurales que impiden a las personas acceder a alimentos suficientes y de calidad. Así lo han establecido los diversos instrumentos internacionales que lo protegen, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Artículo 11, así como las Observaciones Generales que han surgido del Comité DESC de la ONU, y los informes y declaraciones que han emitido Relatores Especiales sobre el Derecho a la Alimentación. En el Sistema Interamericano este derecho está igualmente plasmado en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC, también llamado “Protocolo de San Salvador”, Artículo 12. Con base a lo que hasta aquí se ha mencionado, es obligatorio que el Estado mexicano garantice el derecho a la alimentación, y de ello se espera que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo, y
EDITORIAL
utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan, o producir sus propios alimentos, o comprarlos sin comprometer el ejercicio de sus demás derechos, como la salud, por ejemplo. Para producir sus propios alimentos una persona necesita tierra, semillas, agua y otros bienes naturales. Y para comprarlos necesita recursos económicos y acceso a un sistema de comercio justo, donde no haya acaparamiento en la distribución de alimentos por parte de las empresas. Si esto no está contemplado en una Cruzada contra el Hambre, entonces el derecho a la alimentación no está siendo debidamente garantizado. Para ver garantizado este derecho, desde el enfoque de derechos humanos, el Estado debe tomar en cuenta diversos aspectos. Es importante que haya disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes. Con esto se quiere decir que la alimentación debe cubrir las necesidades nutrimentales que lleven a las personas a una vida física y psíquica satisfactoria. Asimismo, esta alimentación debe ser inocua, es decir, no debe ser un riesgo para la salud de Por otro lado, se debe garantizar la disponibilidad de alimentos, lo que implica la posibilidad que deben tener las personas y los pueblos para alimentarse directamente, haciendo uso de su tierra de manera responsable, o mediante sistemas de distribución y comercialización que funcionen adecuadamente para proporcionar los productos alimenticios donde haya demanda. Con esto, lo que el Relator de Naciones Unidas nos deja entrever es que no existe una política alimentaria dirigida a beneficiar a los pequeños productores y posibilitar el acceso a alimentos que son producidos por estos grupos de campesinos. Si el Estado no facilita de manera adecuada está cadena de producción y consumo, entonces incurre gravemente en violaciones al derecho a la alimentación. En la Observación General no. 12 del Comité DESC se establece que se debe tener también accesibilidad económica, entendiendo que el Estado está obligado a garantizar que los costos para acceder a los alimentos no sean tan elevados. De lo contrario las personas y colectivos no podrán acceder a una canasta básica de alimentos frescos y nutritivos. Igualmente existe lo que se llama la accesibilidad física, la cual se refiere a que todas las personas, independientemente de su edad o condición física, se vean impedidos para acceder a los alimentos. Por ello el Estado debe cuidar que no haya impedimentos que imposibiliten la realización de este derecho, ya sea por su ubicación en zonas de desastre, o bien, en el caso de pueblos indígenas y comunidades campesinas, que se les impida el acceso a sus tierras ancestrales, donde históricamente han producido sus alimentos, donde hacen milpa, temporal con temporal, y desde donde nos proporcionan alimentos nutritivos, frescos y sanos. Es importante tomar en consideración que una Cruzada contra el hambre debe ir encaminada a construir un mundo donde todas y todos gocemos de las condiciones necesarias para el buen vivir, y no apostar por medidas de corto plazo que no eliminan estructuralmente la violación a los derechos humanos por la que atraviesan muchas mexicanas y mexicanos, y desde luego las situaciones de hambre.