MARTÍN CATALÁN Y LA JORNADA ZACATECAS n

LUNES 7 DE DICIEMBRE DE 2020 3

Política

MARTÍN CATALÁN LERMA Y LA JORNADA ZACATECAS

CIUDAD DE MÉXICO. El consejo nacional del PAN aprobó este sábado aliarse con el PRI y el PRD para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, a fin de enfrentar con éxito a Morena en los comicios del próximo año.

La decisión se tomó luego de un largo debate en el que se inscribieron 70 oradores, la mayoría de ellos a favor de establecer las coaliciones con otros partidos a excepción de Morena.

Entre quienes se manifestaron a favor estuvieron el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel y el ex senador Julen Rementeria, mientras en contra estuvo el también senador Damián Zepeda, el ex candidato a la dirigencia del partido, Manuel Gómez Morín y otros.

Previo a analizar el tema, el dirigente nacional, Marko Cortés, informó que se consultó a la militancia sobre la pertinencia de la alianza y 70 por ciento se manifestó a favor.

También presento un acuerdo preliminar para establecer una coalición con PRI y PRD, a fin de presentar candidatos comunes para la Cámara de Diputados en al menos 100 distritos electorales.

El proyecto aprobado por los consejeros nacionales “autoriza al Comité Ejecutivo Nacional a explorar y en su caso, suscribir, convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena, para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021, salvo en los casos de los Distritos Electorales Federales correspondientes de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán”.

En Zacatecas, alianza en los 4 distritos electorales En Zacatecas el Partido Acción Nacional (PAN) irá en coalición en los cuatro distritos electorales federales por el principio de mayoría relativa, por lo que presentará candidatos y candidatas en conjunto con otras fuerzas políticas para la contienda 2020-2021, informó la presidenta del Comité Directivo Estatal, Noemí Berenice Luna Ayala, se informó en un

n Buscan enfrentar con éxito a Morena en los comicios del próximo año

PAN y PRD están listos para una alianza electoral que incluya al PRI

n El objetivo, presentar candidatos comunes para la Cámara de Diputados en al menos 100 distritos electorales n Acción Nacional, dispuesto a unir fuerzas para sumar a las mayorías y suscribir una agenda democrática mínima común: Noemí Luna Ayala n “La alianza va, pero primero con la ciudadanía y enseguida con todos los partidos que considere lo que nosotros sabemos que es el PRD”: Raymundo Carrillo n De formalizarse la coalición, dice que el candidato a gobernador no será en razón de un partido u otro, sino de quien tenga el mejor perfil para mejorar las condiciones del estado

Marko Cortés, dirigente nacional del albiazul

Raymundo Carrillo ■ FOTO: LA JORNADA comunicado.

Dio a conocer la decisión tomada en el seno del Consejo Nacional, donde por mayoría en varios estados del país se aprobó la realización de la coalición con otros partidos.

La propuesta fue aprobada en respuesta al llamado del presidente nacional panista, Marko Cortés, quien refirió la necesidad de conformar una mayoría opositora en 2021 y frenar la destrucción del país, para lo cual se requiere hacer de manera excepcional una coalición flexible o parcial en algunos estados.

Luna Ayala agregó que ante ese compromiso con la sociedad, el PAN está dispuesto a unir fuerzas para sumar a las mayorías y suscribir una agenda democrática mínima común, comprometida con el federalismo, combate a la corrupción y fortalecimiento democrático.

Además, poner siempre a las y los ciudadanos como principales beneficiarios de la agenda conjunta, postulando candidaturas con solvencia moral, explicó la dirigente estatal al añadir que Zacatecas forma parte de esas 28 entidades donde el blanquiazul conformará la coalición en los distritos federales electorales, exceptúan Jalisco, Morelos, Querétaro y Tamaulipas.

Se busca ser la mejor opción ante el actual ejercicio de Gobierno Federal manipulador, incapaz, corrupto, autocrático y regresivo, concluyó la dirigente estatal panista.

Por alto riesgo de contagios de Covid-19, TSJEZ suspende términos y plazos procesales

■ Todos los órganos del Poder Judicial deberán tener personal de guardia para la atención y resolución de casos que hayan sido calificados como urgentes

ALEJANDRO ORTEGA NERI

Este 6 de diciembre entró en vigor el Acuerdo General, por el cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) suspende Términos y Plazos Procesales y se establecen medidas sanitarias, además de que determinan los casos considerados como “Urgentes”, esto luego de que el paso 30 de noviembre las autoridades sanitarias estatales catalogaron a la entidad como de alto riesgo de contagio, por lo que resultó necesario, nuevamente, restringir las actividades en todos los órganos del Poder Judicial del estado.

La restricción, se informó en el Acuerdo publicado el sábado 5 de diciembre en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se llevará a cabo en forma escalonada a efecto de poder organizar el ya muy próximo cierre del ejercicio fiscal, por lo que el distrito judicial de la capital, que concentra prácticamente el 50 por ciento de los contagios confirmados de todo el estado, continuará con las restricciones actuales.

Mientras que los distritos de Calera de Víctor Rosales, Fresnillo, Jerez, Sombrerete Río Grande, que son los que registran más contagios y defunciones luego del de la capital, iniciarán con las restricciones este 7 de diciembre, y en el resto de los distritos judiciales la suspensión será a partir del lunes 14 del mismo mes.

En el Acuerdo se determina que continúan suspendidos los términos y plazos procesales distintos a los constitucionales en el distrito judicial de la capital, así como lo mismo para los distritos judiciales de Fresnillo, Calera de Víctor Rosales, Sombrerete, Jerez de García Salinas y Río Grande, a partir del 7 de diciembre y en los distritos judiciales de Concepción del Oro, Jalpa, Juchipila, Loreto, Miguel Auza, Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Pinos, Tlal-

Sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

tenango de Sánchez Román, Teúl de González Ortega, Valparaíso y Villanueva, a partir del lunes 14.

Se establece también que todos los órganos del Poder Judicial deberán contar con personal de guardia para la atención y resolución de los casos que hayan sido calificados o se califiquen como urgentes de forma enunciativa y no limitativa, los asuntos en materia Penal; en materia de Ejecución Penal; en materia de Justicia para Adolescentes; en materia Familiar; en materia Civil; en materia Mercantil; en materia Laboral; y en general, aquellos que sean calificados como urgentes por las leyes que los rijan.

Asimismo, se establece que quedan exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes hayan sido diagnosticados con Covid-19; quienes hayan convivido en primer contacto con alguna persona diagnosticada; las personas adultas mayores de 60 años; mujeres embarazadas o en estado de puerperio inmediato o en lactancia; personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunosupresión e insuficiencia renal o hepática.

De igual manera, no podrán acudir a los órganos jurisdiccionales menores de edad, por lo que tampoco deberá exigirse la presencia física de las trabajadoras que no tengan posibilidad de dejar a sus hijas e hijos menores de doce años de edad al cuidado de otra persona, por lo que podrán tener encomendadas tareas cuya realización pueda practicarse a distancia, esto mediante una declaración firmada bajo protesta de decir verdad sobre dicha circunstancia.

En ningún momento, de informa en el Acuerdo, podrá estar presente de manera simultánea más de la tercera parte del personal adscrito a cada órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que las y los titulares puedan determinar una configuración más reducida, con base en las particularidades y cargas de trabajo.

Asimismo, se suspenden los registros de control de asistencia y se ordena a la Oficial Mayor habilitar los filtros sanitarios para controlar el acceso a las sedes de los órganos jurisdiccionales de las y los trabajadores y de las personas justiciables. En tanto que los titulares de los órganos jurisdiccionales determinarán el rol de guardias que estimen pertinente y evaluarán el trabajo de quienes laboren a distancia. En este sentido, se establece que deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas disponibles.

En todos los órganos del Poder Judicial será obligatorio para los servidores públicos y demás personas que acudan, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, tapete sanitizante, lavado constante de manos, aseo constante con agua clorada de mobiliario y sanitarios, ingreso gradual o escalonado y demás controles dispuestos por las autoridades sanitarias locales y federales.

Por lo mismo, no se permitirá el acceso a quienes presenten temperatura corporal igual o mayor a 38 grados centígrados, o que hayan presentado tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar o escurrimiento nasal y cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realizará en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

Por otra parte, se acordó que los órganos jurisdiccionales que conozcan del nuevo sistema de justicia penal podrán celebrar las audiencias y sesiones a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, tanto en asuntos urgentes como para los ya radicados. Lo anterior se realizará a criterio razonable de cada órgano jurisdiccional, atendiendo a sus circunstancias y a si la naturaleza del asunto y las condiciones técnicas y logísticas permiten su realización.

Cuando tengan que celebrarse audiencias de asuntos urgentes y no sea posible su desahogo mediante videoconferencia en tiempo real, el Acuerdo señala que se desarrollarán a puerta cerrada, sin la presencia de público y garantizando el acceso solo a las partes que intervienen en ellas. Para ello, deberá velarse por la salud de las personas imputadas, víctimas y demás participantes en la audiencia, adoptando medidas como la sana distancia y las demás que recomiendan las autoridades de salud.

Finalmente, se estipuló que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sesiones presenciales o por videoconferencia, determinará la fecha en que deban reanudarse las actividades presenciales y los plazos y términos procesales; resolverá las cuestiones no previstas en este Acuerdo General y los conflictos que se susciten con motivo de su aplicación o interpretación; y queda facultado para tomar determinaciones aún en días y horas inhábiles.

n tema recurrente utilizado por la oposición política al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el de la economía nacional. Los conductores y comentaristas “expertos” neoliberales que tienen copados los programas de análisis en la red de medios de comunicación electrónicos, se la han pasado vaticinando, una y otra vez, el desplome de los indicadores macroeconómicos, sobre todo ahora que los gobiernos del mundo han impulsado el freno drástico a las actividades económicas y sociales como principal medida para combatir la pandemia de Covid-19. Conviene deternos a evaluar el acierto de esos vaticinios catastróficos.

Durante los dos primeros años de gobierno, se modificó la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, y para abatir la evasión y elusión fiscal se modificaron diversas leyes fiscales y se equiparó la defraudación fiscal a delincuencia organizada, lo que generó una percepción que motivó a contribuyentes de todos los segmentos económicos a ponerse al corriente con el SAT. Así, durante los dos primeros años, los esfuerzos de recaudación tributaria para recuperar adeudos sumaron 736 mil millones de pesos, mientras que durante 2020, no obstante la pandemia y crisis

La situación económica en tiempos de pandemia y crisis

Raymundo CáRdenas HeRnández

económica, los esfuerzos de recaudación tributaria permitieron alcanzar una recaudación adicional de 467 mil millones de pesos, equivalente a un 2.3% del PIB, lo que permitió mantener los ingresos tributarios sólo 3% menores en términos reales a los del año anterior. Y también permitió cumplir el compromiso político de AMLO de no incrementar los impuestos ni crear nuevos.

Lo anterior propició que las evaluaciones más recientes realizadas por organismos internacionales y calificadoras, reconocieron que la estrategia de recaudación tributaria permitió garantizar los recursos suficientes para el sector salud, así como para los programas sociales y prioritarios. El equilibrio de la política fiscal permitirá que nuestro país inicie la reactivación económica en una posición de mayor ventaja que otras economías. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional indicó en la evaluación anual que realiza a México, que la respuesta fiscal del SAT ha sido positiva y de un valor atípico comparada con los otros países de América Latina y del G20.

Por su parte, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación crediticia para la deuda mexicana en moneda extranjera en BBB y en moneda local en BBB+, lo cual posiciona a nuestro país cómodamente en categoría de grado de inversión. Lo anterior beneficia tanto al sector público como privado ya que se mantiene el acceso al financiamiento en los mercados nacionales e internacionales en condiciones favorables. La calificadora también menciona que a la par de contener el déficit fiscal –que se mantendrá muy por debajo de países con similar calificación crediticia– el gobierno continúa llevando a cabo una ambiciosa agenda social, económica y política, a pesar de la pandemia. La decisión de S&P Global se suma a la ratificación de la calificación crediticia del país anunciada por la calificadora Fitch Ratings en noviembre pasado. Ambas agencias reconocen las políticas macroeconómicas prudentes y la solidez institucional del país.

Adicionalmente, hace una semana el Gobierno de México, junto con el sector privado, anunciaron un segundo acuerdo de proyectos para promover la inversión en infraestructura y apoyar a la reactivación económica del país, con lo que se acumulan 68 proyectos con una inversión de 525 mil mdp, lo que representa 2.3% del PIB y se espera que generen entre 370 a 400 mil empleos directos e indirectos, con lo que se fortalece el compromiso, anunciado el pasado 5 de octubre, de promover acciones y buscar financiar proyectos de infraestructura pública donde la aportación privada sea de, al menos, 50% del costo total. Lo anterior reforzará la tendencia inicial a crecer de la economía, que se expresa en que del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos, en los últimos tres meses ya se han recuperado 555 mil 600, y en el hecho de que de enero a noviembre de este año las tiendas de autoservicio vendieron 8% más que el año pasado.

Por otra parte, después de 36 años de neoliberalismo, los dos últimos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva, con lo que se ha fortalecido el mercado interno. El mismo efecto han tenido las crecientes remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y lo reforzará el anunciado golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado, y que además lástimó enormemente las finanzas de las instituciones de seguridad social.

Por último, hay que señalar que el actual es el primer gobierno que admite que en México ha existido por décadas un Estado corrupto, y que ha procedido a desmantelarlo por los perjuicios que produce en todos los órdenes de la vida nacional, entre ellos en la economía. Aunque está por verse la capacidad real de la fiscalía y del poder judicial para cumplir sus funciones en el combate a la impunidad, a estas alturas ya es indiscutible la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo contra los vicios mayores de nuestra sociedad: corrupción e impunidad.