Destituye la DEA a su jefe en México por tener contacto con abogados de narcos

AP MIAMI

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) destituyó silenciosamente a su principal funcionario en México el año pasado por sus contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre los países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera.

La socialización y las vacaciones de Nicholas Palmeri con abogados de narcos en Miami, detalladas en registros confidenciales vistos por Ap, provocaron su caída final después de sólo un año como el poderoso director regional de la DEA, que supervisaba a docenas de agentes en México, América Central y Canadá.

Pero investigaciones internas separadas generaron otras señales de alerta, incluidas las quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de covid-19, que resultó en que dos agentes enfermos tuvieron que ser trasladados en avión fuera del país. Otra, divulgada la semana pasada, encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de lucha contra las drogas para fines inapropiados y buscó un rembolso para pagar su propia fiesta de cumpleaños.

“El puesto de director regional en México es el más importante en las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando sucede algo así, es disruptivo”, señaló Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia.

“Es aún más crítico debido al deterioro de la situación con México”, agregó Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”.

El caso de Palmeri se suma a una creciente letanía de mala conducta que afecta a la principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Estados Unidos, en un momento en que sus operaciones extranjeras en expansión, que abarcan 69 países, están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por la administradora de la DEA, Anne Milgram.

El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un ex supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo.

Uno de esos abogados, identificado por funcionarios estadunidenses, actuales y anteriores, como David Macey, también estuvo implicado en la indagatoria a Palmeri. Los registros internos muestran que Macey recibió a Palmeri y a su esposa –nacida en México– durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según los investigadores, no tuvo un propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con los litigantes que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de comportamiento inapropiado.

Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con ella en febrero de 2021.

El supuesto propósito del viaje a Miami había sido “interrogar” a una fuente confidencial, pero se descubrió que Palmeri estuvo en una casa privada con su esposa en una reu- nión social donde hubo vino, según el informe interno.

“La reunión tuvo la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no hubo documentación oficial contemporánea de la DEA sobre el contenido del informe, lo cual viola la política de la agencia”.

Estas irregularidades provocaron la transferencia abrupta de Palmeri a la sede de Washington en mayo de 2021, antes de que finalmente renunciara en marzo pasado, según muestran los registros. Palmeri admitió a los investigadores que no había mostrado “el mejor juicio”.

Palmeri aseveró que las indagatorias por mala conducta son una “cacería de brujas” provocada por celos personales y profesionales que se negó a especificar, y a “una narrativa mal concebida para destituirme de mi cargo”.

Afectadas, las estructuras de todos los grupos criminales: Rosa Icela Rodríguez

GEORGINA SALDIERNA

En el gabinete de seguridad del gobierno federal no hay funcionarios como Genaro García Luna, no se permite la corrupción y tampoco tener tratos con la delincuencia organizada, enfatizó ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al aludir a su antecesor en el cargo, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por colusión con el crimen.

Durante la suscripción, en Pachuca, de un convenio con el gobierno de Hidalgo para enfrentar la inseguridad, resaltó que esta admi- nistración ha afectado las estructuras criminales de todos los grupos delincuenciales, sin excepción.

Ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador Julio Menchaca, la funcionaria dijo tener la certeza de que en este equipo de trabajo no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley. “Eso sería fallar a quienes confían en el proyecto de la Cuarta Transformación”.

Destacó ser parte de un gobierno honesto y austero. “Hemos pintado la raya frente al crimen. Nosotros estamos del lado correcto”, del lado de los mexicanos.

La secretaria puntualizó que la directriz es clara: cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. “Por principio, la ley se aplica parejo”.

También expuso que este gobierno va por el camino correcto y tiene resultados. Entre ellos, subrayó que se ha impedido el robo de combustible con un valor de 246 mil millones de pesos.

La clave para tener estos resultados es sencilla: atender a la gente, a los jóvenes, no permitir la corrupción, atender las causas de la violencia. Esto quiere decir: no más un modelo estilo García Luna, que representa lo más inhumano del periodo neoliberal, apuntó.

Ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020.

Algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985, y dijeron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido el verano pasado, meses después de que la DEA llamó a Palmeri a Washington.

Christopher Landau, quien supervisó a Palmeri cuando era embajador de Estados Unidos en México durante la administración Trump, dijo que el enfoque singular en Caro Quintero y otros arrestos similares que acaparan los titulares es característico de las fallas más

▲ Agentes de la DEA se preparan en la base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa para la entrega ayer del narcotraficante hondureño Michael Derringer Powery, quien fue extraditado a Estados Unidos.

Foto Afp

generalizadas de la DEA en la guerra contra las drogas.

Landau citó el arresto en Estados Unidos en 2020 de un ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a disolver la unidad policial de élite que era la aliada clave de la DEA. López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular a inexistente.

Cambian de prisión a Mario

Marín y Jean Succar Kuri

Patricia V Zquez Y Gustavo Castillo Corresponsal Y Reportero

Como parte de las acciones para disminuir la sobrepoblación penitenciaria y la presencia de internos que pongan en riesgo la estabilidad en los centros carcelarios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó en Quintana Roo el traslado de 197 internos a prisiones federales, entre ellos el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, sujeto a proceso por tortura, y el empresario Jean Succar Kuri, quien enfrenta una sentencia de 93 años por pederastia.

Funcionarios federales confirmaron que en coordinación con autoridades quintanarroenses se realizaron los traslados a centros federales de readaptación social (Cefereso) a personas privadas de la libertad que se encontraban en las prisiones de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen.

Las fuentes consultadas refirieron que los movimientos se realizaron ayer en la madrugada de manera sorpresiva para evitar que los internos promovieran recursos de amparo que impidiera el cambio de prisión. Succar Kuri fue llevado al Cefereso 15 en Chiapas, mientras el ex gobernador poblano fue internado en el número 1, Altiplano.